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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00226-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00226-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2024-00226-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de enero de 2025

Demandante: Yolima Cárdenas Sanabria
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00226-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00226-01
Demandante: YOLIMA CÁRDENAS SANABRIA
Demandados: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Tema: Confirma decisión de primera instancia. Declara
improcedencia del mecanismo, por cuanto la norma implica
gasto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la
sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca al interior del proceso del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

La ciudadana Yolima Cárdenas Sanabria, actuando en nombre propio, promovió
demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento, dispuesta en el artículo 87 de
la Constitución Política y reglamentada en la Ley 393 de 1997, en contra del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que solicitó el acatamiento de lo
dispuesto en la Resolución 490 del 20 de diciembre de 20232

Conforme lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Se ordene y garantice el cumplimiento efectivo y de manera progresiva en el marco
de la vigencia fiscal de mediano plazo las condiciones técnicas, administrativas y
financieras de la Resolución 490 de 2023 expedida por el MADR, en pro de
garantizar la reactivación y continuidad de los procesos constructivos para la

1
Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia
2
Por la cual se establece, previamente programaciones presupuestales para el cierre de proyectos
del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda de Interés social y Prioritaria Rural, en el marco
del artículo 300 de la Ley 2294 de 2023, Ley Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia
Mundial de la Vida, para materializar 2642 SFVISR en los departamentos del Cauca, Caquetá,
Nariño y Putumayo.

1
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Demandante: Yolima Cárdenas Sanabria
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00226-01

materialización de los SFVISR, de la población vulnerable priorizada, que se
refieren así:

[…]

2. Se ordene la emisión de los actos administrativos complementarios que emitan
las directrices para el funcionamiento y operatividad de la resolución 490 de 2023,
de manera vinculante y expedita para las entidades otorgante, operadores y
ejecutores en garantía de la materialización de los SFVISR, de la población rural
vulnerable priorizada.

3. Se ordene un cronograma de actividad contractual, que permita realizar
seguimiento al cumplimiento de lo aquí resuelto, así como de las disposiciones
administrativas violentadas, en marco a brindar seguridad jurídica a la población
rural vulnerable priorizada en esta disposición administrativa.3

1.2. Hechos

La accionante explicó que, conforme la Ley 1537 de 20124, se estableció que el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendría a su cargo la formulación y
ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritaria rural, para lo cual
se acudiría a entidades operadoras contratadas por el Banco Agrario de
Colombia, en su calidad de otorgante de los subsidios.

Narró que entre el citado establecimiento de crédito y la Unión Temporal
Viviendas Nariño 2020 – Gerencia Integral 267, la cual, según afirma la señora
Cárdenas Sanabria, es su representante legal, se celebró el contrato C-GV2020-
002, negocio jurídico sobre el cual la contratista ha puesto en evidencia el
rompimiento del equilibrio económico de las prestaciones5.

Afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) estableció en los
parágrafos 2, 3 y 4 del artículo 255 la obligación en cabeza de la cartera ministerial
demandada de finiquitar los proyectos de vivienda de interés social rural.

Informó que, a partir de las mesas de trabajo adelantadas entre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario de Colombia, la Fiduagraria S.A.,
las Gerencias Integrales 265, 267, 272, 273 y 276, y el Consejo Regional Indígena
del Cauca, se expidió la Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023.

3
Transcripción original del texto con posibles errores.
4
Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a
la vivienda y se dictan otras disposiciones.
5
Al respecto, resaltó lo siguiente: «[…] derivada de los mayores costos ocasionados por los
efectos post pandemia, las condiciones climáticas que afectaron al país en el año 2022 y 2023 por
las condiciones hidrográficas y geográficas de las zonas de ejecución, así como las condiciones
sociales en los territorios derivados del conflicto armado que se presenta sobre las zonas de
intervención y la escalada de acciones que afectan el orden público y la seguridad de la población
y el contratista, que en cualquiera de los casos individualmente considerados han generado
afectaciones en los diferentes elementos de ejecución contractual, y que en todo caso resultan en
mayores costos no previsibles para el CONTRATISTA.»

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Precisó que dicho acto administrativo estableció una serie de compromisos a
cargo de la accionada, con el principal objetivo de culminar los proyectos de
vivienda de interés social rural correspondientes a las vigencias 2000-2019, lo
que implicaba una serie de desembolsos para lograr el cierre de programa de
vivienda.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervención

Inicialmente, en proveído del 24 de octubre de 2024, el a quo inadmitió la
demanda para que la actora acreditara que se agotó el requisito de constitución
en renuencia de la accionada.

Realizada la subsanación dentro de la oportunidad procesal correspondiente, por
auto del 30 de octubre de 2024, se admitió la acción constitucional y se ordenó
notificar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Explicó que la aplicación de la Resolución 490 de 2023 acarrea varios problemas
prácticos en cuanto a su aplicación, dado que, según indicó la Contraloría General
de la República, se profirió un acto administrativo carente del soporte
presupuestal y en contravía de la normatividad que rige la materia6.

Acotó que actualmente se están adelantando varias gestiones con el objetivo de
lograr el cierre efectivo del programa de vivienda, lo que conlleva establecer a
través de un proceso de auditoría la información necesaria respecto a los
subsidios que han sido otorgados.

Indicó que no se satisface el requisito de subsidiariedad establecido en el artículo
9 de la Ley 393 de 1997, toda vez que se reprocha el contenido normativo de la
Resolución 490 de 2023, lo cual daría lugar bien sea a la promoción del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6
Ver folios 20 a 36 del escrito de contestación, correspondientes al anexo 2. En dicho memorando
la Contraloría General de la República precisó: «Establecidos los antecedentes de trámite que
dan cuenta del cumplimiento de la metodología para el seguimiento permanente en ejercicio del
control fiscal concomitante y preventive, enunciados en el acápite anterior, este Despacho observa
que los lineamientos procedimentales previstos en los artículos 8 y 10 de la Resolución
Reglamentaria Orgánica 62 de 2023 se cumplieron a cabalidad y se observa la configuración de
varies riesgos identificados por la Contraloría General de la Republica sobre el Programa de
Vivienda de Interés Social Rural, permitiendo evidenciar, tal y como se ha sustentado a lo largo
del presente informe, actuaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de orden jurídico,
financiero y presupuestal, que afectarían de manera grave la adecuada gestión fiscal del propio
Ministerio y del Banco Agrario de Colombia S.A. Por lo tanto, las situaciones descritas, configuran
un riesgo al patrimonio público y a los derechos fundamentales de los beneficiaries del Programa
de Vivienda de Interés Social Rural, que pueden generar afectación negativa de bienes o intereses
patrimoniales de naturaleza publica bajo el criterio de excepcionalidad de connotación económica
de que trata el artículo 9 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 62 de 2023, necesarios para
determinar la viabilidad de efectuar el! pronunciamiento de advertencia.»

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En igual sentido, refirió que por tratarse de inconformidades relacionadas con la
ejecución del negocio jurídico suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y la
Unión Temporal Viviendas Nariño 2020 – Gerencia Integral 267, también tendría
cabida la promoción de la demanda de controversias contractuales.

Aunado lo anterior, puso de presente que la Resolución 490 de 2023 y su
cumplimiento conlleva intrínsecamente un gasto con cargo al presupuesto de la
nación, lo cual, conforme lo indicó la Contraloría General de la República,
conllevaría una trasgresión de los principios de la función administrativa.

Finalmente, respecto al fondo del asunto, puso de presente que la normatividad
objeto de la acción constitucional propiamente no contiene un mandato frente al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dado que su lectura permite inferir
que las instrucciones son dadas al Banco Agrario de Colombia.

1.4. Sentencia de primera instancia7

El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 20 de noviembre de 2024 en la que declaró improcedente la acción
de cumplimiento, por las siguientes razones:

Revisado el contenido de la Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023,
eminentemente se trata del cálculo de unos recursos que se requieren para el cierre
de proyectos, desembolso de una suma equivalente a $54.562.477.974,52 pesos
mcte, para la culminación del programa de vivienda de interés social rural para las
vigencias 2000-2019, sin que dicho monto esté consignado en el presupuesto
nacional o por lo menos así no fue demostrado.

Y aunque en ese acto administrativo se hayan efectuado proyecciones y de dónde
aparentemente se obtendrían los recursos, lo cierto es que el cumplimiento de ese
programa, al parecer tiene ciertas deficiencias en el manejo de los recursos, en el
desembolso de los dineros, en la ejecución de las obras y en su entrega total a
satisfacción.

[…]

Efectivamente, la norma alegada como incumplida por parte de esa cartera generan
o hacen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural requiera de más recursos
de los inicialmente previstos e incurra en un gasto que no está presupuestado, o
por lo menos no está demostrado que exista una apropiación en el presupuesto de
ese organismo para ello; por lo que no es del resorte de esta acción constitucional
pronunciarse frente a este tema.

La situación frente al manejo de los recursos inicialmente asignados y los que
adicionalmente se requieren para la conclusión del programa de subsidios a la
vivienda de interés social rural está requiriendo de un presupuesto mayor al que se
asignó inicialmente para el cumplimiento del programa y es el mismo Ministerio de
Agricultura, quien debe dirigir la solicitud pertinente para la apropiación de esos
recursos faltantes.

7
Índice 16 de Samai. Cuaderno de primera instancia

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La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 21 de noviembre de
2024 a través de correo electrónico.

1.5. Impugnación

En sentir de la señora Cárdenas Sanabria, el estudio realizado por el a quo no
analizó el trasfondo de las pretensiones sometidas a su consideración, dado que
no advirtió como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario
de Colombia han demostrado su falta de interés frente al contenido de la
Resolución 490 de 2023.

El hecho que las citadas entidades aleguen la ineficacia del acto administrativo o
la utilización de otros mecanismos conlleva que asuman competencias por fuera
del marco de sus funciones legales, pues lo dejan sin valor ni efecto alguno sin
siquiera la intervención judicial.

Por otro lado, evidenció que más allá del tema presupuestal que fundamentó la
decisión de primera instancia, se pretende que la Resolución 490 de 2023 se
mantenga incólume y, en consecuencia, se haga la apropiación de los recursos
correspondientes para su materialización.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la
ciudadana Yolima Cárdena Sanabria contra la sentencia de primera instancia del
20 de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125,
150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que accedió a la pretensión de cumplimiento. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplidas, correspondiente al
articulado de la Resolución 490 de 2023?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

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En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra en el deber
de acatar lo dispuesto en la parte resolutiva de la Resolución 490 de
2023?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia,
y iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la
Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas,
ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material
de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es

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omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del
texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)8

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por
tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al

8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el
actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener:
La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un
acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra
una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [9] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la
demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»10, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando
la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la

9
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del
24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.

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disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»11

En el presente caso, como anexo de la demanda se aportó el escrito presentado
por la señora Yolima Cárdenas Sanabria, en su calidad de representante legal de
la Unión Temporal Viviendas Nariño 2020 – Gerencia Integral 267, en el que
solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el cumplimiento de lo
ordenado en la Resolución 490 de 2023.

A su turno, se tiene que la cartera ministerial respondió la anterior solicitud
informando que no era procedente su acatamiento en estricto rigor, dado que se
presentaría una violación de las normas que regulan el tema del presupuesto. Del
mismo modo, precisó que se hace necesaria la realización de una auditoría que
permita establecer de manera clara el estado de los subsidios.

Finalmente, enfatizó que no se cuentan con los recursos económicos suficientes,
circunstancia que impone realizar la apropiación de éstos ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Conforme lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se encuentra
satisfecho el requisito de renuencia, en los términos de que trata el artículo 8 de
la Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

Como punto de partida, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las
cuales recae la pretensión de la demandante, en ese sentido, se itera, la actora
busca que se ordene a la demandada el cumplimiento de la Resolución 490 de
2023, la cual dispone lo siguiente:

RESOLUCIÓN 490 DE 2023
(diciembre 20)
por la cual se establece, previamente programaciones presupuestales para
el cierre de proyectos del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés social y Prioritaria Rural, en el marco del artículo 300 de la Ley 2294
de 2023, Ley Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la
Vida, para materializar 2642 SFVISR en los departamentos del Cauca,
Caquetá, Nariño y Putumayo.

RESUELVE:

Artículo 1°. Programación Presupuestal para Solicitudes de Cierre de
Programa de Vivienda de Interés Social Rural. Autorizar la programación
presupuestal para la culminación de los proyectos de Vivienda de Interés Social
Rural vigencias 2000-2019, presentadas por las Gerencias Integrales números 265,

11
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º
15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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267, 272, 273 y 276 que operan subsidios al Banco Agrario de Colombia S. A., con
cobertura en los departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo en el
marco del artículo 300 de la Ley 2294 de 2023, con cargo a los recursos que
conforman la unidad de caja facultada por la citada norma jurídica.

Artículo 2°. Autorización de Unidad de Caja para el Cierre del Programa de
Vivienda de Interés Social Rural. Autorizar al Banco Agrario de Colombia,
conforme a la previa programación presupuestal establecida en la presente
resolución, realizar desembolsos en los porcentajes establecidos en los manuales
operativos del Banco Agrario de Colombia, de la suma de hasta Cincuenta y un mil
ciento nueve millones novecientos sesenta y un mil ciento setenta y pesos con
ochenta centavos ($51.109.961.173,80), más administración equivalente al 6.95%
(GI 3.45% y BAC 3.5%) por valor total de Tres mil quinientos cincuenta y un millones
quinientos dieciséis mil ochocientos un pesos con cincuenta y tres centavos
($3.551.516.801,53), para un valor hasta un total de Cincuenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos
setenta y cuatro pesos con cincuenta y dos centavos ($54.652.477.974,52), de los
recursos disponibles en las cuentas bancarias del Banco Agrario de Colombia o de
las cuales que el Banco sea titular y que estén destinadas al programa de vivienda
de interés social rural vigencias 2000- 2019, con destino al cierre del programa de
VISR incluyendo los recursos por concepto de subsidios no materializados, objeto
de renuncias, excedentes generados por los recursos destinados al Programa,
rendimientos financieros contemplados en el artículo 300 de la Ley 2294 de 2023,
así como otras fuentes disponibles, de acuerdo con el principio de unidad de caja
previsto en el artículo 16 del Decreto número 111 de 1996 respecto de las
solicitudes identificadas en el artículo 1° de la presente resolución, de conformidad
con la Tabla número 1 y 3 de programación presupuestal, anexo a la presente
resolución.

Parágrafo. En caso de ser necesario y, una vez agotados los recursos disponibles
para atender los subsidios por parte del Banco Agrario de Colombia, se faculta al
referido Banco, acudir a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
conforme a los procedimientos vigentes, a los recursos disponibles en el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público en cuentas de valor líquido cero, acreedores u otros
conceptos respecto de las solicitudes de Cierre Financiero de los Subsidios
Familiares de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural, que ejecutan las
Gerencias Integrales indicadas anteriormente, en el marco del artículo 300 de la
Ley 2294 de 2023.

Artículo 3°. Desembolsos de Recursos para el Cierre de Programa de Vivienda
Rural. Los desembolsos de los recursos de que trata la presente resolución, serán
realizados por parte de la Gerencia de Vivienda Rural del Banco Agrario de
Colombia a más tardar, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la
radicación de las cuentas de cobro con sus respectivas subsanaciones si a ello hay
lugar. Los desembolsos 2 y 3 establecidos en el presente acto administrativo, se
realizarán una vez se cuente con el acta de entrega de las viviendas rurales en las
cantidades detalladas en la Tabla número 1. Los requisitos para los desembolsos
serán los establecidos en el presente acto administrativo o aquellos que según el
Banco Agrario de Colombia S. A., resulten más sencillos y ágiles para asegurar el
cumplimiento del cronograma de entrega de las soluciones de vivienda de interés
social rural en las modalidades de vivienda nueva o mejoramiento contenidas en la
presente resolución.

Los recursos transferidos por parte del Banco Agrario de Colombia S. A., serán
depositados en las cuentas bancarias proporcionadas por parte de las Gerencias
Integrales números 265, 267, 272, 273 y 276, de conformidad con la certificación
aportada a la entidad otorgante.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolima Cárdenas Sanabria
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00226-01

Artículo 4°. Cierre de Proyectos con Subsidios de Vivienda de Interés Social
Rural que Figuran como Entregados. En los casos de subsidios familiares de
vivienda de interés social rural que se incluyan en las solicitudes de cierre financiero
de los proyectos y que figuren en sistemas de información en estado entregadas a
los beneficiarios, requieren una justificación específica por parte de la gerencia
integral ante la entidad otorgante, que dé cuenta de la desfinanciación o las
obligaciones o pasivos pendientes de atenderse a causa de la entrega de la obra.
Entre tanto se atienden las observaciones específicas, la entidad otorgante podrá
realizar los desembolsos sobre las solicitudes de culminación de los subsidios que
no ofrezcan dicho tipo de observaciones.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

El parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no será procedente respecto a aquellas normas que comporten un
gasto, disposición legal que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en
la sentencia C-157 de 1998 y en la que se declaró exequible. Al respecto, se
indicó lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a
costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo
demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso
o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.

Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de
este dentro del presupuesto12.

Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal puede
ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una
vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en
estos casos, en los cuales, la pretensión de cumplimiento devendrá procedente.

12
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de
octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de
2024, expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-00528-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Yolima Cárdenas Sanabria
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00226-01

Por otro lado, no sobra indicar que dicha improcedencia no encuentra asidero
única y exclusivamente en las afirmaciones que realizó el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural en su intervención, sino que estas se encuentran reforzadas
por la Contraloría General de la República quien advirtió sobre las irregularidades
fiscales relacionadas con la Resolución 490 de 202313. En ese sentido, el ente de
control precisó lo siguiente:

Por lo tanto, lo resuelto no cuenta con respaldo presupuestal y financiero que pueda
llevar a cabo los compromisos y desembolsos en cuantía de $54,652,477,974,52.

[…]

Por cuanto los recursos que se encuentran en el Tesoro Nacional conforme a
decisiones de política macroeconómica, denominados “en cuentas de valor liquido
cero”, son recursos monetarios que respaldan los subsidios otorgados por el Banco
Agrario de Colombia S.A. en las vigencias 2000 a 2017 por lo que la titularidad de
tales recursos corresponde a los beneficiaries de los subsidios de vivienda de
interes social rural y por lo tanto, no puede disponer de estos recursos para financiar
las viviendas de otros beneficiarios, porque corresponden al reconocimiento por
parte del Estado del derecho a una vivienda digna, efectuado de forma
individualizada y mediante acto administrative particular.

[…]

Por lo que se establecen condiciones de desembolsos sin la existencia de respaldo
presupuestal de la totalidad de los recursos y que modifican las condiciones
contractuales que en algunos de los contratos de administración de gerencias
integrales señala que el tercer desembolso se efectuara con la terminación o
liquidación del contrato. Además, en cada contrato de administración de gerencia
integral se establecieron porcentajes de ejecución de obra, interventoría y trabajo
social para proceder a efectuar el segundo o tercer desembolso, por lo tanto, no es
viable generalizar ni determinar desembolsos automáticos, si no se ha verificado e!
recibo a satisfacción de un porcentaje de viviendas entregadas a los beneficiaries
para proceder al giro de recursos, junto con el cumplimiento de los componentes
de interventoría y trabajo social.

En suma, la Sala concluye que el acatamiento de la Resolución 490 de 2023,
proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conlleva un gasto del
cual no se encuentra medio de prueba que permita colegir que esté
presupuestado y, en consecuencia, torna improcedente el mecanismo
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

13
Ver anexo 3 del escrito de contestación de la acción de cumplimiento, documento aportado por
la demandada dentro de la oportunidad procesal correspondiente para ello.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Yolima Cárdenas Sanabria
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00226-01

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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