Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00012-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00012-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2025-00012-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros
Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
Accionantes: JUAN FRANCISCO BUELVAS GIL Y OTROS
Accionados: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y OTRO
Tema: Revoca parcialmente – rechaza y declara improcedencia
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. Los señores Juan Francisco Buelvas Gil y otros1, actuando por medio de
apoderada judicial, presentaron acción de cumplimiento en contra del Instituto
Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) y el departamento de Sucre. Mediante el
ejercicio de este medio de control pretenden el acatamiento de «varias normas
sustantivas de la ley 57 de 1887 Código Civil; Estatuto Notarial y registro de
instrumentos Públicos. Así como algunas normas contenidas en la ley 1682 del
2013, la Ley 388 de 1997, la Ley 9 de 1959, la ley 142 de 1994, la Ley 152 de
1981, que para el asunto tienen su respaldo en lo contemplado en el artículo 13,
30, 58,83 de la Constitución Política».
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas antes señaladas,
solicitaron que se ordene a las autoridades accionadas: (i) efectuar a favor de los
1 José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio Gil y Aida de Jesús Gil Osorio.
1
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Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros
Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro
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accionantes la tradición de «los 60.000 mil metros cuadrados m[á]s 40 metros,
de la finca “LA MONTAÑITA”»; (ii) reconocer la debida «indemnización de que
habla la Sentencia C-750 de 2015»; y (iii) legalizar la ocupación permanente que
las demandadas vienen ejerciendo en la propiedad referida, mediante «la
solemnidad de escritura pública y la inscripción en el correspondiente folio de
Matrícula Inmobiliaria».
1.2. Hechos y fundamentos de la demanda
3. Los accionantes manifestaron ser los sucesores y legítimos herederos del
bien inmueble denominado «La Montañita», ubicado en el municipio de San Juan
de Betulia, Sucre, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n. ° 342-
28215 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Corozal2, Sucre.
4. Los demandantes indicaron que este predio es utilizado y ocupado
parcialmente por una carretera, en una extensión de 60.000 m 2 y «40 metros más
que se agregaron».
5. De acuerdo con un dictamen pericial realizado el 10 de septiembre de 2007,
el valor de la indemnización por la ocupación solo respecto de 60.000 m2 del
predio, correspondía a la suma de «$ 2.196.000.00000» 3. Este valor no incluye
los otros 40 m2 que fueron ocupados posteriormente, según consta en un acta
de inspección ocular llevada a cabo por la Secretaría de Obras Públicas de Sincé,
a solicitud de uno de los accionantes.
6. La ocupación habría ocurrido hace 89 años, aproximadamente, cuando el
entonces Fondo Vial Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
«ocupó» 37 predios, incluyendo el de los accionantes, para el trazado de
carreteras o habilitación de vías del departamento de Sucre. Los predios
ocupados pasaron al INVIAS y, posteriormente, al ente territorial, mediante el
convenio interadministrativo n. ° 0230 de 1995.
7. Los accionantes afirmaron que tal ocupación se realizó sin que se llevara a
cabo un proceso de expropiación y sin que se pagara la correspondiente
indemnización. Desde entonces, los accionantes han venido solicitando que se
2 Los accionantes indicaron que su condición de sucesores y herederos les fue reconocida
judicialmente en la sentencia del 23 de enero de 2017, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Corozal, en el proceso de sucesión identificado con radicado 2016-0102.
3 Este dictamen fue presentado en el proceso ordinario reivindicatorio agrario identificado con
radicado 2005-00201-00.
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«se afecte de manera legal el tramo de la carretera ocupado […] cumpliendo con
la tradición o traspaso del derecho de dominio».
8. Finalmente, manifestaron que la acción de cumplimiento es el único medio
con el que cuentan los demandantes para lograr la tradición y el pago
correspondiente. Ello, habida cuenta de que (i) los medios de control de
reparación directa y controversias contractuales no tendrían el alcance de
ordenarle al Estado proceder con la transferencia de la propiedad del inmueble
de los actores; (ii) tales medios de control están sometidos al término de
caducidad, y, a su juicio, la tradición «es una obligación que no está sujeta a
caducidad»; (iii) los accionantes han promovido acciones reivindicatorias fictas,
procesos divisorios y acciones de tutela, sin que hayan logrado el reconocimiento
de sus pretensiones.
1.3. Actuaciones procesales
9. Mediante auto de 5 de febrero de 20254, el Tribunal Administrativo de Sucre
admitió la demanda. En consecuencia, ordenó notificar personalmente al INVIAS
y al departamento de Sucre. Así mismo, dispuso la notificación del Ministerio
Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.4. Intervenciones
10. El INVIAS solicitó que se declare la improcedencia de la acción, por las
siguientes tres razones:
11. Primero, los accionantes no agotaron el requisito de procedencia de
constitución en renuencia. Al respecto, indicó que, aun cuando la parte
demandante sí presentó una solicitud «enmarcada dentro de la ley 393 de 1997»,
en esa comunicación no se indicó cuál es la norma específica sobre la que recae
la renuencia.
12. Segundo, la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad. La entidad
afirmó que los actores cuentan con el medio de control de reparación directa para
reclamar la indemnización de los perjuicios que, a juicio de la parte demandante,
fueron ocasionados por «la afectación o delimitación al derecho de propiedad por
la reglamentación de los usos del suelo».
4 Corregido mediante auto del 6 de febrero de 2025.
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13. Tercero, el INVIAS no se encuentra legitimado en la causa por pasiva. La
demandada manifestó que el predio «La Montañita» se encuentra a cargo del
departamento de Sucre, en virtud del convenio interadministrativo n. ° 0230 de
1995, que transfirió las carreteras secundarias al departamento de Sucre.
14. El departamento de Sucre, el Ministerio Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
15. La parte accionante allegó memorial de alegato de conclusión5, pese a que
esta etapa procesal no forma parte del trámite de la acción de cumplimiento.
1.5. Fallo de primera instancia
16. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia
en la que declaró la improcedencia de la acción, con fundamento en los
siguientes argumentos:
17. Primero, la acción de cumplimiento no procede para declarar la ocupación
permanente de un bien y tampoco para solicitar la indemnización de perjuicios
correspondiente. Esto, por cuanto esas son pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de derechos particulares e inciertos, que deben ser decididas por
el juez contencioso en el marco de un proceso de reparación directa.
18. Segundo, las normas que se alegan como incumplidas no prevén un
mandato imperativo e inobjetable. Al respecto, citó jurisprudencia de esta
Sección, en la cual se ha hecho énfasis en que, cuando las normas cuyo
cumplimiento se demanda no contienen un deber, las pretensiones del medio de
control no pueden prosperar.
1.6. Impugnación
19. La parte actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, y, en su
lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Expuso dos motivos de
inconformidad en contra de la sentencia del a quo.
20. El primero alude a una pretendida indebida motivación de la providencia,
puesto que esta «parece más bien un auto de rechazo de la demanda de
cumplimiento», que no analizó la tesis expuesta en la demanda ni las pruebas
anexadas.
5 Ver Samai, índice 0012.
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21. El segundo concierne al indebido entendimiento de las pretensiones de la
demanda. Los demandantes indicaron que esta no tiene por objeto que se
declare la ocupación ni que se pague la indemnización correspondiente. Su
finalidad es el «pago del precio que corresponde al traspaso de la propiedad que
no se ha legalizado a través de los instrumentos mecanismos existentes en
Colombia. Por eso se viene hablando de tradición». Concluyó este argumento
afirmando que el Estado tiene el deber de «procurar la legalización de la titulación
de los inmuebles públicos».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la parte demandante en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1506 y 1527 de la Ley 1437 de 2011, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20198, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según
lo regulado en el artículo 245 de este código.
7 Artículo 152: Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. […] 14. De
los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas.
8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
25. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado
frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea
por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede
prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual
deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).
(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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26. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en
renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento
de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
27. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos,
corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e
inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de
funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción (artículos 5 y
6). Y, a partir de ello, determinar el cumplimiento o incumplimiento de la norma.
Del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las pretensiones
formuladas.
2.3. De la renuencia
28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
29. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.
4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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31. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos13. (Negrillas fuera de texto).
32. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»14.
34. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado este requisito de
procedibilidad solo parcialmente. Esto, comoquiera que (i) solo el señor Buelvas
Gil presentó las solicitudes de constitución en renuencia y (ii) el requerimiento
previo no se realizó respecto de todas las normas que cuyo cumplimiento se
solicita en la demanda.
35. Tras revisar las pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte que, en
efecto, existen peticiones elevadas a las autoridades demandas, en las que se
hace referencia a la constitución en renuencia prevista en el artículo 8 de la Ley
393 de 1997. Estos oficios fueron presentados físicamente al INVIAS y al
departamento de Sucre. Y, pese que algunos no cuentan con constancia de
radicación, los actores allegaron las siguientes peticiones y respuestas de las
autoridades demandadas, que pueden resumirse así:
(i) Petición sin fecha y sin constancia de radicación, en la que se pide al INVIAS
el cumplimiento de varias normas, con el fin de que se legalice la ocupación
permanente del inmueble «La Montañita».
(ii) Oficio 2023S-VBOG-027900, de 23 de diciembre de 2023, en el que el
INVIAS dio respuesta a la petición presentada el 29 de noviembre de 2023,
«enmarcada dentro de la Ley 393 de 1997». En esta oportunidad, la
autoridad le indicó al solicitante que era necesario que aclarara y
especificara cuál es la norma cuyo cumplimiento exigió.
(iii) Memorial de respuesta al requerimiento realizado mediante el oficio 2023S-
VBOG-027900.
(iv) Oficio 2023S-VBOG-033961, de 31 de diciembre de 2023, mediante el cual
el INVIAS remitió al departamento de Sucre una solicitud presentada por el
señor Juan Francisco Buelvas Gil.
(v) Petición presentada el 19 de febrero de 2024, con radicado 721959870402,
y cuyo asunto es «escrito de constitución en renuencia», en el que fueron
anexados los escritos presentados al INVIAS.
14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
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(vi) Oficio 800-11-03/SI-0427, del 7 de marzo de 2024, por medio del cual la
gobernación de Sucre da respuesta a «derecho de petición – PQRDS-
721959870402 – Renuencia».
(vii) Petición radicada el 3 de abril de 2024 en la gobernación de Sucre, cuyo
asunto indica «Derecho de Petición y Constitución de Renuencia – PQRDS
– 721959870402. Relación de normas vulneradas».
36. Lo anterior, permite a la Sala tener por acreditado que la parte actora sí
requirió previamente a las autoridades demandadas para que acataran las
normas señaladas en tales documentos.
37. Sin embargo, el análisis detallado de esas solicitudes y sus respuestas da
cuenta de que el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia no se
satisfizo plenamente, por las siguientes dos razones:
38. Primero, de los cuatro accionantes15, solo el señor Juan Francisco Buelvas
Gil presentó las solicitudes de constitución en renuencia. Ciertamente, tanto las
peticiones como las respuestas de las entidades demandantes fueron
presentadas y dirigidas exclusivamente al señor Buelvas Gil. No existe en el
expediente prueba alguna que permita colegir que los otros tres accionantes
también agotaron el requisito de renuencia.
39. Segundo, no todas las disposiciones cuyo cumplimiento se solicita en la
demanda fueron incluidas en los respectivos requerimientos previos de
cumplimiento y el actor tampoco especificó las normas, como se observa a
continuación:
• Constitución Política: arts. 13, 30, 58 y 83.
• Código Civil: arts. 740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899.
• Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25.
• «Ley 152 de 1981»16
Demanda
• Ley 9 de 1989: arts. 14, 21 y 50.
• Ley 142 de 1994
• Ley 388 de 1997: arts. 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 68, 11617, 135 y 133.
• Ley 1437 de 2011: art. 191.
• Ley 1682 de 2012: arts. 20, 21, 26 y 38.
15 Juan Francisco Buelvas Gil, José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio Gil y Aida de Jesús
Gil Osorio.
16 Esta norma no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.
17 El accionante se refirió al artículo 160, pero el contenido de la disposición transcrita es el del
artículo 116.
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• Decreto 1250 de 1979: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91.
Así mismo, la parte actora se refirió a sentencias de la Corte Constitucional,
un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
así como a dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
• Constitución Política: 13, 30, 58, 83 y 209.
• Código Civil: arts. 740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899.
• Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25.
• Ley 56 de 1981
• Ley 9 de 1989: 14, 21 y 50.
• Ley 142 de 1994: arts. 33 y 57.
Peticiones • Ley 388 de 1997: 2, 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 68, 11618, 125 y 133.
elevadas al • Ley 1579 de 2012
INVIAS • Ley 1682 de 2013: 20, 21, 26 y 38.
• Decreto 1250 de 1970: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91.
• Decreto 960 de 1970
Así mismo, la parte actora se refirió a sentencias de la Corte Constitucional,
un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
así como a dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
• Constitución Política: arts. 34 y 58.
• Código Civil: arts.740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899.
• Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25.
Petición • Ley 9 de 1989: arts. 14, 21 y 50.
elevada a la • Ley 388 de 1997: 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 11619, 125 y 133.
gobernación • Ley 1437 de 2011: art. 191.
de Sucre • Ley 1579 de 2012
• Ley 1682 de 2013: 20, 21, 26 y 38.
• Decreto 1250 de 1970: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91.
• Decreto 960 de 1970
40. De lo anterior se advierte lo siguiente:
(i) En lo que respecta a las leyes 1579 de 2012, «152 de 1981» y 56 de 1981,
así como el Decreto 960 de 1970, no fue agotado el requisito de
procedibilidad. Esto, comoquiera que el actor se limitó a mencionar tales
leyes y decreto, sin precisar las disposiciones particulares que, a su juicio,
fueron incumplidas por las autoridades.
18 En la petición se hace referencia al artículo «16», pero se trata del 116.
19 En la petición se hace referencia al artículo «16», pero se trata del 116.
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(ii) En cuanto al INVÍAS, solo el actor no solicitó el cumplimiento del artículo
191 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la demanda se rechazará
parcialmente respecto de esta disposición.
(iii) En relación con el departamento de Sucre, el accionante no solicitó el
cumplimiento previo de los artículos 13, 30 y 83 de la Constitución Política,
y cuyo cumplimiento fue solicitado en la demanda. Por tanto, la Sala
también procederá a rechazar la demanda en lo que respecta a los referidos
preceptos constitucionales.
41. Por lo anterior, la Sala revocará parcialmente la decisión del 26 de febrero
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre que declaró la
improcedencia de la acción sub examine. En su lugar, rechazará la demanda (i)
en lo que respecta a los señores José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio
Gil y Aida de Jesús Gil Osorio; (ii) en cuanto a las leyes 1579 de 2012, «152 de
1981» y 56 de 1981, así como el Decreto 960 de 1970; (iii) frente al INVIAS en lo
que concierne al artículo 191 de la Ley 1437 de 2011; y (iv) respecto al
departamento de Sucre en lo relacionado con los artículos 13, 30 y 83 de la Carta.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
42. Como se señaló previamente, para que proceda la demanda de
cumplimiento, es necesario acreditar los siguientes requisitos: (i) que el deber
que se pide acatar esté consignado en normas con fuerza o material de ley o
actos administrativos vigentes; (ii) que el demandado sea una autoridad o un
particular en ejercicio de funciones públicas; (iii) que el accionado no tenga o no
haya podido ejercer otro instrumento judicial para logar el cumplimiento de la
norma, salvo que se configure un perjuicio irremediable; (iv) que la acción no
tenga por objeto la protección de derechos fundamentales; y (v) que la norma
que se exige acatar no establezca un gasto a la administración.
43. En este caso, el pretendido incumplimiento alegado por el demandante se
funda en el desconocimiento de varias disposiciones de la Constitución Política,
el Código Civil, las leyes 40 de 1932, 9 de 1989, 388 de 1997, 1437 de 201120, y
1682 de 2012, así como del Decreto 1250 de 1979.
44. Según el actor, las entidades accionadas habrían desacatado tales
disposiciones, pues han venido ocupando 60.000 m2 y «40 metros más» del
20 Solo en lo que respecta al departamento de Sucre.
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predio «La Montañita» con ocasión de una carretera que hoy pertenece al
departamento. Sin embargo, a la fecha, las demandadas aún no han procedido
a legalizar la ocupación mediante la realización de la tradición y el
correspondiente pago.
45. De la lectura de las normas, del recuento de los antecedentes y de las
pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte la improcedencia de la acción sub
examine, por las siguientes tres razones:
46. Primero, la acción de cumplimiento no procede para hacer cumplir
normas constitucionales ni decisiones judiciales de cortes nacionales o
internacionales. En efecto, conforme al tenor del artículo 1 de la Ley 393 de
1997, este medio de control tiene por objeto exigir el obedecimiento de «normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos». Ello excluye los
preceptos constitucionales y las decisiones judiciales21.
47. Segundo, la acción no cumple el requisito de subsidiariedad. La Sala
advierte que, en este caso, el ejercicio de este medio de control no tiene por
finalidad la declaratoria de la existencia de un mandato imperativo o inobjetable,
sino el reconocimiento de un derecho subjetivo. En efecto, contrario a procurar
por el obedecimiento del ordenamiento jurídico, el demandante lo que pretende
es un pronunciamiento particular frente a la ocupación alegada, en virtud del cual
se ordene la tradición y el pago de la extensión ocupada del inmueble «La
Montañita».
48. En relación con el requisito de subsidiariedad, esta Sección ha sostenido
que la acción de cumplimiento no es un instrumento paralelo para reconocer
derechos subjetivos22 o resolver controversias que cuentan con otros medios de
defensa. En efecto, este mecanismo constitucional «no tiene dentro de su objeto
el de dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo
alguno»23. De lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de
21 Ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. Rad: 25000-23-
41-000-2024-01469-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-
2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad.
68001-23-33-000-2025-00074-01.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
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fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el
caso concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones
y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»24.
49. En este caso, el debate propuesto por la parte actora requiere la declaratoria
de la ocupación permanente de un bien, la constatación de la afectación del
inmueble y de los derechos de la parte actora, la definición del remedio judicial
procedente, que, a juicio del demandante, es que se ordene la tradición sobre la
extensión de terreno presuntamente ocupada por las accionadas, así como el del
correspondiente pago. Todas estas cuestiones implican un análisis que desborda
la competencia del juez de cumplimiento25.
50. Ahora bien, La Sala no desconoce que el accionante y su familia han
promovido otros medios de control, incluyendo una acción de tutela, sin que a la
fecha se haya realizado la tradición o el pago que persiguen en esta oportunidad.
Sin embargo, esta situación y las consideraciones que la parte actora formuló
acerca de la improcedencia de otros medios de control no conllevan la
procedencia de la acción de cumplimiento. Ello, comoquiera que el objeto de la
acción implicaría dirimir una controversia jurídica existente, para lo cual deben
ejercer los medios de control previstos en el ordenamiento jurídico26.
51. Al respecto, como lo señalaron el INVIAS y el a quo, esta Sección también
destaca la existencia de la acción de reparación directa para solicitar los
perjuicios derivados de la ocupación alegada. Ciertamente, con independencia
de que el accionante justifique la procedencia de la acción de cumplimiento en
que la finalidad de este mecanismo es que se ordene la tradición, y no el
reconocimiento de perjuicios, tal controversia se soporta en una ocupación
permanente, frente a lo cual la Corte Constitucional, en sentencia T-696 de 2010
—en la que se analizó el caso del predio «La Montañita»— indicó claramente que
«[l]a competencia por ocupaciones permanentes fue radicada en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, siendo en este evento procedente la acción de
reparación directa».
24 Id.
25 ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-
33-000-2025-00057-01 («Lo anterior, pone en evidencia que el debate involucra el
reconocimiento de un derecho subjetivo, en el que se involucra un modo de extinción de las
obligaciones, lo que impone un estudio que trasciende más allá del estudio normativo y la
existencia de un mandado imperativo e inobjetable»).
26 Ver Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 23 de enero de 2025. Rad. 25000-23-
41-000-2024-01623-01.
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52. De allí que la variación de las pretensiones del actor para justificar la
improcedencia del medio de control de reparación directa no implica que la acción
de cumplimiento sea el medio idóneo y adecuado.
53. Por último, la Sala no observa la configuración de un perjuicio
irremediable que torne procedente esta acción. Al respecto, la parte actora
reiteró los argumentos sobre la improcedencia de otros medios de control, así
como la edad y el estado de salud del accionante. No obstante, dichos elementos
no permiten superar la subsidiariedad de este mecanismo, máxime cuando no
hay prueba de que el accionante hubiese intentado agotar la acción procedente
que, desde la sentencia T-696 de 2010, el máximo tribunal constitucional estimó
procedente.
54. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia del 26 de febrero de 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Sucre, en cuanto a que declaró la improcedencia
de la acción sub examine, por las razones antes explicadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 26 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre. En su lugar, RECHAZAR la
demanda por falta de agotamiento del requisito de renuencia, en lo que respecta
a (i) los señores José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio Gil y Aida de
Jesús Gil Osorio; (ii) en cuanto a las leyes 1579 de 2012, «152 de 1981» y 56 de
1981, así como el Decreto 960 de 1970; (iii) frente al INVIAS en lo que concierne
al artículo 191 de la Ley 1437 de 2011; y (iv) respecto al departamento de Sucre
en lo relacionado con los artículos 13, 30 y 83 de la Carta.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la improcedencia de la acción,
pero por las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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