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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-01304-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-01304-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de noviembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, por las razones aquí expuestas SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2025-01304-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-01304-01
Accionante: EVER DE JESÚS OROZCO GRISALES
Accionados: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y OTROS
Tema: Pago de ayuda humanitaria – confirma la declaratoria de
improcedencia de la acción de cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 4 de noviembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

Por auto del 6 de octubre de 20255, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 18 de noviembre de 2025 concedió la
apelación. Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos
previstos en la Ley 393 de 1997.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

en calidad de demandados a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; al municipio La Unión; al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento para la
Prosperidad Social.

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Accionante: Ever de Jesús Orozco Grisales
Accionados: Unidad para la Atención y
Reparación Integral para las Víctimas y otros
Radicación: 05001-23-33-000-01204-01

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Ever de Jesús
Orozco Grisales presentó demanda contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF); el municipio La Unión; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT); el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el
Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Lo anterior, con el fin de obtener
el cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 1, 2, 13, 51, 64 y 87
de la Constitución Política, ii) 47 de la Ley 1448 de 2011 y, iii) 2.2.6.5.1.1 a
2.2.6.5.4.9 y 2.2.6.5.8.1 a 2.2.6.5.8.9 de la Ley 1084 de 2015.

2. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

1. Que se ordene a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas o entidad competente, dar cumplimiento efectivo e inmediato a las
obligaciones previstas en los artículos 47 y concordantes de la Ley 1448 de
2011 y decreto 1084 de 2015, garantizando al hogar del demandante los
componentes de reparación integral en vivienda digna, generación de
ingresos, alimentación y reunificación familiar.

2. Que se disponga la adopción de medidas idóneas, específicas y verificables
que permitan superar la situación de vulnerabilidad, con cronograma y
responsables.

3. Que se ordene a la UARIV cumplir de manera inmediata y efectiva con la
entrega de la asistencia humanitaria a la que tiene derecho conforme a la Ley
1448 de 2011 y la resolución de inclusión en el RUV.

4. Que se ordene a la entidad demandada garantizar la continuidad de dicha
asistencia hasta que se constate la superación de la situación de
vulnerabilidad.

5. Garantizar el cumplimiento y entrega de:

5.1 Atención Humanitaria.
5.2 Alimentación.
5.3 Alojamiento digno.
5.4 Restitución del derecho a la vivienda.
5.5 Subsidio familiar de vivienda.
5.6 Atención Psicosocial.
5.7 Generación de ingresos

6. Que se prevenga a las entidades demandadas para que en lo sucesivo no
incurran en omisiones frente a sus deberes legales con el demandante y su
núcleo familiar6.

6 Transcripción original que puede contener errores.

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Reparación Integral para las Víctimas y otros
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1.2. Posición de la parte demandante

3. El señor Ever de Jesús Orozco Grisales señaló que fue víctima de
desplazamiento forzado en 1998 y, nuevamente, en el 2020, en el municipio La
Unión – Antioquia, motivo por el cual se encuentra inscrito en el Registro Único
de Víctimas.

4. Como consecuencia del segundo desplazamiento, se reubicó de forma
temporal en la ciudad de Medellín y, el 29 de abril de 2022, firmó el acta de
voluntariedad en el marco del procedimiento de ruta individual de
acompañamiento al retorno.

5. Posteriormente, presentó ante la UARIV una solicitud de reubicación y la
entrega de 1.5 smlmv. Mediante el radicado No. 2024-1296017-1 del 6 de agosto
de 2024, la entidad le indicó que el estado de acompañamiento es efectivo y,
respecto a la entrega del dinero, le informó que 14 de junio de 2022 le entregó
dicha cantidad a una de las personas que conforman su núcleo familiar.
Asimismo, le anunció que también consta en las bases de datos que los pagos
ya fueron reclamados el 14 de junio, 2 de julio, 27 de agosto y el 26 de diciembre
de 2022 el monto de 1.74 smlmv, como apoyo de sostenibilidad.

6. Sin embargo, la UARIV señaló que, debido a que no evidenció que se
hubiese superado la situación de vulnerabilidad, se realizaría la postulación del
señor Orozco Grisales para que sea beneficiario de los esquemas de
acompañamiento familiar, siempre que cumpla con los requisitos contenidos en
la Resolución No. 01785 del 12 de mayo de 2016.

7. El demandante aseguró que, a la fecha, aún persiste su situación de
vulnerabilidad, sin que la UARIV le hubiese entregado la asistencia
correspondiente.

8. Señaló que el 22 de agosto de 2025 constituyó en renuencia a la UARIV;
al ICBF; al municipio La Unión; al MVCT; al MADR y al DPS. En dicho escrito les
solicitó el cumplimiento de lo previsto en la «Constitución Política de Colombia,
articulo 87, Ley 1448 de 2011, artículo 47 (derecho a la ayuda humanitaria)
articulo 49 (medidas de asistencia y atención a las víctimas) a articulo 66
(retornos y reubicaciones), Decreto 1084 de 2015, artículos 2.2.6.5.1.1 a
2.2.6.5.4.9 y 2.2.6.5.8.1 a 2.2.6.5.8.9 y Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 51
y 64».

1.4. Posición de la parte demandada

9. La UARIV indicó que el accionante ha presentado cinco declaraciones por
el «hecho victimizante» de desplazamiento forzado: i) el 1 de enero de 1998, cuyo
estado fue «no incluido»; ii) el 1 de junio de 1998, cuyo estado fue «no incluido»,
iii) el 26 de diciembre de 2020, cuyo estado fue «incluido»; iv) el 26 de febrero de

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2021, cuyo estado fue «no incluido» y; v) el 30 de agosto de 2025, cuyo estado
es «en valoración».

10. En ese sentido, señaló que la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 1448 de 2011, ha realizado diversos giros correspondientes a ayudas
humanitarias, razón por la cual le ha entregado al demandante un total de
$9.870.000 por concepto de «ayudas», cuyo último pago se efectuó el 1 de julio
de 2025.

11. Señaló que, además, el accionante ha sido beneficiario de cada uno de
los programas establecidos en la mencionada ley, por lo que el hecho de que las
ayudas brindadas no cumplan con sus expectativas no significa que la entidad
hubiese incurrido en una omisión.

12. Por otra parte, refirió que, dado que lo pretendido mediante la acción de
cumplimiento es que se ordene el pago de más ayudas humanitarias, el medio
de control es improcedente debido a que se requiere del establecimiento de un
gasto no presupuestado.

13. Finalmente, sostuvo que el accionante pretende «saltarse las normas y el
procedimiento destinado para cada trámite, cuyas respuestas se someten
estrictamente a la normatividad».

14. El DPS indicó que ninguna de las normas cuyo cumplimiento fue solicitado
consagran obligaciones a cargo de la entidad. En ese sentido, concluyó que
dichas solicitudes deben ser atendidas por la UARIV.

15. El municipio La Unión refirió que el señor Orozco Grisales se encuentra
vinculado a 3 proyectos productivos (olivo de cera con la empresa Ecoflora,
escuela de campo y acceso a semillas, ambos con el Fondo de Fomento de
Papa), por lo que ha cumplido con sus obligaciones.

16. A su vez, sostuvo que las normas cuyo cumplimiento se solicita mediante
esta vía, consagran obligaciones genéricas a cargo de la UARIV, entidad que
también ha articulado acciones para acompañar el proceso de retorno del
demandante.

17. La Gobernación de Antioquia consideró que la acción de cumplimiento
es improcedente, debido a que la controversia plantea un debate tendiente a
determinar derechos inciertos de carácter particular.

18. El MVCT indicó que los hechos narrados en la demanda no corresponden
a las actividades que desarrolla la entidad, ya que tiene como objetivo formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar planes y proyectos de desarrollo territorial y
urbano, funciones que son ajenas a lo solicitado en la acción de cumplimiento.

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19. Finalmente, el ICBF sostuvo que, en atención a la conformación del núcleo
familiar reportado por el demandante, no existen menores de edad, por lo que no
observa que, de los hechos narrados en la demanda, la entidad tenga la
obligación de intervenir.

20. En ese sentido, señaló que las normas invocadas como incumplidas no
contienen mandatos claros, expresos y exigibles a cargo de la entidad, pues del
contenido de las disposiciones se desglosan mandatos únicamente en cabeza de
la UARIV.

1.4. Fallo de primera instancia

21. Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2025, la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento, ya que las disposiciones señaladas como incumplidas
no contienen un mandato claro, expreso y exigible.

22. Esto, debido a que se refieren a principios y si bien contienen el derecho
a la indemnización y reubicación de las víctimas, dichos mandatos dependen de
procedimientos y criterios para determinar situaciones de urgencia, sin que de
ellas se desprendan «obligaciones concretas».

23. Además, señaló que las pretensiones de la demanda implican que se
constate si se cumplen o no los requisitos para acceder a la asistencia
humanitaria y a una ruta de priorización, aspectos que escapan de la órbita del
juez de cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia fijada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

1.5. Impugnación

24. La parte accionante señaló que las nomas incumplidas sí contienen una
obligación clara, expresa y exigible a cargo de la UARIV «consistentes en
garantizar ayudas humanitarias, atención médica y psicológica, alojamiento,
alimentación, productos de aseo, sumas de 1.5 smlmv cada mes y utensilios de
concina por una suma mensual máxima de 0.5 smlmv».

25. En ese orden, indicó que no se ha cumplido con dichas obligaciones ya
que «no se ha otorgado ni renovado la ayuda humanitaria de emergencia, no se
ha gestionado proyectos de vivienda ni subsidios de vivienda o arrendamiento y
no ha ejecutado programas de inclusión laboral», pese a las múltiples solicitudes
que ha realizado.

26. Por otra parte, señaló que el juez de primera instancia incurrió en una
errónea interpretación del objeto de la demanda al suponer que pretende
reconocimientos de nuevos beneficios, pues, contrario a lo manifestado por el

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tribunal, busca la ejecución de los deberes imperativos que consagra la Ley 1448
de 2011.

II. CONSIDERACIONES

27. La Sala confirmará la sentencia del 4 de noviembre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. Para ello, se
analizarán los siguientes aspectos: i) la constitución en renuencia y ii) los
requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

28. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en un acto administrativo. Para
ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la
cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días
siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el
pretendido incumplimiento7.

29. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.

30. En este caso está probado que el demandante, 22 de agosto de 2025, le
solicitó a la Unidad para la UARIV; al ICBF; al municipio La Unión; al MVCT; al
MADR y al DPS el cumplimiento de lo previsto en la «Constitución Política de
Colombia, articulo 87, Ley 1448 de 2011, artículo 47 (derecho a la ayuda
humanitaria) articulo 49 (medidas de asistencia y atención a las víctimas) a
articulo 66 (retornos y reubicaciones), Decreto 1084 de 2015, artículos
2.2.6.5.1.1 a 2.2.6.5.4.9 y 2.2.6.5.8.1 a 2.2.6.5.8.9 y Constitución Política,
artículos 1, 2, 13, 51 y 64» (Énfasis de la Sala). Para ello, aportó la siguiente
constancia:

7 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

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31. De conformidad con lo anterior, la Sala tendrá por acreditada la
constitución en renuencia frente a las autoridades accionadas, respecto de los
siguientes artículos: i) 1, 2, 13, 51, 64 y 87 de la Constitución Política, ii) 47 de la
Ley 1448 de 2011 y, iii) 2.2.6.5.1.1 a 2.2.6.5.4.9 y 2.2.6.5.8.1 a 2.2.6.5.8.9 de la
Ley 1084 de 2015. Frente a los artículos 49 y 66 de la Ley 1448 de 2011, esta
Sección no se pronunciará al respecto, dado que el accionante no solicitó su
cumplimiento en la demanda.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

33. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

34. En este caso, la Sala advierte que la acción sub examine es improcedente,
por las razones que pasan a explicarse.

35. En primer lugar, la Sala advierte que, frente a la solicitud de ordenar el
cumplimiento de los artículos 1, 2, 13, 51, 64 y 87 de la Constitución Política, la
acción de cumplimiento es improcedente. En efecto, conforme al tenor de los
artículos 87 de la Carta y 1 de la Ley 393 de 1997, este medio de control tiene
por objeto exigir el obedecimiento de «normas aplicables con fuerza material de
ley o actos administrativos». Ello excluye los preceptos constitucionales, incluso
si estos son objeto de desarrollo legal posterior10.

36. En segundo lugar, frente a los artículos 47 de la Ley 1448 de 2011,
2.2.6.5.1.1 a 2.2.6.5.4.9 y 2.2.6.5.8.1 a 2.2.6.5.8.9 de la Ley 1084 de 2015, la
Sala encuentra que el presente medio de control también es improcedente,
debido a que no se superan los requisitos de subsidiariedad y gasto.

37. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este
mecanismo constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer
derechos subjetivos11 o resolver controversias que cuentan con otros medios de

10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado núm. 25000-

23-41-000-2024-01469-00/01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En el mismo sentido, ver Consejo
de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado núm. 70001-23-33-000-
2025-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-

41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-

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defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de
dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»12. De
lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas
las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso
concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se
dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»13.

38. De allí que esta acción no proceda para «exigir el cumplimiento de
obligaciones consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones, hacer
efectivo los términos judiciales de los procesos, o perseguir indemnizaciones, por
cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces
procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo,
por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar
frente a normas que generen gastos […]»14.

39. En el caso objeto de estudio, el incumplimiento que le atribuye el
accionante a la UARIV versa sobre la falta de entrega de asistencia humanitaria.
En ese sentido, la Sala considera que, tal como lo refirió la UARIV, el pago de
dicha ayuda se encuentra sometida a un procedimiento administrativo y a la
verificación de ciertos requisitos que deben ser acreditados por el actor ante la
mencionada entidad, que, además, de conformidad con el informe rendido por la
entidad, se evidencia que el accionante solicitando y percibiendo.

40. En ese orden, si el actor tiene alguna inconformidad con lo que se resuelva
al interior del procedimiento administrativo, podrá controvertir la decisión
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

41. Además, debido a que su pretensión también implica un gasto, dado que
pretende la entrega de recursos, la acción también es improcedente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el cual establece que la acción
de cumplimiento no puede perseguir la observancia de normas que generen
erogaciones. Esta disposición legal fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-157 de 1998, en la cual fue declarada exequible. Al respecto,
señaló lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo

2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad.
68001-23-33-000-2025-00074-01.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-

41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
13 Id.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. núm. 25000-

23-41-000-2013-00444-01.

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sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que
ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo
debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse
a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por
lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso
o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.

42. Lo anterior evidencia lo pedido mediante esta vía comporta un gasto no
presupuestado, dado que no obra en el expediente ningún medio de prueba que
permita inferir que dichas erogaciones cuentan con una partida presupuestal
destinada para lo solicitado mediante la presente acción15 y, además, se
encuentra sometido a un procedimiento administrativo que debe tramitarse ante
la UARIV.

43. Así las cosas, esta Sala confirmara la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por las razones aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de noviembre de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, por las
razones aquí expuestas

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de noviembre de 2022. Rad. 08001-23-

33-000-2025-00321-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Ever de Jesús Orozco Grisales
Accionados: Unidad para la Atención y
Reparación Integral para las Víctimas y otros
Radicación: 05001-23-33-000-01204-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
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