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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00245-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00245-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá. SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 29 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F negó el amparo solicitado, pero únicamente en lo relacionado con el derecho fundamental de petición. TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por la señora Ligia Esther Baute Gámez, por las razones señaladas en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00245-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de julio de 2025

Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00245-01
Demandante: LIGIA ESTHER BAUTE GÁMEZ
Demandados: JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición. Debido proceso. Modifica
la sentencia de primera instancia. Carencia de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en
contra de la providencia del 29 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ligia Esther Baute Gámez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
el 15 de mayo de la presente anualidad2 contra el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Oficina de Apoyo para los
Juzgados Administrativos de Bogotá, al considerar vulneradas sus garantías
fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Estimó quebrantadas tales garantías por la falta de información sobre la ubicación
de un proceso ejecutivo que radicó en contra de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP).

1.2. Pretensiones

1 Samai, índice 2, con certificado 82216A662F8A8CF2 68DA03A73BEA27A7 90C35169577C4868

AFC79FACFA806971.
2 Samai, índice 1.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

En consecuencia, el tutelante solicitó lo siguiente:

1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

2. Se ordene al juzgado 19 administrativo del circuito de Bogotá y a la oficina de apoyo
de los juzgados administrativos de Bogotá entregar el acta de reparto del juzgado al
que correspondió el proceso ejecutivo que coloque en 2023 contra ugpp3.

1.3. Hechos

Del escrito de tutela y el expediente ordinario se extraen los siguientes hechos que,
en criterio de la Sala, resultan relevantes para la decisión correspondiente:

El 12 de octubre de 20214, la señora Baute Gámez presentó ante el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta una demanda ejecutiva
para que se librara mandamiento de pago a su favor, en contra de la UGPP. El título
ejecutivo estaba constituido por la sentencia de primera instancia, proferida por el
mismo juzgado el 24 de julio de 2019, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho5, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante la sentencia de 19 de agosto de 2020.

El 6 de mayo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, dentro del proceso ejecutivo con radicado 47001-3333-002-2021-
00259-00, negó el mandamiento de pago contra la UGPP, al considerar que dicha
entidad, por medio de la Resolución RDP 009379 de 20 de abril de 2021, cumplió
totalmente con lo ordenado en la sentencia aportada como título ejecutivo. El
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la decisión del 28 de
septiembre de 20236, confirmó el auto de 6 de mayo de 2022.

Ahora bien, el 28 de enero del 2024, la señora Baute Gámez presentó una nueva
demanda ejecutiva con base en las mismas sentencias de primera y segunda
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por las que ya había
promovido el primer proceso ejecutivo en el que se negó el mandamiento de pago7.
La demanda fue presentada en Bogotá y, según el acta individual de reparto, le
correspondió conocerla al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-35-019-2024-00021-00.

La accionante informó que la autoridad judicial ordenó la remisión del expediente a
la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativos de Bogotá, para que fuera
remitida posteriormente a los juzgados de Santa Marta por ser los competentes para
conocer del asunto.

3Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
4Samai, índice 9, expediente digital, cuaderno 01, primera instancia, archivo:
expedienteJuzgadoSegundoAdministrativo:01DemandaActaRepartoAnexos.
5 El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se identificó con el radicado 47- 001- 33- 33-

001- 2016- 00598- 00.
6Samai, índice 9, expediente digital, cuaderno 02, segunda instancia, archivo:
26AutoDEcideApelación.
7 Samai, índice 9, enlace del expediente del Juzgado 19 Administrativo de Bogotá.

2

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

Sin embargo, aseguró que el proceso no aparece radicado ni en Bogotá ni en Santa
Marta, por lo que desconoce el estado actual de dicho trámite. .

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la accionante, el «no radicar o dar trámite legal a la demanda» desconoce
sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Por lo anterior, pidió que se les ordene a las autoridades accionadas que entreguen
el acta de reparto del juzgado al que le correspondió conocer el proceso ejecutivo
interpuesto contra la UGPP.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 22 de abril del 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Oficina de
Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá.

1.6 Intervenciones

1.6.1. Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La juez se opuso a la prosperidad de las pretensiones en esta acción pues la
demanda ejecutiva fue asignada a ese despacho el 28 de enero del 2024, con el
consecutivo 11001-33-35-019-2024-00021-00, como consta en el acta de reparto y
no en el año 2023, como lo afirmó la accionante.

También, advirtió que mediante auto de 15 de abril del 2024 ordenó que, por
secretaría, se remitiera el expediente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta, por medio de la Oficina de Apoyo a los Juzgados
Administrativos de Bogotá. De igual forma, ese mismo día se le comunicó el estado
y la decisión a la demandante.

Mencionó que, en cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, la secretaría del
despacho remitió el expediente a esa oficina el 8 de mayo de 2024, como consta en
el índice 14 del registro de actuaciones correspondiente en el aplicativo Samai.

Resaltó que dicha consulta podía realizarse por el demandante pues no tenía
restricciones; en esa medida, indicó que a pesar de que le fue comunicada la
actuación a la demandante, no hizo referencia a esta en el escrito de la tutela.

Por último, afirmó que desde ese despacho judicial no se vulneró derecho
fundamental alguno a la accionante, por lo que la tutela no tenía vocación de
prosperar.

1.6.2. Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

Esta oficina indicó que el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá allegó el proceso, 11001-33-35-019-2024-000-21-00, el 8 de mayo del 2024,
mediante correo electrónico: ofiapoyojadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, que es
el medio autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura para recibir las
demandas que deben ser enviadas, por competencia, a otro distrito judicial.

Afirmó que, por medio de dicha cuenta, se remitió el proceso a la cuenta de correo
electrónico: j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co el 9 de mayo de 2024, a la
1:18 de la tarde.

Precisó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, acusó
recibo del mensaje de datos y del proceso el mismo día en el que se realizó la
remisión por competencia.

Mencionó que la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá no
ha vulnerado los derechos del tutelante y ha cumplido con las obligaciones legales
y reglamentarias conforme a la Constitución Política, la ley y los acuerdos del
Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual, solicitó la desvinculación de la
acción de tutela debido a que el trámite de remisión, por competencia, lo realizó de
forma adecuada.

1.7 Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 29 de abril de 2025, la Sección Segunda, Subsección F
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo de los derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia
de la accionante, al considerar que el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá efectuaron la remisión del proceso ejecutivo instaurado por la accionante
el 28 de enero del 2024 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta.

Explicó que tal remisión se realizó en un término razonable, esto es, a la firmeza de
la providencia que ordenó proceder en tal sentido, por lo que no se evidenciaba que
se las autoridades hubieran vulnerado el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de la parte actora.

Frente a una posible vulneración de los derechos fundamentales de petición y al
debido proceso por la falta de respuesta a las peticiones que afirmó haber
presentado la demandante, consideró que tampoco fueron quebrantados en la
medida en que el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
le envió copia del mensaje de datos por medio del cual remitió el expediente a la
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá.

En tal sentido, argumentó que la accionante conocía que el despacho ordenó la
remisión del proceso al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta, razón por la cual no se había lugar a conceder el amparo solicitado.

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

1.8. Impugnación

Mediante escrito del 6 de mayo de 20258, la accionante presentó impugnación
contra el fallo de primera instancia en la que insistió en la vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración
de justicia.

Para el efecto, se limitó a indicar que el proceso no aparece radicado ante ninguna
autoridad luego de su salida del Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, por lo que pidió que se revoque el fallo de primera instancia y
se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

A través de auto del 29 de mayo de 2025, el magistrado sustanciador comunicó de
la existencia del presente trámite procesal al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta y, adicionalmente, le puso en conocimiento de la
posible configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo
133 del Código General del Proceso, para los efectos previstos en el artículo 137
ibidem.

En respuesta a lo anterior, por medio de escrito radicado el 6 de junio del presente
año, el secretario de dicho despacho judicial rindió informe en los siguientes
términos:

Señaló que ante esa autoridad se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 47001-33-33-001-2016-00598-00, promovido por la
accionante contra la UGPP.

Destacó que se profirió sentencia el 24 de julio de 2019, en la que se accedió a las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante fallo del 19 de agosto de 2020.

Precisó que la accionante inició un proceso ejecutivo teniendo como título las
sentencias de primera y segunda instancia, cuyo reparto le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo de Santa Marta bajo el radicado 47001-33-33-002-2021-
00259-00.

Explicó que las diligencias fueron remitidas a su despacho por ser la autoridad que
conoció del proceso ordinario y, una vez avocado el conocimiento respectivo, emitió
la providencia del 6 de mayo de 2022 en la que negó el mandamiento de pago al
considerar que la UGPP había cumplido a cabalidad la orden proferida en el fallo
condenatorio.

Adujo que esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Magdalena
el 28 de septiembre de 2023.

8 Samai, índice 2, Obra en el
certificado 80B9012FB6DA3AA1 7697B20FFE69F796
B947E0F942F5ACB2 ABD503BDB327B230.

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Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

Añadió que la actora, mediante escrito del 4 de octubre siguiente, solicitó el retiro
de la demanda pese a que ya se había notificado la decisión de segunda instancia,
por lo que su solicitud fue rechazada por improcedente.

Sostuvo que el 28 de enero de 2024, la señora Baute Gámez, por conducto del
mismo apoderado, presentó nuevamente la demanda ejecutiva con base en las
sentencias antes reseñadas, esto es, aquellas por las cuales ya se había negado
librar mandamiento ejecutivo.

Aseguró que la demanda fue radicada en Bogotá y le correspondió por reparto al
Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado
11001-33-35-019-2024-00021-00.

Mencionó que el 15 de abril de 2024, la autoridad en mención remitió por
competencia el expediente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta, por ser quien profirió la sentencia de primera instancia en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho respectivo.

Indicó que, recibidas las diligencias, mediante auto del 6 de junio de 2025 declaró
la cosa juzgada formal y material, por lo que se abstuvo de estudiar los documentos
aportados con la demanda como título ejecutivo, decisión que fue notificada
efectivamente a la parte actora.

Por lo demás, aportó copia de los expedientes en mención.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 29 de abril de
2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá solicitó su
desvinculación al considerar que el trámite de remisión, por competencia, al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, se realizó en debida
forma.

En primer lugar, se advierte que esta petición no fue resuelta por el tribunal de
primera instancia por lo que corresponde a la Sala pronunciarse sobre el particular.

Con todo, dicha solicitud será denegada, pues su comparecencia al proceso de
tutela se realizó en calidad de demandado y, por ende, su vinculación era necesaria
para garantizar su derecho de defensa y contradicción y, de paso, dilucidar los

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hechos materia de controversia como posible responsable de la vulneración
alegada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, con base en los argumentos de impugnación
presentados.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) protección constitucional y legal al derecho
fundamental de petición (reiteración); y iii) carencia actual de objeto y, iv) análisis
del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Protección constitucional y legal al derecho fundamental de petición.
Reiteración9

El artículo 23 de la Constitución Política dispuso que el derecho fundamental de
petición, es la garantía que se le otorga a toda persona para formular peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta y efectiva respuesta, no necesariamente en forma favorable a la petición.

La Corte Constitucional ha fijado los presupuestos mínimos de protección al
derecho fundamental de petición, en los siguientes términos:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, decisiones del 13 de

junio y 19 de septiembre de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024-02387-00 y 11001-03-15-000-2024-
04543-00.

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b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para
resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.
Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto
que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces
de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no
hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta10.

La alta Corporación también indicó que el alcance de la protección a este derecho
está compuesto por los siguientes aspectos, que satisfacen completamente su
efectividad:

• La pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que
deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se
entienda que ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente.

• La notificación de la respuesta.

De otra parte, La Ley Estatutaria del Derecho de Petición, estableció los plazos para
dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante las autoridades
oficiales y los particulares, de la siguiente forma:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida
a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

10 Corte Constitucional sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994, T-377 de 2000, entre otras.

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1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud
ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega
de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

2.6. Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado11

La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de
amparo se extingue o «ha cesado» y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de
tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que
«no tendría efecto alguno» o «caería en el vacío».

Dicho fenómeno puede configurarse en tres hipótesis:

(i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando se ha perfeccionado la afectación que
con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela
dé una orden para retrotraer la situación; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta
cuando acaece una situación que acarrea la inocuidad de las pretensiones y que no
tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela; y (iii)
hecho superado, que ocurre cuando la pretensión contenida en la acción de tutela se
satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable.

En todo caso, la corporación ha aclarado que el hecho superado se configura
cuando la satisfacción del derecho parte de «una decisión voluntaria y jurídicamente
consciente del demandado», por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional y que el cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia
no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.

2.7. Caso concreto

En el presente caso, la accionante cuestiona que el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Oficina de Apoyo para los
Juzgados Administrativos de Bogotá no hayan dado trámite a la demanda ejecutiva
con radicado 11001-33-35-019-2024-00021-00, interpuesta en contra de la UGPP,
según esta, en el año 2023.

En su criterio, esta omisión afecta sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, ya que se ordenó la

11 Corte Constitucional, Sentencia T.070 del 24 de febrero de 2022, exp. T-8.363.700.

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

remisión del expediente a los juzgados administrativos de Santa Marta pero el
proceso no aparece radicado en esa ciudad ni en Bogotá, así que desconoce el
estado actual de dicho trámite.

Por lo anterior, requirió que se ampararan las garantías invocadas y se le ordenara
a las autoridades accionadas que le entregaran copia del acta de reparto
correspondiente.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, negó el amparo solicitado al considerar, en síntesis, que
las autoridades cuestionadas no transgredieron derecho fundamental alguno a la
señora Baute Gámez, ya que le pusieron en conocimiento de la remisión del proceso
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

Inconforme con esta decisión, la accionante la impugnó, mediante escrito en el que
insistió en la vulneración de sus garantías y se limitó a indicar que el proceso
ejecutivo no aparece radicado ante ninguna autoridad, luego de que fuera dispuesta
su remisión por parte del Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

Para resolver, en primer lugar resulta necesario advertir que la accionante no aportó
prueba de la radicación de alguna solicitud de información ante las autoridades
cuestionadas, que tuviera por objeto conocer de la ubicación del expediente judicial
en cuestión.

Así pues, no es posible realizar un estudio de alguna eventual vulneración del
derecho fundamental de petición invocado como presuntamente transgredido,
justamente porque no está acreditado que la actora hubiese presentado algún
requerimiento que debiera ser atendido por el Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá o la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativos
de esta ciudad.

Por tal motivo, se confirmará la negativa del amparo específicamente en lo que tiene
que ver con esta garantía constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la presunta falta de trámite del proceso, se advierte que tal
y como quedó reseñado en la primera parte de esta providencia, el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó la remisión del
proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-019-2024-00021-00 al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta. Este proceso, contrario
a lo que afirma la accionante, fue promovido el 28 de enero del 2024, según el acta
individual de reparto allegada al trámite de esta acción constitucional12.

Dicha remisión se dio debido a que se trataba de la autoridad que conoció, en
primera instancia, del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
470001-33-33-001-2016-00598-00/01 en el que se dictaron las sentencias que

12 Samai, índice 9, enlace del expediente digital, Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, archivo 01Actareparto.

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

sirven de título ejecutivo; de hecho, esta autoridad ya había conocido de un primer
proceso ejecutivo instaurado por la actora en el año 2021, identificado con el
radicado 47001-3333-002-2021-00259-00, en el que pretendió la ejecución de las
mismas sentencias aportadas13.

En este caso, se encuentra demostrado que la referida remisión se realizó a través
del auto de 15 de abril del 202414, decisión que fue notificada mediante estado
electrónico del mismo día, del cual se comunicó su fijación mediante mensaje de
datos enviado a la dirección electrónica mcm2609@hotmail.com, aportada por el
apoderado de la accionante.

En cumplimiento de lo ordenado en el auto referido, la Secretaría del despacho
remitió el expediente a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de
Bogotá, mediante el mensaje de datos de 8 de mayo del 2024, como se observa a
continuación:

También, se encuentra demostrado que la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá recibió el expediente, mediante el correo electrónico
habilitado oficialmente, y en cumplimiento de la orden del juzgado lo remitió por
mensaje de datos al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, despacho que acusó recibo el 9 de mayo siguiente, como se advierte a
continuación:

13
Sentencia de primera instancia del 24 de julio de 2019, en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 47-001-33-33-001-2016-00598-00, dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y Sentencia en segunda instancia del
Tribunal Administrativo del Magdalena del 19 de agosto de 2020, que confirmó la decisión.
14 Samai, índice 9, Informe presentado por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial

de Bogotá.

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

Como se puede observar, el apoderado de la accionante fue notificado en debida
forma sobre las actuaciones relativas a la remisión, por competencia, de la segunda
demanda ejecutiva, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta. Esta notificación, como se advierte en la primera imagen, se realizó desde el
8 de mayo de 2024.

Ahora bien, al realizar la revisión del expediente a través del sistema de consulta
Samai, así como en la página web de procesos de la Rama Judicial, la única
actuación posterior a esa fecha corresponde a la radicación de un memorial el 16
de septiembre de 2024, en el que el apoderado de la actora solicitó realizar la
remisión del expediente a los juzgados administrativos de Santa Marta.

Después de esta actuación no se advierte algún tipo de trámite adicional en el
aplicativo Samai, que permita a las partes o los interesados, en este caso, a la
señora Baute Gámez, consultar el estado actual del proceso, situación que motivó
la interposición de la acción de tutela.

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Demandante: Ligia Esther Baute Gámez
Demandados: Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

En efecto, al realizar la consulta específica en el sistema el 3 de julio de la presente
anualidad, no es posible determinar si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta procedió al impulso respectivo del proceso ejecutivo, ya sea
realizando un nuevo reparto o radicación de las diligencias, o emitiendo alguna
decisión específica en el marco de sus competencias.

Así, en principio podría asistirle razón a la accionante en cuanto a la vulneración de
sus garantías fundamentales, ya que no contaba con algún tipo de información que
le permitiera conocer el estado del proceso ejecutivo que promovió, por segunda
vez, contra la UGPP.

No obstante, en el transcurso de la segunda instancia del presente trámite
constitucional, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta15 intervino y puso de presente que, a través de auto del 6 de junio de 2025,
declaró la cosa juzgada formal y material en dicho asunto, como se muestra a
continuación:

15Samai, índice 9, archivo: 27_RECIBEPRUEBAS_MEMO20250024501_0_20250609102510772.
Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla. De: Juzgado 01 Administrativo Circuito - Magdalena - Santa Marta
j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, Para: Secretaría General - Consejo De Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co. Enlace del expediente:
1001333501920240002100.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

Lo anterior, comoquiera que dentro del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-
33-002-2021-00259-00/01 ya se había ordenado no librar mandamiento ejecutivo
por haber constatado que la UGPP sí había cumplido la sentencia a cabalidad, por
lo que no podía solicitar nuevamente la ejecución de una obligación que ya se había
declarado satisfecha.

Esta decisión fue notificada, mediante correo electrónico enviado el 6 de junio de
202516, a la dirección mcm2609@hotmail.com, aportado por la parte actora en el
proceso en cuestión, como se puede observar a continuación:

16 Samai, índice 9, archivo: 27_RECIBEPRUEBAS_MEMO20250024501_0_20250609102510772.
Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla. De: Juzgado 01 Administrativo Circuito - Magdalena - Santa Marta
j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, Para: Secretaría General - Consejo De Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co. Enlace del expediente:
1001333501920240002100.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00245-01

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que, aunque inicialmente la
accionante no conocía del estado del trámite, en la actualidad ya fue notificada al
correo electrónico de su apoderado de la decisión de declarar la cosa juzgada en el
proceso ejecutivo bajo controversia.

De hecho, de las pruebas aportadas por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta en su intervención en segunda instancia, se aprecia
que el apoderado de la parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
el de apelación, contra el auto del 6 de junio de 202517, lo que refuerza la idea de
que tiene conocimiento de dicha providencia y, por ende, de la autoridad judicial
encargada del trámite del proceso.

En esa medida, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que la inconformidad relacionada con la omisión en el trámite del
proceso y la falta de información del despacho judicial que asumió su estudio,
desapareció durante el desarrollo de esta instancia constitucional y, con ello, la
circunstancia que podía originar algún quebranto a los derechos fundamentales de
la accionante.

17Samai, índice 9, archivo: 27_RECIBEPRUEBAS_MEMO20250024501_0_20250609102510772.
Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla. De: Juzgado 01 Administrativo Circuito - Magdalena - Santa Marta
j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, Para: Secretaría General - Consejo De Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co. Enlace del expediente:
1001333501920240002100.

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Finalmente, se precisa que la accionante puede solicitar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, por medio de su apoderado, la
actualización del aplicativo Samai en cuanto al trámite adelantado en el proceso
ejecutivo 11001-33-35-019-2024-00021-00, debido a que en la actualidad no existe
forma de consultar las actuaciones posteriores al 16 de septiembre de 2024 y, por
ende, no existe registro alguno del auto del 6 de junio de 2025 (pese a que sí fue
notificado a la parte actora) y del recurso presentado contra esa decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Oficina de Apoyo para
los Juzgados Administrativos de Bogotá.

SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 29 de abril de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F negó el
amparo solicitado, pero únicamente en lo relacionado con el derecho fundamental
de petición.

TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela promovida por la señora Ligia Esther Baute Gámez, por las razones
señaladas en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese
copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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