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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00321-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00321-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida por la Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención, contra los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00321-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de noviembre de 2025

Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión
Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00321-01
Demandante: VEEDURÍA CIUDADANA – PROCESO TOMA DE POSESIÓN
AIR-E S.A.S. E.S.P. EN INTERVENCIÓN
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Tema: Revoca decisión de primera instancia que negó por
improcedente las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión C, que negó por improcedente el medio de control de la referencia. Lo
anterior, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento1

La Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en
Intervención, en lo sucesivo la Veeduría, por conducto de su representante legal 2, en
ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política,
reglamentado en la Ley 393 de 1997, presentó demanda en contra de los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Lo anterior, a efectos de obtener el cumplimiento de los artículos 132 de la Ley 812
de 2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado por el 227 de la Ley 1753 de 2015

1 Índice 2, cuaderno de primera instancia.
2 El señor Manuel Fernández Ariza, conforme la Resolución 209 del 5 de noviembre de 2024,

expedida por la Personería Distrital de Barranquilla.
1
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Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión
Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01

y 16 de la Ley 1955 de 2019), 312 de la Ley 1955 de 2019, 2.2.9.4.7. al 2.2.9.4.11 del
Decreto 1082 de 2015, 2.3 y 2.4 del Decreto 381 de 2012. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

3.1. Primera Pretensión Principal: Que se declare que la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos
en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado
por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019).

3.1.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se declare que la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS está en renuencia de
cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral
3.1 anterior.

3.1.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se le ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS cumplir con las
obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo
247 de la Ley 1450 de 2011 y, en consecuencia:

3.1.2.1. Que inicie las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos requeridos para la implementación de las
medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.

3.1.2.2. Que, con carácter urgente, presente ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO toda la información y documentos requeridos para que se adopten las medidas de
sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial a las que haya lugar.

3.1.2.3. Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa AIR-
E S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención de la SSPD, a fin
de que AIR-E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus obligaciones
legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos dispuestos para ello en
la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 y demás
normas concordantes.

3.2. Segunda Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 312 de
la Ley 1955 de 2019 reglamentado expresamente por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del
Decreto 1082 de 2015.

3.2.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Segunda Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se declare que el
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO está en renuencia de cumplir con las
obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 3.2 anterior.

3.2.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Segunda Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se le ordene al MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en
el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con los artículos 2.2.9.4.7. a 2.2.9.4.11
del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, promueva y adopte las medidas de financiamiento
y/o de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial. Es decir:

3.2.2.1. Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo
Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los Departamentos de
Atlántico, La Guajira y Magdalena.

2
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3.2.2.2. Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se apruebe y
autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas,
las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, que sean
necesarias para financiar el Fondo Empresarial.

3.2.2.3. Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar y
desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.

3.2.2.4. Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar el
Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.

3.2.2.5. Que participe, estructure y apruebe el documento CONPES necesario para el
otorgamiento de la garantía Nación a través del Fondo Empresarial, en atención a lo establecido
en el artículo 2.2.9.4.10 del Decreto 1082 de 2015.

3.2.2.6. Que, en atención a lo anterior, adelante todos los trámites y gestiones necesarias al
interior del MHCP para la aprobación de dicha garantía Nación, incluyendo la convocatoria de la
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

3.3. Tercera Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2 del
Decreto 381 de 2012.

3.3.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se declare que el
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA está en renuencia de cumplir con las obligaciones
declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 3.3 anterior.

3.3.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que, como
consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se le ordene al MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en los numerales
3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y en consecuencia:

3.3.2.1. Actúe como facilitador y coordinador del proceso interinstitucional requerido para
garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y la prestación continua del servicio
público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

3.3.2.2. Participe activamente en la estructuración de las soluciones de financiamiento requeridas
por el Fondo Empresarial.

3.3.2.3. Preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los trámites internos
necesarios para tal fin.

3.4. Cuarta Pretensión Principal: Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, al pago de las costas y agencias en derecho
correspondientes.3

1.2. Hechos

Relató los antecedentes administrativos y comerciales que dieron origen a la empresa
Air-E S.A.S. E.S.P., en lo sucesivo Air-E, la cual se encarga de la prestación del
servicio público de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

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Indicó que el 6 de octubre de 2023, la citada sociedad radicó ante la Cámara de
Comercio de Barranquilla solicitud de inicio de un Procedimiento de Recuperación
Empresarial en los términos de que trata la Ley 2437 de 2024.

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas
encaminadas a mantener en funcionamiento y operable a la empresa Air-E, lo cual
permitió a que la sociedad retirará su solicitud presentada anteriormente.

Pese a lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la
toma de posesión los bienes, haberes y negocios de AIR-E S.A.S. ESP, mediante
Resolución SSPD – 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024. Posteriormente,
mediante Resolución SSPD 2025100004725 del 9 de enero 2025, la citada autoridad
estableció la modalidad en la que se llevaría la toma de posesión, indicado que ésta
sería con fines liquidatorios.

Trajo a colación las diversas actuaciones administrativas y políticas realizadas en
torno a la situación de Air-E, que dan cuenta del grave deterioro financiero que
actualmente atraviesa la empresa, el cual «[…] generó el congelamiento de deudas
previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan los $500 mil
millones de pesos.»

Explicó que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría
General de la Nación, mediante la Circular Conjunta N.° 6 de 2025, se solicitó un
informe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto al manejo
que se ha dado de la empresa Air-E, luego de su toma de posesión.

Precisó que ha habido una omisión sistemática de las accionadas respecto a sus
obligaciones legales, lo cual conlleva un exponencial riesgo en toda la cadena de
suministro de energía eléctrica.

Conforme lo anterior, el 2 de julio de 2025 se radicó a través de correo electrónico de
las autoridades demandadas escrito de constitución en renuencia, el cual no fue
contestado por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio del 23 de
julio de 2025, indicó a la parte actora que no se configuraba una situación de
incumplimiento.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En criterio de la accionante, las normas referidas como incumplidas, establecen el
Fondo Empresarial, el cual es administrado por la Superintendencia de Servicios

4
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Públicos Domiciliarios, tiene como objeto apoyar a las empresas que se encuentran
en proceso de liquidación como es el caso de Air-E.

Asimismo, se tiene que las disposiciones facultan al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para implementar medidas de financiamiento para el citado Fondo
Empresarial, lo que incluye, entre otras, la celebración de contratos de crédito y el
otorgamiento de garantías.

En general, explicó que el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio público de energía eléctrica respecto a aquellas empresas que
son objeto de toma de posesión. En ese sentido, desde su punto de vista, es
imperativo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe
financiar a Air-E con cargo a los recursos del Fondo Empresarial, los cuales deben
ser provistos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión

El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto del 15 de
septiembre de 20254, admitió la acción constitucional del asunto, ordenó la notificación
de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vinculó a la empresa Air-E, y,
finalmente, puso en conocimiento del Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado la existencia del trámite.

1.4.2. Notificaciones e intervenciones

La Secretaría General del a quo, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio,
surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales como consta el expediente
digital de Samai de primera instancia5. En virtud de éstas, se recibieron las siguientes
contestaciones:

1.4.2.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público6

Luego de hacer un pronunciamiento sobre los hechos que fundamentan la acción
constitucional, la cartera ministerial solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, por cuanto, en su criterio, el actor no tuvo la claridad suficiente para
identificar el mandato desconocido y el incumplimiento atribuido a la autoridad.

4 Ver índice 4 de Samai – Cuaderno de primera instancia
5 Ver índice 6 de Samai – Cuaderno de primera instancia. Mediante Oficios 75764 al 75770 del 16 de

septiembre de 2025.
6 Ver índice 8 de Samai – Cuaderno de primera instancia.

5
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Refirió que en el presente asunto no existe un deber legal claro, imperativo y exigible,
pues las disposiciones no contienen la redacción suficiente para colegir que existe un
mandato. Y, en todo caso, de existir una eventual obligación, esta generalmente se
encuentra supeditada a una condición cuya ocurrencia no se encuentra acreditada en
el proceso.

De otra parte, evidenció que lo pretendido por el actor, conlleva un tema presupuestal
lo que intrínsecamente implica que se debe declarar la improcedencia de la acción.

1.4.2.2. Ministerio de Minas y Energía7

Con base en la pretensión invocada por la Veeduría, se opuso a la prosperidad de
ésta, pues, contrario a lo sostenido en la demanda, no se hace palmario un
incumplimiento de la entidad.

Explicó que el Ministerio ha desplegado gestiones encaminadas a atender la
problemática de la empresa Air-E, sin que sea posible pretender a través de la acción
de cumplimiento lograr lo solicitado por la demandante.

1.4.2.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios8

La entidad explicó que lo pretendido por la parte actora desborda con creces el objeto
y fines que tiene la acción de cumplimiento, pues, a través de ésta se pretende obtener
un fallo que imponga obligaciones relacionadas con gasto y política fiscal. Lo anterior,
implica la articulación de más autoridades de las acá demandadas, tales como el
Departamento Nacional de Planeación.

Refirió que los verbos que son utilizados en las disposiciones invocadas, no contienen
verdaderos mandatos a cargo de la entidad, sino que pueden ser considerados como
de contenido abierto, genérico y programático, sin que se factible inferir un mandato
demandable.

En conclusión, solicito que se declare la improcedencia de las pretensiones.

1.4.3. Fallo de primera instancia9

Mediante sentencia del 7 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C, negó por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por
la Veeduría y en contra de las autoridades accionadas. Al respecto, el a quo indicó lo
siguiente:

7 Ver índice 10 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
8 Ver índice 11 de Samai – Cuaderno de primera instancia
9 Ver índice 14 de Samai – Cuaderno de primera instancia

6
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La solicitud presentada por la Veeduría Ciudadana “Proceso Toma de Posesión de Air-
E en Intervención”, dirigida a que se cumplan determinadas normas en relación con la
financiación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, no encuentra respaldo en una obligación clara, expresa e indiscutible. Las
normas invocadas, de carácter genérico, no establecen de forma precisa la obligación
de financiar dicho Fondo por parte de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Minas y Energía, ni la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

En consonancia con lo anterior, se niegan las pretensiones de la demanda, puesto que
la acción de cumplimiento solicitada resulta improcedente conforme a lo establecido en
el artículo 9º y su parágrafo de la Ley 393 de 1997. Esta improcedencia se fundamenta
en la ausencia de una disposición normativa que imponga de manera directa y
específica la obligación de efectuar la financiación reclamada, así como en las
consideraciones jurisprudenciales y legales expuestas previamente en este documento.

Por lo tanto, la acción de cumplimiento interpuesta respecto de los artículos objeto de
estudio carece de vocación de prosperidad, de acuerdo con las razones ya
mencionadas. En consecuencia, la decisión adoptada se resolverá en sentido
desfavorable a las pretensiones de la parte demandante, reafirmando la improcedencia
de la acción bajo los parámetros legales y constitucionales aplicables.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 8 de octubre de 2025,
por conducto de la Secretaría y a través de correo electrónico10.

1.4.4. Impugnación

Por medio de memorial enviado el 16 de octubre de 2025, la Veeduría presentó escrito
en el que formuló reparos en contra de la decisión de primera instancia, los cuales,
admiten el siguiente compendio:

En criterio de la actora, el estudio realizado en la sentencia del Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión C, partió de la premisa errada de que solo es
susceptible de la acción de cumplimientos aquellas disposiciones que sean claras,
expresas y exigibles, criterio que ha sido reevaluado por el Consejo de Estado en
múltiples decisiones, en las cuales se ha consignado que el mecanismo busca el
cumplimiento de deberes imperativos e inobjetables.

Para la Veeduría, el financiamiento del Fondo Empresarial es de carácter obligatorio
para las autoridades convocadas, dada la situación que actualmente atraviesa la
empresa Air-E. Lo anterior, por cuanto su objeto social, esto es la prestación del
servicio público de energía eléctrica, debe ser garantizado por el Estado colombiano.

Refirió que no se puede acudir a una lectura gramatical de la disposición legal, sino
que es menester que este estudio trascienda más allá, buscando la verdadera
finalidad de la norma, dejando a un lado el carácter discrecional de las entidades
convocadas al presente asunto.

10 Ver índice 17 de Samai – Cuaderno de primera instancia.

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Indicó que la no activación de los mecanismos de financiamiento a favor del Fondo
Empresarial constituye una decisión arbitraria, irrazonable e ilógica por parte de las
Entidades Demandadas.

Endilgó al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, de una falta de
comprensión de lo que se entiende por operaciones de crédito público que puede
adelantar el Fondo Empresarial y como éste puede servir como medio de ayuda a la
empresa Air-E.

Finalmente, refirió que la finalidad del cumplimiento no conlleva una erogación
patrimonial para las accionadas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó la parte actora
contra la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión C, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley
393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 201111, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia
de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos por resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la anterior
providencia, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la parte
accionada de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

De ser afirmativa la respuesta a las anteriores interrogantes, deberá determinarse:

• ¿Hay lugar a ordenar a las entidades accionadas el cumplimiento de la
normativa invocada por la demandante?

11 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis
del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa
que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo»12.

12 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y

Hernando Herrera Vergara.
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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1.º)13.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el

13 Estoexcluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas
y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios antes de
instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»14.

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 2 de julio de 2025 ante las
entidades accionadas y en el que solicitó el cumplimiento de los siguientes artículos:

2.3. Normas respecto de las cuales se solicita el cumplimiento

(i) Los artículos 2 y 365 de la Constitución, leído en consonancia con el artículo 4 de la
Ley 142 de 1994, establecen que es deber del Estado intervenir en la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica, con el fin de garantizar la calidad del
bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de
la calidad de vida de los usuarios, así como la prestación continua e ininterrumpida del
servicio, sin excepción alguna. Para efectos de lo anterior, todas las entidades estatales,
específicamente el MME, MHCP y SSPD tiene el deber inobjetable de utilizar todas las
herramientas a su disposición para evitar la suspensión en la prestación del servicio
público esencial, especialmente en aquellas circunstancias en que tal prestación
continua e ininterrumpida y en condiciones de calidad no se encuentre asegurada.

(ii) El artículo 132 de la Ley 812 de 2003 establece la creación del Fondo Empresarial
de la SSPD con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos domiciliarios
en el contexto de las intervenciones. El Fondo tiene la capacidad de financiar los pagos
requeridos para garantizar la operación de las empresas bajo intervención. Sin
embargo, la SSPD tiene la responsabilidad explícita de iniciar las acciones necesarias
para activar el financiamiento de dicho Fondo, con el objetivo de asegurar la estabilidad
de las empresas y la prestación continua de los servicios esenciales.

(iii) El artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1753
de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, dispone que los recursos del Fondo
Empresarial deben estar conformados por diversas fuentes, incluidas las multas,
excedentes de la SSPD y las operaciones de crédito que celebre el Fondo. En este
punto, el MHCP, está llamado a facilitar los instrumentos que aseguren el acceso del
Fondo a estas fuentes de financiamiento. A su turno, la SSPD, como ordenadora del
gasto, tiene la responsabilidad de dar manejo a la disponibilidad de estos recursos, a
través de cualquiera de los mecanismos previstos por el legislador para tal efecto.

14Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
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(iv) El artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación está autorizada para
adoptar medidas de financiamiento para el Fondo Empresarial, lo que incluye créditos y
garantías, sin la necesidad de garantías o contragarantías. Esta norma otorga una
habilitación directa a la SSPD para dar manejo a dichas operaciones, y al MHCP para
aprobarlas, con el fin de preservar la estabilidad financiera de los prestadores
intervenidos.

(v) El artículo 2.2.9.4.5 del DUR establece que el Fondo Empresarial puede recibir
créditos internos o externos para financiar sus actividades. Para ello, es necesario que
la SSPD gestione las solicitudes de crédito y garantice la disponibilidad de los recursos
a través de los procedimientos establecidos, como la aprobación de las operaciones por
parte del MHCP-Dirección General de Crédito Público.

(vi) El artículo 6 de la Ley 489 de 1998, que recoge el principio de coordinación
administrativa, establece que todas las autoridades deben colaborar entre sí para
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Este principio refuerza la necesidad
de que el MME, en su calidad de cabeza del sector energético, ejerza las facultades que
le fueron asignadas y se articule con la SSPD y el MHCP para asegurar la suficiencia
financiera del Fondo Empresarial, especialmente cuando se encuentra comprometida la
continuidad del servicio público esencial de energía eléctrica. A su vez, el artículo 2 del
Decreto 381 de 2012 asigna al MME la función de adoptar los planes de desarrollo del
sector energético, coordinar la política de prestación del servicio eléctrico y garantizar
la confiabilidad y continuidad del suministro en todo el territorio nacional.

(vii) El Decreto 1369 de 2020 asigna a la Dirección de Entidades Intervenidas y en
Liquidación de la SSPD la función de asesorar y recomendar sobre las solicitudes de
apoyo financiero para las empresas intervenidas. En este sentido, la SSPD tiene la
obligación de iniciar las gestiones para obtener el apoyo necesario y activar los
mecanismos financieros correspondientes para garantizar la prestación continua del
servicio.

[…]

III: Solicitudes

Con base en lo expuesto en esta comunicación y en cumplimiento del artículo 8 de la
Ley 393 de 1997, solicitamos respetuosamente a las autoridades competentes que, en
el marco de sus funciones legales y constitucionales, adopten de manera inmediata y
coordinada las siguientes medidas, orientadas a asegurar la sostenibilidad financiera
del Fondo Empresarial, de conformidad de lo dispuesto en los artículos 2 y 365 de la
Constitución Política, la Ley 142 de 1994, el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el
artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de
2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, así como lo establecido en los artículos
2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto 1369 de 2020, la Ley 489 de
1998 y el Decreto 381 de 2012. En particular, se solicita lo siguiente:

[…]

12
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Asimismo, se aportó como anexo de la demanda la respuesta dada en su oportunidad
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se indicó que no se había
configurado el incumplimiento endilgado. El Ministerio de Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo demostrado en el
proceso, no dieron respuesta al requerimiento.

En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

En el presente caso, se pretende obtener el cumplimiento de los artículos 132 de la
Ley 812 de 2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado por el 227 de la Ley 1753
de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019), 312 de la Ley 1955 de 2019, 2.2.9.4.7. al
2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015, los numerales 3 y 4 del 2 del Decreto 381 de
2012. Tales disposiciones establecen lo siguiente:

LEY 812 DE 2003

ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar la viabilidad y la
continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como patrimonio autónomo
administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus veces, o por una entidad
fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con sus disponibilidades, a las
empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de liquidación ordenados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la financiación de los
pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los
planes de retiro voluntario y, en general, de aquellos a los cuales se les terminen los
contratos de trabajo. El fondo también podrá financiar las actividades profesionales
requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para
analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el parágrafo de
la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual participará, un
representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno de las Empresas
de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de Servicios Públicos

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Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las contribuciones
hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa. En ningún caso se
convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Modifíquese el
artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual quedará así:

ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con
vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a
través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos para la
satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro
voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la
prestación del servicio.

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales
requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como
los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las medidas
preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las empresas
prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de posesión para
asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a largo plazo sin importar
el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación, siempre y cuando así
lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y acrediten:

[…]

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas podrá
instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías a favor de
terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita o facilite el
cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.

Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá el
cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las operaciones de
crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al desarrollo del giro
ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo Empresarial para el
otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la constitución de las
contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni los aportes al Fondo de
Contingencias; para los créditos otorgados directamente por la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no será necesario el otorgamiento de garantías a su favor.

LEY 1955 DE 2019

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ARTÍCULO 312. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte
medidas de financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos y
garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la constitución de
garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos o garantías, y las
operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de Contingencias creado por Ley
448 de 1998. Los términos para desarrollar estas autorizaciones se rigen por lo
dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

PARÁGRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del Fondo
Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades estatales con
recursos líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus frutos.
DECRETO 1082 DE 2015

DECRETO 1082 DE 2015

ARTÍCULO 2.2.9.4.7. Medidas de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para efectos de la
aplicación del artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se entenderán como medidas de
sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, todas aquellas operaciones de crédito público que lleve a cabo
la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendientes a que el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios garantice la
prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe.

Las medidas de sostenibilidad financiera incluirán operaciones de crédito público,
créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación, y garantías a las
mencionadas operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial de
las que tratan los siguientes artículos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.8. Operaciones de crédito público. Las operaciones de crédito
público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las
operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, con
excepción de los sobregiros que celebre el Fondo Empresarial de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios como medidas de sostenibilidad financiera
tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe,
requerirán la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa
aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá
informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la adquisición de
sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de tales
recursos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.9. Créditos de Tesorería otorgados por la Nación. A través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de Tesorería
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de
sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de
energía en la Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oficio de solicitud
de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

[…]

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PARÁGRAFO 1. Los créditos otorgados directamente por la Nación a los que se refiere
el presente artículo se deberán destinar exclusivamente a financiar necesidades de
liquidez del flujo de caja de las entidades intervenidas y se sujetarán a las autorizaciones
establecidas en el artículo 2 .2.9.4.8 del presente decreto; y los recursos obtenidos en
virtud de dichos créditos se entenderán como operaciones de financiamiento necesarias
para asegurar la prestación eficiente del servicio público de distribución y
comercialización de electricidad en la Costa Caribe del país, y en consecuencia tanto
las autorizaciones relacionadas con operaciones de crédito público como la gestión de
dichos recursos se enmarca en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 316 de la
Ley 1955 de 2019.

PARÁGRAFO 2. Para los créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación
a los que se refiere el presente artículo, podrá operar la figura de la novación, en los
términos del artículo 1687 del Código Civil y siguientes, previa aprobación del Comité
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 3. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - solamente
podrá otorgar los créditos de que trata el presente artículo cuando exísta
disponibilidad de recursos en el flujo de caja de la Nación.

PARÁGRAFO 4. Para efectos de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional respecto de
los desembolsos efectuados por operaciones de créditos otorgados directamente por la
Nación, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios deberá remitir la siguiente información dentro de los primeros ocho (8) días
hábiles de cada mes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional:

1. Estado de la situación financiera y el estado de resultados de prueba correspondiente
al cierre del mes inmediatamente anterior y el flujo de caja de tesorería para el año en
curso, de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, con el detalle de los
cambios significativos que se hayan presentado con respecto a la información entregada
en meses anteriores.
2. Certificación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
respecto de la destinación de los recursos desembolsados.
3. Certificación por parte del Agente Especial a cargo de la liquidación de la empresa en
toma de posesión de los siguientes indicadores de gestión: Porcentaje de cobro,
porcentaje de pérdidas de red estructurales, y porcentaje de exposición en bolsa.

ARTÍCULO 2.2.9.4.10. Garantías de la Nación. La Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público podrá otorgar garantías a las operaciones de crédito público que
pretenda celebrar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera de la que trata los
artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8, una vez se cumpla con lo siguiente:

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.4.11. Garantías, Contragarantías y Aportes al Fondo de
Contingencias. Las operaciones de crédito público celebradas por el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de
la sostenibilidad financiera de que tratan los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8 estarán
exentas de la constitución de garantías, contragarantías y de la obligación de realizar
aportes al Fondo de Contingencias creado por la Ley 448 de 1998 de conformidad con
el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019

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DECRETO 381 DE 2012

ARTÍCULO 2°. FUNCIONES. Modificado y adicionado por el Artículo 1 del Decreto
1617 de 2013. Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales vigentes, son
funciones del Ministerio de Minas y Energía, las siguientes:

[…]

3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica.

4. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía
y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el
desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía.

Como punto de partida, la Sala advierte que las anteriores disposiciones actualmente
se encuentran vigentes, no han sido derogadas o removidas del ordenamiento jurídico
mediante providencia judicial debidamente ejecutoriada.

Para lograr el fin perseguido, prontamente se advierte que no es posible acudir a otro
mecanismo judicial de defensa, así como tampoco se hace evidente que la discusión
planteada por la accionante involucre garantías constitucionales susceptibles de ser
ventiladas a través de la acción de tutela.

Finalmente, conviene analizar el tema de gasto, el cual conforme el artículo 9 de la
Ley 393 de 1997 se estableció que la acción de cumplimiento no será procedente
respecto a aquellas normas que comporten un gasto, disposición legal que fue objeto
de estudio por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 1998 y en la que se
declaró exequible. Al respecto, se indicó lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en
una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla
se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo
que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de
cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su
virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la
ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones
y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se
expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por las normas legales habrá
de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir
de escarmiento al abuso o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre
no se realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos.
De su manejo desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal
que con razón se censura.

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Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de este
dentro del presupuesto15.

Una lectura pormenorizada del capítulo de pretensiones de la demanda, permite
colegir que la finalidad de la accionante es que se adopten medidas administrativas,
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que garanticen
la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y, como consecuencia de ello, se
garantice un flujo de recursos a favor de Air-E. (ver pretensiones 3.1.2.1. a 3.1.2.3.).

Asimismo, se tiene que el actor pretende que, por conducto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se realicen operaciones de crédito público, bien sea a
corto o largo plazo, el otorgamiento de garantías, y demás acciones necesarias para
el financiamiento del citado fondo. (ver pretensiones 3.2.2.1. a 3.2.2.6.).

Del mismo modo, busca que se ordene al Ministerio de Minas y Energía la
estructuración de soluciones económicas que garanticen la correcta operación del
Fondo Empresarial (ver pretensiones 3.3.2.1. a 3.3.2.3).

Lo anterior evidencia, sin mayores disquisiciones, que existe un componente de
gasto no presupuestado, pues no obra en el plenario medio de prueba alguno que
permita inferir razonablemente que las autoridades demandadas cuentan con una
partida destinada para lo acá solicitado.

Dicha situación fue advertida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en sus escritos de
contestación, en los cuales advirtieron que la acción de cumplimiento desbordaba
con creces su fin, pues, de por medio había un componente de política fiscal que no
era susceptible de estudio por esta instancia judicial.

Ahora bien, resulta pertinente aclarar que la decisión de primera instancia asumió
las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento como argumento para
negar las pretensiones de la demanda. En criterio de esta Sección, dicha solución
no atiende la normatividad y jurisprudencia vigente.

Lo anterior, por cuanto la negativa de la pretensión parte de la premisa que el
operador judicial superó todos los requisitos de procedencia, lo que impone abordar
el estudio de fondo del caso, a efectos de establecer si efectivamente existe un
mandato imperativo e inobjetable.

15 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de

octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de 2024,
expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023, expediente
25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente 25000-23-41-
000-2023-00528-01
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Demandante: Veeduría Ciudadana – Proceso Toma de Posesión
Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicado: 08001-23-33-000-2025-00321-01

En ese sentido, comoquiera que en el presente asunto se concluyó que el posible
acatamiento de las disposiciones invocadas conlleva un tema de gasto no
presupuestado, lo correcto es declarar la improcedencia de la acción y, por ende, se
revocará la sentencia de primera instancia en tal sentido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, para, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la acción de cumplimiento promovida por la Veeduría Ciudadana –
Proceso Toma de Posesión Air-E S.A.S. E.S.P. en Intervención, contra los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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