Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00131-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de abril de 2025
Demandante: Cristina Isabel Tovar Gómez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00131-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00131-01
Demandante: Cristina Isabel Tovar Gómez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Tema: Confirma la sentencia impugnada, improcedencia por
subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 28 de febrero de 2025, por medio de la cual la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción
de cumplimiento de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Cristina
Isabel Tovar Gómez demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil –en
adelante CNSC– y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, por el presunto incumplimiento del
numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 20041. En el escrito, se formularon las
siguientes pretensiones:
Declarar que la DIAN y la CNSC han incumplido, la siguiente norma: […] El numeral
4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 […]
Y, una vez declarado que se ha incumplido la mencionada norma, ordenar a la
CNSC y a la DIAN cubrir de manera definitiva las vacantes ofertadas y que luego
fueron declaradas desiertas con la denominación de Gestor 1 código 301 grado 1,
con cargos equivalentes. [2]
2. Hechos
2.1. El 27 de junio de 2019, el Congreso de la República expidió la Ley 1960 de
2019. En el artículo 6.° se dispuso3 que la CNSC elaboraría en estricto orden de
1
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
2 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción del accionante.
3 La mencionada disposición modificó el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
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mérito la lista de elegibles con el fin de proveer las vacantes para las cuales se
efectúo el concurso y las plazas definitivas equivalentes no convocadas que
surgieran después de la convocatoria.
2.2. La CNSC expidió el Acuerdo CNT2022AC000008 de 2022, modificado
parcialmente por el Acuerdo 24 de 2023. Dicho acto administrativo llamó al
concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa en la DIAN, en
el cual la actora participó.
2.3. Producto de la convocatoria, la CNSC expidió la lista de elegibles núm. 5840
de 8 de febrero de 2024, para proveer 27 vacantes definitivas del empleo
denominado Gestor I, Código 301, Grado 1, identificado con el código OPEC
198302; la accionante afirma que ocupó el lugar 116 con 78.84 puntos.
2.4. La demandante indicó que las accionadas no tienen voluntad de darle
cumplimiento al artículo numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 respecto
a cubrir las vacantes ofertadas en la convocatoria como lo son los cargos
declarados desiertos haciendo uso de lista de elegibles. Por tal motivo, el 12 de
diciembre de 2024, la demandante requirió a las demandadas el obedecimiento de
la disposición mencionada.
3. Admisión de la demanda
En auto de 4 de febrero de 2025, la ponente del Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda y ordenó la notificación de lo decidido al actor, a la
CNSC, a la DIAN y al Ministerio Público. Posteriormente, a través de auto de 14
de febrero de 2025 se pronunció sobre el decreto de pruebas.
4. Informes
4.1. La DIAN solicitó despachar desfavorablemente la demanda de cumplimiento.
En sintesis, manifestó que la acción es improcedente porque la demandante
cuenta con otros mecanismos de defensa judicial; sostuvo que la actora no alegó
ni demostró una situación grave o urgente que justifique desplazar los
mecanismos judiciales ordinarios.
Informó que la accionante forma parte de la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución 5840 del 8 de febrero de 2024 para proveer 27 vacantes
definitivas del empleo denominado Gestor I, Código 301 Grado 1, identificado con
el código OPEC 1983021, ocupa la posición 116 y que su nombramiento no es
posible por el momento al no haber alcanzado una posición meritoria dentro del
número de vacantes ofertadas, debiendo esperar a que se genere una vacante en
el mismo empleo durante la vigencia de la lista, es decir, hasta el 16 de febrero de
2026.
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Sostuvo que la entidad está aplicando las listas de elegibles en estricto orden de
mérito, como lo exige la normativa; por el contrario, que la demandante pretende
alterar la competencia del director de la DIAN en la distribución de empleos y
someter la provisión de cargos a intereses individuales en detrimento del interés
general.
4.2. La CNSC se opuso a la prosperidad de la demanda. Recapituló el
procedimiento administrativo que culminó con la lista de elegibles. Argumentó que
no resulta razonable hacer uso de la lista de elegibles, por cuanto no existe
solicitud de autorización de uso de la lista para proveer vacante que le favoreciera
a la actora y que, en todo caso esa entidad ha cumplido sus funciones conforme a
sus competencias.
4.3. El Ministerio Publicó guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 28 de febrero de 2025, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento por
subsidiariedad. Lo anterior, al concluir que «[…] no basta con revisar la observancia
de la norma citada como incumplida, pues se requiere además analizar los requisitos
de las vacantes que pretende la accionante que se nombren, así como la exigibilidad
de las listas de elegibles, lo cual como ya se indicó no es procedente por la presente
acción […]».
6. Impugnación
La parte accionante reiteró los argumentos de su demanda y argumentó que la
CNSC no hizo referencia a las vacantes declaradas desiertas. Sostuvo que las
demandadas, aparentemente, están cumpliendo, pero señaló que el uso de las
listas de elegibles es mínimo en comparación con el total de vacantes disponibles
y que tampoco se ha realizado el estudio de equivalencia de los empleos
declarados desiertos (Gestor I, Código 301, Grado 1) para que se provean dichas
vacantes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
28 de febrero de 2025 de la Sala Tercera Oral del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
3
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de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
28 de febrero de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento del numeral 4º del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumple con la carga argumentativa de la impugnación?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
4
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres
puntos descritos [ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
5
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
5
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o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»8.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado9.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
10
Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
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pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).
12 Sentencia antes citada.
13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
16 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»17.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia de los
escritos radicados el 12 de diciembre de 2024 en los que les solicitó a las
demandadas el obedecimiento del numeral 4.º de la Ley 909 de 2004.
A su turno, no obra prueba de que la DIAN emitiera respuesta a la petición en el
término que dispone el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. Por su parte, la emitida
por la CNSC, el 27 de diciembre de 2024, es contraria al querer de la ciudadana,
razón por la cual todo lo anterior es suficiente para encontrar satisfecho este
presupuesto de procedibilidad.
3.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que la CNSC y la
DIAN cumplan con el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, con el fin
de que sea nombrada en uno de los cargos de Gestor I, Código 301, Grado 1,
vacantes en la DIAN o equivalente, dado que ocupó la plaza 116 de la lista de
elegibles.
Esto permite concluir que las pretensiones de la actora implican una discusión
jurídica que trasciende al obedecimiento de la disposición legal invocada para que
17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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se determine si le asiste razón en sus afirmaciones y debe disponerse su
nombramiento en alguna de las vacantes o equivalentes; o a la entidad, que alude
que no ocupa una posición meritoria y que resolvió sus pedimentos de forma
negativa porque no existen vacantes en este momento y las existentes o
equivalentes ya están ocupadas por personas con mejor puntaje.
En otras palabras, el problema jurídico que plantea la actora se trata de un asunto
que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues gira en torno
a la discusión de su derecho subjetivo, sin embargo, para ese fin no fue previsto
este medio de control, pues para ello existen otros mecanismos judiciales, en
especial por el juez de la legalidad de los actos administrativos. En efecto, este
caso, no depende solo de la observancia de la disposición invocada, sino que
conlleva a establecer y controvertir los alcances de lo decidido por las acusadas
en otros actos administrativos particulares y concretos, asunto que implica invadir
la órbita de sus competencias legales por parte del juez de cumplimiento.
En consonancia con lo anterior, la Sala recuerda que el fin de la acción de
cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los
actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades no dan estricto
cumplimiento al deber jurídico o administrativo general que les es exigible. De esta
manera, para la Sala la demanda de la actora es improcedente18, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Lo anterior, porque
existen otros mecanismos de defensa judicial, para determinar si la Administración
negó conforme a derecho o no su solicitud de nombramiento, sin que el hecho de
que lo decidido sea adverso a sus intereses conlleve a que este mecanismo se
torne en el procedente para sus finalidades.
Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento, pese a la
existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con
la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la
referencia, la parte interesada no probó ni alegó tales extremos desde la
presentación de su demanda.
En suma, se confirmará la sentencia de 28 de febrero de 2025, en tanto se declaró
la improcedencia por subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
18 En similar sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos recientes: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta -Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate: sentencias de 7
de marzo de 2019, radicación: 25000-23-41-000-2018-01107-01, accionante: Grupo Irene Melo Internacional
S.A.S., de 25 de julio 2019, radicación: 25000-23-41-000-2019-00354-01, accionante C.E.A. ARODAR, de 5
de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-00730-01, accionante Miriam Cecilia Char Muvdi y de 8
de octubre 2020, radicación 25000-23-41-000-2020-00199-01, accionante: TECNOCAM S.A.S. y Magistrado
Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio sentencia de 12 de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-
00774-01, accionante Clínica La Victoria SAS, entre otras.
9
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Demandante: Cristina Isabel Tovar Gómez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00131-01
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la decisión de 28 de febrero de 2025, por las razones
expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
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