Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00460-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00460-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00460-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ
Demandados: COMISIÓN ESCRUTADORA GENERAL DE ANTIOQUIA
Y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
Síntesis del caso: el demandante reclamó que las autoridades públicas demandadas vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales con el acto administrativo que proclamó la
elección del señor Adolfo David Romero Benítez como alcalde del municipio de Apartadó,
Antioquia y declaró como no marcados los votos que obtuvo el demandante. La Sala confirmará
la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, pero porque está pendiente de que se resuelva, en segunda
instancia, la tutela con la que se dejó sin efectos el auto que ordenó la inscripción del actor, lo
cual conllevó a que en cumplimiento a esa decisión la Comisión Escrutadora aplicara la
consecuencia jurídica de declarar como no marcados los votos del actor.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 29 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la
cual se dispuso:
“(...) SEGUNDO. DECLARAR la improcedencia de la solicitud de Tutela
instaurada por el señor HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ en
contra de la COMISIÓN ESCRUTADORA GENERAL DE ANTIOQUIA y de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL; de conformidad con la
argumentación previamente vertida. (...)”. (archivo disponible en el índice
00002 del aplicativo SAMAI - negrillas y mayúsculas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 10 de abril de 2025, el señor Héctor Rangel Palacios, a través de apoderado,
promovió proceso de acción de tutela en contra la Comisión Escrutadora General de
2
Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
Antioquia y la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que se protegieran
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y a elegir y ser
elegidos,1 y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERO: Se protejan los derechos al debido proceso, principio de legalidad
y seguridad jurídica del suscrito, elegir y ser elegido, transparencia electoral
del suscrito como Alcalde Electo del Municipio de Apartadó y de los
ciudadanos del municipio de Apartadó.
SEGUNDA: Se ORDENE a la Registraduría Nacional de Servicios Civil
expedir credencial de Alcalde de Apartadó a Héctor Rangel Palacios
Rodríguez por el periodo Constitucional 2025 - 2027.
SUBSIDIARIA: Se Ordene remitir el expediente, documentos y todo lo
referente del proceso de Escrutinio de las elecciones Atípicas del Municipio de
Apartadó del 06 de Abril de 2025, para que continúe y finalice con todo el
tramite del escrutinio y resuelva todas las solicitudes pendientes.” (archivo
disponible en el índice 00002 del aplicativo SAMAI - mayúsculas y negrillas del
original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) El gobernador de Antioquia ordenó elecciones atípicas en el municipio de Apartado
para el periodo 2025-2027.
2) El Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, mediante auto del 28
de marzo de 2025, dentro del proceso de nulidad simple con radicado no. 0583733
3300220250004100, ordenó como medida provisional inscribir como candidato de la
Coalición Unidos por la Vida al señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, la cual se
materializó el 29 marzo de 2025 en la Registraduría Municipal de Apartadó.
3) Los señores Adolfo David Romero Benítez y Roberto de Jesús Herrera Orozco,
presentaron acciones de tutelas contra la decisión que ordenó la inscripción. Esas
acciones fueron tramitadas con los radicados no 05001233300020250039600 y
05001233300020250039200; ambos con solicitudes de medida provisional tendientes a
suspender los efectos del auto que ordenó la inscripción del candidato de la Coalición
Unidos por la Vida, señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez.
1
(Fl. Índice 00002 SAMAI)
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) En ambos procesos se negaron las medidas provisionales. En paralelo a dichas
tutelas se surtió ante el Consejo Nacional Electoral un proceso de revocatoria de
inscripción de la candidatura del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, la cual
concluyó favorablemente, por lo que se le permitió continuar en la contienda electoral.
5) No obstante, el señor Adolfo David Romero Benítez, interpuso una nueva tutela en
la que pidió como medida cautelar no declarar la elección del señor Héctor Palacios
Rodríguez en caso de que fuera elegido.
6) El mismo tribunal que negó las medidas cautelares en las tutelas iniciales, profirió
auto del 4 de abril del 2025, en el cual, como medida provisional, ordenó dejar sin
efectos el auto del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, en el cual se había ordenado la inscripción
del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez2.
7) El 6 de abril de 2025 se llevaron a cabo las elecciones atípicas para la alcaldía del
municipio de Apartadó (Antioquia), correspondientes al periodo constitucional 2025 -
2027, en las cuales participó el señor Héctor Rangel Palacios, quien, según lo afirmó en
la demanda, obtuvo la mayoría de los votos escrutados.
8) El 8 de abril del año en curso, el Tribunal Administrativo de Antioquia 3 profirió
sentencia en la cual tuteló los derechos de los señores Roberto de Jesús Herrera
Orozco y Adolfo David Romero Benítez4, en consecuencia, dejó sin efectos el auto no.
199 del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Turbo, que ordenó como medida provisional la inscripción del señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025,
decisión contra la cual se presentó impugnación ante el Consejo de Estado, la cual, a la
fecha de presentación de la tutela, se encuentra pendiente de resolver.
2
“(…) TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto No. 199 del 28 de marzo de 2025 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, que ordenó la inscripción de Héctor Rangel
Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025. Por tanto, la medida
provisional dictada el 4 de abril de 2025 por el Ponente de esta decisión, queda remplazada por esta
decisión definitiva de Sala. Esta decisión deberá ser cumplida de inmediato.”
3
Proceso acumulado de acción de tutela con radicación no. 05001-23-33-000-2025-00396-00 y 05001-
23-33-000-2025-00392-00, promovido por el señor Roberto de Jesús Herrera Orozco y otros
4
Candidatos inscritos a las elecciones atípicas del 6 de abril de 2025 en el municipio de Apartadó,
quienes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión
del auto del 28 de marzo de 2025, que ordenó la inscripción de la candidatura del señor Héctor Rangel
Palacios.
4
Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
En cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela de primera instancia, la Comisión
Escrutadora Departamental de Antioquia expidió la Resolución no. 01 del 9 de abril de
2025, mediante la cual declaró “como no marcados” los sufragios obtenidos por el
ciudadano Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en el marco de las elecciones atípicas
celebradas en el municipio de Apartadó.
3. El fundamento de la vulneración
Según la parte demandante, la Comisión Escrutadora General del Departamento de
Antioquia, incurrió en una actuación manifiestamente ilegal al calificar como no
marcados los votos obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, a pesar
de que —según afirmó— representaban la mayoría de sufragios válidos depositados en
la jornada electoral del 6 de abril de 2025. Sostuvo que dicha comisión carecía de
competencia para adoptar esa determinación y que, al hacerlo, usurpó funciones que
corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral.
Lo anterior es una usurpación de competencias y una violación al principio de legalidad,
así como una vulneración a sus derechos constitucionales fundamentales a elegir y ser
elegido, por tal motivo, las actuaciones de la Comisión Escrutadora General del
Departamento de Antioquia resultan ilegales.
Afirmó que en desarrollo de la audiencia pública de escrutinio, la Comisión Escrutadora
General del Departamento de Antioquia omitió tramitar las recusaciones y recursos
interpuestos, en contravía de lo dispuesto en el artículo 180 del Código Electoral, que
ordena remitir el expediente al Consejo Nacional Electoral cuando se presenten
apelaciones o desacuerdos entre los delegados, absteniéndose de declarar la elección
o expedir credenciales mientras se resuelve dicha controversia.
Además, la Comisión Escrutadora General del Departamento de Antioquia se conformó
sin tener en cuenta el procedimiento y las calidades definidas para su conformación
como lo establece el artículo 175 del Código Electoral5.
5
“El Consejo Nacional Electoral formará, hasta treinta (30) días antes de cada elección, una lista de
ciudadanos en número equivalente al doble de los departamentos, a fin de practicar los escrutinios de los
votos para Senadores, Representantes, Diputados, consejeros intendenciales y Comisariales, según el
caso, y computar los votos para Presidente de la República y Alcaldes Municipales. Dicha lista estará
formada por ciudadanos pertenecientes a los partidos que tengan mayor representación en el Congreso y
que hayan sido Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejero de Estado, miembro del Consejo
Nacional Electoral ,Magistrado del Tribunal Superior o Contencioso Administrativo o sean o hayan sido
profesores de Derecho.
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia del 10 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la acción de tutela, notificó a los integrantes de la Comisión Escrutadora
Municipal de Apartadó y a los de la Comisión Escrutadora General del Departamento de
Antioquia, a través de la Registraduría Especial de Apartadó y vinculó a la Procuraduría
General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Especial de
Apartadó, a la Personería Municipal de Apartadó, a la Procuraduría Provincial de
Instrucción de Apartadó, el Partido Conservador Colombiano y de los partidos y/o
movimientos políticos que integran la Coalición Apartadó Unidos por la Vida y la
Coalición Romero, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 29 de abril de 20256 declaró la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Explicó que para el momento en que se interpuso la demanda de tutela la Comisión
Escrutadora General de Antioquia ya había expedido la Resolución nro. 001 de 9 de
abril de 2025, mediante la cual se declaró la elección del señor Adolfo David Romero
Benítez y como no marcados los votos obtenidos por el demandante, al día siguiente se
modificó el Formulario E-26 ALC.
El a quo sostuvo que el actor cuenta con un medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Comisión
Escrutadora General del Departamento de Antioquia y el Consejo Nacional Electoral,
concretamente, el medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Precisó que, a través de dicho medio, el actor puede solicitar la suspensión provisional
del acto administrativo que declaró como alcalde electo al señor Adolfo David Romero
Benítez y como no marcados los votos obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios
Dentro de los quince (15) días anteriores a cada elección, el Consejo procederá a escoger por sorteo y
para cada departamento, de la lista a que se refiere el inciso anterior, dos (2) ciudadanos de distinta
filiación política, encargados de verificar, por delegación y a nombre del Consejo, dichos escrutinios y
cómputos de votos.”
6
Fl. Índice 0009 anexo 19
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
Rodríguez, así como controvertir las presuntas irregularidades en el trámite de
escrutinio y la integración de la comisión escrutadora.
6. La impugnación
La parte actora presentó impugnación contra el fallo de primera instancia y fue
concedida mediante auto del 9 de mayo de 20257.
El demandante manifestó que el trámite administrativo adelantado por la Comisión
Escrutadora General del Departamento de Antioquia estuvo viciado por la omisión en el
trámite de las recusaciones y de los recursos interpuestos durante la audiencia pública
de escrutinio, así como por la integración irregular de dicha comisión, circunstancias
que afectaron gravemente sus derechos fundamentales y el principio de legalidad que
rige la función electoral.
El medio de control electoral, no resulta eficaz ni adecuado para conminar a la Comisión
Escrutadora General del Departamento de Antioquia a que conceda los recursos que
procedían para el caso concreto, y garantizar con ello el derecho al debido proceso, la
doble instancia y el derecho de contradicción y defensa; tampoco es un medio idóneo
para ordenar a esa autoridad que tramite las recusaciones y revise de manera célere si
los miembros de que la conforman cumplieron o no con los requisitos de ley.
En ese sentido, el demandante planteó que la acción de tutela sí cumple función
subsidiaria frente a la acción electoral, en tanto permitiría “aliviar” las irregularidades
advertidas y evitar un perjuicio irremediable derivado de la consolidación de un acto
administrativo expedido en contravía de garantías fundamentales.
Por lo tanto, dicho mecanismo no garantiza una protección oportuna, eficaz ni
adecuada del derecho fundamental invocado, lo cual se evidencia con mayor claridad al
analizar las circunstancias de necesidad, urgencia e irremediabilidad, además, la Corte
Constitucional ha sostenido que la tutela puede proceder transitoriamente cuando estos
medios no resultan eficaces para evitar un daño inminente y grave.
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Fl. Índice 2
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Escrutadora General de Antioquia y la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin
de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y a
elegir y ser elegidos, por cuanto dichas autoridades carecen de competencia para
cuestionar la candidatura del demandante y calificar como no marcados los votos
obtenidos por el actor en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025 para
elegir al alcalde municipal de Apartadó para el periodo constitucional 2025-2027.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará su
improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero por razones
distintas a las expuestas por el a quo.
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3) La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
4) En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o
para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
5) Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por
la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii)
cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
6) En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un
amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
2.2 Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
1) En el caso sub examine, el demandante pretende que se amparen sus derechos
constitucionales fundamentales y se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil
expedirle una credencial como alcalde del municipio de Apartadó para el periodo
Constitucional 2025 – 2027.
2) El Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que el actor cuenta con el medio de
control de nulidad electoral para cuestionar la legalidad del acto administrativo objeto de
reproche en esta acción de tutela, escenario procesal en el cual puede solicitar la
suspensión provisional del acto mediante el cual se declaró la elección del señor Adolfo
David Romero Benitez como alcalde del municipio de Apartadó (Antioquia), así como la
calificación de los votos obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como
sufragios no marcados.
3) Esta Sala en sentencia del 13 de mayo de 20258 conoció los hechos que rodearon a
la presente controversia, con los cuales se evidenció que la Resolución nro. 001 de 9
de abril de 2025, mediante la cual se declaró la elección del señor Adolfo David Romero
Benítez y como no marcados los votos obtenidos por el demandante correspondió a un
acto de ejecución. Textualmente en el mencionado acto se consignó:
“(…) Sin embargo y en estricto cumplimiento del fallo emitido por el Honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia, que retrotrae la situación y coloca en
inexistente las aspiraciones políticas del ciudadano HÉCTOR RANGEL
PALACIOS RODRÍGUEZ, deja de existir la candidatura, situación que hace que
los votos consignados por el mismo deban trasladarse a la figura jurídica de
votos no marcados, mismo que carecen de poder vinculante, al no ser opción
política conforme a la Circular No. 002 del 24 de octubre del 2023, emitida por el
Consejo Nacional Electoral.
8
Expediente no. 11001-03-15-000-2025-02323-00, caso en el que la parte demandante fue el señor
JOEL PADILLA RENTERÍA y como demandado la COMISIÓN ESCRUTADORA DE ANTIOQUIA Y
OTRO.
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
Producto de la falta de elementos que permitan surgir a la vida jurídica su
candidatura, pierde de igual forma la facultad para actuar ante este Comisión,
como quiera que es el mismo Código Electoral el que determina que ante las
comisiones escrutadoras solo pueden presentar reclamaciones y/o peticiones los
testigos, apoderados y candidatos, por lo que si el señor PALACIOS
RODRÍGUEZ no aparece acreditado como testigo con formulario E-16 como
apoderado debidamente acreditado o con derecho de postulación ante esta
comisión y en virtud de la ley, mucho menos es candidato, de ahí que pierda las
facultades para presentar alegatos u oposiciones contra esta decisión. Así como
surge la incapacidad de presentar recursos en contra de esta Resolución, como
quiera que al ser de tramite no es susceptible de nulidad o acciones
contenciosas, pues es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo el que dispone que, en acciones de nulidad electoral, únicamente
son susceptibles de ser sometidos a control de legalidad los actos definitivos, y
en este caso será aquel que declare la elección.
(…)
Bajo la égida de los anteriores argumentos, esta Comisión Departamental
RESUELVE:
PRIMERO. CALIFICAR como VOTOS NO MARCADOS los sufragados
obtenidos por el ciudadano HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.945.072, en virtud de las
consideraciones de esta providencia, en consecuencia.
SEGUNDO. CORREGIR el acta E26 correspondiente al escrutinio general de la
Alcaldía Municipal de Apartadó, Antioquia, en el marco de la Elecciones Atípicas
realizadas el 6 de abril de 2025, dándole aplicación a lo dispuesto en la circular
No. 002 de 2023 del Consejo Nacional Electoral y el fallo No. 105 del Honorable
Tribunal de Administrativo de Antioquia.
TERCERO. En consecuencia DECLARAR como alcalde electo del municipio de
Apartadó, Antioquia al señor ADOLFO DAVID ROMERO BENITEZ, con cédula
de ciudadanía No. 8.324.470.” (negrillas tomadas del original)
4) Por consiguiente el referido acto no es susceptible de control judicial y en dicha
medida no le asiste la razón al a quo en afirmar que el demandante tiene otro medio de
defensa judicial, en este caso la acción de nulidad electoral.
5) Lo anterior si se tiene en cuenta que el acto administrativo de ejecución que se
cuestionó no contiene la voluntad unilateral de la administración sino, por el contrario,
se expidió en cumplimiento de una decisión judicial, en este caso, de un fallo de tutela
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
contra el que se presentó impugnación ante el Consejo de Estado, la cual, a la fecha de
surtirse el trámite de segunda instancia de esta tutela, se encuentra pendiente de
resolver. Por tal motivo, esa resolución está totalmente supeditada a las decisiones que
se adopten frente a la sentencia de tutela de primera instancia, de tal modo que, si el
Consejo de Estado revoca, modifica o confirma, esa decisión afecta de manera directa
el acto de ejecución.
6) En consecuencia, cualquier análisis de su validez, incluida la pretensión del actor
dirigida a ser nombrado directamente a través de este mecanismo, se encuentra
subordinado al fallo definitivo del juez constitucional competente, y no puede ser objeto
de control paralelo a través de una nueva acción de tutela, máxime si se tiene en
cuenta que en ese proceso constitucional el demandante fue vinculado como tercero
con interés y es allí donde el actor debe procurar la defensa de sus derechos
fundamentales.
7) La Corte Constitucional ha sido enfática al considerar que la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no es
dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia en
otros trámites judiciales sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias
que hacen procedente el amparo.
8) En efecto, esa Corporación ha precisado algunas razones que resaltan la importancia
del estudio del requisito de subsidiariedad a fin de determinar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dentro de las que se destaca el respeto
por el debido proceso propio de cada actuación judicial. En concreto se indicó:
“Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es
en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos
dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de
todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.”
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
9) Es decir que sólo ante la ausencia de vías judiciales o cuando las mismas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a
la acción de amparo constitucional.
10) En este caso, es evidente que el acto que se cuestiona se profirió en cumplimiento
de un fallo de tutela de primera instancia, en dicho proceso la parte demandante
participa como tercero con interés y dicha sentencia fue impugnada, por lo cual el
proceso se encuentra en el Consejo de Estado pendiente de decisión en segunda
instancia9, por tanto, no se cumpliría con el presupuesto de la subsidiariedad.
11) Y claramente no es procedente como mecanismo transitorio como se plantea en la
impugnación porque no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable,
además, no alegó una situación especial que imponga la imperiosa necesidad de que el
juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes
en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.
12) En ese orden de ideas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
pero las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Confirmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
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Proceso con radicación no. 05001-23-33-000-2025-00396-01.
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Expediente: 05001-23-33-000-2025-00460-01
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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