Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00396-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00396-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2025-00396-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00396-011
Accionantes: ROBERTO DE JESÚS HERRERA OROZCO Y OTRO
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
TURBO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. Se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Turbo y los señores Juan Aquilino Cabrera Miranda y Héctor Rangel
Palacios Rodríguez.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David Romero Benítez
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al “[…] debido proceso, las
garantías electorales, la seguridad jurídica y la participación política en condiciones
de igualdad […]”, cuya vulneración le atribuyeron al auto de 28 de marzo de 2025,
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo dentro del proceso de
nulidad simple con el número de radicación 05837-33-33-002-2025-00041-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicaron que el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez fue elegido alcalde del
Municipio de Apartadó para el periodo 2024-2027 y mediante sentencia de 26 de
septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de
la elección.
1
Al proceso de tutela de la referencia se acumuló el proceso núm. 05001-23-33-000-2025-00392-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
2.2. Expresaron que como consecuencia de lo anterior el Gobernador de Antioquia
convocó a elecciones en el Municipio de Apartadó para el 6 de abril de 2025.
2.3. Adujeron que “[…] La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la
Resolución No. 1409 de 2025, estableció el calendario electoral para la elección
atípica de alcalde de Apartadó del periodo 2025-2027 […]”.
2.4. Aseguraron que el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez “[…] intentó
inscribirse como candidato a la Alcaldía de Apartadó de manera extemporánea,
presentándose ante la Registradora el 22 y 25 de marzo de 2025, dicha solicitud
fue negada por parte de la Registradora Especial de Apartadó […]”.
2.5. Señalaron que el señor Juan Aquilino Cabrera Miranda presentó demanda de
nulidad simple núm. 05837-33-33-002-2025-00041-00 contra la Registraduría
Municipal del Estado Civil de Apartadó con el fin de que se decretará la nulidad de
la Resolución 1409 de 7 de febrero de 2025, a través de la cual “[…] se fijó el
calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Apartadó -Antioquia, que
se realizará el 6 de abril de 2025 […]”.
2.6. Manifestaron
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, autoridad que mediante auto de 28
de marzo de 2025 resolvió:
“[…] PRIMERO: DECRETAR como medida cautelar de urgencia, la inscripción del
señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, como candidato a la alcaldía de Apartadó,
para los próximos comicios electorales que se adelantarán el seis (6) de abril de
2025.
En consecuencia, se ordena, de manera inmediata y urgente, a la REGISTRADURÍA
ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DE APARTADÓ, realizar la modificación de la
inscripción solicitada por la coalición unidos por la vida, designando como candidato
por esta colectividad para la nueva elección de alcalde de Apartadó - Antioquia, que
se realizará el 06 de abril de 2025 al señor HÉCTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ […]
SEGUNDO: NEGAR la medida cautelar de urgencia, de suspensión de los efectos
jurídicos de la Resolución N°1409 del 07 de febrero de 2025 “Por medio de la cual se
fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Apartadó - Antioquia,
que se realizará el 06 de abril de 2025” […]”.
que la “[…] orden del Juzgado desconoció el calendario electoral
2.7. Afirmaron
establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y permitió la inscripción
extemporánea de un candidato cuya postulación ni siquiera fue solicitada por él
mismo […]”.
2.8. Aseguraron que “[…] El señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez se inscribió de
manera extemporánea, por fuera de los términos señalados en el calendario
electoral, realizando la modificación de la inscripción el día 28 de marzo a las 11:30
p.m. debido a la orden decretada en la medida cautelar proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Oral de Turbo […]”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
2.9. Manifestaron que la providencia cuestionada incurrió en un “[…] defecto
procedimental absoluto y violación del debido proceso […]”, en la medida que “[…]
La intervención del juez segundo administrativo de turbo modificó de facto el
calendario electoral sin fundamento normativo, alterando gravemente el proceso
electoral […] Desde el punto de vista constitucional y electoral, la decisión podría
generar un precedente riesgoso al permitir la inscripción del señor Héctor Rangel
Palacios sin cumplir estrictamente con los requisitos legales establecidos en la
resolución 1409 de 2025 emitido por la Registraduría Nacional Del Estado Civil,
esto es, el calendario electoral […] Se configura el defecto procedimental por parte
del Juez al decretar una Medida cautelar sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011[…]”.
2.10. Sobre el defecto orgánico sostuvo que “[…] El Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Turbo no tiene competencia para decidir sobre la nulidad de la
Resolución 1409 del 7 de febrero del 2025, emitida por la Registraduría Nacional
del Estado Civil Colombiano. Al ser un acto administrativo de una entidad nacional,
esta competencia corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 149 de la
Ley 1437 de 2011 […]”.
2.11. Sobre el defecto fáctico señaló que “[…] El Juez Segundo Administrativo de
Turbo incurrió en un defecto fáctico al no valorar adecuadamente las pruebas del
expediente. En el Acta Nro. 07 de la Registraduría Especial de Apartadó se
evidencia la renuncia irrevocable del candidato Eliecer Arteaga Vargas […] La
renuncia de la candidatura de Eliecer Arteaga Vargas el 22 de marzo de 2025 cerró
cualquier oportunidad de modificar la inscripción de la candidatura de la coalición
Apartadó, unidos por la Vida, ya que la fecha límite para hacerlo era el 3 de marzo
de 2025 […]”.
III. PRETENSIONES
3. El señor Adolfo David Romero Benítez formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se conceda el amparo del derecho fundamental al debido proceso, a
las garantías electorales, la seguridad jurídica y a la participación política en
condiciones de igualdad de ADOLFO DAVID ROMERO BENÍTEZ.
2. Se declare la suspensión de los efectos del auto Interlocutorio N°199
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo en el cual se ordenó
la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios.
3. En consecuencia, de lo anterior se ordene a la Registraduría Municipal de
Apartadó, no contabilizar los votos a favor del candidato inscripto de manera
extemporánea.
4. TERCERA: PREVENIR al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE TURBO, para que no vuelva a incurrir en las omisiones que
dieron lugar a la presentación de esta acción. […]”.
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Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
4. El señor Roberto de Jesús Herrera Orozco formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Tutélese como MECANISMO PROVISIONAL y en la modalidad de PERJUICIO
IRREMEDIABLE el derecho fundamental a mis derechos políticos consagrados en
el artículo 40 de la C.N. y al debido proceso que me le fue violado por Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Turbo, Auto de 28 de Marzo de 2025, cometió una
vía de hecho por haber incurrido en un defecto fáctico AL DECRETAR LA MEDIDA
CAUTELAR DE URGENCIA, EN FAVOR DE HECTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ, y en consecuencia, déjese sin ningún efecto dicha providencia y
ordénese proferir una nueva decisión esta vez sin incurrir en violación al derecho
fundamental de mis derechos políticos y al debido proceso, esto es: a) valorando
adecuadamente las pruebas y b) apli-cando correctamente las normas del debido
proceso […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
5. Mediante auto de 1o. de abril de 2025, la magistrada del despacho 016 del
Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la acción de tutela con número de
radicación 05001-23-33-000-2025-00392-00, presentada por Adolfo David Romero
Benítez y vinculó como tercero con interés directo en el resultado del proceso a
Juan Aquilino Cabrera Miranda.
6. A través de auto de 3 de abril de 2025, el despacho 016 del Tribunal Administrativo
de Antioquia remitió el expediente del proceso de tutela indicado supra para su
acumulación al proceso de la referencia, comoquiera que “[…] se trata de los
mismos presupuestos fácticos, las pretensiones están encaminadas a dejar sin
efectos el auto 199 del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo, Antioquia y el accionado es el mismo juzgado
[…]”.
7. En auto de 4 de abril de 2025, el despacho 011 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, avocó el conocimiento de la acción de tutela promovida por Adolfo David
Romero Benítez y ordenó acumular dicho proceso al de la referencia. Además, en
dicha providencia se profirió una medida provisional que consistió en lo siguiente:
“[…] DECRETAR LA MEDIDA PROVISIONAL consistente en la SUSPENSIÓN
DE FORMA INMEDIATA Y PROVISIONAL, hasta que se resuelva de forma
definitiva el fondo de este asunto, del Auto Interlocutorio No. 199 del 28 de marzo
de 2025, el cual ordenó la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez como
candidato a la Alcaldía de Apartadó por la coalición unidos por la vida y para los
comicios electorales que se adelantarán el 6 de abril de 2025. En consecuencia, el
candidato no estará inscrito para las referidas elecciones atípicas […]”.
8. Mediante auto de 7 de abril de 2025, el despacho 011 del Tribunal Administrativo
de Antioquia ordenó vincular al señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez al presente
trámite de tutela.
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Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
V. INTERVENCIONES
9. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
9.1. El Juez Segundo Administrativo de Turbo afirmó que “[…] no es cierto que el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo esté vulnerando los
derechos fundamentales del señor Roberto de Jesús Herrera Orozco, por cuanto el
actuar de este titular se encuentra enmarcado dentro de los preceptos legales y
constitucionales que rigen la materia, pues, como se manifestó anteriormente la
demanda de nulidad simple radicada con No. 05837 3333 002 2025 00041 00
cumplía con los requisitos formales y legales para su admisión […] ha de resaltarse
que actualmente están corriendo los términos para que las partes del proceso con
radicado el No. 05837 3333 002 2025 00041 00, o los interesados en el mismo, se
pronuncien frente al decreto de dicha medida cautelar; además, que ya hay un
recurso de apelación pendiente por resolverse […]”.
9.2. El señor Juan Aquilino Cabrera manifestó que en el presente caso “[…] aún
subsisten recursos y mecanismos dentro del trámite ordinario que no han sido
agotados, lo que impide cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de
tutela. Además, la parte accionante no ha demostrado que los mecanismos
ordinarios sean ineficaces ni que exista un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional […]”.
9.3. Elseñor Héctor Rangel Palacios Rodríguez afirmó que “[…] la tutela
interpuesta ha devenido en improcedente, no solo por la existencia de otro
mecanismo judicial eficaz, sino también por configurarse una carencia actual de
objeto, en tanto los efectos jurídicos del proceso electoral ya se han consolidado
con la celebración de la jornada electoral del 6 de abril de 2025. El juez
constitucional, entonces, debe abstenerse de emitir un fallo de fondo sobre una
materia que ha escapado de su competencia por efecto del curso natural y legítimo
del proceso electoral […]”.
9.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó “[…] que solo cumple
funciones secretariales de las distintas comisiones escrutadoras, razón por la cual
no adopta decisiones en ningún sentido en el desarrollo de los escrutinios,
limitándose su función a la de registrar los hechos que se sucedan durante el trámite
de los escrutinios […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
10. Mediante fallo de tutela de 8 de abril de 2025, la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia tuteló el derecho fundamental al debido
proceso de los señores Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David Romero
Benítez.
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Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
11. Como fundamento de la decisión se indicó:
“[…] El Juez Segundo Administrativo del Circuito de Turbo-Antioquia, con la decisión
contenida en el Auto No. 199 del 28 de marzo de 2025 vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David
Romero Benítez, quienes, en calidad de terceros se vieron afectados en sus
derechos fundamentales, en especial a la participación y al control político que, por
principio le corresponde ejercerlo a la ciudadanía general, conforme a lo establecido
en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto la decisión ilegal
e inconstitucional permitió la participación de Héctor Rangel Palacios Rodríguez en
las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025, cuando, aparentemente ya
había finalizado el periodo de inscripción de candidatos […]”
[…]
“[…] En segundo plano, respecto de la solicitud de declaratoria de hecho superado,
la cual ha sido propuesta por los vinculados Héctor Rangel Palacios Rodríguez y
Juan Aquilino Cabrera Miranda, encuentra la Sala que esta se torna improcedente,
por las razones que a continuación ofrece la Sala:
Si bien se han arrimado memoriales en los que se expone el auto No. 119 del 7 de
abril de 2025, en donde el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, Antioquia,
aparentemente declaró la nulidad de lo actuado, la falta de competencia funcional y
ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, en el cuerpo de la providencia se
destaca que el auto fue notificado en estados judiciales en la fecha de hoy 8 de abril
de 2025. Adicionalmente, consultado el aplicativo SAMAI, se refleja que el auto no
fue fijado por estados electrónicos y, si en gracia de discusión se aceptara el
argumento de que se profirió el auto en las condiciones anotadas, este no estaría en
firme, pues no se encuentra ejecutoriado, lo que significa que materialmente no se
ha revertido la situación que acarrea la lesión a los bienes fundamentales bajo
amparo.
Específicamente para que se configure el hecho superado se requeriría una
satisfacción íntegra de las pretensiones de la acción de tutela, la que la Sala no
observa probada, pues como se dijo, el auto No. 119 del 7 de abril de 2025, en donde
el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo declara la nulidad de lo actuado y su
incompetencia, no se encuentra en firme y ejecutoriado. Razón suficiente para que
proceda la tutela de los derechos fundamentales de los accionantes.
Por lo dicho, la Sala decide tutelar el derecho fundamental al debido proceso de
Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David Romero Benítez el cual fue
vulnerado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo al proferir el
Auto No. 199 del 28 de marzo de 2025, que ordenó la inscripción de Héctor Rangel
Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025.
En consecuencia, se dejará sin efectos el Auto No. 199 del 28 de marzo de 2025,
que ordenó la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones
atípicas celebradas el 6 de abril de 2025. Por tanto, la medida provisional dictada el
4 de abril de 2025 por el Ponente de esta decisión, quedará remplazada por esta
decisión definitiva de Sala. Esta decisión deberá ser cumplida de inmediato […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo – Antioquia
12. El
impugnó la decisión con base en los siguientes argumentos:
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Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
“[…] puede considerarse que el Magistrado Ponente debió estudiar en parte la
procedencia por subsidiaridad de la acción constitucional en referencia, pues como
es sabido la pretensión de la misma era que se dejara sin efectos el proveído
mediante el cual este servidor judicial decreto [sic] como medida cautelar de urgencia
la inscripción del señor Héctor Rangel en las elecciones atípicas celebradas el
pasado 06 de abril de 2025, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció
o no advirtió que la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de
reposición y en subsidio el de apelación contra el auto donde se resolvió la
solicitud de dicha medida cautelar de urgencia […]”.
13. El señor Juan Aquilino Cabrera Miranda en su impugnación indicó:
“[…] el juez de tutela carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre los
hechos materia de discusión, toda vez que el escenario procesal adecuado es la
acción de nulidad electoral, la cual goza de todos los elementos de eficacia,
contradicción y especialidad requeridos para salvaguardar los derechos alegados, lo
cual fue reconocido por el mismo Tribunal […]”.
[…]
“[…] El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, en cumplimiento
mas allá de lo ordenado, expidió el Auto Interlocutorio No. 119 del 07 de Abril de
2025, por medio del cual declaró la falta de competencia y la nulidad de todo lo
actuado posterior al Auto Admisorio de Tutela, publicado en Estados del 08 de Abril
de 2025 […]”.
[…]
“[…]
En ese sentido, es claro que el despacho le dio cumplimiento inmediato al Auto que
decreto la medida provisional, incluso más allá de lo ordenado, además, que el Auto
que declaró la perdida de competencia funcional surte efectos de forma inmediata y
el Proceso antes del fallo de Tutela, ya había sido remitido al Consejo de Estado.
En consecuencia, es inexplicable el Actuar del Honorable Tribunal en el presente
proceso de Tutela, cuando es diáfano que se dio la carencia del objeto por Hecho
superado y situación sobreviniente […]”.
14. El señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez allegó al presente trámite
constitucional el mismo escrito presentado por el señor Juan Aquilino Cabrera
Miranda.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actúa de objeto por
sustracción de materia.
VIII.3. El caso concreto
17. Los señores Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David Romero Benítez
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al “debido proceso, las
garantías electorales, la seguridad jurídica y la participación política en condiciones
de igualdad”, cuya vulneración le atribuyeron al auto 28 de marzo de 2025, proferido
por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad simple con número
de radicación 05837-33-33-002-2025-00041-00.
18. De acuerdo con las pretensiones de los escritos de tutela se observa que lo
pretendido a través de esta acción constitucional por parte de los accionantes, es
que se declare la suspensión de los efectos del auto interlocutorio núm. 199 de 28
de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, en
el cual se ordenó como medida cautelar de urgencia, la inscripción del señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez, como candidato a la alcaldía de Apartadó.
19. En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió
a las pretensiones de amparo y dispuso lo siguiente:
“[…] TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto No. 199 del 28 de marzo de
2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo,
que ordenó la inscripción de Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las
elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025. Por tanto, la medida
provisional dictada el 4 de abril de 2025 por el Ponente de esta decisión, queda
remplazada por esta decisión definitiva de Sala. Esta decisión deberá ser
cumplida de inmediato.
CUARTO. EXHORTAR al Juez Segundo Administrativo de Turbo, Antioquia,
para que profiera providencia en la que revise y decida sobre su competencia
funcional para conocer del proceso radicado 05837 33 33 000 2025 00041 00.
QUINTO. COMPULSAR COPIAS a las autoridades disciplinarias y penales
respecto de la posible actuación contraria a la Constitución y la ley por parte
del Juez Segundo Administrativo de Turbo- Antioquia, Mario de Jesús Zapata
Londoño, al haber proferido el Auto No. 199 del 28 de marzo de 2025 dentro
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
del proceso 05837 33 33 002 2025 00041 00 por fuera del marco legal,
conforme a lo advertido en la presente providencia. […]”.
20. El 6 de abril de 2025 se realizaron las elecciones y el 10 de abril de 2025 la
Comisión Escrutadora declaró la elección del señor Adolfo David Romero Benítez.
21. El 23 de abril de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la
demanda de nulidad interpuesta por Juan Aquilino Cabrera Miranda.
22. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estudiará la configuración de una
carencia actual de objeto por sustracción de materia en esta instancia.
VIII.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia
23. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión mediante
providencia de 9 de septiembre de 20217 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna
conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño
consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes
de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de
la tutela y iii) por sustracción de materia […]”.
24. Frente a la carencia actual de objeto por sustracción materia, esta Sala de
Decisión sostuvo lo siguiente: “[…] se configura en aquellos casos en que deja
de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]”8. [Negrilla original del
texto]
25. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:
“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
8
Ibidem.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción” […]”9. [Negrilla fuera del texto].
26. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen a dicha
vulneración, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.
27. En el presente caso se observa que la pretensión de la acción de tutela es que
declaré la suspensión de los efectos del auto interlocutorio núm.199 de 28 de marzo
de 2025, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, en
el cual se ordenó como medida cautelar de urgencia la inscripción del señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez, como candidato a la alcaldía de Apartadó.
28. Mediante auto de 7 de abril de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Turbo resolvió declarar la falta de competencia funcional, la nulidad de
todo lo actuado y remitir el expediente del proceso al Consejo de Estado.
29. Noobstante, cabe precisar que en las consideraciones de la providencia
señalada la autoridad judicial indicó lo siguiente:
“[…] De conformidad con las normas referidas, es claro que este Juzgado
Administrativo carece de competencia para conocer del presente medio de
control de nulidad simple, por lo tanto será enviado el expediente al H. Consejo
de Estado de manera inmediata.
Sin embargo, como en el presente caso hubo un decreto de medida cautelar,
de acuerdo con la norma procesal transcrita, dichas medidas se mantendrán,
pero será declarada la nulidad de toda la actuación, incluso desde el auto que
admitió la demanda. […]”. [Subrayado fuera del texto]
30. La anterior precisión realizada en el auto controvertido impedía declarar el hecho
superado por el juez de primera instancia porque aunque se declaró la nulidad del
proceso, la autoridad judicial accionada en su decisión afirmó que medida cautelar
se mantendría.
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Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre de 2013.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
31. Posteriormente, mediante auto de 23 de abril de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado rechazó la demanda de nulidad interpuesta por Juan Aquilino
Cabrera Miranda.
32. Al respecto consideró:
“[…] El demandante solicitó la nulidad de la Resolución 1409 del 7 de febrero
de 2025 en la cual la RNEC fijó el calendario electoral para adelantar la
elección atípica de alcalde de Apartadó (Antioquia), sin embargo, este acto
no puede demandarse sin acusar la legalidad del acto que finalmente declaró
electo al representante del mencionado ente territorial en la medida que,
según su contenido, los comicios ya fueron celebrados (6 de abril de 2025).
Así las cosas, el mecanismo judicial previsto por el ordenamiento jurídico para
alegar los yerros en que, presuntamente, incurre la Resolución 1409 de 2025,
es el medio de control de nulidad electoral, el cual tiene que dirigirse contra el
acto que contiene la elección; dar cuenta de las irregularidades que se hayan
cometido, las decisiones que las contienen y su incidencia respecto de la
declaratoria acusada de ilegal.
En esa medida, conforme las razones expuestas, debe concluirse que la
nulidad que requiere el demandante recae sobre un acto que, en el asunto de
la referencia, no es susceptible de control judicial, sin que para ello se
acuse a legalidad de la declaratoria de la elección, conforme lo ya
explicado, lo que impone el rechazo de su demanda, en los términos
previstos en el artículo 169.3 del CPACA […]”. [Negrilla original del texto]
33. El 6 de abril se realizaron las elecciones.
34. Según consta en la página de la Registraduría Nacional del Servicio Civil el 10
de abril de 2025 se declaró alcalde electo del Municipio de Apartadó para lo que
resta del período constitucional 2024-2027 al señor Adolfo David Romero Benítez,
como se muestra a continuación10:
10Cfr. Tomado de la página de la Registraduría Nacional del Servicio Civil: https://escrutinios-apartado-
2025.registraduria.gov.co/published
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
35. Esta Sección estima que al momento de resolverse la segunda instancia de esta
acción se configuró la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en
razón que el objeto de la presente tutela desapareció porque: (i) se realizaron las
elecciones, (ii) se declaró la elección del señor Adolfo David Romero Benítez como
alcalde del Municipio de Apartadó; y (iii) la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó la demanda en la que se había proferido el auto de 28 de marzo de 2025
que fue suspendido por el juez constitucional en la medida provisional y
posteriormente dejado sin efectos en la decisión impugnada.
36. En ese sentido, no es posible hacer un estudio del fondo del asunto por haberse
configurado una sustracción de materia por las razones indicadas supra.
Especialmente, cuando se advierte que los sujetos procesales en esta acción
constitucional tienen a su disposición otros medios judiciales para controvertir el
acto de elección.
37. Respecto de la figura de la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
en la sentencia de 30 de noviembre de 2023, esta Sala de Decisión precisó lo
siguiente:
“[…] 18. Mediante esta acción constitucional, la señora Chris Valentina Ávila
Bohórquez pretende la protección de su derecho fundamental al sufragio, el
cual adujo que se encontraba amenazado porque no fue incluida en el censo
electoral y debido a ello carecía de un puesto de votación en el cual ejercer su
derecho al voto en las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras Locales,
programadas para el 29 de octubre de este año.
19. En síntesis, lo solicitado por la actora en este proceso constitucional
consiste en que: (i) «[…] [s]e ordene a la Registraduría y Consejo Nacional
Electoral que de manera urgente habiliten mi único puesto de votación en la
residencia Cra 5 No. 4 13 de el (sic) Centro Poblado de El Secreto del Municipio
de Sabanalarga Casanare, lugar último donde ejercí por primera vez el voto
[…]»; (ii) «[…] [s]e ordene a la registraduría y Consejo Nacional Electoral me
permitan ejercer el derecho al voto en las elecciones del 29 de octubre de 2023
[…]»; y (iii) «[…] [e]n caso de que no se tome una medida con urgencia y ante
la proximidad de las elecciones, se detenga el proceso electoral en el
Departamento de Casanare, hasta tanto yo pueda ejercer mi derecho a elegir
mis gobernantes en el lugar que nací y donde pienso llegar en mi vejez […]».
20. Sin embargo, destaca la Sala que el presente mecanismo de amparo fue
radicado el 24 de octubre de este año. Esto es a cinco días de que se realizaran
los comicios. Debido a ello, para el momento en que fue resuelta la presente
acción de tutela ya se habían realizado las elecciones programadas para el 29
de octubre de 2023.
[…]
22. Igualmente, mediante sentencia de 23 de noviembre de 202311, la Sección
estudió un caso con supuestos fácticos similares al presente y concluyó que se
había configurado la carencia actual de objeto por sustracción de materia
porque los comicios electorales regionales habían pasado.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2023-06585-0, M.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00396-01
Accionantes: Roberto de Jesús Herrera Orozco y otro
A partir de lo anterior, esta Sección estima que en el presente caso se configuró
la figura jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en
tanto que el objeto de la presente acción de amparo no puede ser protegido
porque el supuesto constitutivo de la amenaza al derecho fundamental de la
accionante, actualmente, no existe y, en ese sentido, no se pueden emitir las
medidas solicitadas […]”.
38. Conforme a lo anotado, se declarará la carencia actual de objeto por sustracción
de materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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