Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-01244-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-01244-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2024-01244-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2024-01244-01
Demandante: PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR ETAPAS 1 Y 2 P.H
Demandados: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) Y OTROS1
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá contra la sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
1. Parque Industrial del Sur Etapas 1 y 2 PH3, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda4 contra el
municipio de La Estrella, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(Corantioquia), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, San Bartolomé Siete
S.A.S. y Constructora S.A.S., con el propósito de obtener la protección de los
derechos e intereses colectivos previstos en los literales “a”, “g” y “m” del artículo 45
de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se DECLARE que San Bartolomé Siete S.A.S y
Constructora S.A.S vulneraron y están vulnerando los derechos colectivos al
medio ambiente sano y a la salubridad pública de la comunidad aledaña a la
quebrada “Pico Rico”, así el principio de prevención ambiental, con el desvío
del cauce de la quebrada sin licencia ambiental.
SEGUNDA: Que se DECLARE que Corantioquia, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y el Municipio de La Estrella (Secretarías de Planeación y
1
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), Área Metropolitana del Valle de Aburrá, San
Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S.
2
Cfr. índice 4, del expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “001ED_Demanda”.
3
Actuando por conducto de apoderado.
4
La demanda fue subsanada mediante memorial, según consta en índice 9 del expediente electrónico, en primera instancia.
5
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; […]
g) La seguridad y salubridad públicas; […]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; […]”.
6
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
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Medio Ambiente) han vulnerado, con su actuar omisivo, los derechos colectivos
al medio ambiente sano y a la salubridad pública de la comunidad aledaña a la
quebrada “Pico Rico”.
TERCERA: Que se DECLARE que San Bartolomé Siete S.A.S y Constructora
S.A.S y el Municipio de La Estrella (Secretaría de Planeación) vulneraron el
derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; por no adoptar
el plan parcial previamente a la construcción y a la concesión de la licencia de
construcción y sin concertar los asuntos ambientales con la autoridad
ambiental.
CUARTA: Que, como consecuencia de la pretensión primera, se ORDENE a
San Bartolomé Siete S.A.S y Constructora S.A.S que procedan con la
DEMOLICIÓN DE LA OBRA que ocupa el cauce original de la quebrada “Pico
Rico”.
QUINTA: Que, como consecuencia de la pretensión primera, se ORDENE a
San Bartolomé Siete S.A.S y Constructora S.A.S que, previa restauración de la
zona y retiro del material sobrante de la obra, hagan que la quebrada “Pico
Rico” discurra por su cauce original.
SEXTA: Que, como consecuencia de la pretensión segunda, se ORDENE a
Corantioquia y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá la ejecución inmediata
de todas las obras y actividades asociadas y necesarias para prevenir,
compensar, corregir y mitigar los riesgos e impactos ambientales presentes en
la quebrada “pico rico” y la comunidad aledaña.
SÉPTIMA: Que, como consecuencia de la pretensión tercera, se ORDENE la
demolición total del proyecto “Fase II de la Unidad de Bodegas San Bartolomé
VII – UBSB” por vulnerar el derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes; por no adoptar el plan parcial
previamente a la construcción y a la concesión de la licencia de construcción y
sin concertar los asuntos ambientales con la autoridad ambiental […]”7.
3. La parte demandante explicó que en el barrio La Tablaza del municipio de La
Estrella está ubicada la quebrada “sin nombre”, conocida por la comunidad de la
zona como “Pico Rico”, la cual atraviesa varios inmuebles de la zona, entre ellos el
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 001-460363, donde se adelanta la etapa
II del proyecto San Bartolomé VII, consistente en la construcción de bodegas.
4. Indicó que, para efectos de la construcción de la obra, el personal de la misma,
sin contar con los permisos correspondientes, alteró el cauce de la quebrada que
atraviesa el predio, lo cual ha generado contaminación de la fuente hídrica,
desbordamiento de su cause e inundaciones, con consecuencias sobre la
comunidad.
5. Informó que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia expidió
la Resolución 160AS-RES2304-1324 de abril de 2023, por medio de la cual impuso
una medida preventiva de suspensión de las actividades de intervención y
ocupación del cauce y del área forestal protectora de la fuente hídrica, contra
7
Cfr. índice 4, expediente digital Tribunal Administrativo del Quindío, documento denominado
“003DemandaAccionPopular(.docx) NroActua 4”.
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Constructora S.A.S. con ocasión de la desviación irregular del cauce de la quebrada
denominada “Pico Rico” y la disposición inadecuada de residuos de construcción y
demolición en el área forestal protectora del río Medellín, colindante con el predio.
Asimismo, que dicha resolución expresó que se debía determinar la actuación a
seguir contra la Secretaría de Planeación del municipio de La Estrella por otorgar
Licencia de Construcción para el proyecto Fase II de la Unidad de Bodegas San
Bartolomé VII.
6. Afirmó que, a la fecha de presentación de la demanda, la Constructora no ha
cumplido la medida preventiva, no ha implementado medidas para que la quebrada
“Pico Rico” discurra por su cauce original, ni ha retirado los residuos de construcción
y demolición en el tramo del área forestal protectora del río Medellín colindante con
el predio, por lo que se mantiene la situación de vulneración y amenaza de los
derechos e intereses colectivos. Agregó que el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá informó que, a 28 de mayo de 2024, no se había iniciado proceso
sancionatorio contra la constructora ni seguimiento a las medidas preventivas
impuestas.
7. Por último, indicó (i) que la desviación del cauce de la quebrada “Pico Rico”
vulnera el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano por desconocer
la normativa ambiental que exige licencia ambiental para la ocupación de cauce; (ii)
que la Secretaría de Planeación del municipio de La Estrella vulneró la normativa
ambiental y urbanística y con ello el derecho e interés colectivo a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, al conceder licencia de construcción sobre suelo
de protección, sin que se hubiese adoptado previamente el respectivo plan parcial;
(iii) que se vulnera y amenaza el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente
sano con ocasión de, por un lado, las acciones de modificación de cauce e indebida
disposición de residuos de construcción y demolición realizadas por San Bartolomé
Siete S.A.S. y Constructora S.A.S.; y, por el otro, la omisión de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia y del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá de evaluar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta y determinar
si se debía o no iniciar procedimiento sancionatorio.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 25 de octubre de
20248, admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a
los demandados, notificó al agente del Ministerio Público y a la ANDJE. Por último,
dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
9. Mediante auto de 2 de diciembre de 20249 se negó la medida cautelar solicitada
por la parte actora, en escrito aparte de la demanda, consistente en (i) el
restablecimiento al estado en se encontraba la quebrada antes de la conducta
vulnerante; (ii) la demolición de la obra que ocupa el cauce de la citada quebrada
8
Cfr. Índice 11 del expediente electrónico, en primera instancia, ante el Tribunal. Documento denominado
“7_Autoadmisorio_AdmiteDemanda2024012_0_20241025094816510”
9
Cfr. Índice 28 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“117_Autoniegamedi_202401244PopularNieg_0_20241202110040062”.
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para evitar la agravación de los efectos de la vulneración; (iii) la imposición de
caución para asegurar el cumplimiento de las medidas; y (iv) la suspensión total de
la obra hasta que se restablezca el cauce original.
10. El 12 de febrero de 202510, se declaró fallida la audiencia especial de que trata
el artículo 27 de la Ley 472 porque no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Municipio de La Estrella
11. El municipio de La Estrella, mediante memorial de 22 de noviembre de 202411,
se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte
actora contra ese ente territorial.
12. Se pronunció en relación con los hechos expuestos en la demanda en el sentido
de señalar que debían ser probados e indicó adicionalmente que el planteamiento
de estos no atribuye en forma clara responsabilidades en la vulneración y amenaza
de los derechos e intereses colectivos.
13. Adujo que por tratarse de una controversia que gira en torno a una situación de
carácter ambiental, las competentes en este caso son la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de
conformidad con los 7 de la Ley 1625 de 29 de abril de 201312 y 31 de la Ley 99 de
22 de diciembre de 199313.
14. Afirmó que la controversia no gira en torno a las competencias del ente territorial
en materia de ordenación del suelo ni de gestión del riesgo y agregó, por un lado,
que si bien expidió la Resolución núm. 2015-02194 de 30 de diciembre de 2015,
“MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA
MODALIDAD DE OBRA NUEVA A LOS PREDIOS CON MATRICULAS
INMOBILIARIAS NRO. 001-273897, 001-460357, 001-460363, 001-930497 Y 001-
930498, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO -DE LA ESTRELLA”, ello no implica
responsabilidad de la entidad por los daños ambientales que se hubieren
ocasionado por terceros. Por el otro, aunque el municipio tiene competencias en
materia de gestión del riesgo, la problemática planteada y probada se orientó a la
situación ambiental. Y, por último, presentó la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva en favor del municipio de La Estrella.
I.3.2. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
15. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia en escrito radicado
el 21 de noviembre de 202414 se opuso a las pretensiones de la demanda, con
10
Cfr. Índice 42 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“129_AudienciaCeleb_035ActaAudienciaPact_0_20250212151613118”.
11
Cfr. Índice 22 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“038_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestacion_Accio”.
12
Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas.
13
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
14
Cfr. Índices 21 y 26 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“045_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION”.
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fundamento en que no ha vulnerado o amenazado derechos e intereses colectivos
y que, por el contrario, ha actuado de manera diligente, acudiendo a las visitas
requeridas, generando informes técnicos y recomendaciones necesarias a quienes
compete su aplicación y ejecución.
16. Se pronunció en relación con los hechos de la demanda en el sentido de indicar
que algunos son ciertos, pero con algunas aclaraciones que realiza y que otros
deben ser probados por corresponder a manifestaciones subjetivas de la parte o
corresponden a competencias de otras autoridades.
17. Manifestó que en este caso se configura la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la entidad porque: (i) es una entidad con competencias
en el área rural; (ii) no es competente para ejercer funciones en áreas urbanas,
como en la quebrada Tabiacha, localizada, según señala, “[…] en área urbana del
Municipio de La Estrella, vereda la Tablaza […]”; y (iii) los trámites y asuntos
ambientales, en este caso, le corresponden al Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, en virtud de sus funciones en suelo urbano, de conformidad con el artículo
55 de la Ley 99 y de algunas normas de la Constitución Política que transcribe.
18. Afirmó que se configuraba la excepción que denominó “[…] SUJECIÓN DE
CORANTIOQUIA A LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY 99 DE 1993 […]”
en razón a que, de conformidad con el artículo 31 de la precitada ley, la Corporación
tiene funciones precisas como autoridad ambiental, a las cuales ha dado
cumplimiento y que, por ende, no ha incurrido en acción u omisión que amenace o
vulnere los derechos e intereses colectivos invocados. Agregó que la autoridad
ambiental ha efectuado visitas y que ha actuado conforme con sus competencias,
lo que incluye trámites administrativos.
19. Señaló que se configura la excepción de “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE
LOS DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE DE CORANTIOQUIA”, por cuanto
en el ejercicio de sus competencias conforme al procedimiento aplicable. Agregó
que, con ocasión del cambio en la clasificación del suelo urbano adoptado por el
Acuerdo núm. 003 de 25 de mayo de 2023, para el municipio de La Estrella, trasladó
todas las actuaciones al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que en la
actualidad es esa la autoridad competente por ubicarse la zona en área urbana. Por
ende, un pronunciamiento de su parte o actuación implicaría extralimitación de
funciones.
20. Por último, propuso las excepciones de “CARGA DE LA PRUEBA” y la de
declaratoria de cualquier excepción que se encuentre probada. En virtud de la
primera, explicó que no se evidencia prueba alguna que demuestre que la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en su condición de
autoridad ambiental en el momento que tuvo competencia, incurrió en amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos. Y, en relación con la segunda,
que se declare de oficio cualquier excepción en favor de la entidad que se encuentre
probada.
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I.3.3. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
21. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en escrito de 25 de noviembre de
202415 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando
que no vulneró, amenazó o puso en riesgo con sus acciones u omisiones los
derechos e intereses colectivos invocados, teniendo en cuenta que ha actuado en
forma diligente y en un marco respetuoso de la Constitución Política y de la ley. Por
ende, solicitó la exoneración de responsabilidad.
22. La entidad se pronunció sobre los hechos de la demanda y explicó cuáles son
las actuaciones que ha adelantado en torno a la problemática planteada, con
especial énfasis al inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra San
Bartolomé Siete S.A.S. con ocasión de la ocupación de cauce.
23. Explicó que asumió competencias en forma reciente como autoridad ambiental
en la zona objeto de esta acción popular y que la problemática en torno a la
desviación del cauce de la quebrada “Pico Rico” es materia de investigación por esa
autoridad en un trámite administrativo sancionatorio. Por ello, indicó que no emitiría
pronunciamiento sobre el particular, para evitar prejuzgamiento. Agregó
adicionalmente que tampoco era competente para determinar la responsabilidad de
otras autoridades públicas.
24. Luego de explicar la naturaleza jurídica del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y sus funciones y competencias, así como el proceso sancionatorio
ambiental, afirmó que tiene la condición de autoridad ambiental en la zona urbana
de los municipios que la integran y que, para el lugar de los hechos objeto de la
acción popular, solo adquirió competencia a partir de mayo de 2023, con la
expedición del Acuerdo Municipal núm. 03 de 2023.
25. Manifestó que los municipios son competentes en torno a la ordenación de su
territorio, la expedición de licencias de construcción y de la promoción, financiación
y cofinanciación de proyectos de interés municipal, en especial, en materia
ambiental. Por ello, indicó que los entes territoriales ostentan funciones específicas
en relación con temas ambientales.
26. Indicó que la problemática planteada es materia de investigación y análisis a su
cargo, en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio que se
adelanta con respeto del debido proceso y del procedimiento legal correspondiente.
27. Por último, explicó: (i) que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde que
avocó conocimiento de los hechos denunciados por el accionante en el mes de julio
de 2024 ha realizado las actuaciones pertinentes y necesarias que conlleva una
investigación en un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio; y (ii)
que no se ha probado acción u omisión de la entidad en la vulneración de los
derechos e intereses colectivos y, por el contrario, imparte trámite sancionatorio con
el objeto de determinar las responsabilidades a que haya lugar.
15
Cfr. Índice 25 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“045_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION”.
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I.3.4. San Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S.
28. San Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S., actuando en forma conjunta,
mediante escrito de 25 de noviembre de 202416 solicitaron desestimar las
pretensiones de la demanda, con sustento en que no han incurrido en acción u
omisión que amenace o vulnere los derechos e intereses colectivos.
29.Se pronunciaron sobre los hechos de la demanda y explicó que la quebrada “sin
nombre” si discurre por el corregimiento de la Tablaza, pero no en las coordenadas
que la parte actora aportó.
30. Adujeron por un lado, que en el predio en que se ejecuta la obra discurre un
caño de aguas servidas o residuales respecto del cual, según el plano sellado y
autorizado por el municipio, se previó su canalización por parte del constructor,
como parte de una medida atinente a la prestación del servicio público de
alcantarillado; y, por el otro, que si dicho caño se ha desbordado no ha sido culpa
de la obra y que ha sido el constructor el que ha realizado obras civiles y adoptado
medidas para mitigar los impactos de dichos desbordamientos. Afirma que con
posterioridad a dichas obras no se han presentado desbordamientos.
31. Manifestaron que el caño adyacente a su predio era generado por los
vertimientos artesanales y sin permiso de la autoridad ambiental, que se han
realizado por viviendas y proyectos urbanísticos colindantes.
32. Indicaron que las sociedades han actuado con sujeción a la normativa que
regula la obtención de licencias urbanísticas, configurando derechos adquiridos;
que el terreno donde se desarrolla el proyecto urbanístico es apto para ejecutar las
obras civiles autorizadas por el ente territorial; que no existe vulneración o amenaza
de los derechos e intereses colectivos por su actuar y que, por el contrario, ante la
problemática derivada del caño de aguas residuales, adoptó medidas para la
protección de los derechos de la comunidad.
33. Propusieron las excepciones que denominó (i) falta de legitimación en la causa
por activa en relación con la parte actora; (ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva de las sociedades demandadas; (iii) ausencia de prueba suficiente para
probar la vulneración o amenaza y, por último, (iv) solicitó que de encontrarse
probada alguna excepción en favor de las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S.
y Constructora S.A.S., así se declare por la autoridad judicial.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
34. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia de 23 de mayo de 202517 amparó los derechos e intereses colectivos
previstos en los literales “a” y “m” del artículo 4.° de la Ley 472, transgredidos por
San Bartolomé Siete S.A.S., Constructora S.A.S. y el municipio de La Estrella, con
16
Cfr. Índice 24 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“040_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ContestaciondeDema”.
17
Cfr. Índice 66 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“148Sentencia_20240124400PopularAc”.
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ocasión de la intervención y modificación del cauce de la fuente hídrica denominada
Pico Rico en el municipio de La Estrella.
35. El a quo consideró que el problema jurídico consistía en determinar si las
entidades públicas y los particulares demandados vulneraban o amenazaban los
derechos e intereses colectivos invocados por la parte actora, con ocasión de la
presunta ocupación y alteración del cauce de la quebrada Pico Rico y la
construcción de la Fase II de la Unidad de Bodegas San Bartolomé VII.
36. Luego de analizadas y valoradas las pruebas, el Tribunal explicó que no cabía
duda de que en el predio con matrícula inmobiliaria 001-460363, localizado en la
carrera 49D núm. 98A Sur-228 del municipio de La Estrella, ocurrió la intervención
de una fuente hídrica denominada por la comunidad como Pico Rico, a la cual se le
cambió su cauce y que tanto la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reconocieron, no solo la
existencia de dicho afluente, con un cauce que databa, al menos del año 1972, sino
también las afectaciones que padeció ese recurso hídrico.
37. Explicó que, de conformidad con el Decreto núm. 2811 de 1974, quien pretenda
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá
solicitar autorización y que sin permiso no se podrán alterar los cauces ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Asimismo, que el Decreto 1076
de 2015 estableció que la construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la autoridad ambiental.
38. Pese a lo anterior, el Tribunal encontró probado que la denominada quebrada
Pico Rico fue desviada y afectada en su cauce, pues pasó de atravesar el predio
con matrícula inmobiliaria 001-460363, para ser direccionada hacia un costado del
terreno; y que ello constituyó una vulneración de los derechos e intereses colectivos
previstos en los literales “a” y “m” del artículo 4 de la Ley 472.
39. El Tribunal consideró que los principales responsables de la situación de
vulneración de los derechos e intereses colectivos son las empresas San Bartolomé
Siete S.A.S. y Constructora S.A.S. porque al ser quienes realizaron los proyectos
constructivos, debían acatar las previsiones legales, entre ellas las licencias de
construcción que se les otorgó, la cual estableció que debían obtener otros permisos
para la intervención del terreno, como lo exigen los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
40. Explicó que las pruebas permitieron advertir que las sociedades, en forma
previa a la solicitud de ocupación de cauce, realizaron intervención y desvío de la
quebrada y que, incluso, con posterioridad a la imposición de medidas preventivas
de suspensión de actividades constructivas y de modificación de cauce,
desacataron las órdenes y continuaron con las actividades constructivas.
41.Por ende, se declaró la responsabilidad de San Bartolomé Siete S.A.S. y
Constructora S.A.S.
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42. En relación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
explicó que fue competente para realizar inspección, vigilancia y control de la
ocupación de cauce en el inmueble hasta que se expidió el Acuerdo núm. 003 de
2023 que cambió el uso de suelo del sector, de expansión urbana a urbano. Por
ello, explicó que, pese a la actitud omisiva, en la actualidad no estaba legitimada
por no ostentar la calidad de autoridad ambiental en la jurisdicción en la que se ubica
el predio y por ende determinó que se debían negar las pretensiones en relación
con esa entidad.
43. En relación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó que desde el
momento en que asumió competencia, en virtud del Acuerdo ibidem, asumió
conocimiento de los expedientes remitidos por la Corporación Autónoma Regional,
ejerció distintas actividades como la expedición de informes técnicos, inició
nuevamente el trámite de ocupación de cauce y dio apertura al procedimiento
sancionatorio ambiental en contra de la sociedad San Bartolomé Siete S.A.S. y el
constructor. Por ende, consideró que se debía impartir órdenes en relación con esa
entidad, por su condición de autoridad ambiental y competente para ejercer el
control, evaluación y seguimiento ambiental del uso del agua y demás recursos
naturales renovables.
44. En relación con el municipio de La Estrella explicó que omitió su deber legal de
realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados mediante las
resoluciones núms. 02194 de 30 de diciembre de 2015, 00258 de 16 de febrero de
2016, 01994 de 3 de octubre de 2019, 00773 de 7 de julio de 2021, 2022-00155 de
1° de febrero de 2022, 2024-01457 de 17 de julio de 2024, para determinar si
efectivamente se estaban cumpliendo las condiciones de las licencias de
construcción.
45. Por ende, consideró que el municipio de La Estrella era responsable de la
protección del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
46. Por último, indicó que se debían amparar los derechos e intereses colectivos;
que se debían impartir órdenes para su protección, las cuales estableció; y se
pronunció en relación con las costas en el sentido de indicar que no se accedería a
las mismas. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: SE PROTEGEN los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano conforme lo establecido en la Constitución, la ley y disposiciones
reglamentarias; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; consagrados en
los literales a) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, conforme lo expuesto.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dispone lo siguiente:
2.1. ORDENAR a las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S. como la
Constructora S.A.S., que en el término de doce (12) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, adopten e implementen las medidas necesarias para
que la fuente hídrica denominada Pico Rico, localizada en la carrera 49D No. 98A
Sur-228 con matrícula inmobiliaria No. 001-460363 del municipio de La Estrella,
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discurra por su cauce original previa restauración, clausura de la infraestructura y
el retiro del material sobrante de las excavaciones de su cauce y de su área
forestal protectora; así como el retiro de los residuos de construcción y demolición
-RCD- dispuestos en el tramo del área forestal protectora del río Medellín
colindante con el predio.
Para lo anterior se deberán tener en cuenta lo previsto en los artículos 2.2.1.1.18.1
y 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015. Igualmente, si para la restauración del
cauce original de la fuente hídrica denominada Pico Rico se requiere la demolición
del proyecto Fase II de la Unidad de Bodegas San Bartolomé VII – UBSB, así
deberán hacerlo.
2.2. ORDENAR al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que:
a) Continuar con el procedimiento sancionatorio bajo el expediente No.
CM7.19.23904, iniciado en relación con la ocupación ilegal del cauce de la
quebrada denominada Pico Rico, en la carrera 49A No. 98A Sur - 228 en el
municipio de La Estrella, dentro de los términos establecidos en la Ley 1333 de
2009, en el cual deberá resolverse si se debe imponer o no alguna sanción
ambiental a quienes se investiga, considerando también, la procedencia de
realizar medidas restaurativas de los recursos ambientales afectados con la
conducta imputada.
b) Efectuar un acompañamiento y asesoramiento a las sociedades San Bartolomé
Siete S.A.S. y la Constructora S.A.S. para la ejecución de las actividades
restauración del cauce de la fuente hídrica denominada Pico Rico y demás
órdenes que se le impusieron en esta providencia.
c) De conformidad con sus funciones de control, evaluación y seguimiento
ambiental del uso del agua y demás recursos naturales renovables, deberá
efectuar revisión de la fuente hídrica denominada Pico Rico con la finalidad de
iniciar los procedimientos ambientales que considere pertinentes.
2.3. ORDENAR al municipio de La Estrella que en el término de seis (6) meses
siguientes a la notificación de esta sentencia, evalúe si en el predio localizado en
la carrera 49D No. 98A Sur-228 con matrícula inmobiliaria No. 001-460363, se ha
cometido alguna infracción urbanística y en caso de ser afirmativo, proceda a
iniciar los procedimientos respectivos conforme con la Ley 1801 de 2016.
TERCERO: SE ESTABLECE UN COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el
cumplimiento del fallo que estará conformado por un representante del Parque
Industrial del Sur Etapa 1 y 2 P.H., un representante de la sociedad San Bartolomé
Siete S.A.S., un representante de la sociedad Constructora S.A.S., un delegado
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un delegado del municipio de La
Estrella y un delegado del Ministerio Público. El delegado del Ministerio Público
será el presidente del comité y será el encargado de citar a las reuniones
respectivas, levantar las actas y demás asuntos pertinentes. Dicho comité deberá
informar al Despacho ponente por escrito cada tres (3) meses sobre el
cumplimiento de las órdenes impartidas.
CUARTO: NEGAR LAS DEMAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
QUINTO: NO SE CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.
SEXTO: Remítase por Secretaría copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para que sea incluido en el Registro Público Centralizado de Acciones
Populares y de Grupo, previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE está providencia a las partes, al Ministerio Público y a
la Defensoría del Pueblo […]” (Negrillas originales del texto).
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III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
47. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante correo electrónico de 29 de
mayo de 202518 presentó recurso de apelación, en el cual solicitó revocar el literal
“b” del numeral 2.2 del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23
de mayo de 2025, en el siguiente sentido:
“[…] 1. PETICIÓN:
Solicito revocar
1. La orden impartida al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Artículo
cuarto del mencionado Fallo, en cuanto a: “2. Se ordenará al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá:
“(…) ii) Efectuar un acompañamiento y asesoramiento a las sociedades San
Bartolomé Siete S.A.S. y la Constructora S.A.S. para la ejecución de las
actividades restauración del cauce de la fuente hídrica denominada Pico Rico y
demás órdenes que se imponen en esta providencia” […]”.
48. Indicó que la orden impartida obliga al Área Metropolitana del Valle de Aburrá a
cumplir actividades por fuera de sus funciones y competencias, lo que implica una
extralimitación de estas porque la entidad no puede ser juez y parte.
49. Afirmó, por un lado, que la entidad es competente para realizar la supervisión y
control de las actividades de restauración para asegurar que se cumplan los
estándares ambientales y que se obtengan los resultados deseados y que, en caso
de incumplimiento, puede imponer sanciones, multas o medidas de compensación
ambiental.
50. Por el otro, que acompañar y actuar como asesores de la empresa San
Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S., en la ejecución de las actividades
orientadas a resarcir el presunto daño o riesgo al medio ambiente, por su actuar
contrario a las normas ambientales, es incompatible con sus funciones y
competencias de control y seguimiento ambiental, con su función sancionatoria; y
constituye una situación que impacta en la independencia y autonomía de la
autoridad administrativa en relación con un trámite sancionatorio que está en
proceso.
51. Alegó que la orden apelada puede generar inconvenientes relevantes en torno
al cumplimiento de las demás órdenes de la sentencia porque “asesorar” y
“acompañar” a las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S.
podría implicar un impedimento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para
cumplir otras órdenes de la sentencia, como aquella relacionada con (i) continuar
con el procedimiento sancionatorio iniciado en relación con la ocupación ilegal del
cauce de la quebrada denominada Pico Rico por esas sociedades; y, (ii) en el marco
de las funciones de control, evaluación y seguimiento, efectuar revisión de la fuente
hídrica Pico Rico con la finalidad de iniciar los procedimientos ambientales que
considere pertinentes.
18
Cfr. Índice 69 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado “150_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION”.
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52. Seguidamente, explicó que las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S. y
Constructora S.A.S., vencidas en juicio, deben, en el marco de la orden impartida
en el numeral 2.1. del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, contratar expertos que los asesoren en torno al tipo
de intervención. Asimismo, que para el cumplimiento de la orden podrían requerir
de permisos ambientales que correspondería estudiar, otorgar, negar o requerir a la
autoridad ambiental. Esas competencias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
se podrían afectar si “asesora” y “acompaña” las actividades de las sociedades
responsables de la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos.
53. Agregó que, en caso de considerarlo, se podrían explorar las competencias de
otras autoridades para que asesoren y acompañen a las sociedades responsables,
sin que comprometan el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y
reglamentarias.
54. En suma, indicó que a las autoridades ambientales, como es el caso del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, no se impone la obligación de asesorar y
acompañar a los particulares en sus obras; sólo de otorgar los permisos ambientales
que requieran cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley para ejecutar
sus proyectos y que la autoridad ambiental, en los procesos sancionatorios, tiene la
facultad preventiva de imponer las medidas necesarias y que sean aplicables para
el caso; así como medidas de compensación, entendiendo por estas como las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades
y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,
obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
55.Por ello, solicita que se revoque el precitado literal “b” del numeral 2.2 del ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2025.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
56. Mediante auto de 5 de junio de 202519, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
57. Esta autoridad judicial, a través de auto de 20 de junio de 202520, admitió el
recurso, informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación con
la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. Igualmente, informó al Ministerio Público que
podía emitir concepto en la presente causa, hasta que el proceso ingresara al
despacho para emitir sentencia.
58.A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de la
competencia, el planteamiento del problema jurídico y el análisis del caso concreto.
19
Cfr. Índice 70 del expediente electrónico, en primera instancia. Documento denominado
“152Autoconcedere_20240124400PopularCo”.
20
Cfr., índice 4, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
“244_Autoqueadmite_AP20240124401PARQUEI_0_20250624130555344”.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
59. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201121 y en el artículo 1322 del Acuerdo 080 de 201923, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones
populares.
V.2. Planteamiento del problema jurídico
60. Parque Industrial del Sur Etapas 1 y 2 P.H. atribuyó a San Bartolomé S.A.S., a
Constructora S.A.S., al municipio de La Estrella, a la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano; la seguridad y salubridad públicas; y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, con ocasión de: (i) la desviación irregular del cauce de la
quebrada “Pico Rico” en el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 001-
460363 ubicado en el barrio La Tablaza del municipio de La Estrella, donde se
adelanta la etapa II del proyecto San Bartolomé VII; (ii) la disposición inadecuada
de residuos de construcción y demolición - RCD en el área forestal protectora del
río Medellín, colindante con el predio; y (iii) la contaminación de la fuente hídrica y,
como consecuencia de ello, desbordamientos e inundaciones que han afectado a la
comunidad.
61. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; autoridad que amparó
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la desviación irregular del cauce
de la precitada quebrada y la disposición inadecuada de residuos de construcción y
demolición - RCD en el área forestal protectora del río Medellín, colindante con el
predio.
62. En consecuencia, el a quo ordenó: (i) a San Bartolomé Siete S.A.S. y la
Constructora S.A.S. que adopten e implementen las medidas necesarias para que
la fuente hídrica discurra por su cauce original, previa aplicación de medidas de
restauración, clausura de la infraestructura y el retiro del material sobrante y de los
residuos de construcción y demolición; (ii) al Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
21
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
22
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
23
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado”.
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por un lado, continuar con el procedimiento sancionatorio bajo el expediente núm.
CM7.19.23904; por el otro, “[…] [e]fectuar un acompañamiento y asesoramiento a
las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S. y la Constructora S.A.S. para la
ejecución de las actividades restauración del cauce de la fuente hídrica denominada
Pico Rico y demás órdenes que se le impusieron […]”; y, por último, efectuar revisión
de la fuente hídrica denominada Pico Rico con la finalidad de iniciar los
procedimientos ambientales que considere pertinentes; y (iii) al municipio de La
Estrella que evalúe si en el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 001-
460363, se ha cometido alguna infracción urbanística y en caso afirmativo proceda
a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes. Asimismo, ordenó la
conformación de un comité de verificación de cumplimiento presidido por el
delegado del Ministerio Público.
63. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá interpuso recurso de apelación
exclusivamente contra el literal “b” del numeral 2.2. del ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal en cuanto le ordenó efectuar “[…]
un acompañamiento y asesoramiento a las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S.
y la Constructora S.A.S. […]” para la ejecución de las actividades de restauración
del cauce de la fuente hídrica y demás órdenes impartidas, argumentando que (i)
no ostenta funciones ni competencias de acompañamiento y asesoría particulares;
(ii) dicha orden implica una extralimitación de sus funciones porque el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá es una autoridad ambiental que se encuentra
tramitando un procedimiento administrativo sancionatorio contra esas sociedades
por los mismos hechos, lo que implica, por un lado, que no puede ser juez y parte;
y, por el otro, que acompañar y asesorar a las responsables puede generar
impedimento y afectar la neutralidad que rige sus actuaciones sancionatorias; y (iii)
que las sociedades deben contratar expertos o acudir ante otras autoridades
solicitando asesoría y acompañamiento.
V.3. Análisis del caso concreto
64. Conforme a los problemas jurídicos mencionados, la Sala estudiará: (i) el marco
normativo sobre naturaleza jurídica, funciones y competencias del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, oportunidad en la que abordará los
cuestionamientos sobre la falta de competencia del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá para cumplir la orden de asesorar y acompañar a las sociedades San
Bartolomé Siete S.A.S. y la Constructora S.A.S. en la ejecución de las actividades
de restauración del cauce de la fuente hídrica y demás órdenes impartidas; y (ii) el
marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales sobre el comité de verificación
de cumplimiento y el pronunciamiento sobre la condena en costas, en el caso
concreto.
V.3.1. Naturaleza jurídica, funciones y competencias del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá
65. Los antecedentes normativos en torno a las áreas metropolitanas se remontan
al artículo 63 del Acto Legislativo núm. 01 de 1968, que estableció al amparo de la
Constitución Política de 1886 la posibilidad de crear o constituir este tipo de
organizaciones de carácter territorial. En efecto, dicha norma, que reformó el
15
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entonces vigente artículo 198 de la Constitución Política, establecía que “[…] [p]ara
la mejor administración o prestación de servicios públicos de dos o más municipios
de un mismo departamento, cuyas relaciones den al conjunto las características de
un área metropolitana, la ley podrá organizarlos como tales bajo autoridades y
régimen especiales, con su propia personería, garantizando una adecuada
participación de las autoridades municipales en dicha organización […]”24. Dicha
norma tuvo diversas reglamentaciones, en especial, la contenida en los entonces
vigentes artículos 348 a 373 del Decreto Ley 1333 de 25 de abril de 1986 25, por el
cual se expidió el Código de Régimen Político Municipal.
66. Posteriormente, la Constitución Política de 1991, con el propósito de fortalecer
las entidades territoriales, reconoció la existencia de áreas metropolitanas y amplió
su campo de acción. Al respecto, el artículo 319 de la Constitución Política establece
que “[…] [c]uando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y
físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán
organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el
desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar
la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso,
prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano […]”.
67. La norma constitucional estableció adicionalmente que la ley de ordenamiento
territorial adoptaría para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal
de carácter especial; garantizaría que en sus órganos de administración tengan
adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalaría la
forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de
los municipios.
68. El artículo 319 ibidem fue reglamentada inicialmente por la Ley 128 de 23 de
febrero de 199426; norma que fue derogada posteriormente por la Ley 1625 de 29
de abril de 2013.
69. Esta última norma estableció en su artículo 1 que la Ley 1625 tiene por objeto
“[…] dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen
político, administrativo y fiscal, que dentro de la autonomía reconocida por la
Constitución Política y la ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus
funciones. […]”.
70. Dicho mandato estableció el objeto y naturaleza de las áreas metropolitanas al
señalar en sus artículos 2 y 3 que, por un lado, son entidades administrativas de
derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados
alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e
interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas,
culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo
sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de
servicios públicos requieren una administración coordinada; y, por el otro, que se
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de septiembre de 2003
proferida en el Proceso NUR. 080012331000199900017-01. C.P. doctor Camilo Arciniegas Andrade. Reitera: Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 25 de marzo de 2010. NUR. 110010306000201000003-00. C.P. doctor
Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
25
26
Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas.
16
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trata de entidades administrativas dotadas de personería jurídica de derecho
público; con autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen
administrativo y fiscal especial.
71. Las competencias de las áreas metropolitanas fueron desarrolladas por el
artículo 6 de la Ley 1625, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 6o. COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS.
Son competencias de las Áreas Metropolitanas sobre el territorio puesto bajo su
jurisdicción, además de las que les confieran otras disposiciones legales, las
siguientes:
a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los
municipios que la conforman;
b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que
la integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar
en su prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que
regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área
metropolitana sea un prestador oficial o autorizado;
c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social
del área metropolitana;
d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre
ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover
y facilitar la armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial […]”.
72. En relación con las funciones a cargo de las áreas metropolitanas, el artículo 7
de la Ley 1625 establece, en lo pertinente, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 7o. FUNCIONES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS. De
conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución Política, son
funciones de las Áreas Metropolitanas, además de las conferidas por otras
disposiciones legales, las siguientes:
a) Identificar y regular los Hechos Metropolitanos, de conformidad con lo
establecido en la presente ley;
b) Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva
de largo plazo incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, como una norma general de
carácter obligatorio a las que deben acogerse los municipios que la conforman al
adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con las materias
referidas a los hechos metropolitanos.
La formulación y adopción del plan integral de desarrollo metropolitano debe
efectuarse en consonancia con los planes nacionales de desarrollo y de las
entidades territoriales, de manera que se articulen con los lineamientos del
sistema nacional de planeación.
En las Áreas Metropolitanas ubicadas en fronteras conurbadas con otro país,
donde exista una alta movilidad de su población en ambos sentidos, el Plan
Integral de Desarrollo Metropolitano debe realizarse bajo principios que
esencialmente consideren su coyuntura territorial particular, a través de un
instrumento transfronterizo, que permita coordinar el desarrollo integral de su
realidad urbana-regional desde la perspectiva de la planeación estratégica.
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En las Áreas Metropolitanas donde existan Distritos Portuarios, el Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano deberá incorporar las políticas que establezca el
Gobierno Nacional en la materia;
c) Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial, el cual será el marco al cual deberán acogerse cada uno de los
municipios que conforman el área, al adoptar los planes de ordenamiento
territorial;
d) Coordinar en su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social y adoptar las políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de
vivienda, de conformidad con las normas vigentes, en concordancia con la Ley
3a de 1991 y con las políticas y programas de la Nación en materia de vivienda de
interés social y prioritaria;
e) Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión
del suelo en los municipios de su jurisdicción;
f) Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter
metropolitano; si a ello hubiere lugar, podrá participar en su prestación de manera
subsidiaria cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando
existiendo tal regulación, se acepte que el área metropolitana sea un prestador
oficial o autorizado;
g) Participar en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas
a la prestación de servicios públicos, cuando las necesidades de la región así lo
ameriten;
h) Emprender las acciones a que haya lugar para disponer de los predios
necesarios para la ejecución de obras de interés metropolitano;
i) Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo establecido
en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano
de Ordenamiento Territorial y los planes y programas que lo desarrollen o
complementen;
j) Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el
perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993;
k) Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la
atención de situaciones de emergencia o calamidad, en el marco de sus
competencias;
l) Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales
vigentes;
m) Formular la política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de
los hechos metropolitanos;
n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción
de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a
ella;
o) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte
metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial;
p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros
en lo que sea de su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria
de los distintos modos de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas
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de Transporte Masivo, los SIT y los Sistemas Estratégicos de Transporte, donde
existan;
q) Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso
adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes públicas;
r) Las demás que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte
de otras autoridades, con la respectiva asignación de recursos para el adecuado
cumplimiento de los fines de la administración pública.
PARÁGRAFO. Los Distritos establecidos en el artículo 328, Constitución Política,
que a la entrada en vigencia de la presente ley, ejerzan como autoridad ambiental,
conservarán dicha competencia […]” (Negrillas fuera de texto).
73.De conformidad con la normativa anterior, corresponde a las áreas
metropolitanas la facultad de ejercer las funciones y competencias de autoridad
ambiental en el perímetro urbano de su jurisdicción, de conformidad a lo dispuesto
en la Ley 99, lo cual se encuentra ratificado en los artículos 55 y 66, sobre
competencias de las grandes ciudades y competencia de grandes centros urbanos,
que establecen en lo pertinente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 55. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS GRANDES
CIUDADES. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población
urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes serán competentes, dentro de
su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida
al Ministerio del Medio […]”.
“[…] ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS.
Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere
igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del
perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones
Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.
Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y
autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades
o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las
autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la
responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones
contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y
peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir
el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro
del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro,
según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el
vertimiento […]” (Destacado fuera de texto).
74. De acuerdo con las normas citadas supra, las áreas metropolitanas cuya
población urbana fuere igual o superior al número de habitantes allí previsto, les
corresponde ejercer dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a
las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio
ambiente urbano, lo que incluye, además de las licencias ambientales, concesiones,
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, la
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responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las
medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de
saneamiento y descontaminación.
75. En ese orden de ideas, las funciones previstas en el artículo 31 de la Ley 99, en
relación con las corporaciones autónomas regionales, que conforme lo expuesto
anteriormente, corresponden ejercer a las áreas metropolitanas dentro del
perímetro urbano, son las siguientes:
“[…]ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional
de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su
jurisdicción;
2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por
las distintas entidades territoriales;
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas;
7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico
y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental
no formal, conforme a las directrices de la política nacional;
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables
y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites,
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.
11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión
de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo
con el artículo 58 de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y
multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente;
14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía,
con conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables;
15) Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del
Sistemas de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta
administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y
de la sociedad civil.
16) Reservar, alinderar, administrar […], en los términos y condiciones que fijen la
ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños
causados;
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las
disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
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19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes;
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas
y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;
21) Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas
y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades
negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente;
22) Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente;
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto
riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;
24) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y prestar asistencia técnica
a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la
forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Ministerio del Medio Ambiente;
25) Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya
de grabarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas
por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer
conforme a la ley;
26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en
materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante;
27) Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las entidades de
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes,
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que
haya lugar, conforme a la ley;
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28) Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente sentadas en el área de su jurisdicción, en
coordinación con las autoridades competentes;
29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los
concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación
que les otorga la Constitución Nacional;
30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la
presente ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.
31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 313 numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones
Autónomas Regionales establecerán las normas generales y las densidades
máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas
y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los
recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos
se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.
[…]
PARÁGRAFO 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por
objeto principal la defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá administrar,
manejar, operar y mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten
o entreguen los municipios o distritos para esos efectos;
PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus tareas
en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las
que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia […]” (Negrilla
fuera de texto).
76. Adicionalmente, se pone de presente que la Ley 1333 de 21 de julio de 200927,
modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 202428 estableció en su artículo 1,
sobre titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, que el Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en dicha materia y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través de, entre otras, las
corporaciones autónomas regionales y las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refieren los artículos 55 y 66 de la Ley 99, bajo la
presunción de culpa y dolo del infractor.
77. El artículo 3A de la Ley 1333, adicionado por el artículo 4 de la Ley 2387, sobre
definiciones, establece que, para efectos de la aplicación de esa normativa se
entenderá que: (i) Daño Ambiental: es el deterioro, alteración o destrucción del
medio ambiente, parcial o total; (ii) Medidas de Compensación: son las acciones
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto,
obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados; y (iii) Medidas
27
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
28
“Por medio del cual se modifica el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar
herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones”.
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de Corrección: son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
78. A su turno, el artículo 4 de la precitada Ley, sobre funciones de la sanción de
las medidas preventivas en materia ambiental, establece, por un lado, que las
sanciones administrativas en materia ambiental “[…] tienen una función
preventiva, correctiva y compensatoria […]” para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución Política, los tratados internacionales
en vigor para Colombia, las leyes y los reglamentos; y, por el otro, que las medidas
preventivas, por su parte, tienen como función “[…] prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana […]” (Negrilla fuera de texto).
79. Asimismo, se resalta que: (i) según el artículo 5 de la Ley 1333, modificada por
la Ley 2387, sobre infracciones, el infractor será responsable ante terceros de la
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión; (ii) el artículo
27 ibidem, sobre determinación de la responsabilidad y sanción, establece que “[…]
la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, declarará la
responsabilidad del infractor e impondrá las sanciones y las medidas de Corrección
y de compensación a las que haya lugar para la reparación del daño causado si
fuere el caso […]”; (iii) el artículo 31 ibidem, sobre medidas de compensación,
establece que, en el marco del principio de estricta proporcionalidad, la imposición
de una sanción no exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la
autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción; (iv) el artículo 40 establece
las sanciones principales y accesorias; y (v) el artículo 42, sobre mérito ejecutivo,
establece, entre otros aspectos, que “[…] [t]ambién prestarán mérito ejecutivo, los
actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que se encuentren
en firme, en los cuales se liquiden los costos de las medidas de restauración
ejecutadas directamente por la autoridad ambiental, en el evento en que el infractor
no haya dado cumplimiento [a] […] las medidas restauradoras del daño o impacto
causado con la infracción de que tratan el artículo 31 de la presente ley en el año
siguiente a su imposición, o en el evento en que la autoridad ambiental identifique
como priorizada la intervención de restauración según el estado de la afectación y/o
daño ambiental durante el procedimiento sancionatorio […]”.
80. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se encuentra probado, conforme
lo explicó el Tribunal y no fue objeto de recurso de apelación, que el municipio de
La Estrella (Antioquia) integra el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
81. Asimismo, que en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-460363,
localizado en la carrera 49D núm. 98A Sur-228 del municipio de La Estrella, se
intervino una fuente hídrica denominada como Pico Rico, a la cual se le cambió en
forma irregular su cauce, con ocasión de la construcción y ampliación de la Unidad
de Bodegas San Bartolomé VII.
82. Se probó que la quebrada Pico Rico fue desviada y afectada en su cauce, pues
pasó de atravesar el predio con matrícula inmobiliaria 001-460363, para ser
direccionada hacia un costado del terreno. Por ende, se determinó la vulneración
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de los derechos e intereses colectivos previstos en los literales “a” y “m” del artículo
4 de la Ley 472; y que los principales responsables de la vulneración eran las
empresas San Bartolomé Siete S.A.S. y Constructora S.A.S., lo cual no fue objeto
de apelación.
83. Asimismo, se encontró probado y no fue controvertido ni por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia ni por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, que, si bien, en un principio la competencia para adelantar el
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental por los hechos
correspondía a la Corporación Autónoma Regional, con ocasión de la expedición
del Acuerdo 003 de 2023 se modificó el uso de suelo del sector, pasando de ser de
expansión urbana a urbano, y que, por ende, la autoridad ambiental competente a
partir de dicha modificación era al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
84. Se probó que, con ocasión de la remisión de las actuaciones que realizó la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, esta última expidió la Resolución Metropolitana núm. 002663 de 21
de noviembre de 2024, por medio de la cual inició procedimiento sancionatorio
ambiental contra San Bartolomé Siete S.A.S. por alteración del alineamiento de la
precitada quebrada y que, con ocasión de dicho trámite, se expidieron diversos
actos, requerimientos y se practicaron visitas técnicas que evidenciaron la
intervención de la quebrada con ocasión a la construcción de unas bodegas,
ejecutada por la empresa Constructora S.A.S. Sin embargo, no se encuentra
probado que, a la fecha, el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental
hubiere concluido.
85. Es por lo anterior que el Tribunal resolvió amparar los derechos e intereses
colectivos, determinó las responsabilidades y, en relación con el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, dispuso ordenar, por un lado, continuar con el procedimiento
sancionatorio bajo el expediente núm. CM7.19.23904, toda vez que se desconocía
si había concluido; por el otro, ordenó al Área Metropolitana que efectuara “[…] un
acompañamiento y asesoramiento a las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S.
y la Constructora S.A.S. para la ejecución de las actividades restauración del
cauce de la fuente hídrica denominada Pico Rico y demás órdenes que se
imponen en esta providencia […]”; y, por último, que, de conformidad con sus
funciones de control, evaluación y seguimiento ambiental del uso del agua y demás
recursos naturales renovables, debía efectuar revisión de la fuente hídrica
denominada Pico Rico con la finalidad de iniciar los procedimientos ambientales que
considere pertinentes.
86. La Sala, una vez revisadas las competencias del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, en especial, las de carácter ambiental previstas en las leyes 99, 1625,
1333 y 2387, anteriormente citadas, considera que, en este caso, no le asiste en el
marco del procedimiento sancionatorio ambiental función o competencia que le
permita realizar “acompañamiento” o “asesoramiento” a los presuntos infractores de
la normativa ambiental; ello, sin perjuicio de la obligación de cumplimiento de las
órdenes impartidas en el trámite de la acción popular, como garantía de protección
de los derechos e intereses colectivos.
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87. Lo que sí le permite la normativa a la autoridad ambiental, como titular de la
potestad sancionatoria en esa materia, es la de imponer sanciones administrativas
en materia ambiental para garantizar, desde una perspectiva preventiva, correctiva
y compensatoria, el cumplimiento de las normas ambientales. Asimismo, puede,
mediate actos administrativos, adoptar medidas preventivas, compensatorias y
de corrección dirigidas respectivamente a (i) prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana; (ii) resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos
generados por el respectivo proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos o mitigados; y (iii) recuperar, restaurar o reparar las condiciones del
medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
88. Se trata de medidas que deben constar en actos administrativos y cuyo
cumplimiento es exigible al punto que, de conformidad con el artículo 42 de la Ley
1333, y en caso de renuencia al cumplimiento de la medida por el infractor, pueden
ser ejecutadas directamente por la autoridad ambiental y sus costos establecidos
mediante actos administrativos y posteriormente cobrados a través de los
procedimientos previstos en la ley.
89. En ese orden, la Sala considera que el objeto de la orden impartida por el
Tribunal, más que acompañar y asesorar a los infractores en torno a la “[…]
ejecución de las actividades restauración del cauce de la fuente hídrica denominada
Pico Rico y demás órdenes que se le impusieron en esta providencia […]”, se
contrae a que la autoridad ambiental, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, del procedimiento sancionatorio que
adelanta contra las sociedades San Bartolomé Siete S.A.S. y la Constructora
S.A.S., y sin perjuicio de las medidas ordenadas en el artículo 2.1. del ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2025, podrá
imponer las medidas dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones de la
quebrada Pico Rico, afectada por el proyecto, obra o actividad, y garantizar la
ejecutividad de sus actos administrativos, lo cual incluye las previsiones
establecidas por el parágrafo 3.° del artículo 42 de la Ley 1333 de 21 de julio de
2009, modificada por el artículo 7 de la Ley 2387 de 25 de julio de 2024.
90. La decisión anterior reitera las consideraciones de la Sección Primera del
Consejo de Estado, contenidas en sentencia de 26 de julio de 2018 29, en la que se
explicó que las entidades públicas no debían, en esa oportunidad, prestar asistencia
técnica y administrativa al particular responsable, sino: (i) “[…] realizar la verificación
de las obras que adelante la sociedad para restablecer o compensar el medio
ambiente en la zona de afectación […]”; (ii) que las entidades debían adelantar las
investigaciones administrativas o policivas a que hubiere lugar y ejercer de manera
coordinada con otras autoridades actividades de control y vigilancia sobre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales; y (iii) que esas órdenes de asesoría y
asistencia técnica “[…] debían [ser] reemplazadas por labores de verificación del
cumplimiento de las ordenes de recuperación y compensación del daño; sin
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado núm. 08001-23-33-001-2014-
00656-01(AP). C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez.
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perjuicio de las actuaciones administrativas que en el marco de sus funciones y
competencias se encuentren desarrollando […] por los mismos hechos. […]” 30.
91. En ese orden, la Sala considera que le asiste razón al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá en su recurso de apelación en cuanto explicó que en el marco del
procedimiento sancionatorio que adelanta contra las sociedades San Bartolomé
Siete S.A.S. y la Constructora S.A.S. no era competente para acompañar y asesorar
a los presuntos infractores ambientales y, en consecuencia, se modificará el literal
“b” del artículo 2.2 del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23
de mayo de 2025 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el sentido de precisar que, sin perjuicio de las
medidas ordenadas en el artículo 2.1. del ordinal segundo de la parte resolutiva de
la sentencia de 23 de mayo de 2025, la autoridad ambiental podrá, en el marco de
sus respectivas competencias y del procedimiento sancionatorio, imponer, en caso
de considerarlo, medidas preventivas, compensatorias y de corrección y garantizar
su cumplimiento a través de los mecanismos previstos en la ley.
92. Seguidamente, la Sala estudiará el marco normativo y los desarrollos
jurisprudenciales sobre el comité de verificación de cumplimiento y se pronunciará
sobre la condena en costas, en el caso concreto.
V.3.2. Comité de verificación de cumplimiento y pronunciamiento sobre la
condena en costas, en el caso concreto
93. El artículo 34 de la Ley 472, sobre sentencia, establece que el juez podrá
conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por
el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
94. En relación con la autoridad judicial se precisa que, más allá de ser un miembro
o integrante del comité, “[…] es el Magistrado que adelantó la sustanciación y
proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de la misma […]”,
“[…] quien debía [o debe] presidirlo […]”31; función que no puede ser delegada o
atribuida ni a las partes o intervinientes ni al Ministerio Público32.
95. Para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, se modificará el
ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia a efectos
de integrar el comité de verificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de esta Corporación.
96. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 del Código
General del Proceso; y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019, no se condenará en
costas en esta instancia.
30
Al respecto, ver los párrafos 128, 132 y 139.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Consejero
Ponente, doctor Hernando Sánchez Sánchez. NUR: 520012333000-2018-00361-01(AP).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Consejero
Ponente, doctor Oswaldo Giraldo López. NUR: 6300123330002020-00407-01 (AP).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el literal “b” del artículo 2.2 del ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2025 proferida por la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dispone lo siguiente:
[…]
2.2. ORDENAR al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, deberá:
a) Continuar con el procedimiento sancionatorio bajo el expediente núm.
CM7.19.23904, iniciado en relación con la ocupación ilegal del cauce de la quebrada
denominada Pico Rico, en la carrera 49A No. 98A Sur - 228 en el municipio de La
Estrella, dentro de los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009, en el cual
deberá resolverse si se debe imponer o no alguna sanción ambiental a quienes se
investiga, considerando también, la procedencia de realizar medidas restaurativas de
los recursos ambientales afectados con la conducta imputada.
b) En el marco del procedimiento sancionatorio de que trata el literal anterior, sin
perjuicio de las medidas ordenadas en el artículo 2.1 del ordinal segundo de esta
providencia y en caso de considerar que es necesaria la imposición de medidas
dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones de la quebrada Pico Rico,
afectada por el proyecto, obra o actividad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecutividad de sus actos
administrativos, lo cual incluye las previsiones establecidas por el parágrafo 3.° del
artículo 42 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, modificada por el artículo 7 de la
Ley 2387 de 25 de julio de 2024.
c) De conformidad con sus funciones de control, evaluación y seguimiento ambiental
del uso del agua y demás recursos naturales renovables, deberá efectuar revisión de
la fuente hídrica denominada Pico Rico con la finalidad de iniciar los procedimientos
ambientales que considere pertinentes. […]”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de mayo de 2025 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: SE ESTABLECE UN COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el
cumplimiento del fallo que será precedido por la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de Antioquia; y estará conformado, además, por un representante del
Parque Industrial del Sur Etapas 1 y 2 P.H., un representante de la sociedad San
Bartolomé Siete S.A.S., un representante de la sociedad Constructora S.A.S., un
delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un delegado del municipio de
La Estrella y un delegado del Ministerio Público. […]”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01244-01
Demandante: Parque Industrial del Sur Etapas 1 y 2 PH
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 23 de mayo de 2025
proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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