Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01623-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01623-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-01623-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
23 de enero de 2025
Demandantes: Cámara de Comercio de Bogotá
Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Rad: 25000-23-41-000-2024-01623-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01623-01
Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D. C.
Demandados: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tema: improcedencia de la acción
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de noviembre de 2024, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. A través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción desarrollada por
la Ley 393 de 1997, la Cámara de Comercio de Bogotá D. C. -en adelante
CCB- presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-en adelante ICBF-, en la que formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: ORDENAR, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que de estricto
cumplimiento a las normas descritas en los artículos 704 y 706 del Código Civil, el
artículo 66 de la Ley 75 de 1968 modificado por la Ley 7 de 1979, el artículo 99 del
Decreto 2388 de 1979 compilado por el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 y el
cumplimiento de la Resolución No. 682 de 2018 proferida por el mismo Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, en concordancia con lo señalado en el artículo 383
de la ley 1564 de 2012, conforme a los hechos de esta demanda.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), la recepción y trámite de la denuncia realizada por la Cámara
de Comercio de Bogotá el 3 de septiembre de 2021, sobre el hallazgo de bienes
mostrencos que recae sobre los vehículos identificados con las placas ADJ852 y
APD33B.
TERCERA: Consecuencialmente con las anteriores declaraciones, ORDENAR, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aprehenda materialmente, los vehículos
identificados con las placas ADJ852 y APD33B, que se encuentran en Carrera 4 # 58 –
52, Autopista Sur de la ciudad de Bogotá D.C., descritos en los hechos de esta
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demanda, en un plazo no mayor a 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia
que así lo disponga.
Subsidiaria de la Tercera: Como pretensión subsidiaria de la tercera, ORDENAR, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de poder aprehender
materialmente los vehículos identificados con las placas ADJ852 y APD33B, que se
encuentran en Carrera 4 # 58 – 52, Autopista Sur de la ciudad de Bogotá D.C., que
disponga de los recursos económicos, técnicos y logísticos necesarios para el
cumplimiento de dicha aprehensión.
CUARTA: ORDENAR al ICBF que, con fundamento en las normas incumplidas,
instaure o presente demanda declarativa, conforme lo preceptúa el artículo 383 del
CGP, para que los vehículos identificados con las placas ADJ852 y APD33B, sean
declarados mostrencos1.
2. Hechos
2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
3. La CCB celebró contrato de compraventa con el Patrimonio Autónomo FA
Veracruz, sobre el lote ubicado en la calle 16 # 8A – 64, localidad de Santafé
de Bogotá D. C. Al momento de realizar la entrega material del inmueble, la
CCB advirtió la presencia de dos vehículos, un automóvil con placa ADJ852
y una motocicleta con placa APD33B, los cuales no fueron adquiridos por la
entidad y se desconoce la ubicación de los propietarios inscritos en el
Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-.
4. Señaló que, el 3 de septiembre de 2020, solicitó que se dirimiera el
conflicto de competencia entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá,
las Inspecciones de Policía de las localidades de Santafé y Ciudad Bolívar y
la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para la tenencia
y retiro de dichos vehículos, cuyo conocimiento correspondió a la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien, mediante concepto
proferido el 10 de noviembre de 2020, entre otras cosas, señaló que podía
adelantar el proceso de declaración de bienes mostrencos, según el artículo
2.4.3.1.3.1 y siguientes del Decreto 1084 de 2015, para lo cual debía
presentar la respectiva denuncia ante la Dirección General o Dirección
Regional del ICBF.
5. Manifestó que, el 3 de septiembre de 2021, presentó denuncia ante el
ICBF para que los vehículos con las placas ADJ852 y ADP33B fueran
declarados como mostrencos; sin embargo, a través del Oficio N.°
202110420000181761 del 14 de septiembre de 2021, la Jefatura de la
Oficina Jurídica de dicha entidad decidió no iniciar ninguna actuación judicial
o administrativa, al estimar que los referidos bienes no cumplían con las
condiciones mínimas para ser considerados mostrencos, decisión que
confirmó mediante el Oficio N° 202110420000238691 del 17 de noviembre
de 2021.
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Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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6. Sostuvo que, el 26 de junio y el 9 de septiembre de 2024, presentó escrito
para constituir en renuencia al ICBF, respecto de las normas cuyo
cumplimiento se pretende.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
7. Mediante auto del 23 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y
ordenó la notificación del ICBF2.
4. Contestación de la demanda
4.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
8. El ICBF reiteró que los vehículos con las placas ADJ852 y ADP33B,
relacionados en la denuncia presentada por CCB, no cumplen con las
condiciones esenciales para ser declarados bienes mostrencos, por cuanto
ostentan la calidad de bienes abandonados o res derelictae.
9. Alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en
cuenta que el cumplimiento exigido escapa de las competencias a su cargo,
pues es la parte actora quien debe iniciar una actuación administrativa
mediante resolución debidamente motivada, en la cual se requiera
nuevamente a los propietarios de los vehículos de placas ADJ 852 y
motocicleta de placas APD 33B, advirtiéndoles que en caso de continuar con
su renuencia, se entenderá que los vehículos han sido abandonados y, una
vez finalizada dicha etapa administrativa deberá dar inicio al proceso de
declaración judicial de bienes abandonados, con la respectiva
documentación.
10. Sostuvo que, lo realmente pretendido por el accionante, a través del
medio de control ejercido, es que el ICBF modifique su entendimiento sobre
las normas invocadas como incumplidas y el concepto de bienes
mostrencos.
11. Reiteró que no es la entidad llamada a cumplir las normas cuyo
cumplimiento se pretende. Además, estas no contienen un mandato u orden
de carácter imperativo e inobjetable que pueda exigirse a través del medio
de control ejercido.
12. Afirmó que, a efectos de que un bien sea considerado mostrenco, se
requiere que sea mueble, hubiera estado sometido a dominio particular
previo y sin dueño aparente o conocido, de forma tal que tienen un
propietario que, de ninguna manera, ha expresado su voluntad de
2
La demanda se rechazó respecto de la solicitud de cumplimiento frente a lo dispuesto en el
artículo 17 numeral 22 del Decreto 1137 de 1999 y la Resolución 682 de 2018, por no
haberse acreditado el requisito de constitución en renuencia respecto de esas disposiciones
normativas, auto frente al cual, la parte demandante no interpuso recurso alguno.
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desprenderse de su derecho real, de forma tal que la declaratoria de bienes
mostrencos se hace imposible respecto de aquellos sujetos a la formalidad
del registro, que da cuenta de la existencia de un dueño conocido, es decir,
quien ejercita el derecho de propiedad.
13. Concluyó señalando que su actuación goza de presunción de legalidad,
pues actúo conforme a la normativa preexistente al momento de la
contestación de las solicitudes presentadas en su momento por la parte
actora.
5. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2024, declaró
improcedente la acción de cumplimiento, por cuanto no se superó el requisito
de subsidiariedad. Al respecto indicó:
(…) al alegar que el ICBF está incumpliendo con lo dispuesto en los artículos
704 inciso segundo y 706 del Código Civil, 66 inciso segundo de la Ley 75 de
1968, modificado por la Ley 7 de 1979, 383 del CGP inciso primero y 2.4.3.1.3.1
incisos primero y segundo del Decreto 1084 de 2015, por el hecho de negarse a
iniciar alguna actuación judicial o administrativa para que los vehículos
identificados con las placas ADJ852 y ADP33B fueran declarados como
mostrencos, estaría controvirtiendo la legalidad de los oficios Nos.
202110420000181761 del 14 de septiembre de 2021 y el N.°
202110420000238691 del 17 de noviembre de 2021, que si bien en principio
podrían ser considerados meros actos administrativos de trámite, contienen
decisiones que impiden el inicio de un procedimiento administrativo o judicial y,
por lo tanto, podrían ser demandables a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 139 del CPACA.
.
6. La impugnación3
15. La parte actora, inconforme con la sentencia de primea instancia,
impugnó la decisión.
16. Sostuvo que el tribunal realizó una interpretación segmentada y separada
de todo el ordenamiento jurídico y, particularmente, de las normas
pretendidas en este medio de control.
17. Asimismo, manifestó que la providencia es contradictoria cuando señaló
que se debe realizar un análisis objetivo, buscando establecer si el deber
jurídico incumplido se encuentra en una sola norma con fuerza material de
ley o en un acto administrativo, en tanto olvidó que el ordenamiento jurídico
colombiano es sistemático y su interpretación debe darse en ese sentido y no
de manera aislada separando las normas, tal y como lo realizó.
3
La sentencia del 13 de noviembre de 2024 fue notificada por medios electrónicos el 20 de
noviembre de 2024 y el actor radicó el escrito de impugnación el 27 de noviembre de ese
mismo año, término que se encuentra oportuno.
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18. A continuación, afirmó que el tribunal desnaturalizó el requisito de la
acción de cumplimiento al catalogar la respuesta a la constitución en
renuencia a través de los oficios 202110420000181761 del 14 de septiembre
del 2021 y 202110420000238691 del 17 de noviembre del 2021, como
aparentes actos administrativos, desconociendo que los mismos son la
prueba documental pertinente y necesaria para concluir que la entidad
demanda asumió una postura de renuencia, independientemente del
contenido material de la misma.
19. Sostuvo que el ICBF concluyó de manera equivocada que los bienes no
ostentan la calidad de mostrencos, en la medida en que los vehículos
identificados con las placas ADJ852 y APD33B registran propietarios
conocidos conforme a la información disponible en el RUNT y, afirmó que
este no es un criterio único y excluyente para aceptar la denuncia de los
bienes mostrencos, que la información no es absoluta y tampoco sirve como
criterio para localizar a los dueños, toda vez que puede confluir la posibilidad
de que no se ejerzan materialmente los derechos absolutos que recaen
sobre el dominio y, en dado caso, se aplicará la presunción legal del artículo
704, numeral 2° del Código Civil.
20. Indicó que el tribunal omitió pronunciarse sobre las constituciones de
renuencia obrantes en el ANEXOS09092024_154708, documento que
contine un archivo de 13 folios, de fecha 26 de junio de 2024, dirigido al
ICBF, el cual tenía como objeto constituir en renuncia a esta entidad, por el
incumplimiento a las normas objeto de esta demanda y, en especial, por no
cumplir con lo señalado en el numeral 22 del artículo 17 del decreto 1137 de
1999.
21. Finalmente, afirmó que, si se acogiera la sugerencia o insinuación que
realizó el tribunal, en el sentido de que el medio idóneo es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, buscando la nulidad de los oficios
202110420000181761 del 14 de septiembre de 2021 y el
202110420000238691 del 17 de noviembre de 2021, dicha afirmación no
resulta acertada porque la entidad no está buscando el reconocimiento o
restablecimiento de ningún derecho subjetivo y, adicionalmente, dicha acción
se encuentra caducada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
22. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia del 13 de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según lo dispuesto en los
artículos 1504 y 1525 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
4
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
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Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado 6.
3. Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia del 13 de
noviembre de 2024, que declaró improcedente la acción, toda vez que la
entidad cuenta con otro medio de defensa judicial.
4. Generalidades de la acción de cumplimiento
24. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos
mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos
administrativos.
25. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de
la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado
en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto
implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de
los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
5
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y
de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
6
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los
tres puntos descritos [ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
26. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de
determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y
frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es
invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la
prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
5. La constitución de la renuencia
27. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud […]».
28. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio
reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»7.
29. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»8.
30. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea
contraria al querer del ciudadano9.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
9
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del
17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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31. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
32. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
33. En el caso concreto, obra en el expediente copia de la comunicación de
26 de junio y 9 de septiembre de 202410, suscritas por la actora, en las que
solicitó al ICBF el cumplimiento de las siguientes normas:
(…) dé estricto cumplimiento a las normas descritas en los artículos 704 y 706
del Código Civil, el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 modificado por la Ley 7 de
1979, el artículo 99 del Decreto 2388 de 1979 compilado por el Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015 y el cumplimiento de la Resolución No. 682 de
2018 proferida por el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en
concordancia con lo señalado en el artículo 383 de la ley 1564 de 2012.
Consecuentemente con lo anterior, le solicito al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, en cabeza de su Representante Legal o del
funcionario que este designe, le dé estricto cumplimiento a lo señalado en su
propio acto administrativo denominado resolución 682 de 2018 en relación con
el trámite de denuncia que mi representada radico el pasado 3 de septiembre
del año 2021.
Como consecuencia de todo lo anterior y en cumplimiento de las normas antes
descritas, le solicito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en
cabeza de su Representante Legal o del funcionario que este designe, proceda
a realizar las gestiones pertinentes para iniciar los trámites de declaratoria de
bienes mostrencos de los automotores distinguidos como: a) Vehículo de
placas ADJ 852 y, b) Motocicleta de placas APD 33B, que se encuentran
ubicados desde el 18 de octubre del 2018, en el inmueble ubicado a la Carrera
4 # 58 – 52, Autopista Sur de la ciudad de Bogotá D.C., propiedad de la Cámara
de Comercio de Bogotá y que se reputan provisionalmente como mostrencos.
En el evento en que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en
cabeza de su Representante Legal o del funcionario que este designe, decidan
no darle cumplimiento a las normas y actos administrativos descritos en los
puntos 3.1, 3.2 y 3.3 de esta solicitud, se infiere la renuncia al cumplimiento de
la normatividad y por lo mismo este escrito debe inferirse como agotamiento del
requisito de procedibilidad previo al inicio del medio de control descrito en el
artículo Art.146 de la ley 1437 de 2011.
34. En el expediente no obra constancia de que el ICBF diera contestación a
los escritos a través de los cuales fue constituida en renuencia; como
consecuencia, se encuentra probado el requisito por parte de la entidad
demandante.
10
Índice 10 del del expediente digitalizado en Samai.
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35. En este punto, la Sala advierte que el tribunal en primera instancia
rechazó la demanda respecto de la Resolución 682 de 2018 y del artículo 17
numeral 22 del Decreto 1137 de 1999.
36. Lo anterior, por cuanto, a pesar de que se le dio la oportunidad de
subsanar la demanda, para que indicara de forma clara y precisa cuáles
eran los artículos o apartes contenidos en la Resolución 682 de 2018 que
consideró incumplidos, en el escrito de subsanación el apoderado judicial se
limitó a transcribir de forma general lo señalado en los artículos 4, 5, 6, 9, 8,
10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34 y 35 de dicho acto administrativo,
sin identificar qué mandatos contenidos en esas disposiciones normativas
eran los supuestamente incumplidos por el ICBF, razones por las cuales no
tuvo como cumplido el requisito.
37. De otro lado, el Tribunal advirtió que, en petición del 26 de junio de 2024,
el demandante no pidió ante el ICBF el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17 numeral 22 del Decreto 1137 de 1999 y, aunque se le requirió
para que aportara los documentos mediante los cuales acreditara el
cumplimiento del requisito respecto de esa disposición normativa, en el
escrito de subsanación no allegó ningún documento en ese sentido.
38. Como consecuencia, se rechazó la demanda, sin que la parte
demandante recurriera la decisión; por tanto, la admisión de la demanda
solo se hizo respecto de las demás normas frente a las cuales el ICBF pudo
defenderse en el proceso, sin que sea procedente que, en el recurso de
apelación de la sentencia, el apoderado pretenda modificar esa decisión.
6. Procedencia de la acción
39. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad; es decir, su finalidad es que se acate el ordenamiento jurídico
vigente. La demandante invocó como disposiciones incumplidas los artículos
70411 y 70612 del Código Civil, el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 modificado
por la Ley 7 de 197913, el artículo 383 del CGP14, inciso primero y 2.4.3.1.3.1
incisos primero y segundo del Decreto 1084 de 2015 15.
11
Artículo 704. Hallazgo de cosa con dueño aparente.
(…) Si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocido o no pareciere, se
reputará provisoriamente estar vacante o ser mostrenca la cosa.” (…).
12
Artículo 706. Bienes vacantes y mostrencos. Estímanse bienes vacantes los bienes
inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación, sin dueño
aparente o conocido, y mostrencos los bienes muebles que se hallen en el mismo caso”.
13
Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, modificado por la Ley 7 de 1979, Por la cual se dictan normas para la protección de
la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones, que dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 66. (…) También tendrá el instituto los derechos que hoy corresponden a otras
entidades con relación a los bienes vacantes y mostrencos.
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40. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la vigencia de las normas
demandadas no se ven afectadas por otras disposiciones normativas o
decisión judicial, por lo que, el primer requisito para la procedencia de la
acción se encontraría satisfecho.
41. No obstante, la parte actora con el ejercicio de este medio de control
busca que se le ordene a la accionada que proceda a realizar las gestiones
pertinentes para iniciar los trámites de declaratoria de bienes mostrencos de
los automotores distinguidos como: a) vehículo de placas ADJ 852 y, b)
motocicleta de placas APD 33B, que se encuentran ubicados desde el 18 de
octubre del 2018 en el inmueble ubicado a la carrera 4 # 58 – 52, propiedad
de la CCB y que se reputan provisionalmente como mostrencos.
42. Del material probatorio obrante, se advierte que la CCB, el 3 de
septiembre de 2021, presentó la denuncia ante el ICBF con la cual le puso a
disposición los bienes muebles considerados mostrencos para su
declaratoria. Como consecuencia, el 14 de septiembre de ese mismo año, el
jefe de la oficina asesora jurídica del ICBF les respondió a través del oficio
con radicado 202110420000181761, en el que manifestó no estar facultado
para proceder con lo pretendido, toda vez que los bienes puestos a
disposición no son mostrencos sino abandonados; por tanto, no resultaba
aplicable el trámite.
43. La CCB, inconforme con la respuesta anterior, insistió en su solicitud y
reiteró que el ICBF desconoció lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
704 del Código Civil; esto es, que los bienes de la referencia son
mostrencos, para lo cual se refirió al contenido de la Resolución 682 de 2018
que consagra el trámite de denuncia de bienes con esa característica ante el
ICBF y, según la cual, para el caso concreto, se trata de bienes en
abandono, de los cuales se genera la reputación provisoria de mostrencos.
44. El 17 de noviembre de 2021, el ICBF respondió al escrito de insistencia
de la CCB y procedió a explicar, a la luz de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia, cuáles son los bienes que se clasifican como mostrencos y
concluyó que el ICBF no se encuentra facultado para para reclamar
judicialmente los bienes denunciados, por tratarse de cosas abandonadas.
14
Artículo 383. declaración de bienes vacantes o mostrencos. La demanda para que se
declaren vacantes o mostrencos determinados bienes solo podrá instaurarse por la entidad a
la cual deban adjudicarse conforme a la ley (…).
15
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión
Social y Reconciliación, que establecen lo siguiente:
Artículo 2.4.3.1.3.1. De la denuncia de bienes vacantes urbanos, mostrencos o de
vocaciones hereditarias. Toda persona que descubra la existencia de un bien vacante
urbano, mostrenco, o de vocación hereditaria, deberá hacer su denuncia por escrito, ante la
Dirección General o Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
según la ubicación del bien o el lugar de tramitación del respectivo juicio. En el escrito de
denuncia se incluirá la afirmación de que el denunciante procede de buena fe. Esta
afirmación se hará bajo la gravedad del juramento que se considerará prestado por la
presentación personal del escrito. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hará la
estimación del valor comercial del bien denunciado.
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45. Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente a los
artículos citados en la demanda, porque el objeto de discusión en este
asunto parte de la determinación de bienes mostrencos o no de los
vehículos que se encuentran en la sede de la CCB, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Resolución 682 de 2018.
46. En ese orden, no es suficiente que los preceptos legales que se dicen
desatendidos por la accionada superen el juicio de procedibilidad para que
esta corporación analice de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es
necesario establecer si los bienes denunciados son o no mostrencos a la luz
de dicha resolución y de otras normas que componen el ordenamiento
jurídico, como expresamente lo indicó la parte actora en su recurso de
apelación, pero que no fueron demandadas en esta oportunidad16.
47. Adicionalmente, existen pronunciamientos a través de los cuales el ICB
negó la pretensión de la CCB, previos a la constitución en renuencia con el
fin de presentar esta acción de cumplimiento; es decir, desde la etapa
administrativa se observa un debate jurídico sobre la calidad de los bienes
denunciados.
48. Así las cosas, en criterio de la demandada, no hay incumplimiento de las
normas que se dicen desacatadas, pues los bienes no cumplen los requisitos
establecidos para ser declarados mostrencos.
49. Salta a la vista que entre las partes existe una controversia respecto de la
definición de bienes mostrencos a la luz de los artículos del Código Civil y de
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
50. En este orden de ideas, se avizoran dos causales de improcedencia que
impiden que el juez de cumplimiento estudie el fondo del asunto como pasa a
explicarse.
51. Por un lado, las pretensiones del demandante no se limitan a la exigencia
de un mandato imperativo, expreso e inobjetable, como es el objeto del
medio de control de cumplimiento, si no que su análisis requiere que este
juez constitucional se pronuncie respecto de los yerros que la parte actora
adjudica a la respuesta otorgada por el ICBF frente a la denuncia propuesta
por la CCB, estudio de legalidad para el cual no se tiene competencia en
sede de la presente acción.
52. Es necesario resaltar que el presente mecanismo constitucional no tiene
como propósito analizar la legalidad de actos como el que contempla la
negación de aprehensión material de los bienes denunciados como
16
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-
01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n°
25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de
junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095- 01(ACU). MP. Mauricio Torres
Cuervo.
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mostrencos el 3 de septiembre de 2021, ello le compete al juez de lo
contencioso administrativo en sede del medio de control que se adecúe a las
pretensiones expuestas, además, la Sala no advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que permita superar esta exigencia de procedibilidad.
53. Como conclusión, encuentra la Sala que la acción de cumplimiento
deviene improcedente porque contrario a procurar por el obedecimiento del
ordenamiento jurídico, el demandante lo que pretende es un pronunciamiento
sobre los oficios a través los cuales se negó la aprehensión material de los
bienes denunciados como mostrencos por la CCB, lo que escapa a la
competencia de este juez constitucional y al objeto del presente medio de
control.
54. Por tanto, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia del medio de control de la referencia, por las razones
indicadas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, que declaró la improcedencia de la acción, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Con aclaración de voto
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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