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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00269-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00269-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2024-00269-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de abril de 2025

Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00269-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00269-01
Demandante: ELKIN YESID MOLINA OROZCO
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Tema: Acción de cumplimiento para la realización de concurso de
méritos para la provisión de cargos de registradores de
instrumentos públicos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución
y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Elkin Yesid Molina Orozco, actuando
en nombre propio, presentó demanda contra la Superintendencia de Notariado y
Registro - Consejo Superior de la Carrera Registral -en adelante SNR- con el fin de
obtener el cumplimiento de lo previsto en artículos 75 y 90 de la Ley 1579 de 20121.

Como consecuencia, se ordene a las accionadas convocar a concurso para proveer
los cargos de registradores de instrumentos públicos, por lo que solicitó:

Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Política y los
artículos 75 y 90 de Ley 1579 de 2012; CONVOQUE Y EFECTUE EL CONCURSO
PARA PROVEER LOS CARGOS DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

1
Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00269-01

1.2. Hechos

La solicitud de cumplimiento se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El actor afirmó que ofició en agosto de 2022, en enero de 2023 y octubre de 2024 a
la presidencia de la república, quien a su vez corrió traslado a la Superintendencia
de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Registral para que se
pronunciara y respondiera de fondo su solicitud referente a la convocatoria para el
concurso para registradores.

La parte accionada se ha negado a hacer efectivas las disposiciones enunciadas y
no contesta de fondo sus peticiones, no informa el estado actual de la convocatoria,
ni el cronograma a surtirse, dado que las mismas debieron efectuarse como mínimo
en 4 o 5 ocasiones desde 1991 y tan solo se ha desarrollado convocatoria para
registradores en 2013, convirtiendo dichos cargos en encargos e interinidad faltando
a los principios constitucionales de 1991 y a las normas definidas a las que se les
solicita se ordene su cumplimiento en debida forma.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Mediante proveído del 19 de noviembre de 20242, el Tribunal Administrativo de
Caldas admitió la acción de cumplimiento. Como consecuencia, ordenó únicamente
la notificación de la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de
la Carrera Registral.

La SNR estimó que no puede pretenderse que por vía de esta acción se adelante un
concurso de méritos, pues ello implica un gasto, materializando una de las causales
de improcedencia prevista en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, tal y como lo
determinó el Consejo de Estado frente al concurso de la Procuraduría General de la
Nación.

Además, según lo señalado por el demandante en la demanda, una de las normas
que considera incumplida es el artículo 131 de la Constitución Política, aspecto
frente al cual se debe declarar la improcedencia, pues no se puede pretender el
cumplimiento de una norma constitucional.

En relación con los artículos 75 y 90 de la ley 1579 de 2012, advirtió que dichas
disposiciones normativas no encarnan un mandato preciso, claro y sobre todo actual
o exigible para la entidad, pues de la literalidad de las disposiciones no se logra
saber la forma o el procedimiento a seguir por parte del organismo rector de la

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Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
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carrera registral para convocar al concurso de Registradores, pues solo refiere que
convocará y administrará los concursos.

Además, dichas normas no indican en qué tiempo ni con qué periodicidad se debe
convocar al concurso de registradores; es decir, el supuesto contenido obligacional
de las normas en cita no es exigible.

1.4. Fallo de primera instancia3

En sentencia del 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas
accedió a las pretensiones de la demanda porque la entidad tiene presupuestado un
rubro que, previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional, puede ser utilizado para la financiación del concurso de méritos.

Asimismo, la accionada en ejercicio de su autonomía presupuestal, puede solicitar
los traslados correspondientes para solventar la convocatoria en cita, sin que sea
necesario tramitar ingresos adicionales, dado que tal gestión es propia de su
funcionamiento.

Por otro lado, realizó un análisis del mandato demandado, al respecto, indicó lo
siguiente:

No obstante, la mencionada corporación deberá integrarse, cuando se determinen los
miembros de la misma, por parte de la autoridad nominadora, esto es, el presidente de
la República, por lo que, en ese momento, tal y como se expuso en el Oficio
SNR2024EE112316 SDR-GOR del 12 de noviembre de 2024, estos ejercerán las
competencias asignadas por la ley.

En este punto, se resalta que lo perseguido por el extremo activo de la litis se ciñe a la
convocatoria del concurso de registradores, más nada se dijo sobre la integración del
Consejo Superior de la Carrera Registral, ni mucho menos se agotó el requisito de
procedibilidad correspondiente, para que tal circunstancia fuera objeto de
pronunciamiento en este proceso.

Así las cosas, se ha evidenciado la omisión en el acatamiento de las normas que son
materia de la sub lite, a efectos de elegir por razón del mérito los registradores de
instrumentos públicos en propiedad, por lo que es necesaria la intervención judicial,
para que dicha inobservancia cese (…).

En estos términos, y en aras de materializar el postulado constitucional del mérito, y
ante el incumplimiento de las disposiciones legales que conciernen a la designación
de los registradores de instrumentos de públicos en carrera administrativa,
corresponde emitir un pronunciamiento favorable a las pretensiones.

Ahora, y atendiendo a la falta de integración de la autoridad encargada del
cumplimiento, el remedio judicial a impartir solo será exigible cuando ésta se haya
conformado debidamente.

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Índice 13 de Sama. Cuaderno de primera instancia.
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Con fundamento en lo anterior, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Registral
que, en el término de 3 meses siguientes a su debida integración, convoque al
concurso público de méritos para la provisión de los cargos de registradores de
instrumentos públicos que se encuentran vacantes definitivamente en todo el país.

1.5. Impugnación4

El apoderado del Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la
Carrera Registral, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia que accedió a
las pretensiones y, en su lugar, que se declare la improcedencia de la acción, pues
las disposiciones normativas transcritas no encarnan un mandato preciso, claro y
sobre todo actual o exigible.

Para la entidad, de la literalidad de las disposiciones no se logra saber la forma o el
procedimiento a seguir por parte del organismo rector de la carrera registral para
convocar al concurso de Registradores de Instrumentos Públicos, adicional a lo
anterior, las normas no indican en qué tiempo ni con qué periodicidad se debe
convocar al concurso; es decir, el supuesto contenido obligacional de las normas en
cita no es exigible.

A su juicio, el legislador no está ordenando que se haga concurso de méritos para
Registradores de Instrumentos Públicos cada 2 años, lo que está señalando es un
término de vigencia de las listas de elegibles, situación diferente a decir que cada 2
años deba realizarse el concurso.

No ha existido ni existe rubro o respaldo presupuestal dentro del presupuesto de la
Superintendencia de Notariado y Registro para llevar a cabo el Concurso de Méritos
de Registradores de Instrumentos Públicos.

El rubro mencionado en la sentencia de primera instancia está destinado al pago de
la planta de personal permanente; es decir, con este se pagan los salarios y
prestaciones laborales de los servidores públicos de la Superintendencia de
Notariado y Registro, por lo que pretender financiar un concurso de méritos con
dicho rubro generaría graves afectaciones salariales a los trabajadores de la entidad,
además de las sanciones disciplinarias, fiscales y penales que dicha utilización
podría acarrear, pues se estaría dirigiendo un dinero cuyo destino ya está definido,
para un fin que no está presupuestado.

En ese sentido, resaltó la certificación de 17 de diciembre de 2024, del director
Administrativo y Financiero de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la
que expresamente señaló:

4
La sentencia del 12 de diciembre de 2024 fue notificada por correo electrónico el 13 de diciembre de
2024, y el escrito de impugnación se radicó el 19 de diciembre de 2024, término que se encuentra
oportuno.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Los Gastos para adelantar el concurso público de méritos para la provisión de los
cargos de registradores de instrumentos públicos que se encuentran vacantes
definitivamente en todo el país NO se pueden sufragar por la cuenta Gastos de
Personal.

Adicionalmente, para sustentar la conclusión de que se puede financiar el concurso
con el rubro de gastos de personal del presupuesto de la Superintendencia de
Notariado y Registro, se apoyó en lo dispuesto en el artículo 88 de la ley 1579 de
2012, norma que no fue demandada.

Posteriormente, mediante escrito del 31 de enero de 2025, el apoderado judicial de
la entidad accionada aportó copia de la decisión proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dictada al interior del proceso de nulidad simple
11001-03-24-000-2013-00277-00.

En dicha decisión se analizó la legalidad del Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013,
proferido por el Consejo Superior de la Carrera Registral «por el cual se convoca y
se fijan las bases del concurso de méritos para la provisión de cargos de
Registradores de Instrumentos Públicos en propiedad e ingreso a la carrera
registral». Al respecto, se concluyó lo siguiente:

En este sentido, si el legislador a través de los artículos 85 y 90 de la Ley 1579 de
2012, otorgó al Consejo Superior de Carrera Registral la connotación de organismo
rector de la carrera registral, así como las facultades para administrar, convocar y
realizar directamente el concurso de méritos para la provisión de los cargos de
registradores de instrumentos públicos, desconoció que dicha función, dentro de los
sistemas específicos de carrera, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
atribución que le fue otorgada por la misma Constitución Nacional en su artículo 130,
como entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos.

[…]

De acuerdo con lo anterior se advierte que, si bien en el marco de un sistema
específico de carrera administrativa era posible crear el Consejo Superior de Carrera
Registral y otorgarle funciones de coordinación relacionadas con el concurso de
méritos para la provisión de los cargos de los registradores de instrumentos públicos,
lo cierto es que no podía atribuírsele la administración y realización directa de las
convocatorias, pues tal facultad desconoce las competencias constitucionales
otorgadas a la CNSC y el sistema de carrera que rige para los citados funcionarios.

[…]

Se concluye entonces que, cuando el Consejo Superior de la Carrera Registral profirió
el Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013, actuó sin competencia, pues las facultades
que le fueron otorgadas por la Ley 1575 de 2012 desconocieron los artículos 125 y
131 constitucionales, así como el sistema específico de carrera administrativa que rige
para los registradores de instrumentos públicos y las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil frente a la administración y vigilancia de los concursos de
méritos de los sistemas de carrera general y específicos, otorgadas por el
constituyente.

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Con base en lo anterior, el Consejo Superior de la Carrera Registral solicitó se tenga
en cuenta la presente situación sobreviniente al momento de proferir la sentencia
correspondiente.

1.6. Trámite en segunda instancia

La Sala, por auto del 6 de marzo de 2025, separó del conocimiento del asunto al
doctor Luis Alberto Álvarez Parra, dado que, en su calidad de presidente del Consejo
de Estado, es integrante del Consejo Superior de la Carrera Registral5, autoridad
que conforma el extremo demandado.

Posteriormente, dado que el proyecto presentado por el magistrado sustanciador no
contaba con la mayoría exigida para su aprobación, mediante proveído del 7 de
marzo de 2025 se ordenó el sorteo de conjueces, uno principal y otro suplente.

La Secretaría General de la Corporación, el 10 de marzo de 2025, adelantó
audiencia de sorteo, siendo designada como conjuez principal a la doctora Diana
Carolina Fuquen Avella, y, en su condición de suplente, al doctor Germán Lozano
Villegas.

Por último, en providencia del 21 de marzo de 2025, se ordenó asignar el asunto a la
actual magistrada ponente. Lo anterior, dado que el proyecto sometido a
consideración de los miembros de la Sala el 20 del mismo mes y año, no fue
aprobado y quedó como ponencia derrotada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la impugnación
contra la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la
Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

5
Art. 85 L.1579 de 2012: Créase el Consejo Superior de la Carrera Registral como organismo rector
de la Carrera Registral, el cual estará integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo
presidirá; dos (2) delegados del Presidente de la República elegidos para un período de dos (2) años;
el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la Nación o su Delegado con las
mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos Públicos de carrera, un principal y uno
seccional, elegidos para un período de dos (2) años, con sus respectivos suplentes quienes asistirán
en caso de ausencia de los principales. El Superintendente de Notariado y Registro, asistirá con voz
pero sin voto (énfasis de la Sala).
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 12
de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para lo cual se resolverán, en su
estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de las autoridades demandadas
frente a la disposiciones invocadas como incumplidas?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Consejo Superior de Carrera Notarial, se encuentra en la obligación de
acatar las obligaciones dispuestas en el artículo 131 de la Constitución
Política y los artículos 75 y 90 de Ley 1579 de 2012?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
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De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)6

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o
por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último

6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [7]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de

7
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de
junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8, ya
que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»9.

En el caso concreto se cumple este requisito. En efecto, está acreditado que, el 22
de octubre de 2024, la parte actora solicitó a la SNR, al Consejo Superior de la
Carrera Registral y al presidente de la República que diera cumplimiento al artículo
131 de la Constitución Política y a los artículos 75 y 90 Ley 1579 de 201210.

La SNR - Consejo Superior de la Carrera Registral contestó el 12 de noviembre de
2024 informando que ya había dado contestación a otra petición en ese mismo
sentido. Además, indicó que, en la entidad, existen dos miembros que son
designados directamente por la máxima autoridad del gobierno, pero a la fecha, el
presidente de la república no ha designado a sus dos delegados; por tanto, no se ha
conformado el Consejo Superior de la Carrera Registral.

Asimismo, sostuvo que la decisión de convocar el concurso, debe ser tomada por el
cuerpo colegiado y posteriormente, se adelantarán las acciones necesarias para
llevar a cabo dicho concurso, dentro de estas la de incluir en el plan anual de
adquisiciones de futuras vigencias el presupuesto para la realización de dicho
concurso, que estará a cargo del rubro de la Superintendencia de Notariado y
Registro, que deberá disponer de los recursos para la realización del mismo, no
obstante y hasta la fecha no se reúnen los requisitos y formalidades de ley para
convocar al concurso de méritos para el ingreso a la carrea registral.

2.3.3. Caso concreto

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional, por cuanto, el acatamiento del mandato conlleva
intrínsecamente un gasto que no se encuentra presupuestado.

En este punto, se debe indicar que el artículo 131 de la Constitución Política,
invocado como norma desconocida por la parte accionante en su escrito de

8
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
9
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Índice 3 del expediente digital.
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00269-01

demanda, no es susceptible de la acción de cumplimiento, pues, conforme se colige
del artículo 1º de la Ley 393 de 1997, dicha disposición no tiene el carácter de norma
con fuerza material de ley o de actos administrativo

Ahora bien, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las cuales recae la
pretensión de la demandante, las cuales actualmente se encuentran vigentes, no
han sido derogadas o removidas del ordenamiento jurídico mediante providencia
judicial debidamente ejecutoriada.

LEY 1579 DE 2012
(octubre 01)
por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan
otras disposiciones

Artículo 75. Propiedad, encargo o provisionalidad. El nombramiento de los
Registradores de Instrumentos Públicos en propiedad se hará mediante concurso de
méritos.

En caso de vacancia, si no hay lista de elegibles vigente, podrá el nominador designar
Registradores en encargo o en provisionalidad, mientras el organismo competente
realiza el respectivo concurso. De igual modo se procederá cuando el concurso sea
declarado desierto.

Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en este artículo, ejercerá la función de
nominador para los Registradores Principales, el Gobierno Nacional y para los
Registradores Seccionales, el Superintendente de Notariado y Registro.

Parágrafo 2°. Corresponderá al Superintendente de Notariado y Registro la facultad
de proveer temporalmente las vacancias del cargo de Registrador Principal de
Instrumentos Públicos, mediante la figura de encargo, generadas por muerte,
renuncia, permiso, vacaciones, licencias, incapacidades, comisiones de servicio,
suspensión en el ejercicio del cargo, mientras el Gobierno provea dicho cargo.

Artículo 90. Concurso y lista de elegibles. El organismo rector de la carrera registral
convocará, administrará y realizará directamente o a través de universidades
legalmente establecidas, de carácter público o privado, los concursos de méritos para
el ingreso a la carrera registral.

Los Registradores de Instrumentos Públicos serán nombrados por el Gobierno
Nacional o por el Superintendente de Notariado y Registro, según sea el caso, de la
lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera registral, las cuales
deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional. La lista de
elegibles se obtendrá de los resultados del concurso de méritos y tendrá una vigencia
de dos años, a partir de dicha publicación.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393
de 1997 estableció que la acción de cumplimiento no será procedente respecto a
aquellas normas que comporten un gasto, disposición legal que fue objeto de
estudio por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 1998 y en la que se
declaró exequible. Al respecto, se indicó lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00269-01

Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa
de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás,
resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto
ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la
democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del erario
provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y
descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura.

Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de este
dentro del presupuesto11.

Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal puede
ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una
vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en estos
casos, en los cuales, la pretensión de cumplimiento devendrá procedente. Al
respecto, la Sala en reciente fallo se sostuvo lo siguiente:

52. El Consejo Superior de la Carrera Notarial afirmó que, a través del Decreto 2590
de 2022, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2023, en el cual se apropió a la SNR la suma de $792.050.278.624, dentro de los
cuales existe una apropiación en el rubro A-03-03-01-054 – 26 fondo para los notarios
de insuficientes ingresos, Decreto 1672 de 1997 por valor de $67.716.000.000 y,
respecto del valor contenido en este rubro se utilizaría una parte para financiar el
concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la
carrera notarial.

53. Asimismo, informó que el 22 de febrero de 2023, la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la SNR, en coordinación con el ordenador del gasto, esto es, el Secretario
General de la SNR, radicaron solicitud de expedición de CDP para la convocatoria a
concurso de méritos para el nombramiento de notarios, conforme a la presupuestal de
7 de marzo de 2023 y, para la vigencia 2023 se comprometieron $2.000.000.000
«para la convocatoria concurso de méritos para el nombramiento de notarios,
conforme a la decisión asumida por el consejo superior de la carrera notarial en sesión
del día 19 de octubre de 2022».
[…]
89. Como consecuencia, al estar demostrada la apropiación del gasto en el presente
asunto, junto con los demás requisitos de la acción, la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 20 de septiembre 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de
la demanda, para rechazar por incumplimiento del requisito de constitución de
renuencia en cuanto a la SNR y el DAPRE; declarar la improcedencia en cuanto a la

11
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de
octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de
2024, expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente
25000-23-41-000-2023-00528-01
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norma de la Constitución Política; confirmar la orden de cumplimiento y negar lo
pretendido en cuanto a registradores y curadores.

90. Así las cosas, la entidad accionada deberá, en un término de 3 meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, convocar a concurso de méritos para la provisión a la
totalidad de empleos de carrera de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000.12

Es decir, mientras que en el anterior caso ya se contaba con el CDP correspondiente
que permitía la realización del concurso de méritos de notarios, dicha situación no se
predica en iguales condiciones respecto a los registradores de instrumentos
públicos.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Caldas sostuvo que el Consejo Superior de
Carrera Notarial, tiene presupuestado un rubro que, previo concepto de la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional, puede ser utilizado para la financiación
del concurso de méritos.

Al respecto, basta indicar que la utilización de tales sumas de dinero se encuentra
condicionadas al concepto favorable que al respecto emita la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional, el cual no reposa en el expediente. Sobre este
concepto, se tiene lo siguiente:

Existen gastos que por su naturaleza requieren de la autorización expresa de la
Dirección General de Presupuesto Público Nacional para su uso. En estos casos los
rubros a través de los cuales se administran estos recursos llevan la leyenda "Previo
Concepto DGPPN". Así, el levantamiento del Previo Concepto DGPPN es el trámite
donde una entidad solicita ante la DGPPN la autorización para el uso de los recursos
parciales o totales apropiados en este tipo de rubros.

En el evento en que los rubros correspondan a partidas globales cuyas actividades o
desagregación regional no están bien definidas en el momento de realizar el proceso
de programación en el presupuesto de funcionamiento, en su denominación tendrá la
palabra distribución. En consecuencia, aquellos rubros que tienen la leyenda
"Distribución previo concepto DGPPN", posterior a la autorización para el uso de los
recursos requerirán la solicitud de distribución de los mismos.13

Conforme lo anterior, al no existir la autorización de dicha dependencia del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, no resultaría procedente ordenar la realización del
concurso, pues se trata de una posibilidad de que el rubro 01 01 04 OTROS
GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN, pueda
ser destinado para tal fin.

La Sala no desconoce que eventualmente tales sumas de dinero podrían ser
utilizadas como fuente de apalancamiento para llevar a cabo el concurso de méritos
de registradores de instrumentos públicos; no obstante, dicha situación sería posible
12
Sentencia del 21 de noviembre de 2024, expediente 17001-23-33-000-2024-00181-01 MP Omar
Joaquín Barreto Suárez. En igual sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 25000-23-
41-000-2024-00875-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
13
https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow
&t=50085&s=0#no-back-button
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siempre y cuando la cartera de hacienda así lo autorice, es decir, en otros términos,
sería una situación eventual e hipotética que, como se precisó anteriormente, no se
encuentra demostrada en el plenario.

En suma, se revocará la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto el acatamiento del mandato
demandado, esto es los artículos 75 y 90 de la Ley 1579 de 2012, conlleva un gasto
que no se encuentra presupuestado y que hace improcedente la acción de
cumplimiento, en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 9 de la Ley
393 de 1997.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 12 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia
de la acción de cumplimiento.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva el voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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