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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00342-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00342-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2025-00342-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00342-01
Accionante: ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.
Accionados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
OTROS
Tema: Confirma – declara la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de gasto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 14 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección B. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos
1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el
Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 12 de noviembre de
2025. Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos
previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la empresa Enfragen
Termoflores S.A.S. E.S.P., actuando por medio de apoderado judicial, presentó
demanda contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de obtener el
cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de
2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley
1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019,
reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015
y, iv) 2 del Decreto 381 de 2012, numerales 3 y 4.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]

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Accionante: Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P.
Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
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2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[…]

Que promueva las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos
requeridos para la implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a
favor del Fondo Empresarial.

[…]

Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa
AIR-E S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención
de la SSPD, a fin de que AIR-E pueda encontrar mecanismos que le permitan
cumplir con sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo
con los mecanismos dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de
2011, la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes.

[…]

Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo
Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los
Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se
apruebe y autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo,
las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda
pública, y las conexas con las anteriores, que sean necesarias para financiar el
Fondo Empresarial.

Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar
y desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.

Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar
el Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.

[…]

Que el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA actúe como facilitador y coordinador
del proceso interinstitucional requerido para garantizar la sostenibilidad financiera
del Fondo Empresarial y la prestación continua del servicio público de energía en
los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Que participe activamente en la estructuración de las soluciones de
financiamiento requeridas por el Fondo Empresarial.

Que preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los
trámites internos necesarios para tal fin.

Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, al pago de las costas y agencias en derecho correspondientes.

[…]

1.2. Posición de la parte demandante

3. La parte accionante señaló que AIR-E S.A.S. E.S.P. es una sociedad cuyo
objeto social consiste en la prestación de los servicios públicos de generación,
distribución y comercialización de energía eléctrica.

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4. Refirió que dicha empresa solicitó ante la Cámara de Comercio de
Barranquilla el inicio de un Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES)
por tener afectaciones financieras.

5. Por lo anterior, el gobierno Nacional, en aras de atender la crisis
económica de AIR-E, adoptó las siguientes medidas: i) a través del Decreto 1637
de 2023, ordenó la creación de una línea de crédito a través de FINDETER, con
el objetivo de alivianar la situación financiera de la empresa y, ii) mediante la
Resolución No. 40611 DE 2023, el Ministerio de Minas y Energía (MME), por el
término de un mes, suspendió los procedimientos de cortos del suministro y
estableció como requisito la presentación de una certificación de FINDETER que
acreditara la radicación de una solicitud de crédito, conforme lo dispuesto en los
decretos 1637 y 1638 de 2023.

6. Sin embargo, el 10 de octubre de 2023, AIR-E retiró su solicitud, razón por
la cual se suspendió el procedimiento de reorganización y continuó con su
operación, con fundamento en las medidas implementadas por el MME.

7. Posteriormente, mediante la Resolución No. 40307 de 5 de agosto de
2024, la mencionada cartera ministerial adoptó, como medida transitoria, la
suspensión temporal del procedimiento de limitación de suministro. Dicha
decisión aplicaba para agentes que: i) desarrollen integradamente las actividades
de distribución y comercialización; ii) atiendan usuarios ubicados en zonas
definidas como especiales y cuya demanda representa más del 30% del
mercado; y iii) recuperen saldos de la opción tarifaria. A su vez, señaló que dicha
medida tendría una vigencia transitoria hasta el 31 de agosto de 2024 o hasta la
expedición de una nueva regulación por parte de la CREG.

8. El 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), a través de la Resolución No. 20241000531665 de 2024,
ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de AIR-E, luego
de encontrar acreditadas las causales de intervención previstas en los numerales
1, 2, 3 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

9. Luego, el 9 de enero de 2025, por medio de la Resolución No.
202151000004725 emitida por la SSPD, se dispuso que la modalidad de
intervención de la mencionada empresa sería con fines liquidatarios y ordenó una
etapa de «administración temporal». Esto, debido a que atraviesa una situación
financiera compleja que le dificulta el pago de las deudas existentes y las que
pudiese llegar a adquirir.

10. Por otra parte, la accionante manifestó que la administración temporal de
la empresa, aunque no está sometida a un plazo máximo, en principio debería
prolongarse mientras se adoptan las medidas que garanticen la continuidad del
servicio.

11. A su vez, puso de presente el grave deterioro financiero de AIR-E, dado
que se «generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las
obligaciones corrientes, que superan los $500 mil millones de pesos» y precisó
que ha habido una omisión sistemática de las entidades accionadas respecto al
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley, lo cual conlleva a

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generar un «exponencial riesgo» en toda la cadena de suministro de energía
eléctrica.

12. Refirió que XM, en calidad de administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales, se ha abstenido de iniciar y aplicar los programas de limitación de
suministro contra AIR-E, a pesar de estar obligado a hacerlo, de conformidad con
las resoluciones No. CREG 116 de 1998 y 19 de 2006.

13. Indicó que el 30 de julio de 2025 constituyó en renuencia al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En dicho escrito, les
solicitó el cumplimiento de lo previsto en los «artículos 2 y 365 de la Constitución
Política, leídos en consonancia con el artículo 4 de la Ley 142 de 1994; el artículo
6 de la Ley 489 de 1998, leído en consonancia con el artículo 2 del Decreto 381
de 2012; el artículo 132 de la Ley 812 de 2003; el artículo el artículo 247 de Ley
1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y por el
artículo 16 de la Ley 1955 de 2019; el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019; los
artículos 2.2.9.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Planeación Nacional (en adelante, “DUR”); y el
numeral 29 del Decreto 1369 de 2020».

14. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el radicado 2-2025-
048299 del 8 de agosto de 2025, le informó a la empresa demandante que ha
adelantado mesas de trabajo en coordinación con el MME y la SSPD, con el fin
de estructurar una solución empresarial integral que beneficie a AIR-E. A su vez,
reiteró su compromiso relacionado con garantizar la prestación eficiente, continua
y sostenible del servicio público de energía eléctrica.

15. Por último, señaló que, a la fecha de la prestación de la demanda, el MME
y la SSPD no dieron respuesta a su solicitud.

1.3. Posición de la parte demandada

16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que ha actuado
dentro de sus competencias, dado que ha participado em mesas técnicas junto
con el MME y la SSPD, con el fin de buscar soluciones financieras para AIR-E.
Resaltó que elaboró el documento CONPES, con el que definirá las medidas
necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en la
región caribe.

17. Respecto a la renuencia, señaló que sí respondió oportunamente a la
solicitud de cumplimiento presentada por la parte demandante, lo cual descarta
la configuración de este requisito procesal. En consecuencia, considera que no
se cumple con los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento.

18. Además, refirió que las pretensiones de la demanda se traducen en
erogaciones presupuestales, compromisos de endeudamiento y asunción de
riesgos fiscales, lo cual deviene en improcedente la acción de cumplimiento, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

19. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
sostuvo que los hechos narrados en la demanda no tienen relación con su

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gestión, por lo que se atiene a lo que se pruebe dentro del proceso. A su vez,
señaló que la empresa demandante cuenta con otros mecanismos de defensa,
por lo que la acción de cumplimiento es improcedente.

20. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía sostuvo que las
disposiciones cuyo cumplimiento se solicita mediante se encuentran supeditadas
al cumplimiento de diversas condiciones.

21. Señaló que mediante el Oficio No. 2-2025-015044 del 5 de mayo de 2025,
le manifestó a la SSPD su preocupación sobre la situación económica de AIR-E,
con el fin de que se adoptaran los correctivos necesarios para que se permitiera
el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa a su cargo,
particularmente las relacionadas con el mercado mayorista de energía.

22. En ese sentido, señaló que no ha incurrido en el incumplimiento endilgado
por la parte demandante, pues ha realizados esfuerzos para atender los
problemas financieros que enfrenta AIR-E.

1.4. Fallo de primera instancia

23. En sentencia del 14 de octubre de 2025, la Sección B de Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró la improcedencia de la acción, debido a que
las normas cuyo cumplimiento se solicitó mediante esta vía no contienen un
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de las entidades demandadas.

24. Lo anterior, debido a que dichas disposiciones establecen facultades
discrecionales expresadas mediante el verbo rector «podrá», las cuales, además,
están sujetas a criterios técnicos, disponibilidad presupuestal y decisiones
administrativas.

25. Asimismo, sostuvo que la parte accionante cuenta con otros mecanismos
judiciales y administrativos como «el derecho de petición, los recursos de
reposición y apelación, la acción de tutela, la acción popular y el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho».

26. Finalmente, señaló que no se acreditó la existencia de un acto
administrativo incumplido por parte de las entidades demandadas, ni se identificó
con precisión el deber jurídico que pretendía hacer cumplir.

1.5. Impugnación

27. La parte accionante sostuvo que las disposiciones cuyo cumplimiento
solicitó sí contienen mandatos imperativos, claros e inobjetables en cabeza de
las autoridades demandadas, ya que «el financiamiento del fondo empresarial es
imperativo en un contexto de toma de posesión», circunstancia que ha sido
reconocida por la Corte Constitucional.

28. A su vez, señaló que en los casos en los que el Estado ha decidido ejercer
sus facultades de intervención respecto de una empresa de servicios públicos
domiciliarios, es su deber asegurar la prestación eficiente, de conformidad con el
artículo 365 de la Constitución Política. En ese sentido, la activación de

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mecanismos de financiación no es opcional cuando la continuidad de su
prestación está comprometida.

29. Por último, refirió que «la activación de los mecanismos de financiación a
favor del fondo empresarial es lo que se busca con esta acción de cumplimiento.
Como explicamos, la adopción de mecanismos de financiamiento se hace
imperativo en un contexto de intervención estatal de una empresa de servicios
públicos domiciliarios (en adelante “ESPs”), pues su adecuada financiación
permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario
de energía eléctrica, lo cual, como vimos anteriormente, constituye un mínimo
imperativo que debe exigírsele al Estado».

II. CONSIDERACIONES

30. La Sala confirmará la sentencia del 14 de octubre de 2025, proferida por
la Sección B de Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la
improcedencia de la acción. Para ello, analizará los siguientes aspectos: i) la
constitución en renuencia y, ii) los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento.

2.1. Caso concreto

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

31. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento5.

32. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.

33. En este caso está probado que la demandante, el 30 de julio de 2025, le
solicitó al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a la Superintendencia de Servicios Públicos el cumplimiento de lo
dispuesto en las normas cuyo cumplimiento solicita mediante esta vía. Para ello,
aportó las siguientes constancias:

5 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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34. A su vez, está acreditado que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante el radicado 2-2025-048299 del 8 de agosto de 2025, atendió la solicitud
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y le informó la parte demandante que ha adelantado mesas de trabajo en
coordinación con el MME y la SSPD, con el fin de estructurar una solución
empresarial integral que beneficie a AIR-E.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

35. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)7.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

36. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

37. La Sala confirmará la sentencia del 14 de octubre de 2025 dictada por la
Sección B de Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento, debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento
solicitó mediante esta vía comportan un gasto no presupuestado.

38. Como se expuso previamente, la sociedad Termonorte S.A. E.S.P. solicitó
el cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley 812 de
2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley
1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, iii) 312 de la Ley 1955 de 2019,
reglamentado por los artículos 2.2.9.4.7 a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015

7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
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y, iv) 2 del Decreto 381 de 2012, numerales 3 y 4, los cuales disponen lo
siguiente:
LEY 812 DE 2003

ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar
la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como
patrimonio autónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus
veces, o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con
sus disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos
de liquidación ordenados por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante la financiación de los pagos para la satisfacción de los
derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y, en
general, de aquellos a los cuales se les terminen los contratos de trabajo. El fondo
también podrá financiar las actividades profesionales requeridas para prestar
apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y
desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el
parágrafo de la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual
participará, un representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno
de las Empresas de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las
contribuciones hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa.
En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual
quedará así:

ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con
vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003,
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos
para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes
de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para
salvaguardar la prestación del servicio.

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales
requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de
toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la
procedencia de dicha medida y las medidas preventivas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 142 de 1994.

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Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las
empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de
posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a
largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva
operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y acrediten:

[…]

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas
podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías
a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita
o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.

Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá
el cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las
operaciones de crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al
desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo
Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la
constitución de las contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni
los aportes al Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente
por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el
otorgamiento de garantías a su favor.

LEY 1955 DE 2019

ARTÍCULO 312. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte
medidas de financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos
y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la
constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos
créditos o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de
Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar estas
autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.

PARÁGRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del
Fondo Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades
estatales con recursos líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus
frutos.
DECRETO 1082 DE 2015

ARTÍCULO 2.2.9.4.7. Medidas de sostenibilidad financiera del Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para
efectos de la aplicación del artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se entenderán
como medidas de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas aquellas operaciones
de crédito público que lleve a cabo la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito
Público tendientes a que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios garantice la prestación del servicio público de energía en la
Costa Caribe.

Las medidas de sostenibilidad financiera incluirán operaciones de crédito público,
créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación, y garantías a las
mencionadas operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial
de las que tratan los siguientes artículos.

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Accionados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00342-01

ARTÍCULO 2.2.9.4.8. Operaciones de crédito público. Las operaciones de
crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones
asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas
con las anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como
medidas de sostenibilidad financiera tendientes a garantizar la prestación del
servicio público de energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de
Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
deberá informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la
adquisición de sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
recepción de tales recursos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.9. Créditos de Tesorería otorgados por la Nación. A través
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de
Tesorería al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Para la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de
sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio
público de energía en la Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al
oficio de solicitud de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público lo siguiente:

[…]

PARÁGRAFO 1. Los créditos otorgados directamente por la Nación a los que se
refiere el presente artículo se deberán destinar exclusivamente a financiar
necesidades de liquidez del flujo de caja de las entidades intervenidas y se
sujetarán a las autorizaciones establecidas en el artículo 2 .2.9.4.8 del presente
decreto; y los recursos obtenidos en virtud de dichos créditos se entenderán como
operaciones de financiamiento necesarias para asegurar la prestación eficiente del
servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa
Caribe del país, y en consecuencia tanto las autorizaciones relacionadas con
operaciones de crédito público como la gestión de dichos recursos se enmarca en
lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019.

PARÁGRAFO 2. Para los créditos de Tesorería otorgados directamente por la
Nación a los que se refiere el presente artículo, podrá operar la figura de la
novación, en los términos del artículo 1687 del Código Civil y siguientes, previa
aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 3. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
solamente podrá otorgar los créditos de que trata el presente artículo cuando
exísta disponibilidad de recursos en el flujo de caja de la Nación.

PARÁGRAFO 4. Para efectos de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
respecto de los desembolsos efectuados por operaciones de créditos otorgados
directamente por la Nación, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir la siguiente información dentro de
los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes a la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional:

1. Estado de la situación financiera y el estado de resultados de prueba
correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior y el flujo de caja de
tesorería para el año en curso, de la empresa de servicios públicos en toma de
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posesión, con el detalle de los cambios significativos que se hayan presentado con
respecto a la información entregada en meses anteriores.
2. Certificación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
respecto de la destinación de los recursos desembolsados.
3. Certificación por parte del Agente Especial a cargo de la liquidación de la
empresa en toma de posesión de los siguientes indicadores de gestión: Porcentaje
de cobro, porcentaje de pérdidas de red estructurales, y porcentaje de exposición
en bolsa.

ARTÍCULO 2.2.9.4.10. Garantías de la Nación. La Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público podrá otorgar garantías a las operaciones de crédito
público que pretenda celebrar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios con terceros, como medidas de sostenibilidad
financiera de la que trata los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8, una vez se cumpla con
lo siguiente:

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.4.11. Garantías, Contragarantías y Aportes al Fondo de
Contingencias. Las operaciones de crédito público celebradas por el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el
marco de la sostenibilidad financiera de que tratan los artículos 2.2.9.4.7. y
2.2.9.4.8 estarán exentas de la constitución de garantías, contragarantías y de la
obligación de realizar aportes al Fondo de Contingencias creado por la Ley 448 de
1998 de conformidad con el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019.

DECRETO 381 DE 2012

ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. Además de las funciones definidas en la
Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás
disposiciones legales vigentes, son funciones del Ministerio de Minas y Energía,
las siguientes:

[…]

3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

4. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de
energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y
asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía.

39. De la lectura integral de las normas, se advierte que las disposiciones cuyo
cumplimiento solicita la sociedad accionante implican un gasto, dado que de su
contenido se desprenden operaciones de crédito público, constitución de
garantías y medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.

40. Por tal motivo, la acción resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el cual establece que la acción de
cumplimiento no puede perseguir la observancia de normas que generen
erogaciones. Esta disposición legal fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-157 de 1998, en la cual fue declarada exequible. Al respecto,
señaló lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
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sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que
ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo
debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse
a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por
lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso
o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.

41. En ese orden, y teniendo en cuenta que las disposiciones y pretensiones
puestas de presente en la demanda, esta Sala de decisión advierte que la
finalidad de la sociedad accionante es que: i) se ejecuten acciones
administrativas tendientes a la implementación de las medidas de sostenibilidad
financiera a favor del Fondo Empresarial y, como consecuencia, se le otorguen
recursos económicos a favor de AIR-E, ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público realice operaciones de crédito público y el otorgamiento de garantías
para su financiación y, iii) el Ministerio de Minas y Energía realice una
estructuración de soluciones económicas que garanticen la correcta operación
del Fondo Empresarial.

42. Lo anterior evidencia lo pedido mediante esta vía comporta un gasto no
presupuestado, dado que no obra en el expediente ningún medio de prueba que
permita inferir que dichas erogaciones cuentan con una partida presupuestal
destinada para lo solicitado mediante la presente acción8.

43. Así las cosas, esta sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por las razones aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de octubre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

8 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de noviembre de 2022. Rad. 08001-23-

33-000-2025-00321-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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