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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00382-01

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00382-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Modificar el numeral primero de la sentencia de 24 de octubre de 2022 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Notificar a las partes del presente asunto en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2021-00382-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de diciembre de 2022

Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00382-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-41-000-2021-00382-01
Demandante: CARLOS MARIO SALGADO MORALES
Demandados: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y
OTROS

Tema: Acción de cumplimiento – modifica sentencia de
primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Quinta resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la
sentencia de 24 de octubre de 2022 de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dispuso “declarar la terminación del
proceso bajo la figura de carencia actual de objeto”.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

En ejercicio de la acción prevista en la Ley 393 de 1997, el señor Carlos
Mario Salgado Morales demandó al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República - DAPR, al Ministerio de Salud y Protección
Social y la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales -
UGPP, con la finalidad de obtener el acatamiento del parágrafo 2.º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993 1, para que se reglamente el sistema de presunción
de ingresos para calcular el IBC de los trabajadores independientes.

2. Hechos

El accionante explicó que el parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 100 de
1993 establece en cabeza de las entidades accionadas la obligación de
reglamentar un sistema de presunción de ingresos. Aludió que las
autoridades demandadas se encuentran en renuencia 2, por cuanto no se ha
reglado el mencionado sistema, para lo cual reclamó, en particular, que es
necesario implementarlo respecto de los trabajadores independientes.

1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
2
Con la demanda se aportó las solicitudes que presentó el 15 de enero de 2021 para
cumplir con el requisito de procedibilidad de esta acción respecto de las autoridades
demandadas.
1
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00382-01

Las demandadas indicaron que el sistema presuntivo se encuentra regulado
en la Resolución 1400 de 2019 3 y la Resolución 209 de 2020 4, expedidas por
la UGPP, que sustituyeron el sistema de presunción de ingresos por el
denominado de costos, lo cual, en criterio del accionante, no corresponde a
lo ordenado por la ley.

Para sustentar lo anterior, el demandante enfatizó que conceptualmente es
completamente opuesto el ingreso y el costo, razón por la cual la
reglamentación realizada por la UGPP no puede suplir la falta de regulación
del sistema de presunción de ingreso, debido a que contable y
tributariamente son conceptos opuestos, porque:

“[…] mientras los ingresos representan un incremento en el patrimonio, es
decir, suman, los costos representan un decremento en el patrimonio, es decir,
restan, debido a ello es completamente ilógico y fuera de contexto afirmar que
el sistema de presunción de costos suple el sistema de presunción de
ingresos, pues al ser conceptos opuestos requieren de la reglamentación e
implementación de un sistema completamente diferente, de no ser así el
legislador solo hubiese ordenado la creación de uno de los sistemas, el hecho
de que el legislador haya ordenado la creación e implementación de los dos
sistemas nos permite concluir que es evidente la necesidad de los dos
sistemas, y que con la existencia de uno no se puede suplir la del otro […]” 5.

3. Pretensión

En la demanda se formuló la siguiente:

“[…] se ordene el cumplimiento efectivo de LA LEY 100 DE 1993 ARTÍCULO 204
PARÁGRAFO SEGUNDO, por parte de LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES”.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

El presente asunto6 fue conocido por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avocó conocimiento de la solicitud

3
“Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes
por cuenta propia cuya actividad económica sea el transporte público automotor de carga por
carretera”.
4
“Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes
por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de
servicios personales, conforme a su actividad económica”.
5
Igualmente, citó en la demanda “Valle León, M. (2011). Ingresos, Costos y Gastos. Recuperado
de: https://www.uv.mx/personal/mvalle/files/2011/08/INGRESOS-COSTOS-Y-GASTOS.ppt ”.
6
En auto de 12 de enero de 2022, el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, Sección
Segunda, admitió la solicitud de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales. Posteriormente, en providencia de 21
de enero de 2022, la citada autoridad judicial advirtió su falta de competencia funcional,
razón por la cual remitió lo actuado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención
a que las demandadas son del orden nacional y el domicilio del actor es en la ciudad de
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de cumplimiento contra el DAPR, el Ministerio de Salud y Protección Social y la
UGPP, por medio de auto de 14 de febrero de 2022, y, posteriormente, en
sentencia de 17 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda. El
proceso fue remitido a esta corporación para resolver la impugnación que el
accionante formuló.

No obstante, en auto de 6 de junio de 20227, el ponente de esta providencia
advirtió que la norma que se pidió cumplir dispone que la reglamentación impuesta
por el legislador en el parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
corresponde al gobierno nacional. Por tanto, conforme a las previsiones de los
artículos 115 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 393 de 1997, 136 y 137 del
CGP, se explicó que era necesario vincular al trámite al señor presidente de la
República y los ministros de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo que, de
acuerdo con la materia, lo conformaban para este caso en particular.

A su turno, el primer mandatario solicitó declarar la nulidad ante su falta de
vinculación por parte del tribunal, con fundamento en la causal 8.ª del artículo 133
del CGP. En consecuencia, en providencia de 21 de junio de 2022, se accedió a lo
peticionado y se devolvió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que dictara nueva sentencia en la que garantizara la participación y el
derecho de defensa, en el trámite de primera instancia, respecto del presidente de
la República y demás autoridades que se señalaron que debían comparecer8.

En providencia de 13 de septiembre 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca obedeció y cumplió lo resuelto en el auto de 21 de junio de 2022 y
dispuso la vinculación del señor presidente de la República y los ministros de
Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.

5. Informes

5.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expuso
que no está llamado a obedecer la norma que se demanda como desatendida,
porque dicha función está en cabeza del ministerio de la rama respectiva. Por otra
parte, aludió que en el presente asunto no se cumple con el requisito de
renuencia, precisó que la petición que el actor radicó el 15 de enero de 2021, fue
remitida a la UGPP el 18 de enero de 2021.

5.2. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en
resumen, indicó que la disposición invocada no prevé que dicha autoridad sea la
encargada de reglamentar el sistema presuntivo señalado por el demandante.

Bogotá.
7
Índice 4 de SAMAI.
8
Índice 15 de SAMAI. En la providencia se indicó que la vinculación que de manera oficiosa realiza
el juez de cumplimiento, en virtud del artículo 5.º de la Ley 393 de 1997, lleva implícita la
constitución en renuencia, para lo cual se citó la sentencia de 23 de enero de 2014, radicación
número: 68001-23-33-000-2013-00846-01 (ACU) M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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5.3. El Ministerio de Salud y Protección Social argumentó que el parágrafo 2.º
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el inciso segundo del artículo 18 de la Ley
1122 de 2007, así como el último inciso del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 se
encontraba previsto el sistema de presunción de ingresos que tenía como finalidad
establecer que efectivamente se estaba cotizando al régimen contributivo de
acuerdo a los ingresos percibidos.

Señaló que, a través del artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 se derogó el artículo
18 de la Ley 1122 de 2007 y a su vez se reguló el ingreso base de cotización al
Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes en el
artículo 135 de la Ley 1753 de 20159. Expuso que el sistema de presunción de
ingresos quedó como un referente de comparación para el cálculo del ingreso
base de cotización, toda vez que en los eventos en que aquel fuera inferior, sería
aplicable el método presuntivo.

No obstante, la entidad manifestó que el ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes se reguló por el artículo 244 de la Ley 1955 de
201910, el cual estableció un esquema de presunción de costos que adoptó la
UGPP en las Resoluciones 1400 de 2019 y 209 de 2020, que permiten determinar
el IBC sobre el cual deben efectuarse los aportes a la seguridad social integral de
ese tipo de trabajadores, el cual puede ser aplicado por la UGPP en los procesos
de fiscalización en curso y los que se inicien en cualquier vigencia fiscal.

La cartera concluyó que el sistema adoptado parte de la autodeclaración de
aportes soportados en la posibilidad de depurar los ingresos de los cotizantes a
través de los costos presuntos determinados por la UGPP o por aquellos ingresos
que se puedan sustentar de conformidad con lo estipulado por el artículo 107 del
Estatuto Tributario. En consecuencia, el sistema de presunción de ingresos que
reclama el accionante, fue sustituido, en atención a la legislación posterior y
especial señalada.

5.4. Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo no se
pronunciaron con ocasión del auto de 13 de septiembre de 2022 del tribunal a quo.
Sin embargo, en virtud de la providencia de 6 de junio de 2022, habían solicitado
negar las pretensiones de la demanda al advertír que no era exigible el sitema de
presunción de ingresos conforme las previsiones de la Ley 1955 de 2019. Por
tanto, consideran que con el modo presuntivo de costos que estableció la UGPP
en las Resoluciones 1400 de 2019 y 209 de 2020, no se encuentra desatendido
ningun mandato imperativo e inobejtable a cargo del gobierno nacional.

9
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país”.
10
Como consecuencia de la derogatoria que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
dispuso sobre el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
4
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5.5. El Presidente de la República solicitó despachar desfavorablemente las
súplicas de la demanda, señaló que conforma el gobierno nacional, según las
previsiones del artículo 115 de la Constitución Política, pero sostuvo que su
competencia solo se activa “una vez el o los ministerios “competentes” elaboren y
presenten, con todos sus requisitos un proyecto de decreto para la revisión y
suscripción por parte del primer mandatario, no antes”. Por otra parte, se remitió a
los argumentos de defensa que las demás entidades demandadas y vinculadas
hicieron sobre no haber incumplido el deber que se reclama, ante la existencia del
sistema presuntivo que diseñó la UGPP.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 29 de octubre de 2022, resolvió:

“[…] DECLÁRESE la terminación del proceso bajo la figura de CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO respecto de la solicitud de cumplimiento formulada por el señor CARLOS
MARIO SALGADO MORALES, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES, el MINISTERIO DEL TRABAJO, el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. […]”.

El tribunal explicó que con ocasión de la expedición de la Ley 1753 de 2015, a
través de su artículo 135, el legislador dispuso lo relativo al ingreso base de
cotización sobre el cual debían efectuar los trabajadores independientes sus
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, y determinó la regulación de un
sistema de presunción de ingresos a cargo del gobierno nacional para efectos
comparativos, en eventos donde resulte el IBC inferior al método referido. Sin
embargo, expuso que la norma fue derogada expresamente por el artículo 336
de la Ley 1955 de 2019, por cuanto, el mismo compilado normativo en su
artículo 244 determinó nuevamente el ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes, pero ya no previó un sistema de presunción de
ingresos, sino que el legislador adoptó el denominado esquema de costos.

Seguidamente, el a quo también advirtió que el artículo 244 de la Ley 1955
de 2019, que sirvió de fundamento para la expedición de las referidas
resoluciones, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-068 de 2020, pero los efectos de dicha declaratoria fueron
diferidos hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes.
No obstante, la corporación señaló que en la acción de cumplimiento con
radicado 25000-23-41-000-2022-00033-01, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ordenó al gobierno nacional acatar el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011, en sentencia de 5 de mayo del 2022 y, en consecuencia, fue expedido el
Decreto 1601 de 5 de agosto de 2022 “Por el cual se sustituye el Título 7 de la
Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social en relación con el sistema de presunción de

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ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato
diferente a prestación de servicios”.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal fue enfático en concluir que “[…] el
Sistema de Presunción de Ingresos que establece el Decreto 1601 de 2022, sirve
como referente para la presentación de autoliquidaciones y la fiscalización de las
bases de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los
independientes con contrato diferente a prestación de servicios, permite
determinar la presunción de capacidad de pago para el Régimen Contributivo del
Sistema de Seguridad Social en Salud y los Sistemas Generales de Pensiones y
de Riesgos Laborales, en cumplimiento de la obligación del Gobierno Nacional de
reglamentación establecida en el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de
1993, de manera que no es dable acceder a las pretensiones de la demanda de
cumplimiento”. Es decir, determinó que no se desatendió la obligación
reglamentaria que se solicitó por parte del demandante.

7. impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia e indicó que, si bien el
gobierno nacional expidió el Decreto 1601 de 5 de agosto de 2022, en el que
determinó el sistema de presunción de ingresos, la reglamentación desconoce el
derecho a la igualdad y las previsiones de la Ley 100 de 1993. Discrepó que el
gobierno nacional únicamente tuvo en cuenta el criterio de “actividades
económicas” que desarrollan los trabajadores independientes y no se sustentó en
las demás variables que indicó el parágrafo 2.º del artículo 204; nivel de
educación, experiencia laboral, región de operación y el patrimonio de los
individuos.

Asimismo, el actor señaló que realmente el sistema a pesar de denominarse de
ingresos mantuvo el de costos y que la UGPP adelanta “procesos de fiscalización
a personas naturales: Independientes sin contrato de prestación de servicios y
rentistas de capital, fundamentado su actuar en la declaración de renta, sobre la
cual ha venido realizado (sic) la siguiente operación: Toman los ingresos brutos y
los divide en doce (12) para obtener el Ingreso Base de Cotización “IBC”, y sobre
esta base aplican las tarifas, sin embargo este actuar no se encuentra en
NINGUNA norma, que permita a la entidad realizar tal ejecución”.

Finalmente, el impugnante sostuvo que la reglamentación de 2022 no llena el
vacío de la base gravable de estos procesos, a cambio del esquema de costos, la
cual corresponde a un concepto diametralmente opuesto y adicional a ello su
marco normativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-068 de 2020.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
24 de octubre de 2022 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de “las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento”..

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
24 de octubre de 2022 de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente al
DAPR, el Ministerio de Salud y Protección Social y la UGPP, respecto del
parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta. ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada que
reglamente el sistema de presunción de ingresos previsto en parágrafo 2.º
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo11 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la

11
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

La Corte Constitucional señaló “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”12.

Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]13.

(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u

12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
13
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política14.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”15.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado16.

14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
9
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Radicación: 25000-23-41-000-2021-00382-01

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada
por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido
para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en
las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya
creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios
judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de
cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento
consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia
del perjuicio […]”17.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,18 a menos que estén apropiados;19 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior20.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este21 y

17
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
20
Sentencia antes citada.
21
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia
que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo” (Negrita
fuera de texto).
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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”22.

Igualmente, esta Sección23 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento
y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de
la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita
o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con
relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de
procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a
cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es
necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta
del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es
necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que
previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella
define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos [24] […]” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

22
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
23
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
24
[En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
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“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud […]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano25.

Al expediente, el accionante acompañó copia de las solicitudes de 15 de enero de
2021, que presentó al DAPR, el Ministerio de Salud y Protección Social y la
UGPP, en las cuales pidió el cumplimiento del parágrafo 2.º del artículo 204 de la
Ley 100 de 1993. A su turno, las autoridades emitieron respuestas que no
comparte el solicitante por cuanto, a su juicio, para determinar el ingreso base de
cotización de los trabajadores independientes no se debe aplicar el esquema de
presunción de costos que desarrollo la UGPP en las Resoluciones 1400 de 2019 y
209 de 2020.

Del análisis de la documental que el demandante allegó, para la Sala está agotado
el requisito de constitución en renuencia, conforme lo exigido por el artículo 8.º de
la Ley 393 de 1997, toda vez que lo argumentado por las demandadas es
contrario al querer del ciudadano. Por otra parte, debe precisarse que en cuanto al
señor presidente de la República y los ministerios de Hacienda y Crédito Público
y del Trabajo, el requisito objeto de estudio también se entiende superado en
atención a que su vinculación al presente trámite procesal se realizó de oficio por
el juez de cumplimiento de primera instancia, en virtud del artículo 5.º de la Ley

25
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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393 de 199726, circunstancia que lleva implícito el agotamiento del requisito de
constitución en renuencia, respecto de dichas autoridades27.

3.4. Norma que se pide cumplir.

El demandante invocó como disposición desatendida el parágrafo 2.º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993 que dispone:

“LEY 100 DE 1993
(Diciembre 23)
Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones

[…]

Artículo 204. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COTIZACIONES. […]

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de cálculo de la base de cotización de los
trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de
presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la
experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el
patrimonio de los individuos. Asi mismo, la periodicidad de la cotización para estos
trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus
ingresos.

[…]”.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de una ley, cuya
vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión judicial
y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
satisfecho.

3.5. De las causales de improcedencia de la acción constitucional

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.

Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia28 ha desarrollado “la
existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

26
Como consecuencia de las actuaciones procesales descritas en el numeral 1.4 del acápite de
antecedentes del presente proveído.
27
Puede consultarse, entre otras, la sentencia de 15 de diciembre de 2021 radicación n.º 52001-
23-33-000-2021-00266-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra y sentencia de 23 de enero de
2014, radicación n.º 68001-23-33-000-2013-00846-01 (ACU) M.P. Alberto Yepes Barreiro.
28
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n.° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n.° 25000-23-31-000-
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En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del parágrafo 2.º
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual, a su juicio, se encuentra
incumplido ante la falta de regulación del sistema de presunción de ingresos.

Así mismo, lo solicitado no involucra la protección de derechos fundamentales y
no implica la incursión de gastos no presupuestados por cuanto lo que se reclama
es una obligación de hacer consistente en reglamentar el referido método
presuntivo.

3.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”29.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, “imperativo e inobjetable” en los términos
de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio.

El actor invocó tanto en el escrito de renuencia como en la demanda el parágrafo
2.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993. La Sala observa que la disposición
contiene el mandato imperativo e inobjetable de expedir la reglamentación sobre el
sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes. En este
punto, se aclara que no existe discusión en cuanto a que, en el presente asunto, el
gobierno nacional está conformado por el señor presidente de la República y los
ministerios vinculados a este trámite como autoridades demandadas, conforme a
las previsiones del artículo 115 de la Constitución Política. Por tanto, respecto de
ellas recae el deber que la norma prevé.

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que el mandato dispuesto por el legislador se acató, en
atención a que el gobierno nacional expidió el Decreto 1601 de 2022, por medio
del cual se reguló lo concerniente al sistema de presunción de ingresos de los
trabajadores independientes. Explicó que el referido acto administrativo fue
emitido en obedecimiento de la sentencia de 5 de mayo de 2022, que esta

2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado
n.° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
29
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
14
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Sección dictó en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2022-00033-01, en
donde se dispuso el acatamiento del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

El accionante impugnó la decisión de primera instancia, por cuanto la
reglamentación que el gobierno nacional adoptó no contiene todas las “variables”
que dispone el parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, desconoce el
derecho a la igualdad y argumentó que pese a denominarse como de ingresos
mantuvo el sistema presuntivo de costos que la UGPP había adoptado con
fundamento en la Ley 1955 de 2019, cuyo artículo 244 fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-068 de 2020.

Al respecto, y a manera de recuento, la Sala debe precisar que el legislador a
efectos de determinar el IBC de los trabajadores independientes ha desarrollado la
materia, a partir de un sistema presuntivo de ingresos, en los artículos 204 de la
Ley 100 de 1993, 18 de la Ley 1122 de 200730, 33 de la Ley 1438 de 2011, 135 de
la Ley 1753 de 201531 y 244 de la Ley 1955 de 2019. Como acertadamente el juez
de primera instancia indicó, esta Sección ordenó, en la sentencia de 5 de mayo de
2022, el cumplimiento del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. En atención a lo
dispuesto, el gobierno nacional expidió el Decreto 1601 de 202232.

Al respecto, la Sala considera que la reglamentación emitida permite tener por
cumplido el deber que en esta oportunidad se reclama. En efecto, el acto
administrativo da cuenta que se adoptó en desarrollo del artículo 33 de la Ley
1438 de 201133 y en lo previsto por el legislador de 1993, toda vez que en su

30
La mencionada disposición no está vigente en la actualidad, por cuanto fue derogada por el
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015.
31
La citada norma no está vigente en la actualidad, por cuanto fue derogada por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019.
32
“Por el cual se sustituye el Título 7 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con el sistema de presunción
de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a
prestación de servicios”.
33
En su parte motiva se explicó que: “[…] Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 1393 de 2010: "Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones efectuadas al
Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al Sistema General de Pensiones.
(...)"
[…]
Que en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, se determinó que se presume la capacidad de pago
y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados
oficiosamente Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios,
impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio, quienes tengan certificados de ingresos
y retenciones que reflejen el ingreso establecido para pertenecer al Régimen Contributivo y
quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
[…]
Que se hace necesario establecer el sistema de presunción de ingresos que servirá como referente
para la presentación de autoliquidaciones y la fiscalización de las bases de cotización de los
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a
prestación de servicios así como un indicador que, en cumplimiento del artículo 33 de la ley 1438
de 2011, determine la presunción de capacidad de pago para el Régimen Contributivo del Sistema
de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Riesgos
Laborales. […]”.
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artículo 3.2.7.1. previó: “[…] Objeto y ámbito de aplicación. El presente Titulo
tiene por objeto establecer el sistema de presunción de ingresos con base en las
actividades económicas que desarrollan los trabajadores independientes por
cuenta propia, y con contratos diferentes a prestación de servicios y que deberá
ser tenido como referencia para dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo
2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993.”

Esta Sección recuerda que en la sentencia de 5 de mayo de 2022, se explicó que
el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 “[…] fue expedido por el legislador para una
materia que guarda relación con la capacidad de pago e ingreso pero, de su
lectura integral, su objeto es mucho más amplio y atañe a la obligatoriedad en la
afiliación al régimen contributivo de salud y con ello garantizar el principio de
universalidad del sistema, que es uno de los objetivos centrales de la Ley 100 de
1993, respecto de todas las personas en general, no solo los trabajadores
independientes […]”.

En ese sentido, las previsiones del parágrafo 2.º del artículo 204 de la Ley 100 de
1993 deben entenderse de forma armónica con lo previsto en el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011. Por tanto, resulta razonable que el acto de reglamentación solo
se refiriera a la variable de “actividades económicas”, pues fue la información que,
en el año 2011, el legislador estableció como base el sistema presuntivo a cargo
del gobierno nacional: “[e]l Gobierno Nacional reglamentará un sistema de
presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades
económicas. […]”. Lo anterior, conlleva a que la Sala no comparta el argumento
del impugnante en cuanto a que el deber no se entienda cumplido o que el decreto
transgreda el derecho a la igualdad porque no refiere a las “variables” de nivel de
educación, experiencia laboral, región de operación y el patrimonio de los
individuos.

Adicionalmente, debe recordarse que esta Sección ha sostenido que la acción
procede para ordenar el ejercicio de la facultad reglamentaria y que el deber
dispuesto en la ley relacionada con reglar determinada materia no significa que el
poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad con la que cuenta para
ese efecto, pues el mandato que aquella impone no delimita la potestad ni asigna
los parámetros de contenido en los cuales esta deba surtirse 34. Es decir, escapa a
la competencia del juez de cumplimiento la discusión que el impugnante propone
en cuanto a sus discrepancias con la metodología del sistema de presunción de
ingresos y el de costos que de forma complementaría dispuso el gobierno nacional
en el Decreto 1601 de 2022.

34
Entre otras, Sección Quinta, sentencias (ACU) del 3 de diciembre de 2015, radicado n.° 63001-
23-33-000-2015-00227-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, 19 de agosto de 2021, radicado n.° 15001-
23-33-000-2020-02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E), 23 de septiembre de 2021, radicado n.°
25000-23-41-000-2020-00270-02 MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, 14 de octubre de 2021, radicado
n.° 19001-23-33-000-2021-00086-01 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra y 27 de octubre de 2021,
radicado n.° 44001-23-40-000-2021-00027-01 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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En efecto, controvertir la constitucionalidad o legalidad del acto reglamentario, o
discutir las liquidaciones que según se indica la UGPP realiza de forma arbitraria,
son asuntos que deben ser propuestos a través de los mecanismos de defensa
creados para ese fin, toda vez que para esos fines no fue creado este medio.

En todo caso, la Sección precisa al accionante que el artículo 244 de la Ley 1955
de 2019 se declaró inconstitucional en la sentencia C-068 de 2020, pero lo fue
porque no se cumplió con el principio de unidad de materia, toda vez que era una
norma que no se debió tramitar por el legislativo a través de una ley que contenga
el plan nacional de desarrollo, cuya temporalidad se encuentra limitada en el
tiempo, sino por el correspondiente al de una ley ordinaria ante la materia que
trataba. Es decir, la Corte no emitió pronunciamiento alguno en punto a que el
sistema de presunción de costos desconociera la Constitución y, en todo caso, no
se advierte que el Decreto 1601 de 2022 se fundamente en el artículo 244 de la
Ley 1955 de 2019 para establecer el sistema de presunción de ingresos de los
trabajadores independientes.

Así las cosas, la Sala considera que el deber de reglamentación solicitado se
obedeció. Sin embargo, modificará la parte resolutiva del numeral primero de la
sentencia de 24 de octubre de 2022, toda vez que lo que técnicamente
correspondía resolver en la sentencia de primera instancia era negar las
pretensiones del demandante ante el cumplimiento del mandato que se reclamó
de la administración.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,

III. FALLA:

PRIMERO. Modificar el numeral primero de la sentencia de 24 de octubre de 2022
de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Notificar a las partes del presente asunto en la forma prevista en el
artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

17
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Demandante: Carlos Mario Salgado Morales
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2021-00382-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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