Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01127-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01127-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-01127-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
16 de noviembre de 2023
Demandante: Heyder Fabián Gómez Pinto
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
Rad: 25000-23-41-000-2023-01127-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01127-01
Demandante: HEYDER FABIÁN GÓMEZ PINTO
Demandados: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS
Temas: Revoca decisión que accede a pretensiones de la
demanda, para declarar la improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por las entidades demandadas contra
la sentencia del 27 de septiembre de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Heyder
Fabián Gómez Pinto, actuando en nombre propio, presentó demanda contra el
Ministerio de Educción Nacional, el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la
cual formuló las siguientes pretensiones:
SEGUNDO: ORDENAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DANE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION DNP REGLAMENTAR LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DEL ESTADÍSTICO DE LA QUE TRATA EL ARTICULO 15 DE LA LEY
379 DE 1997 MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE HAYA LUGAR.
TERCERO: DE ACUERDO CON LA SEGUNDA PETICIÓN, ORDENAR AL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION DNP, NOTIFICARME DE LOS REQUISITOS QUE DEBO CUMPLIR PARA
ACCEDER A LA TARJETA PROFESIONAL DE LA QUE TRATA EL ARTICULO 15 DE LA
LEY 379 DE 1997.
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Demandante: Heyder Fabián Gómez Pinto
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
Rad: 25000-23-41-000-2023-01127-01
CUARTO: ORDENAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DANE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION DNP COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EL CONSEJO
PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA DE LA QUE TRATA EL ARTICULO 14 DE LA LEY 379
DE 1997 Y DE IGUAL MODO SE ME EXPIDA COPIA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE OPERTIVIDAD DEL MISMO.1.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
La parte actora afirmó que es profesional en «Estadística», titulado y formado
en la Universidad Santo Tomás de Colombia.
En Oficio con radicado 2021120000341P del 17 de septiembre de 2021, el
DANE le informó al actor, en relación con la solicitud del 6 de septiembre de esa
anualidad, en la que pidió a) copia magnética de las actas del Consejo
Profesional de Estadística de los años 2019, 2020 y 2021 de que trata el artículo
14 de la Ley 379 de 1997; y b) copia del procedimiento administrativo conforme
con los artículos 15 y 18 de la citada ley, que si bien la primera de las
disposiciones establece que esa entidad hace parte del Consejo Superior de
Estadística, el que lo lidera es el Ministerio de Educación Nacional, según lo
prevé el artículo 1.º de esa normativa, razón por la que se remitió la petición a
ese ente ministerial.
Mediante Oficio con radicado 20221200003801T del 18 de julio de 2022, el
DANE le comunicó al accionante que:
[S]i bien es cierto que el DANE se encuentra dentro de las entidades a que hace referencia
la ley 379 de 1997, también es cierto que, dentro de la misionalidad, funciones y objetivos
del DANE, no se encuentra enmarcada la de reglamentar el ejercicio de la profesión de
estadístico.
No obstante, es preciso resaltar que la ley 379 de 1997 ordena la regulación del ejercicio
de una profesión, asunto que es competencia del Ministerio de Educación Nacional, y por
lo tanto es quien está llamado a producir las normas reglamentarias pertinentes, como ha
sucedido en otras ocasiones con la reglamentación de profesiones como la del economista,
el ingeniero, el biólogo, entre otras, [...]
De conformidad con lo expuesto, y por tratarse precisamente de la profesión estadística, el
DANE se encuentra en total disposición para trabajar de manera conjunta con las entidades
a que hace referencia la ley 379 de 1997, por lo tanto, enviaremos copia del presente oficio
al Ministerio de Educación Nacional - MEN, al Departamento Nacional de Planeación - DNP
y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, y les
reiteraremos nuestra disposición para participar en las sesiones de trabajo que
consideren2.
El 3 de enero de 2023, con Oficio con radicado 2023200000021T del 3 de enero
de 2023, el DANE le manifestó al actor que se le reiteraba la respuesta brindada
1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Demandante: Heyder Fabián Gómez Pinto
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
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en los radicados No. 20202110213951 del 17 de septiembre de 2021 y
20221200003801T del 18 de julio de 2022.
Señaló que el 12 de mayo de 2023, mediante escritos con referencia «Derecho
de Petición – Artículo 23 de la Constitución Política – Solicitud Cumplimiento
Norma. Ley 379 de julio 9 de 1997 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Estadístico reconocida por el Ministerio de Educación Nacional”»
le solicitó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al
Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Educación Nacional
«Poner en funcionamiento el “Consejo Profesional de Estadística” del cual trata
el Articulo 14 de la Ley 379 de 1997 […] Crear Procedimiento Administrativo del
que trata el Articulo 15 Numeral a y b de la Ley 379 de 1997» 3.
El DANE a través del Oficio con radicado 20231200002381T del 30 de mayo de
2023, respondió al señor Gómez Pinto, que se reiteraba lo manifestado en los
radicados 2021120000341P del 17 de septiembre de 2021, 20221200003801T
del 18 de julio de 2022 y 2023120000021T del 3 de enero de 2023, y en virtud
del artículo 19 de la Ley 1755 de 2015, le repitieron que para que el Consejo
Profesional de Estadística, «pueda cumplir con las funciones establecidas en el
artículo 15 de la Ley 389 de 1997, especialmente las señaladas en los literales
a y c, se debe reglamentar de forma previa el modelo de financiación y el manejo
del presupuesto de inversión de los fondos que recaudarán los derechos de
expedición por la matrícula profesional».
Por su parte el DNP en Oficio con radicado 20233200347481 del 30 de mayo
de 2023, le informó al actor que:
[E]n el marco de lo dispuesto por el Decreto 1893 de 2021 “Por el cual se modifica la
estructura del Departamento Nacional de Planeación”, no se contemplaron dentro de este
cuerpo normativo funciones relacionadas con la Ley 379 de 1997 y de manera específica
no se dispuso función alguna con relación con lo establecido en los literales a) y b) del
artículo 15 de la ley 379 de 1997.
Habida consideración de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación carece de
competencia para pronunciarse en relación con aspectos que tengan que ver con el inicio
del funcionamiento del “Consejo Profesional de Estadística” o, sobre lo dispuesto en los
literales a) y b) del artículo 15 de la Ley 379 de 1997, razón por la cual, se dio traslado de
su petición al Ministerio de Educación Nacional con la finalidad de que sea atendida su
solicitud en el marco de las competencias legales en cabeza de ese ministerio4
El Ministerio de Educación Nacional en Oficio con radicado 2023-EE-130655
del 5 de junio de 2023, la explicó al accionante que «carece de competencia
para pronunciarse de fondo respecto del funcionamiento del Consejo Nacional
de Estadística o para remitir información que sea de su resorte» por lo que le
precisó que el Departamento Nacional de Estadística, es la entidad
3 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
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funcionalmente competente para resolver las inquietudes y situaciones
planteadas.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
Por auto del 6 de junio de 2023, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad
de Bogotá, admitió la demanda y ordenó la notificación al Ministerio de
Educación Nacional, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y
al Departamento Nacional de Planeación.
El 7 de julio de 2023, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá profirió
sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar
que «se satisfacen los presupuestos para ordenar el cumplimiento de la norma,
específicamente en lo requerido, esto es, el cumplimiento de la Ley 379 de
1997, en sus artículos 14 y 15, pero también en su conjunto o integridad, en la
medida que el no funcionamiento o la inoperatividad del Consejo Profesional de
Estadística, conlleva el incumplimiento de toda la norma legal».
Mediante proveído del 19 de julio de 2023, el Juzgado concedió la impugnación
presentada por el DANE, el DNP y el Ministerio de Educación Nacional, contra
el fallo del 7 de julio de 2023 y ordena la remisión del expediente al superior.
A través de providencia del 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declara la nulidad de la
sentencia del 7 de julio de 2023 y la concesión del recurso, al encontrar
configurada la falta de competencia funcional y avoca conocimiento del asunto
y ordena que, ejecutoriada la decisión, el expediente pase al despacho para
proferir sentencia.
4. Contestación de la demanda
4.1. Departamento Nacional de Planeación
El apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que
se negará la acción de la referencia.
Precisó que a la solicitud presentada por el actor no se le puede dar el alcance
de constitución en renuencia «ya que en concreto ha solicitado que a través del
derecho de petición se reglamente o materialice el contenido de una ley», de lo
que se demuestra que la respuesta que dio la administración, «lejos de ser
constitutiva de una ratificación en el incumplimiento del deber legal, lo que
demuestra es que el Departamento Nacional de Planeación no tiene asignada
la función que persigue el accionante mediante la demanda de la referencia».
Explicó que para que el demandante pueda exigir al DNP lo pretendido en la
demanda, se requiere que exista un deber incumplido en cabeza de la autoridad
competente, situación que no ocurre en la presente controversia.
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4.2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
La apoderada judicial del DANE se opuso de las pretensiones de la demanda,
porque el medio de control es improcedente y la entidad no ha sido renuente a
lo dispuesto en las normas cuyo cumplimiento se reclama, como tampoco ha
vulnerado el derecho fundamental de petición del actor.
Adujo que los juzgados administrativos no tienen competencia para conocer del
medio de control de cumplimiento cuando la demanda se dirige contra entidades
del orden nacional, como en este asunto, por tanto, conforme con lo previsto en
el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá, carece de competencia para conocer y tramitar este
mecanismo constitucional.
Resaltó que los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997, no establecen un
mandato imperativo, inobjetable, preciso y exigible, por lo que su obligatoriedad
no resulta evidente, en tal virtud no puede predicarse incumplimiento alguno por
parte de ese departamento, máxime que solo prevé que el DANE es un
integrante del Consejo Profesional de Estadística, «sin embargo, éste no es
perentorio pues no se establece que este se debe conformar en un tiempo
determinado, por lo que no es exigible por vía de la acción de cumplimiento».
Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado5 ha indicado que «es
indispensable que los mandatos sean lo suficientemente precisos en cuanto a
la clase de obligación y la autoridad obligada a acatarla o aplicarla, sin que ello
sea objeto de cuestionamiento alguno. Porque si el que se considera un deber
está siendo discutido por los canales legales, sobre el mismo no podrá
impartirse ninguna orden, por carecer de su carácter imperativo e inobjetable».
Destacó que si bien la conformación del Consejo Profesional de Estadística,
(artículo 14 de la Ley 379 de 1997), no tiene objeción, su funcionamiento y
operación (artículo 15 ibídem) si la tienen, ya que para que se pueda cumplir
con el objeto de expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos
y otorgar las respectivas certificaciones, se requiere de la creación de una
oficina o dependencia al interior de alguna de las entidades que lo conforman,
que se encargue de la ejecución de estos trámites (instalación de una sede,
infraestructura, organización de su secretaría ejecutiva, conformación del
personal de apoyo y logístico, etc.), así como de reglamentar el manejo de los
recursos recaudados por los derechos de expedición y establecer el
presupuesto de inversión, lo cual implica crear un gasto adicional, que a la fecha
no está presupuestado para ninguna de las entidades vinculadas.
5 La apoderada del DANE, citó: Consejo de Estado, sentencia del 16 de junio de 2011.
Expediente 88001-23-31-000-2010-00019-01; y sentencia del 3 de septiembre de 2014, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
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Afirmó que según el artículo 18 de la citada ley, si bien el Departamento Jurídico
de la Dirección Nacional de Planeación y el DANE, conocerán sobre el
incumplimiento de uno o cualquiera de los artículos previstos en esa norma, es
necesario reglamentar esta función al interior de las entidades, pues en ese
Departamento tendría que modificarse el Decreto 111 de 20226, toda vez, «que
las funciones de las dependencias de una entidad no pueden exceder el objeto
de ella misma, lo cual no solo es una consecuencia de la organización
administrativa del Estado […]».
Precisó que de acuerdo con el parágrafo del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
la acción de cumplimiento no es procedente para perseguir el acatamiento de
normas que establezcan gastos a la administración, sin que se haya asignado
la partida correspondiente en el presupuesto, en aras de respetar el principio
constitucional de apropiación del gasto público, que ha sido definido como aquel
en el que incurre el Estado, con el objeto de lograr sus fines, por lo que en el
marco de este mecanismo constitucional, «facultar al juez para que el gasto
previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que
en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal y vulnera
los principios de planeación y legalidad del gasto público»7.
Destacó que el cumplimiento del artículo 15 de la Ley 379 de 1997 genera
erogación presupuestal, en cuanto supone que sean asignados recursos para
el funcionamiento del Consejo Profesional de Estadística, pues se necesita
instalación de una sede, infraesctructura, conformación del personal de apoyo,
etc., que genera previamente la apropiación del presupuesto, la asignación de
los recursos y demás erogaciones para el efecto, lo que tornan improcedente
este medio de control.
Sostuvo que el actor pretende ejercer la potestad reglamentaria del artículo 15
de la Ley 379 de 1997, lo que resulta improcedente, «pues a través del ejercicio
del citado Medio de control no se puede ordenar la reglamentación de esta Ley,
por cuanto ésta no se encuentra supeditada a un límite temporal fijado por el
legislador y, en todo caso, por razones de conveniencia y oportunidad está
sujeta a la discrecionalidad del Gobierno Nacional; ámbito que no puede invadir
el operador judicial».
Agregó que dentro de las funciones del DANE no está la de reglamentar el
ejercicio de la profesión de estadístico, sobre el particular, recordó que la
administración está sujeta al desarrollo de sus actividades al ordenamiento
jurídico, por tal razón, todos los actos y decisiones que profiera, así como las
actuaciones que realice, deben ajustarse al principio de legalidad, pues ninguna
autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuye la
Constitución y la ley.
6 «Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y se dictan otras disposiciones»
7 Al respecto, citó la sentencia C157 de 1998 de la Corte Constitucional
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4.3. Ministerio de Educación Nacional
El apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, por
improcedentes, en la medida que dentro de su competencia no está la de
atender las previsiones de los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997, para
reglamentar la expedición de la tarjeta profesional de estadístico, establecer los
requisitos para acceder a la tarjeta profesional y mucho menos poner en
funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística, por lo que alegó la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que en ninguno de los apartes de la norma invocada como incumplida se
le endilga al ente ministerial poner en funcionamiento el Consejo Profesional de
Estadística, distinto es que tenga asiento en dicho Consejo.
Destacó que, la Dirección Nacional de Planeación y el Departamento Nacional
de Estadística son las entidades funcionales y técnicamente competentes, para
atender las inquietudes deprecadas por el accionante.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en
sentencia del 27 de septiembre de 2023, ordenó al Ministerio de Educación
Nacional, al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística que en el término improrrogable de seis
meses dieran cumplimiento a los artículo 14 y 15 de la Ley 379 de 1997, «y en
consecuencia, definan, reglamenten, integren, implementen y pongan en pleno
funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística y la reglamentación y
expedición de la matrícula profesional de estadística», al considerar que:
[E]l mandato legal es imperativo, exigible, claro y expreso como quiera que impone las
obligaciones de hacer, organizar, implementar, reglamentar, conocer, expedir, entre otras,
a entidades nacionales administrativas individualizadas en forma concreta y particular. Las
destinatarias de la norma están expresamente determinadas en el Ministerio de Educación
Nacional, el DANE y el DNP; y de estas dos últimas les asigna a sus departamentos
jurídicos, lo que no implica que son las únicas que deben hacerlo, conocer sobre el
incumplimiento de la Ley, una vez esta comience a aplicarse, asunto que desobedecen -
Acatar el mandato legal- las tres entidades estatales.
[...]
[L]os artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997 constituyen un mandato claro, expreso y
exigible, obligación que se asimila a la potestad reglamentaria del artículo 189.11 de la
Constitución Política, por cuanto se les impuso a las demandadas la obligación de poner
en funcionamiento la reglamentación del ejercicio de la profesión de estadístico y del
Consejo Profesional de Estadística y definir los aspectos restantes y adicionales a la
creación normativa que la Ley ya hacía; de ahí que las autoridades demandadas no pueden
excusar su incumplimiento en inexistentes vacíos normativos que de manera equivocada
aducen, máxime cuando la Ley, fuente de la obligación, prescribe los elementos necesarios
para que adopten y lo pongan a funcionar.
Se encuentra entonces que la acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de
la potestad reglamentaria en lo que corresponde para completar el fundamento jurídico que
garantice y entre en actividad el Consejo que aún no existe, pese a que han transcurrido
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más de 25 años de estatuida la obligación; se concluye entonces que se prueba la
conjunción de los presupuestos exigibles para ordenarles a las entidades que materialicen
el contenido de las disposiciones invocadas en la creación y puesta en funcionamiento del
Consejo Profesional de Estadística. En razón a ello, se fijará un plazo prudencial y
razonable de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para que
adelanten todas las gestiones y procedimientos administrativos que correspondan y
cumplan con la orden impuesta».
6. Las impugnaciones8
6.1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
La apoderada judicial del DANE solicitó que se revocara la sentencia del 27 de
septiembre de 2023, y en su lugar, se negaran las pretensiones del medio de
control de cumplimiento.
Reiteró que si bien la conformación del Consejo Profesional de Estadística, no
tiene objeción, su funcionamiento y operación sí, ya que para que se pueda
cumplir con el objeto propuesto por la ley de expedir la matrícula a los
profesionales que llenen los requisitos y otorgar las respectivas certificaciones,
se necesita de la creación de una oficina al interior de alguna de las entidades
que conforman el Consejo, encargada de la ejecución de estos trámites.
Sostuvo que reglamentar el manejo de los recursos recaudados por los
derechos de expedición para establecer el presupuesto de inversión, implica la
creación de un gasto adicional que a la fecha no está presupuestado en ninguna
de las entidades demandadas.
Insistió que, como en el artículo 18 de la norma invocada, se prevé que el
Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Planeación y el
Departamento Nacional de Estadística, conocerán sobre el incumplimiento de
uno o cualquiera de los artículos de la Ley 379 de 1997, conlleva reglamentar
esta función al interior de las entidades accionadas y para el caso del DANE
habría que modificar el Decreto 262 de 2004, que varió la estructura de ese
ente, en razón a que las funciones no se contempla ese deber, y las
dependencias no pueden exceder el objeto que tienen.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que este medio de control es
improcedente, en cuando las normas invocadas persiguen gastos para la
administración que no están previstos en su presupuesto, ni hay partida que
permita su ejecución, pues hacerlo así, quebrantaría el sistema presupuestal de
las entidades y vulneraría los principios de planeación y legalidad del gasto
público.
8 La sentencia del 27 de septiembre de 2023, fue notificada electrónicamente el 2 de octubre de
2023 y los escritos de impugnación fueron radicados el 5 de octubre de 2023 por el DANE; el 8
de octubre de 2023 por el DNP y el 9 de octubre de 2023 por el Ministerio de Educación
Nacional, es decir, dentro del término oportuno.
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Demandante: Heyder Fabián Gómez Pinto
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Por otra parte, resaltó que los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997, no
contienen un mandato imperativo, inobjetable, preciso y exigible, por lo que su
obligatoriedad no resulta evidente, por tal razón no puede predicarse
incumplimiento alguno por parte del DANE.
6.2. Departamento Nacional de Planeación
El apoderado judicial, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, y en
su lugar se negaran las pretensiones de la demanda.
Precisó que la decisión del a quo es desacertada, porque, «al servidor público
sólo le es posible cumplir con las funciones que expresamente se le han
asignado, y debe hacerlo con la mayor diligencia posible. Su inobservancia le
acarrea responsabilidades jurídicas y políticas que también las normas legales
consignan».
Adujo que la Ley 489 de 1998, en su artículo 5º estableció que los organismos
y entidades administrativos deben ejercer con exclusividad las potestades y
atribuciones inherentes de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos
que les hayan sido asignados expresamente por la ley, en consecuencia, «en
el marco de una acción judicial, no es legalmente factible exigir a una entidad
pública, el ejercicio de funciones que se encuentran por fuera de las que
expresamente le señalan la Constitución y la ley, por lo que al juzgador le está
constitucional y legalmente vedado impartir órdenes que no correspondan a las
competencias que le atañan».
Sostuvo que el artículo 14 de la Ley 379 de 1997 no le asignó al DNP poner en
funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística, ni expedir su reglamento
para su operatividad; y el artículo 15 ibidem, tampoco establece potestad
reglamentaria a ese departamento.
Señaló que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar, ya que el
Departamento Nacional de Planeación no tiene asignada la función que
pretende le sea exigible.
Manifestó que en el presente caso se está en presencia de una omisión
legislativa relativa, toda vez que, si bien el legislador cumplió con su deber
reglamentar el ejercicio de la profesión de Estadístico reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional, la norma no indicó que entidad es la que debe
poner en funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística, ni la forma para
materializar el artículo 15 de la precitada ley.
6.3. Ministerio de Educación Nacional
El apoderado judicial solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Heyder Fabián Gómez Pinto
Demandados: Ministerio de Educación Nacional y otros
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Reiteró que dentro de las funciones del ministerio no está la de «realizar
pronunciamientos de fondo respecto de la vigilancia y control de las profesiones
reguladas, en este caso la profesión de estadística, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 20099».
Mencionó que sus funciones son de dirección, coordinación, así como de
formulación de política y estrategias públicas, pero no de ejecución específica y
que son las instituciones de educación superior las encargadas de la inspección
y vigilancia, conforme con las Leyes 30 de 1992 y 1740 de 2014 y el Decreto
Único Reglamentario 1075 de 2015, bajo el respeto a la autonomía universitaria.
Precisó que en relación con la carrera profesional de la Estadística, es
competencia de esa cartera su reconocimiento, y para su ejercicio se debe
acreditar su formación e idoneidad profesional mediante la presentación del
respectivo título de Estadístico, conferido por cualquier universidad colombiana,
reconocida y autorizada, para el efecto, por el Gobierno nacional, sin que para
ello sea necesaria la presentación de una tarjeta profesional, conforme a las
previsiones del artículo segundo de la Ley 379 de 1997.
Manifestó que en ninguno de los artículos invocados se le endilga al ministerio
el deber de poner en funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística,
diferente es que ese ente tenga un asiendo en dicho consejo, donde su función
obedece a tareas meramente orientadoras. Así mismo, no tiene competencia
para reglamentar o expedir las tarjetas profesionales, ni definir los requisitos
para acceder a ellas como erradamente lo interpreta el accionante.
7. Actuaciones procesales relevantes en segunda instancia
La ponencia del proyecto de fallo llevada a discusión en la Sala del 2 de
noviembre de septiembre de 2023, no alcanzó la mayoría necesaria por lo que
no fue aprobada.
En auto del 2 de noviembre de 2023, se dispuso remitir el expediente al
magistrado ponente, por ser quien sigue en turno por orden alfabético con la
posición que obtuvo la mayoría de los votos.
El 8 de noviembre de 2023 ingresó el expediente de la referencia al despacho
del ponente con el fin de proferir sentencia de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
9 «Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan
las funciones de sus dependencias»
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Primera, Subsección C, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado10.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 27 de septiembre
de 2023, que accedió a las pretensiones del medio de control de cumplimiento.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el cumplimiento de normas que establezcan
gastos.
10 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito
de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que
la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»12.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer
del ciudadano13.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
La parte actora allegó copia de los escritos del 12 de mayo de 2023, en los que
solicitó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al
Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Educación Nacional,
que en cumplimiento de los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997 se ponga
en funcionamiento el Consejo Profesional de Estadística y se reglamente la
operación de éste.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
13 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de
noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-
01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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El DANE el 30 de mayo de 2023, respondió que para que el Consejo Profesional
de Estadística, «pueda cumplir con las funciones establecidas en el artículo 15
de la Ley 389 de 1997, especialmente las señaladas en los literales a y c, se
debe reglamentar de forma previa el modelo de financiación y el manejo del
presupuesto de inversión de los fondos que recaudarán los derechos de
expedición por la matrícula profesional».
Por su parte el DNP el 30 de mayo de 2023, le informó al actor que en el marco
del Decreto 1893 de 2021 «Por el cual se modifica la estructura del
Departamento Nacional de Planeación», no se contemplaron funciones
relacionadas con la Ley 379 de 1997 y de manera específica no se dispuso
función alguna con relación con lo establecido en los literales a) y b) del artículo
15 de la Ley 379 de 1997.
El Ministerio de Educación Nacional el 5 de junio de 2023, le explicó al
accionante que «carece de competencia para pronunciarse de fondo respecto
del funcionamiento del Consejo Nacional de Estadística o para remitir
información que sea de su resorte».
En consecuencia, se encuentra acreditado que la parte accionante constituyó
en renuencia al DNP, al DANE y al Ministerio de Educación Nacional respecto
de los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
Se observa que con el ejercicio de esta demanda se pretende el cumplimiento
del contenido de los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997, en consecuencia,
que la parte accionada proceda reglamentar la expedición de la tarjeta
profesional del Estadístico y poner en funcionamiento el Consejo Profesional
de Estadística.
No se advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa
judicial para procurar por el cumplimiento de los preceptos que se pide acatar,
que además son actualmente vigentes porque no están derogados ni
suspendidos.
Sin embargo, contrario a la conclusión a la que arribó el Tribunal, esta Sala
encuentra que las pretensiones del demandante implican un gasto que no está
presupuestado, según pasa a explicarse:
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, precisó que las
normas que se dicen incumplidas establecen gastos, toda vez que para el
funcionamiento y operación del Consejo Profesional de Estadística, se necesita
de la creación de una oficina al interior de alguna de las entidades que
conforman el Consejo, encargada de la ejecución de estos trámites; y, con ello
poder reglamentar su funcionamiento, el manejo de los recursos recaudados
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por los derechos de expedición y establecer el presupuesto de inversión, lo que
implica la creación de un gasto adicional que a la fecha no está presupuestado
en ninguna de las entidades demandadas.
Precisó que el funcionamiento del Consejo requiere de recursos que no están
previstos dentro del presupuesto de las accionadas, por ende, convocar el
nombramiento de los integrantes del Consejo, expedir la matrícula a los
profesionales que llenen los requisitos y otorgar las respectivas certificaciones,
necesariamente conlleva la consecución de éstos para asumir y adelantar tales
trámites que a la fecha no está presupuestado para ninguna de las entidades
«y ya no es posible incluirlo en el presupuesto de la vigencia 2024, como
tampoco se puede dar por sentado que el Congreso de la República lo vaya
aprobar, máxime cuando en la actualidad predomina el principio de austeridad
del gasto por parte de todas las entidades del Estado».
Por otra parte, no hay prueba que permita establecer que, contrario al dicho de
la parte demandada, los recursos necesarios para poder crear y poner en
funcionamiento el Consejo de Profesionales de Estadística, estén
presupuestados circunstancia que permitiría tener por superada esta causal de
improcedencia de la acción de cumplimiento.
En este orden de ideas, se advierte que la acción ejercida por el señor Heyder
Fabián Gómez Pinto con la cual pretende que se le ordene a las entidades
accionadas poner en funcionamiento el Consejo de Profesionales de Estadística
y reglamentar la expedición de tarjetas profesionales, deviene improcedente de
conformidad con el parágrafo14 del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997; pues si
bien la norma creó dicho consejo, su funcionamiento implica la gestión
administrativa de ejecución de un gasto no presupuestado, por lo que el
mandato pretendido va ligado va ligado a la disponibilidad presupuestal de tal
manera que al nombrarse al Consejo se cuente con el dinero para su
funcionamiento efectivo.
Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal
puede ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado15, es
decir, una vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser
efectivamente destinado a la satisfacción de la función para el cual está
concebido, y será en estos casos, en los cuales, la pretensión de
cumplimiento devendrá procedente.
No obstante, esta excepción no se demostró en el presente asunto, pues no se
cuenta con la erogación que se requiere para el funcionamiento del Consejo
Profesional de Estadística y la reglamentación pretendida, por el contrario, la
parte demandada afirmó que todas las entidades demandadas carecen de los
14 PARÁGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento
de normas que establezcan gastos”. (Negrilla y subraya fuera de texto).
15 Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No. 2013-01288-01,
actor: María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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recursos, lo cual impone que la sentencia impugnada debe ser revocada, para
en su lugar, declarar la improcedencia de la acción.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que según lo prevé el artículo 18 de la
Ley 379 de 1997, el legislador señaló que ante el incumplimiento de uno o a
cualquiera de las disposiciones allí previstas, conocerán el Departamento
Jurídico de la Dirección Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de
Estadística, entidades que informan que la materialización de los deberes que
se reclaman implican un gasto no contemplado en las normas invocadas.
Así, para esta la Sala los artículos 14 y 15 de la Ley 379 de 1997 conlleva gasto
no presupuestado, lo que configura la improcedencia de la presente acción e
impide que este juez constitucional pueda pronunciarse respecto del fondo de
las pretensiones de la parte actora; en consecuencia, se revocará la decisión
de primera instancia, para declarar la improcedencia de la acción, por las
razones aquí señaladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C que
accedió a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx ”
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