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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00609-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00609-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2025 dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00609-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00609-01
Accionante: RAMÓN ALCIDES VALENCIA AGUILAR
Accionado: CONGRESO DE LA REPUBLICA, CÁMARA DE
REPRESENTANTES, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ACUSACIÓN

Tema: Función judicial del Congreso de la República. Dimensión política
de la investigación, acusación y juzgamiento de los altos
dignatarios. Improcedencia de la acción de cumplimiento para
exigir el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo
434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 11 de julio de 2025. Por
lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Ramón Alcides

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].

1
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Accionante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Accionado: Congreso de la República, Cámara de Representantes,
Comisión de Investigación y Acusación
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00609-01

Valencia presentó demanda en contra la Comisión de Investigación y Acusación
de la Cámara de Representantes, con el fin de obtener el cumplimiento de lo
previsto en el inciso 7 del artículo 109 y el artículo 178.3 de la Constitución
Política, así como del artículo 312.4 de la Ley 5 de 1992.

2. En consecuencia, solicitó que se «prepare y presente el proyecto de
acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara ante el Senado cuando
hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o quien haga sus
veces, por violación de los topes máximos de financiación de la campaña del
señor PRESIDENTE GUSTAVO PETRO URREGO, debidamente comprobada,
tal y como lo establece el artículo 109 superior».

1.2. Posición de la parte demandante

3. El señor Valencia Aguilar indicó que se encuentra acreditado que el
presidente de la República violó los topes máximos permitidos por el Consejo
Nacional Electoral para la financiación de su compaña presidencial, lo cual
genera la pérdida de investidura o del cargo, según lo establece el artículo 109
de la Constitución Política.

4. Relató que, hasta la fecha de la constitución en renuencia radicada el 14
de marzo de 2025, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes no ha preparado el proyecto de acusación contra el presidente
de la República, motivo por el cual se «está sustrayendo de una función
constitucional».

5. Finalmente, mencionó que, el 26 de marzo de 2025, la señora María
Eugenia Lopera Monsalve, representante a la Cámara por el departamento de
Antioquia, dio respuesta a la anterior solicitud. La congresista le informó al actor
que no se encuentran procesos contra el presidente de la República. Asimismo,
le aclaró que las leyes 5 de 1992 y 600 de 2000 imponen una serie de términos
dentro de los cuales se deben «agotar diversas etapas procesales».

6. No obstante, para el accionante, dicha respuesta no resolvió el asunto de
fondo, motivo por el cual persiste el incumplimiento de las normas citadas.

1.3. Posición de la parte demandada

7. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, ya que
si bien el accionante elevó la constitución en renuencia en la que solicitó el
cumplimiento de normas de rango legal y constitucional, su verdadera pretensión
es abrir una investigación formal contra el presidente de la República, dado que,
a su juicio, violó los topes máximos permitidos por el Consejo Nacional Electoral
para la financiación de su compaña presidencial.

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Accionante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
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8. Asimismo, refirió que, pese a que en la Resolución No. 05175 de 2024
proferida por el Consejo Nacional Electoral se «ordena abrir investigación formal
y formular cargos contra la campaña presidencial», esta se limita única y
exclusivamente a iniciar una etapa investigativa. Es decir, la mencionada
resolución constituye un acto de trámite que da inicio a una actuación
administrativa sancionatoria, sin que ello implique una decisión de fondo sobre la
existencia de una infracción al régimen de financiación de campañas electorales.

9. A su vez, señaló que dicho acto administrativo no estableció que
efectivamente se haya presentado una violación de topes ni que eso conlleve que
la Comisión de Investigación y Acusación deba adelantar actuaciones
jurisdiccionales como la destitución del presidente de la República. Por lo tanto,
consideró que el actor hace una interpretación errónea y jurídicamente infundada.
Además, desconoce el debido proceso del investigado porque presupone un
efecto jurídico grave como producto de una actuación administrativa que, ni legal
ni constitucionalmente tiene los efectos que aquel le adjudica.

10. Por su parte, el congresista Juan Carlos Wills Ospina, en su calidad de
representante a la cámara, sostuvo que no hay registro de actuaciones en las
que el señor Ramón Alcides Valencia figure como denunciante ni se ha iniciado
ningún proceso en el que se estudie la presunta violación de los topes máximos
permitidos para la financiación de la campaña presidencial correspondiente al
periodo 2022 – 2026. Por lo anterior, consideró que se encuentran ante una
imposibilidad de abordar las pretensiones de la parte actora.

1.4. Fallo de primera instancia

11. En sentencia del 25 de junio de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la improcedencia del proceso de la
referencia, con fundamento en dos razones.

12. En primer lugar, refirió que la pretensión de ordenar el cumplimiento de los
artículos 109, inciso 7, y 178.3 de la Constitución Política es improcedente, dado
que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado5, la presente acción no tiene como finalidad el cumplimiento de normas
superiores, sino de leyes, normas con fuerza material de ley o actos
administrativos.

13. En segundo lugar, indicó que del análisis del artículo 312.4 de la Ley 5 de
1992 no es posible desprender un mandato imperativo, claro e inobjetable en
cabeza de la entidad accionada, ni mucho menos, como lo pretende el
accionante, obtener que se profiera escrito de acusación en contra del presidente
de la República, sin garantizar los derechos al debido proceso, de defensa y de
contradicción.

5 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 15 de octubre de 2025, expediente con

radicado No. 08001-23-33-000-2014-00835-00/01.

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14. Lo anterior, en atención a que la citada norma debe ser interpretada de
manera armónica, comoquiera que debe surtirse el respectivo trámite procesal
que permita determinar si procede la apertura de la investigación, ya que la
disposición en sí misma no contiene un mandato.

15. Además, aseguró que la presentación del proyecto «presupone que
existan causas constitucionales, lo cual supone no solo el acopio del material
necesario que apoye tal decisión, sino la garantía del derecho al debido proceso
del al investigado, así como el respeto por la independencia judicial para la
valoración de los medios de convicción que le han de servir de soporte para su
decisión».

1.5. Impugnación

16. La parte accionante indicó que el artículo 312.4 de la Ley 5 de 1992 se
fundamenta en el artículo 178.3 de la Constitución Política, por lo que la
accionada se encuentra en la obligación de dar cumplimiento a su pretensión,
pues está amparada en una norma de rango constitucional. Asimismo, señaló
que «no se puede perder de vista que la Comisión de Acusaciones hace parte de
la Cámara de Representantes y una de las funciones es justamente la que es
objeto de la presente acción o medio de control».

17. Aseguró que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la norma citada sí contiene un mandato imperativo, claro e inobjetable
que obliga a la Comisión de Investigación y Acusación a presentar un proyecto
de acusación contra el presidente de la República, dado que la causa
constitucional existe, pues fueron superados los topes de financiación de la
campaña presidencial 2022 – 2026, lo cual se encuentra acreditado en la
Resolución No. 05175 de 2024 del Consejo Nacional Electoral.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 25 de
junio de 2025 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

19. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del
requisito de constitución en renuencia y, ii) el incumplimiento de los requisitos de
procedencia de la acción.

2.1. Caso concreto

20. El señor Valencia Aguilar presentó demanda contra la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de obtener
el cumplimiento de lo previsto en los artículos 109, inciso 7, 178.3 de la

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Constitución Política, así como 312.4 de la Ley 5 de 1992. Para el demandante,
de acuerdo con estas normas, la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes tiene el deber de presentar un proyecto de acusación
contra el presidente de la República, por la presunta violación de los topes
máximos de financiación de su compaña presidencial.

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del accionado

21. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento6.

22. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»7. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.

23. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia a
la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En
efecto, el 14 de marzo de 2025, le solicitó que diera cumplimiento a lo previsto
en los artículos 109, inciso 7, y 178.3 de la Constitución Política, así como 312.4
de la Ley 5 de 1992. En consecuencia, pidió que se presente el proyecto de
acusación contra el presidente de la República por la violación de los topes
máximos de financiación de su compaña presidencial.

24. A su vez, la señora María Eugenia Lopera Monsalve, representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia, dio respuesta a la solicitud el 26 de
marzo de 2025, en la que le informó que no se encuentran procesos contra el
presidente de la República y le aclaró que las leyes 5 de 1992 y 600 del 2000
imponen el agotamiento de diversas etapas procesales previas a la formulación
de acusación que pide el actor.

6 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

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25. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

26. Conforma a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)8.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

27. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

28. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento de los artículos 109,
inciso 7, y 178.3 de la Constitución Política, esta Sección advierte que esta acción
es improcedente, por cuanto sus pretensiones están referidas a obtener el
cumplimiento de disposiciones constitucionales. En efecto, conforme al tenor de
los artículos 87 de la Carta y 1 de la Ley 393 de 1997, este medio de control tiene
por objeto exigir el obedecimiento de «normas aplicables con fuerza material de

8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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ley o actos administrativos». Ello excluye los preceptos constitucionales, incluso
si estos son objeto de desarrollo legal posterior9.

29. En lo que concierne al artículo 312.4 de la Ley 5 de 1992, la Sala tampoco
encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción, por las
siguientes razones:

30. Esta Sección ha establecido una sólida línea jurisprudencial acerca de la
improcedencia de esta acción constitucional cuando se dirige contra una
autoridad que ejerce funciones judiciales para que resuelvan conflictos sometidos
a su consideración10.

31. En efecto, mediante sentencia del 11 de marzo de 200411, se acogió esta
conclusión al considerar que:

La acción de cumplimiento es un instrumento procesal de orden
constitucional que busca la efectividad y realización del principal postulado
del Estado de Derecho: el carácter imperativo y la vinculación cierta de la
norma jurídica, por lo que no fue diseñada como un mecanismo de control
de legalidad de todas las actuaciones de las autoridades públicas y algunas
de los particulares. De hecho, si se acepta la competencia del juez
constitucional que conoce de una acción de cumplimiento para evaluar
si dentro de un proceso judicial se debe aplicar o no determinada norma
legal o un acto administrativo, esto implica una intromisión en la
actividad judicial y, eventualmente, en el caso de que se haya adoptado
una decisión judicial sobre el asunto, conduce a que, ni más ni menos, se
acepte el control de legalidad de esas decisiones judiciales en manos del
juez de la acción de cumplimiento. Ello muestra un evidente contrasentido,
pues la propia Constitución consagró el principio de separación de
jurisdicciones como garantía de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la
administración de justicia (artículos 228 y 234 a 248 de la Constitución), de
tal manera que la acción de cumplimiento no se instituyó como mecanismo
último de control de legalidad de las decisiones judiciales. En consecuencia,
la acción de cumplimiento no procede para disponer la aplicación de normas
legales o administrativos en los procesos judiciales ni para evaluar la validez
de las decisiones judiciales.

[…]

Aparece claro, entonces, que la acción de cumplimiento no fue consagrada
como un procedimiento alternativo para evaluar el cumplimiento de la ley por
parte de los jueces ni para suplir los recursos ordinarios diseñados por el
legislador para discutir la validez de las providencias judiciales. De hecho,
el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 es diáfano en señalar que la acción de

9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado núm. 25000-

23-41-000-2024-01469-00/01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En el mismo sentido, ver Consejo
de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado núm. 70001-23-33-000-
2025-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de julio de 2013, radicado núm. 54001-

23-33-000-2012-00122-00/01. M.P Lucy Jannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, ver
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de junio de 2014, radicado núm. 76001-23-
33-000-2013-01286-00/01. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicado núm. 2003-02445. MP. Darío Quiñones Pinilla.

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cumplimiento es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial o cuando el afectado disponga de otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento de las normas con fuerza material de ley. Entonces,
la acción de cumplimiento no resulta procedente para suplir los recursos
consagrados en el ordenamiento jurídico para discutir la validez de una
decisión judicial.

Además, aceptar la procedencia de la acción de cumplimiento para efectuar
el control de legalidad de las providencias judiciales implicaría el
desconocimiento de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica e,
incluso, la independencia de los jueces, consagrada en el artículo 228 de la
Carta Política. (Negrilla fuera de texto)

32. Por otra parte, se advierte que no tiene incidencia que eventualmente se
afirme que las normas que regulan la acción de cumplimiento no distinguen
contra qué autoridades procede, para hacerla extensiva contra las autoridades
judiciales, pues así lo aclaró esta Sección en sentencia del 15 de julio de 2004 al
señalar lo siguiente:

Ahora bien, la Sala considera que, no obstante haber sido declarada
inexequible por la Corte Constitucional la expresión “administrativa”
contenida en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley 393 de 199712, las
autoridades judiciales sólo pueden ser sujeto pasivo de la acción de
cumplimiento cuando se solicita el cumplimiento de normas o actos
administrativos relacionados con las actuaciones administrativas que
aquéllas realicen.

Pero a través de este mecanismo es inaceptable que se le pueda impartir a
un juez una orden encaminada a tomar decisiones que son propias de su
competencia dentro de procesos para los cuales el legislador ha previsto las
formalidades y ritualidades que deben seguirse, como lo pretende el actor”13.
(Negrilla y subraya fuera de texto).

33. De lo anterior, se infiere que la acción de cumplimiento no es procedente
frente a autoridades judiciales o que ejercen función jurisdiccional con ocasión al
ejercicio de dichas actividades que le son propias, con la finalidad de les sean
impartidas ordenes al interior de los procesos judiciales que tienen a su cargo.

34. En este caso, el accionante solicitó que se ordene a la Comisión de
Investigación y Acusación el cumplimiento del artículo 312.4 de la Ley 5 de 1992,
que establece lo siguiente:

Artículo 312. FUNCIONES. La Comisión de Investigación y Acusación
ejercerá las siguientes funciones:
[…]
4. Preparar proyectos de Acusación que deberá aprobar el pleno de la
Cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales al
Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los Magistrados de

12 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15 de julio de 2004, radicado núm. 2004-

0437-00/01. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

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la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los Miembros del
Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación.

35. De la lectura de la norma se evidencia que ella establece una función
judicial de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes relativa a
la preparación y presentación de proyectos de acusación contra los servidores
públicos allí indicados, incluyendo al presidente de la República.

36. Por tanto, el ejercicio de dicha función no puede ser ordenado mediante
esta acción constitucional. Esa conclusión se soporta no solo en los antecedentes
expuestos previamente, sino también en la naturaleza eminentemente política
que caracteriza el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a cargo del Congreso
de la República, entre ellas, la de investigación y acusación.

37. En efecto, los juicios que adelanta el Congreso contra el primer mandatario
y los otros altos dignatarios señalados en la norma no se reducen al ejercicio de
una función jurisdiccional, sino que ellos conservan una incuestionable dimensión
política14. Como lo ha señalado la Corte Constitucional:

La remoción de su cargo de los altos dignatarios, y en particular, del Jefe de
Estado, es un hecho que tiene consecuencias políticas inevitables
profundas, por lo cual debe atribuírseles a los representantes del pueblo –el
Congreso– esa función, a fin de que puedan tomar en consideración la
ineludible dimensión política que tiene todo proceso en contra de un
Presidente decir si procede o no su enjuiciamiento por la Corte Suprema [de
Justicia].

[…] Los juicios ante el Congreso por delitos de los altos dignatarios, si bien
son ejercicio de una función judicial, por cuanto imponen sanciones y
configuran un requisito de procedibilidad de la acción propiamente penal ante
la Corte Suprema, conservan una inevitable dimensión política, por lo cual,
en ellos, los congresistas emiten votos y opiniones que son inviolables15.

38. Así las cosas, es indudable que la investigación y acusación, pese a ser
una función judicial, no por ello deja de ser una competencia atribuida
constitucionalmente al órgano político por excelencia: el Congreso de la
República. De allí que el texto superior les reconozca a los congresistas una
amplia discrecionalidad política cuando investigan a los altos mandatarios,
quienes, además, están amparados por la inviolabilidad parlamentaria.

39. Al respecto, la amplia discrecionalidad política asegura que la referida
función se ejerza conforme a los principios de oportunidad y conveniencia. En
esa medida, aun cuando los congresistas deben actuar «consultando la justicia y
el bien común»16, cuentan con un amplio margen de apreciación para evaluar las

14 Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999.
15 Id.
16 Constitución Política, artículo 113.

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circunstancias de hecho, así como la «oportunidad y conveniencia que rodean la
toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de
escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades
generales inherentes a la función pública»17 o del bien común.

40. A su vez, la inviolabilidad parlamentaria es una garantía institucional en
favor de los congresistas, en virtud de la cual «serán inviolables por las opiniones
y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas
disciplinarias contenidas en el respectivo reglamento»18. De acuerdo con la
sentencia SU-247 de 1999, los senadores y representantes conservan la
inviolabilidad en sus votos y opiniones, incluso cuando ejercen funciones
judiciales en los procesos adelantados por el Congreso contra los altos
dignatarios.

41. Por lo tanto, las actuaciones y decisiones de la Comisión de Investigación
y Acusación adoptadas en el marco de los juicios políticos escapan, en principio,
del control judicial. El inicio de la investigación, la evaluación de la justa causa
para acusar y la elaboración del proyecto de acusación —así como no ejercer
estas funciones— son decisiones con una clara connotación política. Por ende,
no son susceptibles de ser revisadas judicialmente, pues ello implicaría suplantar
o reemplazar el análisis de oportunidad y conveniencia reservado a los
congresistas, incluso en aquellos casos en los cuales pudieran existir algunos
elementos de juicio que justifiquen la activación de tal competencia.

42. Lo anterior ha sido explicado por la Corte Constitucional de la siguiente
manera:

[…] bien podría un congresista considerar que existen pruebas contra un alto
dignatario, pero estar convencido de que su destitución puede tener efectos
catastróficos para el país, y por ello, consultando el bien común, opinar y
votar en favor del investigado. Una tal conducta es no sólo inadmisible en un
juez ordinario, que está estrictamente sometido al derecho, sino que puede
acarrearle responsabilidades penales, por cuanto podría constituir un
prevaricato. Sin embargo, ese mismo comportamiento en un congresista
tiene que ser inmune a cualquier calificación delictiva por el amplio margen
de apreciación que la discrecionalidad política comporta, y por la
circunstancia adicional de que las corporaciones representativas no tienen
que estar conformadas por peritos en derecho. La inviolabilidad
parlamentaria sigue operando entonces también en los juicios adelantados
por las Cámaras19.

43. En tales términos, esta Sección considera que la disposición consagra una
función judicial de la Comisión de Investigación y Acusación, cuyo ejercicio se
caracteriza por la amplia facultad discrecional política de los congresistas. De allí

17 Corte Constitucional. C-734 de 2000.
18 Constitución Política, artículo 185.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999.

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Accionante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Accionado: Congreso de la República, Cámara de Representantes,
Comisión de Investigación y Acusación
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00609-01

que la acción de cumplimiento se torne improcedente para ordenar que esta se
active y se ejerza de la forma que pretende el demandante.

44. Por lo demás, la Sala tampoco puede desconocer que la preparación del
proyecto de acusación y su posterior presentación ante la plenaria de la Cámara
de Representantes, es una función jurisdiccional que debe adelantarse conforme
a las reglas previstas en los artículos 329 y siguientes de la Ley 5 de 1992, las
cuales buscan garantizar, entre otros, el debido proceso del investigado, por lo
que el juez de cumplimiento no podría omitir tal procedimiento.

2.2. Conclusión

45. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 25 de junio de 2025 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, por cuanto este mecanismo constitucional no procede para exigir
el acatamiento de funciones jurisdiccionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2025 dictada por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

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Accionado: Congreso de la República, Cámara de Representantes,
Comisión de Investigación y Acusación
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00609-01

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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