Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01520-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01520-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-01520-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01
Accionante: TERMONORTE S.A.S. E.S.P.
Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
OTROS
Tema: Revoca – rechaza y declara la improcedencia de la acción
por no superar el requisito de gasto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 22 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 6 de noviembre de 2025.
Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la empresa Termonorte S.A.
E.S.P., actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda contra el
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de obtener el cumplimiento de lo
previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley
1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de
la Ley 1955 de 2019, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado por los
artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y, iv) 2 del Decreto 381
de 2012, numerales 3 y 4.
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
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Accionante: Termonorte S.A.S. E.S.P
Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
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2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
[…]
Que promueva las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos
requeridos para la implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a
favor del Fondo Empresarial.
[…]
Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa
AIR-E S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención
de la SSPD, a fin de que AIR-E pueda encontrar mecanismos que le permitan
cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo
con los mecanismos dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de
2011, la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes.
[…]
Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo
Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los
Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se
apruebe y autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo,
las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda
pública, y las conexas con las anteriores, que sean necesarias para financiar el
Fondo Empresarial.
Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar
y desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.
Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar
el Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.
[…]
Que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA actúe como facilitador y coordinador
del proceso interinstitucional requerido para garantizar la sostenibilidad financiera
del Fondo Empresarial y la prestación continua del servicio público de energía en
los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Que participe activamente en la estructuración de las soluciones de
financiamiento requeridas por el Fondo Empresarial.
Que preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los
trámites internos necesarios para tal fin.
Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, al pago de las costas y agencias en derecho correspondientes.
[…]
1.2. Posición de la parte demandante
3. La empresa accionante señaló que AIR-E S.A.S. E.S.P. es una sociedad
cuyo objeto social consiste en la prestación de los servicios públicos de
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
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4. Refirió que dicha compañía radicó ante la Cámara de Comercio de
Barranquilla una solicitud de inicio de un Procedimiento de Recuperación
Empresarial (PRES) por tener afectaciones financieras.
5. Por lo anterior, el gobierno Nacional, en aras de atender la crisis
económica de AIR-E, adoptó las siguientes medidas: i) a través del Decreto 1637
de 2023, ordenó la creación de una línea de crédito a través de FINDETER, con
el objetivo de alivianar la situación financiera de la empresa y, ii) mediante la
Resolución No. 40611 DE 2023, el Ministerio de Minas y Energía (MME), por el
término de un mes, suspendió los procedimientos de cortos del suministro y
estableció como requisito la presentación de una certificación de FINDETER que
acreditara la radicación de una solicitud de crédito, conforme lo dispuesto en los
decretos 1637 y 1638 de 2023.
6. No obstante, el 10 de octubre de 2023, AIR-E retiró su solicitud de PRES.
Por lo tanto, se suspendió el procedimiento de reorganización y continuó con su
operación, con fundamento en las medidas implementadas por la mencionada
cartera ministerial.
7. Posteriormente, mediante la Resolución No. 40307 de 5 de agosto de
2024, el MME adoptó, como medida transitoria, la suspensión temporal del
procedimiento de limitación de suministro. Dicha decisión aplicaba para agentes
que: i) desarrollen integradamente las actividades de distribución y
comercialización; ii) atiendan usuarios ubicados en zonas definidas como
especiales y cuya demanda representa más del 30% del mercado; y iii) recuperen
saldos de la opción tarifaria. A su vez, señaló que dicha medida tendría una
vigencia transitoria hasta el 31 de agosto de 2024 o hasta la expedición de una
nueva regulación por parte de la CREG.
8. El 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), a través de la Resolución No. 20241000531665 de 2024,
ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de AIR-E, luego
de encontrar acreditadas las causales de intervención previstas en los numerales
1, 2, 3 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.
9. Luego, el 9 de enero de 2025, por medio de la Resolución No.
202151000004725 emitida por la SSPD, se dispuso que la modalidad de
intervención de la mencionada empresa sería con fines liquidatarios y ordenó una
etapa de «administración temporal». Esto, debido a que atraviesa una situación
financiera compleja que le dificulta el pago de las deudas existentes y las que
pudiese llegar a adquirir.
10. Por otra parte, la accionante manifestó que la administración temporal de
la empresa, aunque no está sometida a un plazo máximo, en principio debería
prolongarse mientras se adoptan las medidas que garanticen la continuidad del
servicio.
11. A su vez, puso de presente el grave deterioro financiero de AIR-E, dado
que se «generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las
obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones de pesos» y precisó
que ha habido una omisión sistemática de las entidades accionadas respecto al
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley, lo cual conlleva a
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generar un «exponencial riesgo» en toda la cadena de suministro de energía
eléctrica.
12. Finalmente, refirió que el 30 de julio de 2025 constituyó en renuencia al
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. En dicho escrito, les solicitó el cumplimiento
de lo previsto en «los artículos 2 y 365 de la Constitución Política, la Ley 142 de
1994, el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el artículo 247 de la Ley 1450 de
2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la
Ley 1955 de 2019, así como lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de
2019, los artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto
1369 de 2020, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 381 de 2012».
13. No obstante, señaló que, a la fecha de la prestación de la demanda, las
autoridades accionadas no dieron respuesta.
1.3. Posición de la parte demandada
14. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que si bien conoce
de la intervención con fines liquidatarios de AIR-E, ello no comporta un deber a
su cargo de otorgamiento de garantías o disposición de recursos a su favor.
Señaló que las disposiciones invocadas por la parte demandante son «normas
habilitantes» que no contienen un mandato ni le son exigibles, dado que dichas
acciones dependen de expedientes técnicos y de la concurrencia de otras
autoridades administrativas.
15. Por otra parte, señaló que las pretensiones de la demanda se traducen en
erogaciones presupuestales, compromisos de endeudamiento y asunción de
riesgos fiscales, lo cual deviene en improcedente la acción de cumplimiento, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
16. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
solicitó que se declare la improcedencia de la acción, debido a que el accionante
pretende que se obligue la disposición de recursos del Fondo Empresarial y a
viabilizar operaciones de crédito público a favor de AIR-E, actuaciones que
constituyen una orden directa de gasto, lo cual desborda el alcance de la acción
de cumplimiento.
17. Refirió que las competencias en materia fiscal y de crédito público recaen
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que es el único órgano
autorizado para ejecutar operaciones de crédito y otorgamiento de garantías.
18. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía señaló que las
disposiciones cuyo cumplimiento se solicita mediante se encuentran supeditadas
al cumplimiento de diversas condiciones.
19. Señaló que mediante el Oficio No. 2-2025-015044 del 5 de mayo de 2025,
le manifestó a la SSPD su preocupación sobre la situación económica de AIR-E,
con el fin de que se adoptaran los correctivos necesarios para que se permitiera
el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa a su cargo,
particularmente las relacionadas con el mercado mayorista de energía.
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20. En ese sentido, señaló que no ha incurrido en el incumplimiento endilgado
por la parte demandante, pues ha realizados esfuerzos para atender los
problemas financieros que enfrenta AIR-E.
1.4. Fallo de primera instancia
21. En sentencia del 22 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de
la demanda, debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento se pretende
mediante esta vía no contienen un mandato imperativo en cabeza de las
autoridades accionadas.
22. En ese sentido, señaló que dichas normas se refieren únicamente a
acciones que conllevan al fortalecimiento de las funciones que ejerce la SSPD,
como lo son la creación de fondos y las medidas de sostenibilidad financiera del
fondo empresarial. Por lo tanto, de su contenido no se desprenden ordenes
directas que puedan ser ejecutadas mediante acción de cumplimiento.
1.5. Impugnación
23. La parte accionante sostuvo que las disposiciones cuyo cumplimiento
solicitó sí contienen mandatos imperativos, claros e inobjetables en cabeza de
las autoridades demandadas, ya que «si el Estado decide ejercer sus facultades
de intervención, está constitucionalmente obligado a garantizar la continuidad,
eficiencia, y calidad del servicio, de conformidad con los artículos 365 y 367 de
la Constitución».
24. A su vez, señaló que las entidades accionadas «no pueden ejercer de
manera abusiva las facultades que les otorgan las disposiciones incumplidas. En
esta medida, todas las facultades que ejerce el Estado, a través de sus entidades,
entre ellas la activación de mecanismos de financiamiento a favor del Fondo
Empresarial, hacen parte de la función administrativa y deben excluir cualquier
decisión arbitraria, lógica e irrazonable. Una decisión con base en la cual no se
adopten medidas que permitan garantizar la prestación del servicio público
domiciliario por parte de una empresa de servicios públicos respecto de la cual
la SSPD ha ordenado su toma de posesión resultaría arbitraria, desproporcional
e irrazonable».
25. Por último, refirió que en los casos en los que el Estado ha decidido ejercer
sus facultades de intervención respecto de empresas de servicios públicos
domiciliarios, se deben activar los mecanismos de financiación previstos para el
Fondo Empresarial, lo cual constituye un «mandato mínimo imperativo»,
reconocido por la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
26. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se rechazará la demanda frete a los
numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y declarará la
improcedencia frente a lo demás. Para ello, analizará los siguientes aspectos: i)
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la constitución en renuencia y, ii) los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento.
2.1. Caso concreto
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia
27. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento5.
28. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
29. En este caso está probado que la demandante, el 30 de julio de 2025, le
solicitó al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a la Superintendencia de Servicios Públicos el cumplimiento de lo
dispuesto en «los artículos 2 y 365 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994,
el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el artículo 247 de la Ley 1450 de 2011,
modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley
1955 de 2019, así como lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019,
los artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del DUR, el numeral 29 del Decreto 1369 de
2020, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 381 de 2012». (Énfasis de la Sala)
30. No obstante, en la demanda se precisó que, frente al Decreto 381 de 2012,
persigue el cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 2 de dicha
disposición. En ese sentido, la Sala considera que la sociedad accionante no
agotó el requisito de la renuencia frente a los mencionados numerales, lo cual
impide que el juez constitucional estudie el fondo de sus pretensiones, con miras
a que se atienda lo establecido en los preceptos citados. Esto, teniendo en cuenta
que con el escrito remitido el 30 de julio de 2025 no logró satisfacer el citado
requisito de procedibilidad, dado que no solicitó ni identificó expresamente los
deberes incumplidos cuyo acatamiento solicita por esta vía7.
5 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
7 Al respecto, ver sentencia del 20 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2024-00672-01.
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31. Caso contrario ocurre frente a los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812
de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la
Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, así como iii) 312 de la Ley 1955
de 2019, reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082
de 2015. Pues, en efecto, el accionante sí solicitó el cumplimiento de las
mencionadas disposiciones en el escrito remitido a las accionadas.
32. En ese orden, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia
respecto de los artículos referidos en el numeral anterior y rechazará la demanda
respecto de los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012. Por lo
anterior, se revocará la sentencia de primera instancia para rechazar la demanda
frente a dichas disposiciones.
2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia
33. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)8.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
34. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
35. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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acción, debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento solicitó mediante esta
vía comportan un gasto no presupuestado.
Como se expuso previamente, la sociedad Termonorte S.A. E.S.P. solicitó el
cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de
2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley
1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019 y, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019,
reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015,
los cuales disponen lo siguiente:
LEY 812 DE 2003
ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar
la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como
patrimonio autónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus
veces, o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con
sus disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos
de liquidación ordenados por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante la financiación de los pagos para la satisfacción de los
derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y, en
general, de aquellos a los cuales se les terminen los contratos de trabajo. El fondo
también podrá financiar las actividades profesionales requeridas para prestar
apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y
desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.
A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el
parágrafo de la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual
participará, un representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno
de las Empresas de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las
contribuciones hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa.
En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.
LEY 1450 DE 2011
ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con
vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003,
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos
para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes
de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para
salvaguardar la prestación del servicio.
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Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01520-01
Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales
requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de
toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la
procedencia de dicha medida y las medidas preventivas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 142 de 1994.
Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las
empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de
posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a
largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva
operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y acrediten:
[…]
El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas
podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías
a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita
o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.
Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá
el cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las
operaciones de crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al
desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo
Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la
constitución de las contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni
los aportes al Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente
por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el
otorgamiento de garantías a su favor.
LEY 1955 DE 2019
ARTÍCULO 312. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte
medidas de financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos
y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la
constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos
créditos o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de
Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar estas
autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.
PARÁGRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del
Fondo Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades
estatales con recursos líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus
frutos.
DECRETO 1082 DE 2015
ARTÍCULO 2.2.9.4.7. Medidas de sostenibilidad financiera del Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para
efectos de la aplicación del artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se entenderán
como medidas de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas aquellas operaciones
de crédito público que lleve a cabo la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito
Público tendientes a que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
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Públicos Domiciliarios garantice la prestación del servicio público de energía en la
Costa Caribe.
Las medidas de sostenibilidad financiera incluirán operaciones de crédito público,
créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación, y garantías a las
mencionadas operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial
de las que tratan los siguientes artículos.
ARTÍCULO 2.2.9.4.8. Operaciones de crédito público. Las operaciones de
crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones
asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas
con las anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como
medidas de sostenibilidad financiera tendientes a garantizar la prestación del
servicio público de energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de
Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
deberá informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la
adquisición de sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
recepción de tales recursos.
ARTÍCULO 2.2.9.4.9. Créditos de Tesorería otorgados por la Nación. A través
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de
Tesorería al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Para la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de
sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio
público de energía en la Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al
oficio de solicitud de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público lo siguiente:
[…]
PARÁGRAFO 1. Los créditos otorgados directamente por la Nación a los que se
refiere el presente artículo se deberán destinar exclusivamente a financiar
necesidades de liquidez del flujo de caja de las entidades intervenidas y se
sujetarán a las autorizaciones establecidas en el artículo 2 .2.9.4.8 del presente
decreto; y los recursos obtenidos en virtud de dichos créditos se entenderán como
operaciones de financiamiento necesarias para asegurar la prestación eficiente del
servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa
Caribe del país, y en consecuencia tanto las autorizaciones relacionadas con
operaciones de crédito público como la gestión de dichos recursos se enmarca en
lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019.
PARÁGRAFO 2. Para los créditos de Tesorería otorgados directamente por la
Nación a los que se refiere el presente artículo, podrá operar la figura de la
novación, en los términos del artículo 1687 del Código Civil y siguientes, previa
aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PARÁGRAFO 3. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
solamente podrá otorgar los créditos de que trata el presente artículo cuando
exísta disponibilidad de recursos en el flujo de caja de la Nación.
PARÁGRAFO 4. Para efectos de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
respecto de los desembolsos efectuados por operaciones de créditos otorgados
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directamente por la Nación, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir la siguiente información dentro de
los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes a la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional:
1. Estado de la situación financiera y el estado de resultados de prueba
correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior y el flujo de caja de
tesorería para el año en curso, de la empresa de servicios públicos en toma de
posesión, con el detalle de los cambios significativos que se hayan presentado con
respecto a la información entregada en meses anteriores.
2. Certificación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
respecto de la destinación de los recursos desembolsados.
3. Certificación por parte del Agente Especial a cargo de la liquidación de la
empresa en toma de posesión de los siguientes indicadores de gestión: Porcentaje
de cobro, porcentaje de pérdidas de red estructurales, y porcentaje de exposición
en bolsa.
ARTÍCULO 2.2.9.4.10. Garantías de la Nación. La Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público podrá otorgar garantías a las operaciones de crédito
público que pretenda celebrar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios con terceros, como medidas de sostenibilidad
financiera de la que trata los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8, una vez se cumpla con
lo siguiente:
[…]
ARTÍCULO 2.2.9.4.11. Garantías, Contragarantías y Aportes al Fondo de
Contingencias. Las operaciones de crédito público celebradas por el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el
marco de la sostenibilidad financiera de que tratan los artículos 2.2.9.4.7. y
2.2.9.4.8 estarán exentas de la constitución de garantías, contragarantías y de la
obligación de realizar aportes al Fondo de Contingencias creado por la Ley 448 de
1998 de conformidad con el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019
36. De la lectura integral de las normas, se advierte que las disposiciones cuyo
cumplimiento solicita la sociedad accionante implican un gasto, dado que de su
contenido se desprenden operaciones de crédito público, constitución de
garantías y medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.
37. Por tal motivo, la acción resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el cual establece que la acción de
cumplimiento no puede perseguir la observancia de normas que generen
erogaciones. Esta disposición legal fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-157 de 1998, en la cual fue declarada exequible. Al respecto,
señaló lo siguiente:
En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que
ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo
debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse
a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por
lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso
o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
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recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.
38. En ese orden, y teniendo en cuenta que las disposiciones y pretensiones
puestas de presente en la demanda, esta Sala de decisión advierte que la
finalidad de la sociedad accionante es que: i) se ejecuten acciones
administrativas tendientes a la implementación de las medidas de sostenibilidad
financiera a favor del Fondo Empresarial y, como consecuencia, se le otorguen
recursos económicos a favor de AIR-E, ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público realice operaciones de crédito público y el otorgamiento de garantías
para su financiación y, iii) el Ministerio de Minas y Energía realice una
estructuración de soluciones económicas que garanticen la correcta operación
del Fondo Empresarial.
39. Lo anterior evidencia lo pedido mediante esta vía comporta un gasto no
presupuestado, dado que no obra en el expediente ningún medio de prueba que
permita inferir que dichas erogaciones cuentan con una partida presupuestal
destinada para lo solicitado mediante la presente acción9.
40. Así las cosas, esta sala revocará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, rechazará la demanda frente
a los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y declarará la
improcedencia frente a lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de octubre de 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
En su lugar, RECHAZAR la demanda frente a los numerales 3 y 4 del artículo 2
del Decreto 381 de 2012 y DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente a lo demás.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de noviembre de 2022. Rad. 08001-23-
33-000-2025-00321-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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