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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02387-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02387-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Desvinculase del presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luis Alexander Arias Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02387-00 SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02387-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de junio de 2024

Demandante: Luis Alexander Arias
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02387-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02387-00
Demandante: LUIS ALEXANDER ARIAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Derecho de petición. Declara la carencia actual de objeto por
hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Luis Alexander Arias, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Oficina de Cobro Coactivo Dirección
Seccional Bogotá, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de petición y al debido proceso.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la omisión
de la corporación demandada en resolver de fondo su solicitud de prescripción de la
multa y levantamiento de medida cautelar dentro del proceso de cobro coactivo No.
11001-1290-000-2017-00689-00, iniciado por la Nación - Rama Judicial en su contra.

1.2. Las pretensiones

En el escrito petitorio, la accionante solicitó:

TUTELAR el derecho fundamental al DERECHO DE PETICIÓN Y DEBIDO
PROCESO, vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIVISIÓN
DE COBRO COACTIVO - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIVISIÓN DE COBRO
COACTIVO - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA que en un término perentorio que no supere las cuarenta y ocho

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(48) horas a partir de la notificación de su fallo emita resolución en donde se decrete
la prescripción de la acción de cobro y resolución en la que se indica se levanten las
medidas cautelares.1

1.3. Hechos

Los supuestos jurídicamente relevantes, narrados por el accionante, pueden
sintetizarse de la siguiente manera:

Mediante providencia del Juzgado 4 Penal Circuito Especializado de Bogotá D.C. de
fecha 19 de octubre de 2017, fue condenado a una multa de por valor de
$621.887.508,00.

A través de la Resolución No 3649 del 19 de octubre de 2017 expedida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o Seccional, se libró mandamiento de
pago por la multa impuesta, incluyendo los intereses generados de acuerdo a la Ley
1743 de 2014, dentro del proceso de cobro coactivo No. 11001-1290-000-2017-
00689-00 iniciado en su contra.

El día 29 de abril de 2024 elevó solicitud de prescripción de la multa y levantamiento
de medida cautelar dentro del proceso de cobro coactivo No. 11001-1290-000-2017-
00689-00, iniciado por la Nación - Rama Judicial en su contra.

1.4. Sustento de la petición

El accionante señaló que la falta de respuesta a su solicitud por parte de esta entidad
dentro del plazo consagrado en la Ley 1755 de 2015 constituye una violación de su
derecho fundamental de petición.

Relató que los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario establecen que la acción
de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años (5),
contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de
determinación o discusión.

Asegura el actor que han transcurrido más de quince (15) días sin que hasta la fecha
se haya emitido y notificado la resolución de su solicitud.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 17 de mayo de 2024, el despacho del magistrado ponente admitió
la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Oficina de Cobro
Coactivo- Dirección Seccional de Bogotá D.C.; además dispuso comunicarla al
Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá como tercero con interés en
las resultas del proceso.

1.6. Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron la siguiente intervención:

1 Se transcribe con posibles errores ortográficos.

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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

Aseguró que esa corporación no es la llamada a responder o cumplir las órdenes que
se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales del accionante,
puesto que, es la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o de la Dirección Seccional de
Administración Judicial, -dependiendo quien tenga a cargo el asunto-, quien tiene la
aptitud legal, por ser la autoridad administrativa que adelanta el proceso persuasivo.

Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en su favor.

1.6.2. Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Explicó que en ese despacho cursó el proceso penal Nro. 110016000000201602122
(N.I. 004-2016-145 - A), contra el actor, por los punibles de concierto para delinquir
agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual culminó con la
sentencia condenatoria del 28 de noviembre de 2016, en virtud de un preacuerdo
suscrito entre la Fiscalía y la defensa, que le impuso una pena privativa de la libertad
de 54 meses y multa de 902 SMLMV.

Indicó igualmente, que lo pertinente a la extinción de la pena de multa, corresponde
a la Oficina de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura.

1.6.3. Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

Refirió que mediante oficio No. EXDESAJBO24-23226 la Dirección Seccional de
Administración Judicial Bogotá – Oficina de Cobro Coactivo, dio respuesta a la
petición elevada por el accionante, la cual se envió con el oficio DESAJBOGCC24-
1764 (adjunto) al correo electrónico wiston.abogados@gmail.com suministrado por
el accionante, por lo que solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior de la
Judicatura

El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que no está legitimado en la causa
por pasiva para actuar en la presente acción, porque no tiene a su cargo los procesos
de cobro coactivo que se adelanten contra la Rama Judicial, en virtud de la división
de funciones asignadas constitucionalmente al Consejo Superior de la Judicatura

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como órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial y a otras
Corporaciones, tales como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial junto con
sus seccionales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la ley 270 de 1996 la referida Dirección
«es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial» y tiene entre sus funciones,
administrar los bienes y servicios destinados al funcionamiento de la Rama Judicial,
en consecuencia, la función de adelantar el cobro persuasivo está a su cargo.

Por lo expuesto, es la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá en virtud de la delegación realizada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la que tiene a su cargo el proceso donde se generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. Como
no existe ninguna actuación a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, que se
cuestione en este caso se ordenará su desvinculación del proceso.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala verificar si las demandadas vulneraron el derecho fundamental
de petición del accionante, al no dar respuesta a la solicitud de prescripción de la
multa y levantamiento de medida cautelar dentro del proceso de cobro coactivo No.
11001-1290-000-2017-00689-00, iniciado por la Nación - Rama Judicial en su contra,
elevada el día 29 de abril de 2024.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela; (ii) repaso normativo y jurisprudencial de las garantías
constitucionales cuya protección se solicita, y (iii) el fondo del asunto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega
amenazado o vulnerado.

2.5. Protección constitucional y legal al derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política,2 consagró el derecho fundamental de

2 “Constitución Política. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador

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petición, garantía que otorga a toda persona la facultad de formular peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta y efectiva respuesta, no necesariamente en forma favorable a la petición.

La Corte Constitucional ha fijado los presupuestos mínimos de protección al derecho
fundamental de petición, en los siguientes términos:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad
de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante
él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional
fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2.
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan
como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que
la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de
no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el
derecho de petición.

podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.3

La Alta Corporación también indicó que el alcance de la protección a este derecho
está compuesto por los siguientes aspectos, que satisfacen completamente su
efectividad:

• La pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que
deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se
entienda que ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente.
• La notificación de la respuesta.

Sobre los elementos anteriormente descritos, aclaró el alto tribunal constitucional4:

• La suficiencia tiene que ver con que se resuelva materialmente la petición y se
satisfagan los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea
negativa a las pretensiones del peticionario.
• La efectividad se refiere a que la respuesta solucione el caso que se plantea (artículos
2, 86 y 209 de la C.P.).
• La congruencia, consiste en que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido,
de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la
posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la
petición propuesta.

La Ley Estatutaria del Derecho de Petición, estableció los plazos para dar respuesta
a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante las autoridades oficiales y los
particulares, de la siguiente forma:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta
(30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

3 Corte Constitucional, sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994, T-377 de 2000, entre otras.
4 Sentencia T-612 de 2012.

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2.6. Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado5

La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto es un fenómeno
jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o «ha cesado» y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a
las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que «no
tendría efecto alguno» o «caería en el vacío».

Dicho fenómeno puede configurarse en tres hipótesis:

(i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando se ha perfeccionado la afectación que
con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela
dé una orden para retrotraer la situación; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta
cuando acaece una situación que acarrea la inocuidad de las pretensiones y que no
tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela;
y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la pretensión contenida en la acción de tutela
se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable.

En todo caso, la corporación ha aclarado que el hecho superado se configura cuando
la satisfacción del derecho parte de «una decisión voluntaria y jurídicamente
consciente del demandado», por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional y que el cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia
no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.

2.7. Estudio del caso concreto

El accionante cuestiona la presunta omisión del Consejo Superior de la Judicatura,
de dar respuesta de fondo a su solicitud elevada el 29 de abril del presente año,
mediante la cual requirió la prescripción de la multa y levantamiento de medida
cautelar dentro del proceso de cobro coactivo No. 11001-1290-000-2017-00689-00,
iniciado por la Nación - Rama Judicial en su contra. Como consta en la siguiente
imagen:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatutaria del Derecho

5 Sentencia T.070 de 2022.

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de Petición, el término con que contaba la entidad para responder la solicitud del
actor era de 15 días hábiles, los cuales vencieron el 22 de mayo del presente año.

Sin embargo, estando en trámite la presente acción, la Dirección Seccional de
Administración Judicial Bogotá – Oficina de Cobro Coactivo indicó, que mediante el
oficio DESAJBOGCC24-1764 del 27 de mayo de 2024, informó al actor que el
proceso coactivo No. 11001129000020170068900 a la fecha se encuentra en estado
activo, con un saldo de la obligación más los intereses generados al 30 de abril de
2024 por valor de ($ 2.029.767.588), y que no ha operado la figura de la prescripción
en atención a la suspensión de los términos durante 3 meses y 6 días.

Añadió que dicha figura operaba el 6 de marzo de 2022, pero el mandamiento de
pago con Resolución COAC17-3649 se notificó vía correo electrónico el 3 de marzo
de 2022, momento a partir del cual se interrumpió el plazo.

Como se puede observar, la respuesta otorgada satisface el núcleo de efectividad
del derecho de petición del demandante, en la medida en que resolvió materialmente
y de fondo su solicitud, sin que ello implique que accediera a lo pedido o que se
despacharan favorablemente sus argumentos, pues la protección de esta garantía
solo abarca el ámbito de la respuesta siempre que aquella sea suficiente, efectiva y
congruente, como sucede en este caso. Además, fue notificada en debida forma al
correo suministrado por el accionante, como se aprecia en la siguiente imagen:

De acuerdo con lo expuesto, pese a que la respuesta fue expedida por fuera del plazo
legal conferido para el efecto, omisión que, en principio, produjo una vulneración del
derecho de petición del accionante, actualmente se presenta una carencia de objeto
por hecho superado, puesto que la trasgresión cesó durante el trámite de la acción
amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Desvinculase del presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura.

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SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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