Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00528-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00528-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00528-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de octubre de 2023
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Min. de Defensa – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Rad: 25000-23-41-000-2023-00528-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00528-01
Accionante: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS
Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI
Temas: Revoca parcialmente la decisión de primera instancia. Rechaza
por no cumplir requisito renuencia- Confirma improcedencia pero
por otras razones
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
29 de junio de 2023, proferida por Sección Primera Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que decidió declarar improcedente la demanda de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. De acuerdo con la demanda, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas requiere que
la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa 1 de
cumplimiento a los artículos 14 y 79 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 238 de 1995;
1, 22, 33 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004.
1.2. Pretensiones de la demanda
2. El actor pretende que la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
«con el fin de garantizar los derechos, garantías, beneficios y prerrogativas adquiridas
en la legislación ordinaria Ley 100 de 1993 y 238 de 1995, como en la especial Ley
923 de 2004; teniéndose además que mediante el Decreto 4433 de 2004, se desarrolló
1 En adelante DIVRI
2 Numerales 2.4 y 2.6
3 Aunque el demandante no refiere este artículo, al revisar la demanda se encuentra que además de
los artículos que señala en el texto, transcribe el numeral 3.10 y 3.13 de la referida ley, los que
guardan relación con el tema que expone en el escrito.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Min. de Defensa – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
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el régimen de pensiones y asignaciones de retiro, se disponga con el fin de mantener
el derecho al poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y pensiones de invalidez
o sobrevivientes»:
1. [S]i aun no lo ha hecho (….) tomen las medidas necesarias para realizar a partir del
primero de enero del año dos mil veintitrés (01-01-2023) el pago de los reajustes por
actualización de todas las asignaciones de retiro de los afiliados a dicha entidad
pagadora, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor
equivalente al trece punto doce por ciento (13.12%), certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior (Año 2022).
2. Ordenar la liquidación y pago a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés
(01-01-2023) en las prestaciones sociales periódicas del personal retirado con
asignación de retiro o a sus beneficiarios, conforme al reajuste, según la variación
porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior (Año 2022), es decir lo equivalente al trece punto doce por
ciento (13.12%) sobre lo que actualmente se tenga reconocido.
3. Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones sociales periódicas del personal
retirado o con asignación de retiro o pensión, o a sus beneficiarios, conforme a la
diferencia que se causare entre el reajuste anteriormente indicado y lo fijado por el
Gobierno Nacional en los decretos que para tal fin expida, en la fecha de ocurrencia
de la novedad, ello, en complementaria aplicación del sistema de oscilación con el cual
se reajustan las asignaciones de retiro y pensiones en el régimen especial.
4. Ordenar a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva- DIVRI, adoptar las
medidas necesarias para que las asignaciones de retiro que dicha entidad reconoce y
paga, mantengan su poder adquisitivo constante, y en tal sentido, se reajusten
anualmente de oficio, primero (1º) de enero de cada año, según la variación porcentual
del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. Ello implica, adicionalmente el reajuste y pago de acuerdo a
las oscilaciones que se causen y que generen incrementos superiores a la inflación
causada del año inmediatamente anterior.
5. Ordenar que la entidad Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva-DIVRI-,
indexe las sumas retenidas en las mesadas de enero, febrero, marzo y demás, hasta
tanto se ponga fin al incumplimiento de actualización ordenado en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, por remisión expresa del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004.
6. Ordenar que la entidad Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI
divulgue la decisión adoptada, por los canales digitales con que cuenta esa entidad.
En la misma se solicita que el representante de la entidad pida excusas públicamente
por la negación y violación de los derechos solicitados en la presente acción de
cumplimiento.4
4 Transcripción literal, con posibles errores ortográficos.
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3. Hechos probados y/o admitidos
3. El accionante es beneficiario de la asignación de retiro de las fuerzas militares.
Ha efectuado reclamaciones de carácter personal, a la demandada en aras de obtener
el reajuste del valor mensual de la misma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14
de la ley 100 de 1993.
4. A su turno, requirió a la DIVRI para que se reajusten las pensiones y la asignación
de retiro de las fuerzas militares, conforme los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 42
del Decreto 4433 de 2004.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda
5. Por auto del 5 de mayo de 2023, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la acción de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar a la accionada y al agente del ministerio público.
1.3.2. Contestación de la demanda
6. El apoderado de la accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la misma deviene improcedente, por cuanto el actor puede acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para reclamar frente a la
negativa a las peticiones de ajuste a su asignación de retiro, actos administrativos de
carácter particular y concreto o en su defecto a la acción de tutela.
7. Señaló que, el actor no acreditó la constitución en renuencia de su representada,
siendo imposible determinar si se le respondió de fondo.
8. Frente al reajuste de la asignación de retiro indicó que el artículo 110 del Decreto
1213 de 1990, estableció el principio de oscilación, según el cual el incremento de
aquellas corresponde al de las asignaciones del personal en actividad.
9. Refirió un pronunciamiento de la Corte Constitucional5 en el que se explicó la
naturaleza jurídica de la asignación de retiro, según el cual «es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado
de especialidad (en requisitos) atendiendo la naturaleza especial del servicio y las
funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce (….)».
10. Advirtió que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los agentes retirados
no tenían derecho al reajuste de sus asignaciones conforme al artículo 14 de la misma,
sólo hasta la expedición de la Ley 238 de 1995 se dispuso que el ajuste de pensiones
y asignaciones de retiro se realizara con aplicación del sistema de variación anual del
5 C-432 de 2004
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IPC, como en el Sistema General de Pensiones de la mencionada Ley 100, pero sólo
si es más favorable dicho régimen que el especial, situación que no ocurre con el
demandante.
1.3.3. Decisión de primera instancia
11. En la sentencia del 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por considerar
que el actor cuenta con otro mecanismo judicial para resolver la disputa respecto del
incremento de la asignación de retiro del régimen especial de las fuerzas militares.
1.3.4. Impugnación
12. Para el accionante el a quo distorsionó las pretensiones de la demanda, ya que
lo perseguido es que se dé cumplimiento a las leyes 100 de 1993, 238 de 1995 y 923
de 2004, relacionadas con la actualización de las asignaciones de retiro, de acuerdo
con la inflación del año anterior.
13. Señaló que en la acción de cumplimiento debe prevalecer lo sustancial sobre lo
material, lo que a su juicio no tuvo en cuenta el Tribunal, pues el deber jurídico y el
mandato reclamados, se encuentran de manera precisa, clara y actual en los artículos
14 y 279 de la ley 100 de 1993; 1º. parágrafo 4 de la Ley 238 de 1995; 1, 2, 2.4, 2.6,
3.10, 3.13 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004, normas que se
encuentran vigentes.
14. Indicó que el deber perseguido está en cabeza del Ministerio de Defensa –
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI, quien respondió su petición,
constituyendo la renuencia. Razones por las que considera que su demanda cumple
con los requisitos exigidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado en este tipo
de acciones constitucionales.
15. Refirió que según el Tribunal, sus pretensiones se dirigieron a ordenar la
liquidación y pago de derechos pensionales, sin embargo, lo que quiere evidenciar es
que en las normas cuyo cumplimiento se reclama, se encuentra dispuesto para las
asignaciones de retiro, el reajuste anual de oficio, el 1 de enero de cada año, según
el IPC certificado por el DANE.
16. De ahí que lo que persigue es que la demandada, reajuste de oficio el 1 de enero
de cada año las pensiones de invalidez y sobrevivientes de acuerdo con el IPC, y las
normas invocadas como incumplidas.
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II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia del 29 de junio de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en
los artículos 3.º de la Ley 393 de 19976, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20119, y
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
18. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del
29 de junio 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual se resolverán los
siguientes problemas jurídicos:
19. ¿La parte actora constituyó en renuencia de la autoridad encargada del
cumplimiento de los artículos reclamados a través de la presente acción
constitucional?
20. De ser afirmativa la respuesta, ¿hay lugar a ordenar a la autoridad accionada que
dé cumplimiento a los artículos 14 y 79 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 238 de
1995; 1, 27, 38 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004?
2.3. Naturaleza de la acción de cumplimiento
21. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
6 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza
material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con
competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal
Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría.
El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman
la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras
entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará
en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado
7 Numerales 2.4 y 2.6
8 Aunque el demandante no refiere este artículo, al revisar la demanda se encuentra que además de
los artículos que señala en el texto, transcribe el numeral 3.10 y 3.13 de la referida ley, los que
guardan relación con el tema que expone en el escrito,
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caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».
22. En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «Toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
23. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
24. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el
inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.
25. Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).
26. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(art. 1.º)9.
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
9 Estoexcluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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su inminente incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a
la administración (art. 9.º).
2.4. De la renuencia
27. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de
la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud;de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
28. Al respecto esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
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cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [10]
(Negrillas fuera de texto).
29. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su cargade
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
30. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, «el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
31. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo,
«resulte contraria al querer del ciudadano»12
32. En el presente asunto, la parte actora reclama el cumplimiento los artículos 14 y
79 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 238 de 1995; 1, 2 13, 314 de la Ley 923 de 2004
y 42 del Decreto 4433 de 2004.
33. Revisado el expediente, se encuentra que mediante correo electrónico del 12 de
enero de 2023, dirigido a «Director@divri.gov.co»15, el actor solicitó al mayor ® JUAN
CARLOS BARRERA MEDINA «se dé cumplimiento y plena aplicación al mandato
definido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 concordante con lo definido en el
artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, en relación al reajuste de pensiones y
asignaciones de retiro de los integrantes de la Fuerza Pública»
34. Tal como se observa, el señor Arciniegas Rojas únicamente reclamó el
cumplimiento de dos de la totalidad de las normas que a las que hizo alusión en la
demanda de cumplimiento16, sin que se encuentre la respuesta de la demandada.
10 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
12 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
13 Numerales 2.4 y 2.6
14 Numeral 3.10 y 3.13
15 Al que se le asignó el radicado RE20230112PS000315, según el correo electrónico del 13 de enero
de 2023, dirigido al actor, en el que le informan que la recepción fue exitosa.
16 Artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto
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35. Entonces, al no haber constituido en debida forma la renuencia, se rechazará la
acción respecto de los artículos 79 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 238 de 1995;
1, 217, 318 de la Ley 923 de 2004. Frente a los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 42
del Decreto 4433 de 2004, se dará por superado el requerimiento y se procederá con
su estudio.
2.5. Procedencia de la acción de cumplimiento
36. Teniendo en cuenta lo señalado en precedencia, se abordará el estudio en
relación con la acción incoada respecto de las normas, frente a las cuales se agotó el
requisito de procedibilidad previsto en la ley.
37. Textualmente los artículos reclamados en cumplimiento disponen:
LEY 100 DE 1993
ARTICULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante,
se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al
salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo
porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
Parágrafo. El Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan
a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones de
renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta
ley cuando el aumento del salario mínimo mensual legal vigente sea superior a la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística para el respectivo año. El Gobierno nacional
determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos
de cobertura. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) otorgará aval fiscal para estas
coberturas
Decreto 4433 de 2004
Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones
de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el
mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En
ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal
mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley.
38. En síntesis, frente a estas normas el actor solicita que la entidad demandada a
través de la DIVRI reajuste la asignación de retiro en los términos dispuestos en el
17 Numerales 2.4 y 2.6
18 Numeral 3.10 y 3.13 de la referida ley
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Min. de Defensa – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI
Rad: 25000-23-41-000-2023-00528-01
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y se indexen las sumas retenidas en las mesadas
de enero, febrero marzo y demás, hasta que se dé fin al incumplimiento de
actualización ordenado en dicho artículo, a su juicio, por remisión del artículo 42 del
Decreto 4433 de 2004.
39. El Tribunal de Cundinamarca, declaró improcedente el mecanismo
constitucional básicamente por considerar que las pretensiones del actor son objeto
de debate a través de los mecanismos ordinarios contemplados en la ley, al tratarse
de la reclamación del incremento de la asignación de retiro de las fuerzas militares.
40. Por su parte el demandante en la impugnación advierte que pretende el reajuste
de oficio de la asignación de retiro, de acuerdo con el IPC del año anterior, a partir del
1 de enero de cada año.
41. Es preciso señalar que la asignación de retiro en las fuerzas militares es una
prestación de naturaleza económica producto del vínculo entre el Estado y los
miembros de la fuerza pública19, a la que tienen derecho aquellos que al cesar de
manera definitiva de la prestación de sus servicios cumplen los requisitos exigidos por
las normas que la rigen; es una de las formas en que se materializa el derecho a la
seguridad social en este sector.
42. Al revisar el contenido de las normas cuyo cumplimiento se exige, se observa
que en similares términos, recientemente la Sala conoció de un asunto presentado
por quien hoy funge como accionante, reclamando el acatamiento del mismo
articulado, pero frente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL-.
43. En dicha decisión20 se recordó que esta Colegiatura21 en lo que atañe al
reajuste de las asignaciones de retiro ha precisado que « si bien es cierto que el
reajuste de las asignaciones de retiro se realiza conforme con el principio de oscilación
regulado por la Ley 923 de 2004, artículo 3 numeral 3.1322, las asignaciones básicas
del personal de la Fuerza Pública están sujetas a los decretos que expide el Gobierno
Nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus
miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, conforme lo prescribe la Ley 4ª de 199223».
19 Suboficiales, Oficiales, soldados profesionales.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta. Octubre 19 de 2023. Radicado 25000-23-41-000-2023-00527-
01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil
21 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 18 de septiembre de 2020, Radicado núm.
13001-23-33-000-2014-00243-01. M.P. Germán Escobar González
22 que, como se indicó, señala que el incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los
miembros en servicio activo
23 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
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44. Frente al cumplimiento del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, se indicó que la
exigencia del cumplimiento de esta norma, implica gasto para la entidad, tal como de
manera pacífica lo ha señalado la Sala, citando la posición que de vieja data ha sido
adoptada:
[T]ambién dirá la Sala que esta acción es improcedente con base en el parágrafo de la
disposición anterior, según la cual “La Acción regulada en la presente Ley no podrá
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”, que es precisamente lo
que ocurre en el sub lite donde se pide la aplicación de normas jurídicas que conducen
necesariamente a que la entidad accionada incurra en gastos, derivados del pago de
unos reajustes pensionales causados según la demandante de años atrás con base en
el IPC. No es cierto, como lo sostiene la misma, que la aceptación de su petición no
implica gastos, ya que ello conduciría al pago de unas sumas de dinero, y porque la
Caja demandada elabora su presupuesto con base en el principio de oscilación y no
con fundamento en los incrementos anuales del IPC, dado que la última regla no la
viene acogiendo24.
45. Lo anterior evidencia que, en este asunto el análisis no puede ser distinto, pues
se trata de las mismas normas reclamadas, que tal como se analizó en aquella
oportunidad, conllevan erogación para la demandada. Textualmente se indicó:
Por tanto, se advierte que los preceptos que la parte accionante pide hacer cumplir,
pese a ser actualmente exigibles, conllevarían para la entidad demandada al pago de
unas sumas de dinero que no tendría presupuestadas, toda vez que, como lo
establecen las normas referidas, la Caja accionada debe atender al principio de
oscilación para realizar el incremento de las asignaciones de retiro y las pensiones a
su cargo y conforme a ello, debe estructurar su presupuesto y no con fundamento en
los incrementos anuales del IPC como lo sugiere el accionante25.
46. Por lo anterior, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal de
Cundinamarca, pero por las razones aquí expuestas, frente a las normas objeto de
estudio, ya que como se advirtió su cumplimiento conlleva a que la accionada incurra
en gastos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de junio de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en
su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento promovida por el señor Juan Carlos
24 Sentencia del 17 de marzo de 2011 Rad. 68001-23-31-000-2010-00739-01(ACU) MP. María Nohemí
Hernández Pinzón.
25
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Rojas Arciniegas, respecto de los artículos 79 de la Ley 100 de 1993; 1 de la Ley 238
de 1995; 1, 226, 327 de la Ley 923 de 2004 y DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de
la acción, en relación con los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto
4433 de 2004, pero por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364de 2012.
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27 Numeral 3.10 y 3.13 de la referida ley
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