Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-02034-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2025-02034-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-02034-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2025-02034-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
7 de mayo de 2026
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-02034-01
Demandante: COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALTAGRACIA S.A.S
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA
Tema: Revoca parcialmente – Declara improcedencia respecto
de unas normas y niega las pretensiones de la acción de
cumplimiento en relación con las demás
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia del 5 de febrero de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. A través de su representante legal y en ejercicio de la acción desarrollada
por la Ley 393 de 1997, la Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S. presentó
demanda contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR,
en la que solicitó el cumplimiento de los siguientes artículos:
Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia. ii) Artículos 316 y 317
del Decreto Ley 2811 de 1974, numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993,
el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011, parágrafo 1º del artículo
24, parágrafo 1º del artículo 26 y artículos 39 y 40 del Decreto 1640 de 2011,
artículos 2.2.3.1.6.16 y 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 que compilan las
disposiciones del Decreto 1640 de 2012, oficio IGAC 2410SCG-2024-0001507-
EE del 2 de agosto de 2024.
2. Como consecuencia, solicitó que se declare que, de conformidad con la
información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no existe cuerpo
de agua dentro del predio Altagracia; por tanto, la CAR tiene el deber jurídico
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
de corregir el POMCA1 del río Bogotá en el sector Altagracia, eliminando la
clasificación del supuesto cuerpo de agua tipo «laguna».
2. Hechos
3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
4. Mediante Resolución 957 de 2 abril de 2019, la CAR adoptó el POMCA y
se incorporó el plano de Zonificación Ambiental CB-13_ZNA-299, en el que
se representa un cuerpo de agua tipo «laguna» al interior del predio
Altagracia, ubicado en las veredas Fonquetá y Tíquiza del municipio de
Chía.
5. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante el oficio IGAC No.
2410SCG2024-0001507-EE del 2 de agosto de 2024, confirmó la
inexistencia de un cuerpo de agua dentro del predio Altagracia.
6. En agosto de 2024, la parte actora le solicitó a la CAR el ajuste del
POMCA del río Bogotá en el sector Altagracia, con el fin de excluir el cuerpo
de agua; sin embargo, la entidad respondió e indicó que, cualquier ajuste al
POMCA del río Bogotá, adoptado mediante Resolución 957 de 2019,
requeriría surtir nuevamente las fases de diagnóstico, prospectiva y
formulación previstas en el artículo 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015.
7. El 13 de noviembre de 2025, la parte actora solicitó a la entidad accionada
el ajuste del POMCA y, como consecuencia, excluir el cuerpo de agua tipo
«laguna» en el sector Altagracia.
8. A la fecha de presentación de la acción de cumplimiento, la entidad no
emitió respuesta.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
9. Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la demanda y
ordenó la notificación de la CAR
.
4. Contestación de la demanda
10. La CAR Indicó que el cumplimiento del deber invocado por la accionante
no es automático ni condicional, sino que está supeditado a la verificación de
cambios «significativos», trámite que debe adelantarse mediante un
procedimiento integral que incluye la recolección y análisis de información, la
elaboración de estudios técnicos, la participación de actores de cuenca y la
formulación y aprobación institucional, con el fin de determinar si se existe
un cambio que amerite ajustar el POMCA.
1 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
11. Añadió que el oficio IGAC No. 2410SCG-2024-00015707-EE del 2 de
agosto de 2024 no constituye un acto administrativo que obligue a la CAR a
modificar el POMCA, por cuanto corresponde a la respuesta a un derecho
de petición con contenido técnico explicativo sobre una fotointerpretación
cartográfica del año 2009.
12. Sostuvo que, dicho documento no contiene decisión alguna que cree,
modifique o extinga situaciones jurídicas, ni reúne las formalidades propias
de un acto administrativo.
13. Como consecuencia, solicitó negar las pretensiones porque no existe un
deber jurídico claro, preciso, vigente y actual de modificar de manera
inmediata el POMCA, y, además, existen medios de control ordinarios
idóneos para controvertir su legalidad.
5. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento. Al respecto, indicó lo siguiente:
(…) Las normas que señala como incumplidas no contienen un mandato
imperativo en ese sentido, pues para modificar el POMCA es necesario agotar
el procedimiento correspondiente a las fases de diagnóstico, prospectiva y
formulación del plan, regulado en el Decreto 1640 de 2012 y Decreto 1076 de
2015. En efecto, ambos decretos establecen el procedimiento para la
declaratoria en ordenación y la formulación del POMCA, el cual debe
adelantarse mediante acto administrativo motivado. Asimismo, disponen que
deben agotarse todas las fases de elaboración del plan, junto con la aplicación
de los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales
renovables existentes. Por otra parte, el 19 de septiembre de 2024 la CAR
respondió al actor que para ajustar el instrumento aprobado mediante la
Resolución 0957 de 2 de abril de 2019 – acto administrativo mencionado por la
accionante en los hechos de la demanda -, es necesario surtir nuevamente
todas las fases previstas en el Decreto 1076 de 2015, esto implica iniciar desde
cero el ajuste y actualización del plan y la aprobación conjunta de todas las
corporaciones. Además, señaló que dicha etapa no puede adelantarse porque
el instrumento se encuentra vigente.
(…).
En ese sentido, lo que plantea la demanda es un debate jurídico que se debe
resolver a través del medio de control idóneo, con respeto de las garantías
procesales de las partes involucradas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
6. La impugnación2
15. La parte actora, inconforme con la sentencia de primea instancia,
impugnó la decisión.
16. Sostuvo que el tribunal realizó una interpretación errada de lo pretendido
en el medio de control, por cuanto la pretensión consiste en «obtener el
cumplimiento del deber legal que recae sobre la CAR frente a un punto
concreto del instrumento, a partir de las funciones de elaboración,
seguimiento y ajuste que el ordenamiento le atribuye» y no a cuestionar la
existencia o vigencia del POMCA.
17. Asimismo, manifestó que lo pretendido es que, la CAR cumpla con el
deber establecido en las normas y, como consecuencia, corrija o ajuste el
POMCA en el punto concreto controvertido con fundamento en el oficio de
IGAC en el que se advirtió la inconsistencia cartográfica.
18. A continuación, afirmó que la existencia de un procedimiento especial
para el ajuste del POMCA no es razón para negar las pretensiones, por el
contrario, imponía la necesidad de ordenar que el deber se cumpliera a
través de ese mismo cauce, incluyendo en él la corrección debida.
19. Sostuvo que la sentencia incurre en un error al negar la existencia de un
deber, pues el verdadero problema radicaba en que, a la luz del marco
normativo aplicable y la corrección oficial de la base cartográfica por parte del
IGAC, la CAR está obligada a activar y adelantar las actuaciones necesarias
para corregir o ajustar el POMCA en el punto controvertido.
20. Indicó que el tribunal omitió pronunciarse sobre el medio judicial idóneo
que procedería en el caso concreto y realizó un análisis de cada una de las
acciones establecidas en el CPACA para concluir que le único medio
procedente es la acción de cumplimiento.
21. Finalmente, afirmó que, no es cierto que la acción de cumplimiento no
resulta procedente para el reconocimiento de derechos subjetivos, dado que
esa conclusión no se desprende de la ley o de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
22. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia del 5 de febrero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de
2 La sentencia del 5 de febrero de 2026 fue notificada por medios electrónicos el 16 de
febrero de 2026, el actor radicó solicitud de adición y aclaración, la cual fue resuelta a través
de auto del 20 de marzo de 2026 y el escrito de impugnación se presentó el 26 de marzo de
ese mismo año, término que se encuentra oportuno.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, según lo dispuesto en los
artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.
3. Objeto de la decisión
23. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia del 5 de febrero
de 2026, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
24. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:
¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la CAR de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
25. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción y,
en caso de superarse, determinar si existe en cabeza de la demanda un
deber legal que ha sido incumplido.
4. Generalidades de la acción de cumplimiento
26. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos
mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos
administrativos.
27. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de
la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado
3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de
los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y
de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto
implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la
configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión
conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
28. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de
determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y
frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es
invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la
prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
5. La constitución de la renuencia
29. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud […]».
30. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio
reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6.
31. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»7.
32. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea
contraria al querer del ciudadano8.
33. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
34. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
35. En el caso concreto, obra en el expediente copia de la comunicación de
13 de noviembre de 20259, suscritas por la representante legal de la actora,
en la que solicitó a la CAR el cumplimiento de las mismas normas indicadas
en esta demanda:
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del
17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
9 Índice 2 del del expediente digitalizado en Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
36. En el expediente no obra constancia de que la CAR diera contestación al
escrito a través del cual fue constituida en renuencia; como consecuencia,
se encuentra probado el requisito por parte de la demandante.
6. Procedencia de la acción
37. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad; es decir, su finalidad es que se acate el ordenamiento jurídico
vigente. La demandante invocó como disposiciones incumplidas las
siguientes:
38. Los artículos 316 y 317 del Decreto Ley 2811 de 1974, que establecen:
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN ORDENACIÓN
ARTÍCULO 316.- Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1640 de
2012. Se entiende por ordenación de una cuenca la planeación del uso
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la
cuenca, la ejecución de obras y tratamientos.
ARTÍCULO 317.- Para la estructuración de un plan de ordenación y manejo se
deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades,
públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región.
39. Numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993:
ARTÍCULO 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente:
(…) 12. Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del
territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas
generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás
áreas de manejo especial; Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional
1729 de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
40. El parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011:
ARTÍCULO 215. (…).
PARÁGRAFO. Además de las anteriores, en el marco de sus competencias,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidrográficas conforme a los criterios establecidos por el Gobierno
Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
o quien haga sus veces.
41. El parágrafo 1º del artículo 24, parágrafo 1º del artículo 26 y artículos 39
y 40 del Decreto 1640 de 2011:
Artículo 24, Parágrafo 1°. El acto administrativo de declaratoria de inicio del
proceso de ordenación de la cuenca, debe incluir la delimitación de la misma en
la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la escala en la
cual se va a adelantar la ordenación de la cuenca, en concordancia con el mapa
de Zonificación Hidrográfica de Colombia.
Artículo 26, Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible desarrollarán cada una de las fases de que trata el
presente artículo acorde a los criterios técnicos, procedimientos y metodologías
establecidos en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
42. Artículos 2.2.3.1.6.16 y 2.2.3.1.6.17 del Decreto 1076 de 2015 que
compilan las disposiciones del Decreto 1640 de 2012:
Artículo 2.2.3.1.6.16. De la fase de seguimiento y evaluación. Las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible realizarán
anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica, con base en el mecanismo que para tal fin sea definido el
respectivo Plan, conforme a lo contemplado en la Guía Técnica para la
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Artículo 2.2.3.1.6.17. De la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Con fundamento en los resultados anuales
del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en las previsiones
sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación Autónoma
Regional y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o parcialmente el Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetará al
procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación
del Plan (resaltos de la Sala).
43. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la vigencia de estas normas
no se ve afectadas por otras disposiciones normativas o decisión judicial, por
lo que, el primer requisito para la procedencia de la acción se encontraría
satisfecho.
44. La parte actora solicitó el cumplimiento de los artículos 79 y 80 de la
Constitución Política de Colombia, al respecto, se reitera que resulta
improcedente este mecanismo constitucional para pretender la observancia
de normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía»10, como consecuencia,
la sentencia de primera instancia será revocada con el fin de declarar
improcedente la acción en relación con estas normas.
45. La Sala advierte que también se demandó el cumplimiento del Oficio
IGAC 2410SCG-2024-0001507-EE del 2 de agosto de 2024 en el cual se
comunicó lo siguiente:
46. En relación con este oficio, en el cual se afirma que hay una
inconsistencia en la fotointerpretación de la cartografía, la Sala observa que
es una respuesta a un derecho de petición, que contiene una opinión técnica
sobre una interpretación cartográfica específica, sin que cumpla con los
requisitos formales ni sustanciales de un acto administrativo. Como
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado núm.
25000-23-41-000-2024-01469-00/01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En el mismo sentido,
ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado núm.
70001-23-33-000-2025-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
consecuencia, la acción de cumplimiento resulta improcedente y, en ese
sentido, se revocará el fallo.
47. Finalmente, respecto de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política
de Colombia, se reitera que resulta improcedente este mecanismo
constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales,
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas
de inferior jerarquía»11, como consecuencia, la sentencia de primera
instancia será revocada con el fin de declarar la improcedencia la demanda
en relación con estas normas.
7. Caso concreto
48. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda
acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el
artículo 87 constitucional.
49. No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se
caracterizan como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los
que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable”.
50. Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional:
mandatos imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente
providencia precisó su postura de la siguiente manera12:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir
en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene
todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el
sujeto pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son
ineficaces desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía
acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien
estatuyo en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona
solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los
actos administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las
omisiones de las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado núm.
25000-23-41-000-2024-01469-00/01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En el mismo sentido,
ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado núm.
70001-23-33-000-2025-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-
23-41-000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o material,
legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»13.
51. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala estima que en el
presente caso, no se cumplen los requisitos para concluir que, en las normas
demandadas como incumplidas, hay un mandato imperativo e inobjetable a
cargo de la CAR, pues de la lectura de los artículos, se observa que su
contenido es descriptivo en punto al ámbito de aplicación de esa Ley;
además, establece que la CAR debe realizar el POMCA, lo cual ya ocurrió y
como consecuencia de ello se expidió la Resolución 957 de 2019.
52. También establecen algunas funciones en cabeza del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad que no fue demandada en esta
oportunidad.
53. Finalmente, el único artículo que establece una actuación a cargo de la
CAR es el Decreto 1076 de 2015, según el cual:
Artículo 2.2.3.1.6.17. De la revisión y ajustes al Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Con fundamento en los resultados anuales
del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en las previsiones
sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación Autónoma
Regional y de Desarrollo Sostenible, podrá ajustar total o parcialmente el Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetará al
procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación
del Plan (resaltos de la Sala).
54. Sin embargo, la norma no contiene un deber de naturaleza imperativa,
expresa e inobjetable a cargo de la autoridad accionada. La norma transcrita
no contiene un verbo rector imperativo, pues el término «podrá» es de
contenido facultativo. De acuerdo con lo anterior, no se puede concluir que
de la disposición analizada se derive un mandato a cargo de la demandada
que cumpla las características para ser ordenado y exigido a través de esta
acción constitucional.
55. Por tanto, se revocará parcialmente la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones del medio de control de la referencia, para declarar la
improcedencia de la acción frente a los artículos de la Constitución Política y
del oficio proferido por el IGAC, y confirmar en lo demás el fallo de primera
instancia, de conformidad con las razones indicadas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio
del Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–
125.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandantes: Compañía Inmobiliaria Altagracia S.A.S
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Rad: 25000-23-41-000-2025-02034-01
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción respecto de los
artículos 79 y 80 de la Constitución Política y el oficio IGAC 2410SCG-2024-
0001507-EE del 2 de agosto de 2024 y confirmar en lo demás el fallo de
primera instancia, de conformidad con las razones indicadas en esta
providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.