Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2024-00181-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
21 de noviembre de 2024
Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Rad: 17001-23-33-000-2024-00181-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Barranquilla D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00181-01
Accionantes: ELKIN YESID MOLINA OROZCO
Accionado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y
OTROS
Temas: Realización de concurso de méritos para provisión de empleos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia del 20 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Elkin Yesid Molina Orozco
presentó demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro -en adelante
SNR- y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -en
adelante DAPRE- con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en artículos
131 de la C.P., 2 y 3 de la Ley 588 de 2000 1 y 2 del Decreto 3454 de 2006 2,
compilado en el artículo 2.2.6.5.2 del Decreto 1069 de 2015.
2. Como consecuencia, se ordene a las accionadas convocar a concurso para
proveer los cargos de notario, registradores y curadores.
2. Pretensiones de la demanda
3. La parte actora solicitó:
1
Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial
2
Por el cual se reglamenta la Ley 588 de 2000.
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro
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(…) El compendio normativo aportado es claro para definir que los accionados están
incumpliendo con las normas que ordenan convocar a concurso de méritos para
proveer los cargos de notarios, registradores de instrumentos públicos y curadores
urbanos; pues escasamente se han celebrado dos concursos para los primeros
cargos en el año 2010 y 2015, como para registradores en el año 2013 y curadores
urbanos a pesar de ser de periodo no se dan las suficientes garantías en cuando
publicidad, imparcialidad y demás para su designación por méritos.
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
4. El actor afirmó que ofició en agosto de 2022 y en enero de 2023 a la Presidencia
de la República, quien a su vez corrió traslado a la Superintendencia de Notariado
y Registro para que se pronunciara y respondiera de fondo su solicitud referente a
la convocatoria para el concurso para notarios y registradores.
5. Precisó que la parte accionada se ha negado a hacer efectivas las disposiciones
enunciadas y no contesta de fondo sus peticiones, no informa el estado actual de
ambas convocatorias, ni el cronograma a surtirse, dado que las mismas debieron
efectuarse como mínimo en 4 o 5 ocasiones desde 1991 y tan solo se ha
desarrollado en sendas convocatorias la de notarios en 2006 y 2015 y la de
registradores solo en 2013, convirtiendo dichos cargos en encargos e interinidad
faltando a los principios constitucionales de 1991 y a las normas definidas a las que
se les solicita se ordene su cumplimiento en debida forma.
6. Indicó que, en junio de 2024, constituyó en renuencia a las entidades
demandadas sin que a la fecha le hayan dado respuesta.
4. Actuaciones procesales
7. Mediante proveído del 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la acción de cumplimiento. Como consecuencia, ordenó la notificación del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la
Superintendencia de Notariado y Registro. Mediante auto del 30 de agosto de 2024
ordenó vincular al Consejo Superior de la Carrera Notarial.
4.2. Contestaciones a la demanda
8. La SNR indicó que las actuaciones que pretende cuestionar el accionante
tuvieron lugar como consecuencia de las peticiones que hizo ante esa
Superintendencia el 2 de mayo y el 8 de julio de 2024, las cuales fueron objeto de
respuesta, en las que se explicó al peticionario los avances que se han tenido en
materia de concursos para provisión de cargos de notarios y registradores. En todo
caso, consideró que las peticiones presentadas por el actor no tenían como
propósito constituir en renuencia a la parte accionada, por lo que la acción de
cumplimiento resulta improcedente.
9. Además, estimó que no puede pretenderse que por vía de esta acción que se
adelante un concurso de méritos, pues ello implica un gasto, materializando otra de
las causales de improcedencia previstas en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, tal
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y como lo determinó el Consejo de Estado frente al concurso de la Procuraduría
General de la Nación.
10. El Consejo Superior de la Carrera Notarial reconoció que es la autoridad
competente para la administración de la carrera notarial y la convocatoria a los
concursos de méritos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 164 del Decreto
960 de 1970 y 3545 de 2006. Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1069 de 2015, los gastos que demanden ese órgano y los concursos se
efectuarán con cargo al presupuesto de la SNR.
11. Precisó que el actor no cumplió con el requisito de la constitución en renuencia
frente a ese órgano y dio cuenta de los avances en el cronograma fijado desde el
2022. Explicó que solicitó a la Superintendencia la asignación de recursos para el
concurso, los cuales se encuentran incluidos en el decreto que liquidó el
presupuesto general de la Nación para la vigencia 2023, por valor de
$2.000’000.000; además, siguiendo el cronograma, se remitió a los miembros de
ese órgano el proyecto de acuerdo de convocatoria. Este proyecto fue sometido a
varias mesas de trabajo, en las cuales se discutieron temas como la acreditación de
la función notarial que prestan los secretarios delegados de una notaría, el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, la acreditación de la profesión de abogado y
las notificaciones a través de la carpeta ciudadana.
12. Además, se recibieron las relatorías de la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre las personas con discapacidad en los
concursos de méritos, con el fin de darle aplicación en el presente proceso de
selección.
13. Manifestó que, si bien el proyecto de acuerdo de convocatoria fue aprobado en
la sesión del 28 de noviembre de 2023, este no ha sido numerado ni publicado en
el Diario Oficial, pues quedan algunos aspectos por definir, como lo es el
cronograma de actividades que desarrollará la universidad que se contrate para el
desarrollo del concurso.
14. Indicó que la SNR adelantó el proceso de cotización en el SECOP para que las
entidades de educación superior certificadas allegaran sus propuestas, y
paralelamente se avanzó en la estructuración de los pliegos de condiciones y
estudios previos.
15. Anotó que, en sesión llevada a cabo el 24 de junio de 2024, se decidió delegar
en la SNR la realización del concurso notarial, mediante una licitación pública para
seleccionar la universidad que llevaría a cabo el concurso. Aclaró que el 28 de julio
de 2024, se publicó en el SECOP la solicitud de información a las universidades
acreditadas, con el fin de realizar el estudio de mercado para la realización del
concurso de méritos y el plazo para allegar las cotizaciones venció el 5 de agosto
de 2024, dentro del cual únicamente presentó cotización la Universidad Libre.
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16. A partir de lo anterior, la Dirección de Contratación de la SNR recomendó
efectuar una nueva solicitud de cotizaciones, con el fin de contar con una adecuada
base de información económica a la hora de estructurar la licitación pública y evitar
riesgos en la contratación; además, teniendo en cuenta que en los estudios previos
se contempla un término de 15 meses de ejecución, que se adelanten gestiones de
constitución de vigencias futuras.
17. Por lo anterior, se amplió el plazo, lo cual dio como resultado que la Universidad
Nacional también allegara cotización el 15 de agosto de la presente anualidad.
18. Como conclusión, consideró evidente que esa instancia ha adelantado un
incesante trabajo para lograr la convocatoria al concurso, pero es una labor que no
se desarrolla de manera inmediata y se requiere seleccionar la universidad que
adelante el proceso, que es la etapa en la que actualmente se encuentra.
Finalmente, considera que el accionante no puede pretender a través de la acción
de cumplimiento que se efectúe un gasto, pues esto se halla proscrito por la Ley
393 de 1997.
4.3. Fallo de primera instancia
19. En sentencia del 20 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas
accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que las normas invocadas
como incumplidas contienen un mandato inobjetable e imperativo, que implica que
los cargos de notario han de proveerse a través de concurso de méritos,
administrado por el organismo que la ley determine, y precisamente, dicha
obligación se halla en cabeza del Consejo Superior de la Carrera Notarial, como
instancia competente no solo para convocar el concurso para la provisión de dichos
cargos, sino para la administración de la carrera notarial, funciones que, además de
hallarse explícitamente determinadas en las normas, el propio consejo ha aceptado
como propias en el informe presentado al Tribunal dentro de esta acción de
cumplimiento. Además, realizó un análisis de si lo pretendido implicaba un gasto y
del mandato demandado, al respecto, indicó lo siguiente:
Para sintetizar, se encuentra la Sala ante un mandato normativo consagrado en una
norma con fuerza de ley, que con tiene una obligación categórica, como lo es la
provisión de los cargos de notario a través de concurso público de méritos, deber
colocado en cabeza del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, que
desde 2022, argumenta encontrarse haciendo ingentes esfuerzos para materializar
este cometido, sin que a la fecha se haya cumplido, toda vez que como dicho
organismo lo reconoce, aun no ha sido publicado el acuerdo de convocatoria al
concurso. Es decir, se encuentra acreditado el incumplimiento actual del deber legal.
Por lo demás, no resulta de recibo el planteamiento de la improcedencia de la acción
de cumplimiento por tratarse de normas que establecen gastos, pues como ya se anotó,
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado viable este medio judicial en
casos similares de convocatoria a concursos de méritos, pues se trata de actividades
que ya tienen asignado un presupuesto, como lo informó la autoridad demandada en
el sub lite.
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(…) Así mismo, el informe presentado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARREA
NOTARIAL da cuenta de un cronograma fijado en 2022, más de 10 mesas de trabajo
(7 de marzo, 7 de abril, 29 de mayo, 19 de julio y 28 de noviembre de 2023; 7 y 8 de
febrero, 13 de marzo, 20 de mayo, 24 de junio de 2024) y varios procedimientos en el
SECOP para solicitar cotizaciones a las universidades públicas y privadas que
pretendan adelantar el concurso, estos últimos, valga decir, que han sido repetidos, lo
que denota que si bien la autoridad demandada ha hecho algunas gestiones, estas se
han dilatado en el tiempo, a tal punto que a casi 2 años de fijado el cronograma de
trabajo (19 de octubre de 2022), a la fecha no se ha abierto la licitación para la selección
de la universidad que llevará a cabo el concurso, ni tampoco ha sido publicado el
acuerdo de convocatoria (…).
Y si bien en este caso la norma no contiene un término concreto dentro del cual deba
publicarse el acuerdo de convocatoria para el concurso de notarios, el Tribunal
dispondrá un plazo de 3 meses a partir de la ejecutoria de esta providencia, lapso igual
al concedido a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el fallo que sirve de
antecedente, y que se estima razonable, entendiendo que la estructuración del
concurso data de hace casi 2 años, y que existen recursos para sufragarlo.
20. Con fundamento en lo anterior, ordenó al Consejo Superior de la Carrera
Notarial «que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, convoque al concurso público de méritos para la provisión de los cargos
de notario que se encuentran vacantes definitivamente en todo el país».
4.4. Impugnación3
21. El apoderado del Consejo Superior de la Carrera Notarial solicitó que se
revocara el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar,
que se declare la improcedencia de la acción, pues la parte actora no cumplió con
el requisito de constituirla en renuencia, situación que fue convalidada por el tribunal
al afirmar que se supera, por cuanto la entidad fue vinculada de oficio, por lo que se
afecta su debido proceso.
22. Sostuvo que, además de lo anterior, la pretensión conlleva gastos, lo cual está
proscrito por el parágrafo del artículo 9.° de la Ley 393 de 1997.
23. Como soporte de lo anterior, afirmó que el 23 de agosto de 2024, la Oficina
Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro allegó la
proyección de los posibles inscritos al próximo concurso de notarios y los
convocados a la prueba de conocimientos, como insumo para determinar el
presupuesto oficial del contrato.
24. Con solo dos cotizaciones y la proyección de los posibles inscritos al próximo
concurso se ajustaron los estudios previos puestos en conocimiento del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, en sesión del 20 de mayo de 2024, situación que no
es la más recomendable, según el concepto de Colombia Compra Eficiente, para el
estudio del mercado que finalmente conlleva a establecer el presupuesto oficial del
contrato.
3
La sentencia del 15 de julio de 2024 fue notificada por correo electrónico el 16 de julio de 2024, y
el escrito de impugnación se radicó el 23 de julio de 2024, término que se encuentra oportuno.
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25. Aclaró que, la SNR y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el marco de
sus competencias, han adelantado todas las gestiones conducentes a la
convocatoria del concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de
notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, con lo cual no ha existido
incumplimiento de ninguna norma relacionada con el concurso y, además, según la
planeación necesaria en esta materia se puede verificar que, en este momento, no
se cuentan con los recursos suficientes para el desarrollo del mismo. En esa
medida, acceder a las pretensiones de la demanda vulneraría el parágrafo del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, en tanto una decisión favorable perseguiría el
cumplimiento de normas que establecen gastos, lo cual está prohibido.
26. A continuación, advirtió que, realmente, las disposiciones normativas transcritas
no encarnan un mandato preciso, claro y sobre todo actual o exigible para la entidad,
pues de la literalidad de las disposiciones no se logra saber la forma o el
procedimiento a seguir por parte del organismo rector de la carrera notarial para
convocar al concurso de notarios, pues solo refiere que convocará y administrará
los concursos, adicional a lo anterior y lo que resulta más notorio es que las normas
cuyo incumplimiento el a quo señaló, no indican en qué tiempo ni con qué
periodicidad se debe convocar al concurso de notarios; es decir, el supuesto
contenido obligacional de las normas en cita no es exigible.
27. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal incurrió en una contradicción al
sostener que el contenido obligacional de los artículos 2 y 3 de la Ley 588 de 2000
es diáfano. No obstante, enseguida reconoció que estas normas deben ser
complementadas con otras, ente ellas el artículo 164 del Decreto 960 de 1970,
artículo 1 y 4 literales a y b del Acuerdo 001 del 31 de enero de 2020, artículo 3 del
Decreto 3454 de 2006, lo que quiere decir entonces que realmente los artículos 2 y
3 de la Ley 588 de 2000 no revisten un contenido obligacional claro, expreso y
actual, requiriendo, a juicio del a quo, de otras disposiciones normativas cuyo
incumplimiento no fue advertido ni por el accionante ni por el Tribunal al delimitar el
problema jurídico.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
28. La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 20 de septiembre de 2024, proferida por el
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Tribunal Administrativo de Caldas, según lo dispuesto en los artículos 150 4 y 1525
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado 6.
2. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 20 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, deberá
verificarse si la entidad fue debidamente constituida en renuencia y si las normas
demandadas consagran un mandato imperativo, expreso e inobjetable.
30. Además, en caso de superarse este requisito, deberá establecerse si, como lo
señaló el Consejo Superior de la Carrera Notarial la acción de cumplimiento es
improcedente porque lo pretendido implica un gasto. A su vez, si existe o no
apropiación presupuestal de un rubro para efectos de convocar el concurso de
méritos de que trata la norma demandada como incumplida.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
31. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
32. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
4
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
5
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
6
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º].
33. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o vi],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
34. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
35. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».
36. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 7.
37. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia» 8.
38. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre
20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano 9.
39. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.
40. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.
41. En el caso concreto se cumple este requisito, únicamente, en relación con el
Consejo Superior de la Carrera Notarial. En efecto, está acreditado que, el 29 de
julio de 2024, la parte actora solicitó a la SNR y al presidente de la República que
diera cumplimiento a la Ley 1579 de 2012, el Decreto Ley 960 de 1970, Decreto
2163 de 1970, Decreto 2148 de 1983, Ley 588 de 2000, Decreto 3454 de 2006,
Decreto 2054 de 2014, Decreto 2723 de 2015, Decreto Reglamentario 1069 de
2015, Acuerdo 1 de 2020, Acuerdo 2 de 2020, Resolución 01918 de 2020 10.
42. Estas normas fueron las inicialmente indicadas en la demanda; sin embargo,
ante su generalidad, el Tribunal ordenó le corrección de esta con el fin de que se
indicaran los artículos concretos, frente a lo cual, el actor determinó que
correspondían a los artículos 131 de la C.P., 2 y 3 de la Ley 588 de 2000 y 2 del
Decreto 3454 de 2006, compilado en el artículo 2.2.6.5.2 del Decreto 1069 de 2015.
43. Adicionalmente, el Tribunal advirtió que la obligación en virtud de la cual se
estaba demandando el cumplimiento de las normas mencionadas estaba en cabeza
del Consejo Superior de la Carrera Notarial, motivo por el que vinculó a la entidad
con base en lo establecido en el artículo 5.º de la Ley 393 de 1997, le concedió un
término de tres días para que se pronunciara sobre los hechos de la demanda y
solicitara o aportara las pruebas que estimara en relación con el cumplimiento de
los artículos 131 de la C.P., 2 y 3 de la Ley 588 de 2000 y 2 del Decreto 3454 de
2006, compilado en el artículo 2.2.6.5.2 del Decreto 1069 de 2015.
44. Como consecuencia, la entidad se pronunció y reconoció que es la autoridad
competente para la administración de la carrera notarial y la convocatoria a los
concursos de méritos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 164 del Decreto
960 de 1970 y 3545 de 2006. Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1069 de 2015, los gastos que demanden ese órgano y los concursos se
efectuarán con cargo al presupuesto de la SNR; además, expuso otros argumentos
que fueron indicados en la contestación.
9
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
10
Índice 2 del expediente digital.
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Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00181-01
45. Ahora, la entidad argumentó que no fue debidamente constituida en renuencia;
sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el requisito
objeto de estudio se entiende superado frente al Consejo Superior de la Carrera
Notarial, en atención a que su vinculación al presente trámite procesal se realizó de
oficio por el juez de cumplimiento de primera instancia, en virtud del artículo 5.º de
la Ley 393 de 1997, circunstancia que lleva implícito el agotamiento del requisito de
de procedibilidad respecto de dicha autoridad 11, sin que tal circunstancia implique la
vulneración al debido proceso, como se argumentó en la impugnación.
46. No obstante, respecto de la SNR y el DAPRE, para la Sala no se acreditó la
renuencia, en atención a que, en el requerimiento realizado por el actor en junio de
este año, no identificó concretamente las normas sobre las cuales pretendía el
cumplimiento; así las cosas, la acción debió rechazarse en relación con esas
entidades y, en ese sentido, habrá de revocarse parcialmente la decisión de primera
instancia.
4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
47. En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento del artículo 131 de
la C.P., 2 y 3 de la Ley 588 de 2000 y 2 del Decreto 3454 de 2006, compilado en el
artículo 2.2.6.5.2 del Decreto 1069 de 2015, para que la autoridad accionada
adelante el concurso para proveer los cargos de notarios y registradores, normas
que actualmente se encuentran vigentes.
48. Sin embargo, en relación con el artículo 131 de la C.P. habrá que decir que la
acción de cumplimiento no resulta procedente, en cuanto no tiene el carácter de
norma con fuerza material de ley o de actos administrativo y, en ese sentido, habrá
de determinarse en esta decisión de segunda instancia.
49. No se advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa
judicial para procurar por el cumplimiento de los preceptos que se piden ordenar,
los que además son actualmente exigibles porque no están derogados ni
suspendidos.
50. Adicionalmente, contrario a la conclusión a la que arribó el Consejo Superior de
la Carrera Notarial, esta Sala encuentra que la pretensión del demandante implica
un gasto que sí está presupuestado, según pasa a explicarse.
51. El artículo 2.2.6.1.5.4.3 del Decreto 1069 de 2015 establece que los gastos que
demanden funcionamiento del consejo superior y los concursos se harán con cargo
al presupuesto de la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual le
proporcionará además los servicios técnico-administrativos que requiera para su
funcionamiento.
11
Puede consultarse, entre otras, la sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicación n.º 25000-23-
41-000-2021-00382-01 y de 15 de diciembre de 2021 radicación n.º 52001-23-33-000-2021-00266-
01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra y sentencia de 23 de enero de 2014, radicación n.º 68001-
23-33-000-2013-00846-01 (ACU) M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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52. El Consejo Superior de la Carrera Notarial afirmó que, a través del Decreto 2590
de 2022, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2023, en el cual se apropió a la SNR la suma de $792.050.278.624, dentro de los
cuales existe una apropiación en el rubro A-03-03-01-054 – 26 fondo para los
notarios de insuficientes ingresos, Decreto 1672 de 1997 por valor de
$67.716.000.000 y, respecto del valor contenido en este rubro se utilizaría una parte
para financiar el concurso de méritos para el nombramiento de notarios en
propiedad e ingreso a la carrera notarial.
53. Asimismo, informó que el 22 de febrero de 2023, la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la SNR, en coordinación con el ordenador del gasto, esto es, el
Secretario General de la SNR, radicaron solicitud de expedición de CDP para la
convocatoria a concurso de méritos para el nombramiento de notarios, conforme a
la presupuestal de 7 de marzo de 2023 y, para la vigencia 2023 se comprometieron
$2.000.000.000 «para la convocatoria concurso de méritos para el nombramiento
de notarios, conforme a la decisión asumida por el consejo superior de la carrera
notarial en sesión del día 19 de octubre de 2022».
54. Si bien en la impugnación la entidad hizo referencia a que, para la fecha, el rubro
apropiado para la vigencia 2024 no es suficiente, lo cierto es que la afirmación no
fue acompañada de pruebas que así lo acrediten; además, debe tenerse en cuenta
que está a punto de finalizar el año, por tanto, el presupuesto de este año
difícilmente podrá ser ejecutado en su integridad; además, esa situación debió ser
tenida en consideración para el presupuesto correspondiente al 2025.
55. Sobre el particular, la Sección 12 ha concluido que esa causal puede ser
superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado 13, es decir, una vez
elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en estos
casos, en los cuales la pretensión de cumplimiento devendrá procedente, tal y como
determinó el Tribunal de primera instancia 14.
56. Adicionalmente, se recuerda que, tanto la jurisprudencia constitucional como la
contenciosa administrativa ha establecido una relación entre el cumplimiento de las
funciones de la entidad y el acceso al empleo público como forma de garantizarlas.
Sobre el particular, se ha dicho que la carrera administrativa ha sido entendida como
aquel «sistema técnico de administración de personal de los organismos y entidades
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 22 de
agosto de 2024, Exp.25000-23-41-000-2024-00875-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. Valga
señalar que la providencia tuvo salvamento de voto del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
13
Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No. 2013-01288-01, actor:
María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 22 de octubre de 2020,
Rad. 25000-23-41-000-2020-00185-01(ACU), actor Luz Patricia Agudelo Patiño, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia del 15 de abril de 2020, Rad. 13-001-23-33-000-2020-
00795-01, actor Carlos Mario Daza Mejía.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de
octubre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-01313-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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del Estado cuyo fin es, además de la preservación de la estabilidad y del derecho
de promoción de los trabajadores, garantizar la excelencia en la calidad del servicio
y la eficiencia de la administración pública, y en general de las actividades estatales,
ofreciendo igualdad de oportunidades para el ingreso, capacitación y ascenso del
servicio público, con base exclusiva en el mérito y en las calidades de los
aspirantes»15.
57. Por tanto, para la Sala, el requisito se encuentra superado, por cuanto desde el
2023, la entidad cuenta con un rubo aprobado y apropiado para efectos de convocar
el concurso en mención.
58. Finalmente, según lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, esta
acción no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de
defensa judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo,
salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.
4. Caso concreto
59. La parte actora pretende que se ordene al Consejo Superior de la Carrera
Notarial convocar a concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas que
se presentan en la SNR. Consideró incumplidos los siguientes artículos de la Ley
588 de 2000:
ARTÍCULO 2º. Propiedad e interinidad. El nombramiento de los notarios en
propiedad se hará mediante concurso de méritos.
En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar
notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo
concurso.
De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto.
El organismo rector de la carrera notarial realizará directamente los exámenes o
evaluaciones académicas o podrá hacerlo a través de universidades legalmente
establecidas, de carácter público o privado.
Dichas pruebas estarán destinadas a medir los conocimientos de los concursantes.
Artículo 3º. Lista de elegibles. Los notarios serán nombrados por el gobierno, de la lista
de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales
deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional. La lista de
elegibles tendrá una vigencia de dos años.
El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los
concursos, así como la carrera notarial (resaltos de la Sala).
60. También, lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3454 de 2006, que dispone:
15
Corte Constitucional, sentencia C – 049 de 2006, sentencia C- 837 de 2003 y Sentencia C- 483
de 2000, entre otras
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ARTÍCULO 2. Estructura del concurso. El concurso se compone de las siguientes
fases: (1) convocatoria; (2) inscripción y presentación de los documentos con los que
el aspirante pretenda acreditar el cumplimiento de requisitos; (3) análisis de requisitos
y antecedentes; (4) calificación de la experiencia; (5) prueba de conocimientos; (6)
entrevista, y (7) publicación y conformación de la lista de elegibles.
61. En este punto, debe precisarse que, si bien el actor en sus pretensiones hizo
referencia al concurso para registradores y curadores, las normas indicadas solo
hacen referencia a los notarios vacantes; por tanto, el estudio estará limitado en ese
sentido y las demás pretensiones serán negadas.
62. La Sala anticipa que comparte la conclusión a la cual arribó el tribunal, según la
cual, los preceptos demandados contienen un mandato imperativo, expreso e
inobjetable en cabeza del Consejo Superior de Carrera Notarial.
63. Lo anterior, por cuanto el artículo 3.º de la Ley 588 de 2000 es preciso en
establecer que el organismo competente señalado por la ley, en este caso, el
Consejo Superior de la Carrera Notarial tal y como la entidad lo reconoció a lo largo
de este proceso, convocará y administrará los concursos, así como la carrera
notarial; es decir, establece un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la
autoridad pública.
64. La Sala 16 no desconoce que el tribunal hizo referencia a una serie de normas,
distintas a las que fueron objeto de la renuencia en relación con la entidad; sin
embargo, en este caso, aun sin esa referencia, para la Sala es evidente que a la
entidad le asiste una obligación establecida en la ley, concretamente en los artículos
2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000; sin que el hecho de que la primera instancia hubiera
utilizado otras normas como sustento para nutrir el fallo impliquen una
extralimitación en cuanto al mandato.
65. Ahora, la Sala advierte que, en el presente caso, resulta procedente exigir el
cumplimiento, por cuanto, tal y como lo acreditó la SNR y el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, si bien la entidad ya se encuentra realizando las actividades
pertinentes con el fin de proceder con la convocatoria indicada en las normas
demandadas como incumplidas, lo cierto es que hay certeza de que no se ha
cumplido, por cuanto, en este caso, el deber consagrado en las normas
demandadas como incumplidas es convocar y es con el acto de la convocatoria
que se logra dicha actuación, el cual, hasta la fecha no existe, tal y como pasa a
explicarse a continuación.
66. Con la contestación de la demanda, la SNR allegó un cronograma con las
distintas actividades que ha realizado el Consejo Superior de la Carrera Notarial,
con el fin de proceder con la convocatoria del concurso para llenar las vacantes de
notarios del país.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de
octubre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-01313-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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67. En efecto, desde el 2022 se estableció un cronograma con el fin de determinar
las actividades necesarias para ordenar la convocatoria del concurso, de las cuales
se debe indicar que cada mes se ha efectuado una sesión y varias mesas de trabajo,
de las que se destacan las siguientes:
68. El día 28 de octubre de 2022, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, a través de oficio No. SNR2022IE017556, solicitó al
Superintendente de Notariado y Registro efectuar las gestiones pertinentes ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asignación de la partida
presupuestal dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2023 y que de esta manera se
cuenten con los recursos suficientes para la realización del concurso de méritos.
69. El 12 de septiembre de 2023 se desarrolló la séptima mesa de trabajo, luego de
que fueran remitidas las relatorías requeridas a la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y al Consejo de Estado sobre las personas con discapacidad
en el marco de un concurso de méritos, en especial, frente al concurso de notarios.
70. Lo anterior, con la finalidad de realizar el estudio correspondiente de los
pronunciamientos emitidos por las altas cortes en la materia, con miras a dar
claridad sobre la aplicación de la Ley 1996 del 2019 en el concurso de notarios,
aspecto novedoso para la presente convocatoria y de gran relevancia para los
miembros del Consejo Superior.
71. El 19 de septiembre de esa anualidad, se presentó consulta ante el Instituto
Nacional para Ciegos – INCI, con el fin de que aclararan si consideran que las
personas catalogadas como «ciegos», pueden participar en el concurso público y
abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera
notarial, y si a su vez podrán desempeñar las funciones propias del servicio público
notarial. Lo anterior, para concluir que las personas con discapacidad visual
(ceguera o baja visión) no pueden ejercer el cargo de notario.
72. La SNR, como administradora del Fondo Cuenta Especial del Notariado
Colombiano, 17 a través de su Dirección de Contratación, del 4 al 22 de diciembre de
2023, adelantó el evento de cotización número 082 de 2023 (SIO82) mediante la
plataforma transaccional SECOP II, para que las universidades públicas y privadas
con acreditación vigente expedida por el Ministerio de Educación Nacional allegaran
cotización para el desarrollo del concurso de méritos público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.
73. El órgano rector de la Carrera Notarial decidió que, a través de la Dirección de
Contratación de la Superintendencia de Notariado y Registro, se efectuara una
solicitud de información a proveedores dirigido a universidades debidamente
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional que permitan realizar el estudio
17
En atención a lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 1890 de 1999, los gastos propios de los
concursos se financiarán con cargo al Fondo Cuenta Especial del Notariado Colombiano.
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de mercado para adelantar el concurso en mención, y que dicho periodo de
cotización sería desde el 18 de marzo al 12 de abril de la presente anualidad.
74. Aunado a lo anterior, el Consejo Superior de la Carrera Notarial dio la instrucción
a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección de Contratación de la SNR de avanzar
en la elaboración de los estudios previos y el pliego de condiciones, documentos
que establecerán los requisitos técnicos, legales, financieros y administrativos que
deben cumplir los oferentes interesados en participar en el proceso de contratación.
75. En cumplimiento de lo anterior, la Dirección de Contratación publicó la solicitud
de información de proveedores SIP 044 de 2024 en la plataforma SECOP II, el
pasado 18 de marzo, con un plazo para presentar cotizaciones hasta el 12 de abril
del presente año, según lo ordenado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
76. Paralelamente, el 21 de marzo, la Oficina Asesora Jurídica estableció un
cronograma de trabajo al interior del Grupo de Concurso y Carrera Notarial para
continuar con la materialización de las instrucciones dadas por el Consejo Superior
de la Carrera Notarial, iniciando dicho cronograma el 22 de marzo con un primer
avance en la estructuración de los estudios previos, finalizando con la entrega del
borrador del pliego de condiciones a esta Oficina Asesora Jurídica el 15 de mayo
de 2024.
77. En la sesión del 24 de junio de 2024, el Consejo Superior de la Carrera Notarial
estudió lo relativo a la competencia del Consejo Superior de la Carrera Notarial y la
SNR frente al concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de
notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial y en virtud de ello decidió lo
siguiente:
1. Realizar los exámenes o evaluaciones académicas a través de una
universidad legalmente establecida, pública o privada,
2. Delegó a la Superintendencia de Notariado y Registro la realización del
concurso notarial.
3. Instruyó a la Superintendencia de Notariado y Registro adelantar una
licitación pública a fin de seleccionar a la Universidad que desarrollaría el
concurso de notarios.
4. Aprobó la conformación de mesas de trabajo a través de las cuales se
revisaría los borradores de los estudios previos y del pliego de condiciones.
78. El 25 de julio del año en curso se llevó a cabo la mesa de trabajo con el equipo
jurídico del Ministerio de Justicia y la SNR con la finalidad de revisar los requisitos
habilitantes y criterios ponderables incluidos en los estudios previos para la
contratación de la universidad que llevaría a cabo el concurso de notarios para que
fueran socializados en la mesa de trabajo convocada para el viernes 26 de julio de
la anualidad en curso con los delegados de los integrantes del Consejo Superior de
la Carrera Notarial.
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79. Adicional a lo anterior, se puso de presente por parte de la SNR la dificultad de
establecer un presupuesto para el proceso contractual con las cotizaciones
allegadas en las anteriores oportunidades, dado que para la fecha se podían advertir
unas nuevas condiciones técnicas relacionadas con el software que debería
suministrar la universidad para el desarrollo del concurso; novedades que afectarían
el presupuesto del proceso.
80. Luego de analizar lo expuesto, desde el Ministerio de Justicia se sugirió realizar
una nueva solicitud de cotizaciones, y que, para garantizar una pluralidad de las
mismas, teniendo en cuenta la poca participación en los anteriores eventos de
información, se acordó por parte de las dos entidades realizarla en el aplicativo
SECOP II y por correo electrónico.
81. El 29 de julio de 2024, la Dirección de Contratos publicó en la plataforma SECOP
II el evento de solicitud de información con número de proceso SIP 085 DE 2024,
dirigido a las universidades con acreditación de alta calidad vigente, expedida por
el Ministerio de Educación Nacional, para que remitieran la información descrita en
el archivo Excel anexo (formato de cotización), con la finalidad de realizar el estudio
de mercado para adelantar el concurso de méritos público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial para proveer
a nivel nacional la totalidad de aquellas notarías que no se encuentren designadas
en propiedad.
82. El plazo concedido a las universidades para presentar las cotizaciones, a través
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, fue de cinco (5)
días hábiles contados a partir del veintinueve (29) de julio de 2024 hasta las 5:00
pm del día cinco (5) de agosto de 2024.
83. Frente al escenario antes expuesto, la Dirección de Contratación de la SNR
mediante oficio SNR2024IE012130 del 9 de agosto de 2024 sugirió «(…) que a
través de la Plataforma SECOP II y correo institucional, se realicen nuevamente las
solicitudes de cotización, con el propósito de aumentar la base de información
económica y por consiguiente, un adecuado y proporcional, Valor del Presupuesto
Oficial, que evite riesgos en materia de contratación».
84. Adicional a lo anterior «(…) y teniendo en cuenta que dentro del documento de
estudios previos se establece un plazo de ejecución de 15 meses, es pertinente
recomendar que, a través del Área Financiera y Planeación, se acompañen las
gestiones tendientes a la Constitución de “Vigencias Futuras”, de conformidad con
las necesidades, tiempos y alcances del Objeto contractual, establecidos por el
componente Técnico, dentro de la etapa Pre-Contractual, los cuales solo podrán
iniciarse una vez se cuente con el estudio de mercado y presupuesto oficial definido
de acuerdo con el estudio de sector que está realizando».
85. Atendiendo las recomendaciones realizadas por la Dirección de Contratación de
la SNR, mediante correo electrónico del 9 de agosto de 2024, la Oficina Asesora
Jurídica solicitó a la referida dependencia la ampliación del plazo concedido en el
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evento de solicitud de información de SECOP II con número de proceso SIP 085 de
2024 hasta el jueves 15 de agosto de 2024, con la finalidad de que las universidades
con acreditación de alta calidad vigente, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, remitieran información.
86. De igual manera, en la misma fecha se remitió a los correos electrónicos de las
32 mejores universidades con acreditación de alta calidad a nivel Nacional, el
formato de cotización, junto con las recomendaciones generales de seguridad
relacionadas con el software, las especificaciones y requerimientos técnicos de la
licitación y el proyecto de acuerdo de convocatoria aprobado por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial.
87. Finalmente, la entidad informó que, el 23 de agosto de 2024, la Oficina Asesora
de Planeación de la SNR allegó la proyección de los posibles inscritos al próximo
concurso de notarios y los convocados a la prueba de conocimientos, como insumo
para determinar el presupuesto oficial del contrato.
87 Como consecuencia, para la Sala está acreditado que, si bien el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, se encuentra realizando todos los trámites
pertinentes y necesarios con el fin de llevar a cabo la convocatoria para proveer los
cargos de notarios, es claro que no ha dado cumplimiento a lo establecido en los
artículos 2 y 3 de Ley 588 de 2000, concretamente en lo referente a que el
organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los
concursos, así como la carrera notarial.
88. Adicionalmente, contrario a lo que ocurre en el proceso que se adelantó en
contra de la Procuraduría General de la Nación y en el cual esta Sala ordenó el
cumplimiento de la norma demandada con el fin de que, en el término de tres meses
se realizara la convocatoria al concurso, en esta oportunidad, la norma no establece
un término determinado para la entidad para la realización de la actividad; sin
embargo, esto no es óbice para que la Sala pueda ordenar el cumplimiento, tal y
como lo ha hecho en otras oportunidades.
89. Como consecuencia, al estar demostrada la apropiación del gasto en el presente
asunto, junto con los demás requisitos de la acción, la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 20 de septiembre 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para rechazar por incumplimiento del requisito de constitución de
renuencia en cuanto a la SNR y el DAPRE; declarar la improcedencia en cuanto a
la norma de la Constitución Política; confirmar la orden de cumplimiento y negar lo
pretendido en cuanto a registradores y curadores.
90. Así las cosas, la entidad accionada deberá, en un término de 3 meses siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, convocar a concurso de méritos para la provisión
a la totalidad de empleos de carrera de la entidad, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 20 de septiembre de 2024 del
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: RECHAZAR la demanda contra la Superintendencia de Notariado y
Registro y el DAPRE, porque no se acreditó el requisito de constitución en
renuencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción en contra del artículo 131 de la
Constitución Política.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta sentencia respecto de las pretensiones de convocar concurso de
registradores y curadores.
QUINTO: CONFIRMAR la declaratoria de incumplimiento por parte del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, toda vez que ha incumplido el deber previsto en los
artículos 2 y 3 de la Ley 588 de 2000. Por consiguiente, se ordena al Consejo
Superior de la Carrera Notarial que, en el término de 3 meses siguientes a la
ejecutoria de este fallo, convoque al concurso público de méritos para la provisión
de los cargos de notario que se encuentran vacantes definitivamente en todo el país.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
SÉPTIMO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Salva el voto
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Elkin Yesid Molina Orozco
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro
Rad: 17001-23-33-000-2024-00181-01
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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