Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06157-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06157-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06157-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de diciembre de 2024
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: Presidente de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-06157-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06157-00
Demandante: LEONARDO AUGUSTO TORRES CALDERÓN
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo. Derecho de preferencia notarial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
El señor Leonardo Augusto Torres Calderón, en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el presidente de la República, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y otros1, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la igualdad, al mérito, al libre desarrollo de la personalidad, a la
vida, a la salud, al mínimo vital, a la honra, al buen nombre, a la profesión y
oficio, así como al trabajo.
El demandante en calidad de notario Setenta y Cuatro del Círculo de Bogotá,
cuestionó la falta de culminación del proceso administrativo de su
nombramiento, por derecho de preferencia, como notario Sesenta y Uno (61)
1
Así como la Secretaría Técnica de la Carrera Notarial, los presidentes de la Corte Suprema de
Justicia, del presidente de Consejo Superior de la Carrera Notarial y de los demás miembros
que lo conforman y lo representen (presidente del Consejo de Estado, la procuradora General
de la Nación, los dos notarios y sus suplentes que lo integran y el secretario Técnico del aludido
Consejo Superior de la Carrera Notarial, quien a su vez es el jefe de la Oficina Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro), así como de las señoras Oriana Marcela Ospina
Apraez (notaria Sesenta y Uno del Círculo de Bogotá E), Paulina Gómez González (notaria
Primera de Envigado y Treinta y Uno de Medellín E), y del señor Óscar Fernando Martínez
Bustamante (notario Veintiséis del Círculo de Bogotá).
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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: Presidente de la República y otros
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del mismo círculo notarial.
A su vez, el accionante pretende que se convoque al concurso nacional de
méritos para el nombramiento de los notarios en propiedad de todo el país y se
advierta a la parte demandada que “antes de proceder, a realizar
nombramientos de los notarios, se culmine el nombramiento de todos los
nombramientos de los notarios que se hayan postulado por derecho de
preferencia, y que ya hayan sido seleccionados…(sic)”
A su vez, el actor sustentó su solicitud de medida cautelar en dichas
pretensiones.
1.2. Pretensiones
1. Culminar el proceso administrativo de nombramiento de Leonardo Augusto
Torres Calderón, Notario 74 del círculo de Bogotá, como Notario 61 del Círculo
de Bogotá, por derecho de preferencia establecido en el numeral 3° del artículo
178 del Decreto Ley 960 de 1970 por tener ya derecho adquirido a ser nombrado
en dicha notaría de conformidad con los artículos 53 y 58 de la Constitución
Política.
2. Convocar inmediatamente al concurso nacional de méritos para la selección de
notarios en propiedad, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución
Política y los artículos 162, 163 y 164 del Decreto Ley 960 de 1970 Estatuto
Notarial (en adelante EN).
3. Se advierte al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Francisco
Petro Urrego, y a los honorables miembros del Consejo Superior de la Carrera
Notarial CSCN, o a quien haga sus veces o les remplacen, que antes de
proceder, a realizar nombramientos en interinidad de notarios, se culmine el
nombramiento de todos los nombramientos de los notarios que se hayan
postulado por derecho de preferencia, y que ya hayan sido seleccionados o
escogidos por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial
CSCN, por ser el único notario que se postuló o quedó como único elegible por
renuncia de los demás que se hubieren postulado o por haber tenido el mejor
resultado en la prueba de conocimientos en el concurso de méritos que le
permitió su nombramiento como notario de carrera, o se culmine el
nombramiento de todos los notarios que figuren en la nueva lista de elegibles que
se establezca con ocasión del nuevo concurso de notarios que se convoque para
suplir las vacantes de notarios en propiedad.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que mediante el Decreto 602 de 25 de abril de
2022, el Gobierno Nacional retiró del servicio al señor Pablo Méndez Barajas.
Por esta razón, el director de Administración Notarial, a través de oficio con
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radicado SNR2022IE006239 de 27 de abril de 2022, comunicó a la Oficina
Asesora Jurídica, certificación de vacancia de la Notaría Sesenta y Uno (61) del
Círculo Notarial de Bogotá, señalando que debería ser ofertada en derecho de
preferencia.
Señaló que, el Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión celebrada el
19 de octubre de 2022, asumió la decisión de dar aplicación al derecho de
preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970, facultando a la Secretaría Técnica para que adelantara el procedimiento
operativo desde la publicación de la vacancia hasta la comunicación dirigida al
nominador correspondiente.
Indicó que, en cumplimiento de los lineamientos operativos aprobados por el
Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión de 19 de octubre de 2022, el
28 de octubre de 2022 se publicó la certificación de vacancia de la Notaría
Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, con el fin de que los notarios
de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia presentaran sus
solicitudes.
Agregó que, la publicación de vacancia estuvo disponible en la página web de
la Superintendencia de Notariado y Registro desde el 31 de octubre hasta el 10
de noviembre de 2022, para que los notarios de carrera interesados en ejercer
tal prerrogativa y que cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 3
del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, allegaran sus solicitudes con el
fin de proveer la vacante en mención.
Precisó que, se desempeña como notario Setenta y Cuatro del Círculo de
Bogotá, por lo que, en ejercicio del derecho de preferencia y para proveer la
referida vacante el 3 de noviembre de 2022 radicó la solicitud en ejercicio del
derecho de preferencia ante la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, para lo cual anexó la documentación necesaria.
Señaló que, ha presentado peticiones para que se dé cumplimiento al derecho
de preferencia que, considera que le asiste, así como varias acciones
constitucionales, entre ellas acciones de tutela y cumplimiento, para la
protección de sus derechos.
Afirmó que, mediante Decreto 1472 del 3 de agosto de 2022 se encargó en la
Notaría Sesenta y Uno (61) a la señora Oriana Marcela Ospina Apraez, quien
se ha mantenido en dicho cargo, pese a los encargos solo deben tener una
duración máxima de 90 días hábiles.
Manifestó que, desde el año 2016 no se ha convocado a concurso de notarios
para proveer las vacantes en propiedad; por lo que, los reemplazos de las
notarías que han quedado vacantes en forma definitiva se han hecho
principalmente con notarios interinos y no con notarios en propiedad nombrados
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por derecho de preferencia o aquellos por haber ganado el concurso de méritos.
Adujo que, en la actualidad de las 920 notarías existentes en el país, el número
de notarios interinos supera los 259 y hay más de 100 notarios que ya
cumplieron la edad de retiro forzoso, y aun cuando se les ha expedido el
decreto de retiro, no han sido reemplazados por no haberse nombrado ni
posesionado sus reemplazos.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante sostuvo que se vulneran sus derechos fundamentales porque no
se ha culminado el derecho de preferencia relacionado con la Notaría Sesenta y
Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá por parte de la Secretaría Técnica del
Consejo Superior de la carrera Notarial y, por consiguiente, el Gobierno
Nacional no ha procedido a efectuar el respectivo nombramiento en propiedad
en la referida notaría.
Informó que, pese a lo anterior y a la mencionada garantía, en la mencionada
notaría se nombró a una persona encargada, el cual ha excedido el tiempo
máximo de 90 días hábiles que señala el artículo 152 EN.
A su vez, el actor considera que también se transgreden sus garantías
constitucionales porque no se ha convocado al concurso nacional de méritos
para el nombramiento de los notarios en propiedad de todo el país.
Agregó que, “antes de proceder, a realizar nombramientos de los notarios, se
culmine el nombramiento de todos los nombramientos de los notarios que se
hayan postulado por derecho de preferencia, y que ya hayan sido
seleccionados…”.
Destacó que, se encuentra en una precaria situación como notario, pues su
salud, vida en relación personal y capacidad laboral se han afectado como
consecuencia del síndrome del túnel carpiano y por el “índice engatillado de [su]
extremidad superior derecha, causada por el hecho de tener que estampar [su]
firma en promedio 5.000 veces diarias, por autorizar autenticaciones,
declaraciones y registro civiles de nacimiento…notaría que es la única de la
localidad de Bosa con más de 700.000 mil habitantes…”.
Adujo que su petición frente a dicha notaría radicó en que quiere mejorar su
situación laboral, económica, social y familiar, pues estaría más cerca de su
lugar de residencia, pues actualmente se encuentra en la localidad de Bosa y
su residencia queda al interior de la ciudad de Bogotá, por lo que el tiempo de
desplazamiento sería menor.
Hizo referencia al concepto del 27 de febrero de 2024 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, relacionado con la carrera notarial y al
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derecho de preferencia, cuyo extracto citó conforme al resumen publicado por la
revista “Ámbito Jurídico de LEGIS”, a partir de lo cual indicó:
Aun cuando el concepto mencionado anteriormente del Consejo de Estado, se
considere como una opinión respetable y fundada, por ser elaborado por los
magistrados auxiliares del consejero ponente, muy respetuosamente, considero
que el mencionado concepto no está debidamente fundamentado, y contribuye y
agrava la crisis actual que afecta al gremio notarial, por el desconocimiento
sistemático del CSCN, de la Ministra de Justicia, y del Presidente de las
República de los derechos de carrera de los notarios en propiedad…
Resaltó que lo conceptos de dicha corporación no son de obligatorio
cumplimiento ni de ejecución y que su aplicación conduce al desconocimiento y
a la inoperancia en la práctica del derecho de preferencia notarial, ya que
supedita la presentación y decisión de las solicitudes de los notarios de carrera
a que el Congreso de la República expida una ley que reglamente el
procedimiento operativo para establecer cuál es el notario con mayor derecho.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante providencia del 18 de noviembre de 2024 se admitió la demanda
constitucional y, en consecuencia, se ordenó la notificación del presidente de la
República de Colombia, del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, así como de los representantes del Ministerio de Justicia y del
Derecho, de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Secretaría
Técnica de la Carrera Notarial.
De igual manera, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del presidente
de Consejo Superior de la Carrera Notarial y de los demás miembros que lo
conforman y lo representen (presidente del Consejo de Estado, la procuradora
General de la Nación, los dos notarios y sus suplentes que lo integran y el
secretario Técnico del aludido Consejo Superior de la Carrera Notarial, quien a
su vez es el jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y
Registro), así como de las señoras Oriana Marcela Ospina Apraez (notaria
Sesenta y Uno del Círculo de Bogotá E), Paulina Gómez González (notaria
Primera de Envigado y Treinta y Uno de Medellín E), y del señor Óscar
Fernando Martínez Bustamante (notario Veintiséis del Círculo de Bogotá).
A su vez, se dispuso la comunicación en calidad de terceros con interés a
procesal a quienes con ocasión del concurso notarial2, se hayan postulado por
derecho de preferencia, quienes hayan sido seleccionados, elegidos o
escogidos por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial
y a los que conformen la lista de elegibles.
2
Para tal efecto, se precisa que en la pretensión 3ª de la demanda de tutela se refieren los
eventuales intervinientes.
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Finalmente, se denegó la medida provisional solicitada por el actor.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Superintendencia de Notariado y Registro
Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar
que, no han vulnerado los derechos del accionante, por lo que, solicitó que se
declare la improcedencia de la presente acción constitucional por la inexistencia
de vulneración de las garantías fundamentales respecto a la Superintendencia
de Notariado y Registro y del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Expuso los antecedentes fácticos y jurídicos relacionados con el derecho de
preferencia, el trámite surtido para la expedición del Acuerdo 1 de 2022, las
novedades relacionadas con los procesos en los que el órgano rector de la
carrera notarial y/o la Superintendencia de Notariado y Registro hacen parte, las
solicitudes de revocatoria parcial del Acuerdo 1 de 2022, la jurisprudencia
referente a la competencia del Consejo Superior, los trámites de preferencia
que iniciaron pero no culminaron debido a la revocatoria del Acuerdo 1 de 2021
y la suspensión de sus efectos, las decisiones asumidas por el Consejo
Superior con anterioridad y posterioridad a la expedición del Decreto 2054 de
2014 y la conminación al órgano rector de la carrera notarial y los concursos de
mérito respecto al concepto de vacancia frente a tal prerrogativa, así como a la
consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con la
finalidad de aclarar diversos asuntos relacionados con el ejercicio del derecho
de preferencia dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto Notarial.
Hizo referencia a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto de la
Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, a partir de lo cual,
precisó que, el Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión celebrada el
19 de octubre de 2022, asumió la decisión de dar aplicación al derecho de
preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970, facultando a la Secretaría Técnica para que adelante el procedimiento
operativo desde la publicación de la vacancia hasta la comunicación dirigida al
nominador correspondiente.
Agregó que, en cumplimiento de los lineamientos operativos aprobados por el
Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión de 19 de octubre de 2022, el
28 de octubre de 2022 se publicó la certificación de vacancia de la Notaría
Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, con el fin de que los notarios
de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, presentaran sus
solicitudes y que, la publicación de vacancia estuvo disponible en la página web
de la Superintendencia de Notariado y Registro desde el 31 de octubre hasta el
10 de noviembre de 2022.
Señaló que, en ejercicio del derecho de preferencia y para proveer la vacante
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generada en la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, los
señores Leonardo Augusto Torres Calderón y Jesús Germán Rusinque Forero,
el 3 de noviembre y 31 de octubre de 2022, respectivamente, radicaron
solicitudes en ejercicio de la aludida garantía ante la Secretaría Técnica del
Consejo Superior de la Carrera Notarial; pero que, este último a través de
comunicación de 24 de febrero de 2023 desistió de su postulación.
Indicó que, de conformidad con el oficio OAJ — 363 / SNR2023EE023700 de
23 de marzo de 2023, comunicado el 28 del mismo mes y año, se postuló y
solicitó documentos para proceder con su nombramiento en la Notaría Sesenta
y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá al señor Leonardo Augusto Torres
Calderón. Para ello, puntualizó las actuaciones adelantadas con el fin de
recopilar los documentos indispensables para proceder con los trámites propios
de su nombramiento, así:
1. El 17/05/2023 se realizó reiteración a la postulación y solicitud de
documentos.
2. El 17/05/2023 aceptó la postulación, pero no remitió los documentos.
3. El 14/07/2023 se realizó la segunda reiteración de solicitud de
documentos.
4. El 5/08/2023 remitió documentos y el 05/09/2023 fueron enviadas
observaciones a los documentos.
5. El 10/10/2023 se realizó reiteración de las observaciones.
6. El 27/10/2023 remitió subsanación de documentos y el 12/12/2023
nuevamente se realizaron observaciones.
7. El 23/01/2024 se reiteración las observaciones del 12/12/2023.
8. El 22/04/2024 se reiteró la subsanación de las observaciones a los
documentos, y se postuló en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de
Bogotá D.C., de igual manera se solicitó que manifestará con cuál notaría
deseaba continuar el trámite de preferencia.
Estado Actual: El notario no ha subsanado la hoja de vida y documentos
anexos, solicitados hace más de un (1) año, ni ha indicado sobre el trámite que
desiste o continúa.
Adicional a lo anterior, el señor Leonardo Augusto Torres Calderón también se
encontraba como el notario con mejor derecho en los trámites de preferencia de
la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C. y Setenta y Siete (77)
del Círculo Notarial de Bogotá D.C.
No obstante, el Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión de 20 de
mayo de 2024 decidió revocar la decisión asumida el 19 de octubre de 2022.
Por lo tanto, no era factible para la Secretaría Técnica proceder con los trámites
subsiguientes.
Refirió que, conforme a lo decidido en sesión del Consejo Superior de la
Carrera Notarial celebrada el 24 de junio de 2024, los procedimientos
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operativos en curso se resolverán con el artículo transitorio que se incluya en el
proyecto de ley que regule el derecho de preferencia, en consecuencia, hasta
que esta no sea sancionada y promulgada por el presidente de la República no
es posible decidir las situaciones particulares de cada uno de los trámites de
preferencia, precisamente, con el fin de garantizar los derechos adquiridos de
los notarios que ejercieron este derecho.
Indicó que, la afirmación del accionante sobre la vulneración del derecho a la
igualdad, argumentando que el trámite del derecho de preferencia no finalizó en
la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, y en cambio se
procedió a designar a una notaría en encargo no encuentra justificación
razonable, teniendo en cuenta que desde la Secretaría Técnica se solicitaron en
oportunidad los documentos relativos para proceder con su nombramiento y
finalizar el trámite de preferencia, previo a que se revocara la decisión de 19 de
octubre de 2022, sin embargo, no fueron adjuntados por el accionante.
Precisó que, alegar una vulneración al libre desarrollo de la personalidad y a la
salud resulta inocuo, en tanto se han adelantado las actuaciones indispensables
para proceder con su designación en ejercicio del derecho de preferencia, no
obstante, el accionante no remitió los documentos de manera oportuna.
Recordó que, en garantía del principio de igualdad los procedimientos
operativos en curso se resolverán con el artículo transitorio que se incluya en el
proyecto de ley que regule el derecho de preferencia. En consecuencia, se
reitera que, hasta que esta no sea sancionada y promulgada por el presidente
de la República no es posible decidir las situaciones particulares de cada uno
de los trámites de preferencia, precisamente, con el fin de garantizar los
derechos adquiridos de los notarios que ejercieron este derecho.
Resaltó que, el actor funge como notario por lo que, no se vulneran los
derechos fundamentales al trabajo, a la profesión y oficio, al mínimo vital, a la
honra y el buen nombre. Al respecto, reiteró que no se ha culminado el derecho
de preferencia en la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá,
de acuerdo con las situaciones fácticas, los presupuestos constitucionales y
legales expuestos, siendo inexistente la vulneración de derechos
fundamentales.
Por otro lado, en cuanto a la convocatoria del concurso de méritos, manifestó
que esta se encuentra en actos preparativos y que se han adoptado las
medidas pertinentes para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los
principios constitucionales y legales que rigen esta importante carrera notarial.
Informó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 165 del Decreto Ley 960 de
1970, el Consejo Superior de la Carrera Notarial con suficiente anticipación,
fijará las bases del concurso, con señalamiento de sus finalidades, requisitos de
admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se
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tendrán en cuenta, manera de acreditarlos, y el sistema de calificación, e
indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria.
Hizo referencia a la regulación del asunto y detalló las gestiones adelantadas
con el fin de convocar al concurso de méritos público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.
Indicó que, para la vigencia 2024 no se podría adjudicar el contrato a través del
proceso de licitación, toda vez que el presupuesto oficial del contrato conforme
al estudio de mercado es de ocho mil setecientos tres millones novecientos
cuarenta y cinco mil trecientos cuarenta pesos ($8.703.945.340), cifra que
supera el valor apropiado en el PAA para la anualidad en curso.
Adicionalmente, mediante escrito enviado vía electrónica el 3 de diciembre de
2024, la Secretaría General de dicha entidad aportó certificación de publicación
en la página web de la SNR de lo requerido en el auto admisorio de la
demanda.
1.6.2. Juan Carlos Chamorro Arrieta (notario único del círculo notarial de
Fonseca, La Guajira)
El señor Chamorro Arrieta coadyuvó la solicitud de tutela del actor, al considerar
que, a este le asiste todo el derecho de solicitar que la Superintendencia de
Notariado y Registro prosiga con el derecho consagrado en el numeral tercero
del artículo 178 de la Ley 960 del año 1970 denominado derecho de preferencia
y se la entregue la notaría que este había solicitado, por lo que, no se le puede
desconocer la figura de la seguridad jurídica.
1.6.3. Wilmar Emilio David Jaramillo (notario Primero de Envigado, Antioquia)
Al igual que el anterior, solicitó que se amparen los derechos fundamentales del
accionante, pues consideró que el Gobierno Nacional o Departamental no
puede vulnerar las garantías que se desprenden de la carrera notarial, en tanto
que, la Constitución Política es una barrera insalvable para que se efectúen
nombramientos en encargo o en interinidad, sin previamente haberse
garantizado los derechos de carrera.
1.6.4. Consejo de Estado, Presidencia
Expuso que la presente acción de tutela no cumple con el presupuesto de
legitimación en la causa por pasiva en lo que respecta al Consejo de Estado, ya
que: (i) de los hechos expuestos por la parte demandante, no existe una
imputación fáctica o jurídica que atribuya la responsabilidad a esta corporación
por su acción u omisión; y (ii) las pretensiones por la presunta vulneración
alegada, son competencia del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Por lo
que, solicitó su desvinculación.
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1.6.5. Ministerio de Justicia y del Derecho
Esta cartera solicitó que se niegue la protección invocada por la parte actora,
pues este no sustentó la procedencia de la utilización del mecanismo
excepcional de defensa de los derechos constitucionalmente previstos como
fundamentales, en tanto que para el presente caso no se acreditan los
presupuestos necesarios para acudir a este medio constitucional, ni para la
configuración de perjuicio irremediable.
Precisó que, el actor actualmente se desempeña en propiedad como Notario
Setenta y Cuarto (74) de Bogotá, en virtud de la designación que mediante
Decreto No. 2134 de 22 de diciembre de 2016 realizó el Gobierno Nacional, y
no tiene riesgo alguno de pérdida de su cargo.
Expuso que, una vez el legislador profiera la norma que regula el derecho de
preferencia se adelantarán los trámites dispuestos por la ley.
Resaltó que, su nombramiento no se pudo efectuar en vigencia de la decisión
asumida por el CSCN el 19 de octubre de 2022 ante la falta de diligencia del
mismo al no aportar la documentación completa y necesaria para el
nombramiento en alguna de las notarías ofertadas en preferencia, conforme lo
informó la secretaría técnica de dicho consejo.
1.6.6. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
presidente de la República
Esta parte solicitó que se nieguen las pretensiones de la presente acción de
tutela respecto de la Presidencia de la República, en razón a que esta espera la
culminación del proceso adelantado por la Superintendencia de Notariado y
Registro sobre el nombramiento del notario para proceder como en derecho
corresponda.
Precisó que, como lo reconoció la Superintendencia de Notariado y Registro en
la contestación de tutela allegada, en el presente caso aún se están surtiendo
los procedimientos previos que corresponden a dicha cartera para evacuar la
etapa correspondiente en el nombramiento de la Notaría Sesenta y Uno (61) del
Círculo de Bogotá.
Explicó que, una vez se culmine el proceso que adelanta la Superintendencia
de Notariado y Registro y se emita la comunicación sobre el resultado de este a
la Presidencia de la República, es que este procederá lo que en derecho
corresponda, con la finalidad que la vacante que reclama el accionante sea
llenada con prontitud se realice, siempre respetando los lineamientos y
procedimientos legales que existen en la materia.
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Manifestó que, la inexistencia de una omisión obliga a afirmar la falta de
requisitos esenciales para que se pueda considerar una vulneración a los
derechos invocados por parte del presidente de la República.
1.6.7. Procuraduría General de la Nación
Esta entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción y que se le
desvincule.
Indicó que, en atención al cumplimiento de sus funciones misionales, no puede
emitir pronunciamientos frente a asuntos particulares y concretos. Tampoco
podría entrar a coadyuvar pretensiones de la parte accionante, por cuanto la
PGN no actúa dentro de los procesos o trámites administrativos como abogado
defensor de los sujetos o intervinientes. Recordó que la acción de tutela no es
la vía para solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias ni penales. Alegó la
improcedencia de esta vía constitucional.
1.6.8. Oriana Marcela Ospina Apraez (notaria 61 del Círculo Notarial de Bogotá)
Solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela, por ausencia
de la fundamentación fáctica y jurídica en que debería soportarse. A su vez,
señaló que la acción de tutela interpuesta por el accionante resulta
improcedente por dos razones fundamentales: la inexistencia de vulneración a
derechos fundamentales y la falta de subsidiariedad.
A su vez, pidió el rechazo de las pruebas aportadas con la acción de tutela, por
su falta de utilidad, con respecto a la comprobación del objeto del proceso de
tutela, cual es la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Expuso que, el actor debió acudir al medio de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho para demandar los actos administrativos que
presuntamente vulneran sus derechos alegados, tales como (a) el Decreto 1471
de 2022, por medio del cual se me designó por encargo para ocupar el cargo de
Notaria 61 del Círculo Notarial de Bogotá, (b) el Acuerdo 01 del 13 de mayo de
2022, proferido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el cual se
revocó el Acuerdo 01 de 2021 o (c) el oficio OAJ-2067, SNR2022EE067555, del
29 de junio de 2022, por medio del cual recibió respuesta por parte del CSCN al
respecto de su solicitud de preferencia respecto de las notarías 61, 23, 64 y 69.
Expuso que la documental que aportó con la demanda no se dirige a la
comprobación de la vulneración de ningún derecho fundamental, sino a la
acreditación de los requisitos que el accionante considera necesarios para
ejercitar su derecho de preferencia. Destacó que, se dirigen únicamente a
mostrar la aptitud para el cargo de notario que tendría, confundiendo la
presente acción constitucional con un trámite propio de la carrera notarial.
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Agregó que, se evidencia que el actor dispone de medios judiciales idóneos y
eficaces, como el control de nulidad y restablecimiento del derecho,
específicamente diseñado para proteger los derechos subjetivos en
controversias frente a actos administrativos.
Indicó que, este mecanismo, previsto en el ordenamiento jurídico, debe ser
agotado antes de acudir a la tutela, más aún cuando no se acredita la existencia
de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional.
Adujo que, la ausencia de elementos como la inminencia, gravedad y urgencia
en el daño alegado refuerza la improcedencia de este recurso excepcional.
1.6.9. Paulina Gómez González (notaria Primera del Círculo de Envigado,
Antioquia, en ejercicio de la Notaría Treinta y Uno de Medellín)
La aludida notaria también coadyuvó la solicitud de amparo de la parte actora,
al considerar que le asisten razones de índole constitucional y legal para que se
ordene la protección invocada.
Hizo referencia al derecho de preferencia que le asiste a los notarios, así como
al principio constitucional al mérito, para destacar que, el acceso al sistema de
carrera no puede ser desconocido por la figura del encargo.
1.6.10. Norby Fernando Mora Sánchez (notario Primero del Círculo de
Facatativá, Cundinamarca)
El mencionado notario solicitó su vinculación, puesto que le asiste interés ya
que a su juicio se presentó una violación al debido proceso administrativo toda
vez que se modificó el procedimiento aplicable respecto de la solicitud de
preferencia de todos los notarios del país.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitudes de desvinculación
En relación con las solicitudes de desvinculación de las autoridades
intervinientes Consejo de Estado, Presidencia y Procuraduría General de la
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Nación, estas serán negadas, pues con fundamento en las circunstancias
fácticas y jurídicas deben integrar el extremo pasivo en esta acción
constitucional y se hace necesaria su comparecencia al proceso en aras de que
puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción.
2.2.2. Solicitudes de coadyuvancia
Los señores Juan Carlos Chamorro Arrieta (notario único del círculo notarial de
Fonseca, La Guajira) y Wilmar Emilio David Jaramillo (notario Primero de
Envigado, Antioquia), así como la señora Paulina Gómez González (notaria
Primera del Círculo de Envigado, Antioquia, en ejercicio de la Notaría Treinta y
Uno de Medellín) y el señor Norby Fernando Mora Sánchez (notario Primero del
Círculo de Facatativá, Cundinamarca) manifestaron que coadyuvaban la
solicitud de tutela.
En relación con los requisitos de procedencia de la coadyuvancia, esta debe
cumplir los siguientes requisitos:
a) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite
de tutela, esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de
sus derechos fundamentales.
b) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida
la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la
sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte
Constitucional.
Revisadas las mencionadas solicitudes de coadyuvancia, se observa que
cumplen los aludidos presupuestos puesto que se encuentran conforme con la
demanda constitucional formulada por el actor; por lo que, se aceptarán.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte accionante porque no se ha culminado el derecho de preferencia
relacionado con la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá
por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial y,
por consiguiente, el Gobierno Nacional no ha procedido a efectuar el respectivo
nombramiento en propiedad en la referida notaría.
Adicionalmente, se analizará si por esta vía constitucional resulta procedente
ordenarle al Consejo Superior de la Carrera Notarial que realice la convocatoria
a concurso de méritos para la selección de notarios en propiedad.
A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
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abordarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela, (ii) el
ejercicio de la función notarial y (iii) el caso concreto.
2.4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19913, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
2.5. El ejercicio de la función notarial
El artículo 131 de la Constitución Política de 1991 dispuso que le compete a la
ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios.
A su vez, los artículos 145 y 146 del Decreto 960 de 1970 establecen que los
notarios pueden desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por
encargo.
Adicionalmente, el artículo 8° de la Ley 588 de 2000 contempló que el
nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso de
méritos.
En ese orden, en caso de vacancia, si no hay lista de elegibles, el nominador
podrá designar notarios en interinidad mientras el organismo competente
realiza el respectivo concurso y, de igual modo se procederá cuando se declare
desierto el concurso.
Para tal efecto, en el artículo 1° del Decreto 2383 de 1999 se estableció que el
Consejo Superior de Carrera Notarial funcionará como organismo asesor del
Gobierno Nacional en asuntos notariales, adscrito al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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Dicha autoridad se encuentra conformada por: i) el Ministerio de Justicia y del
Derecho o viceministro, ii) el presidente de la Corte Suprema de Justicia, iii)
dos representantes del presidente de la República, iv) el secretario Jurídico de
la Presidencia de la República, v) el director del Departamento Administrativo
de la Función Pública y, vi) dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con
sus respectivos suplentes.
En relación con el nombramiento de los notarios en interinidad, el artículo 1°
del Decreto 2874 de 1994 consagró que el nominador deberá contar con el
concepto previo de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Por consiguiente, para el nombramiento de los notarios intervienen diferentes
autoridades administrativas de orden nacional, previo cumplimiento de los
procedimientos y requisitos establecidos para tal fin.
A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:
2.6. Caso concreto
El señor Leonardo Augusto Torres Calderón consideró vulnerados sus derechos
fundamentales porque no se ha culminado el derecho de preferencia
relacionado con la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá
por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la carrera Notarial y,
por consiguiente, el Gobierno Nacional no ha procedido a efectuar el respectivo
nombramiento en propiedad en la referida notaría.
Adicionalmente, pretende que por esta vía constitucional se le ordene al
Consejo Superior de la Carrera Notarial que realice la convocatoria a concurso
de méritos para la selección de notarios en propiedad.
Las entidades demandadas que intervinieron se opusieron a la prosperidad de
la acción de tutela para lo cual hicieron referencia al procedimiento adelantado.
A partir lo anterior, se procederá con el siguiente análisis:
2.6.1. Reproches respecto de la no culminación del nombramiento en
propiedad del notario Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá y
otros cuestionamientos
De la revisión del expediente y de conformidad con las pruebas allegadas por
las entidades accionadas, la Sala evidencia que dichas entidades han realizado
los trámites administrativos correspondientes para proveer el cargo de notario
Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá por las razones que pasan a
exponerse:
El Consejo Superior de la Carrera Notarial como órgano rector de la carrera
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notarial y los concursos de mérito, adelanta las gestiones conducentes al
nombramiento en propiedad, bien sea en virtud del ejercicio del derecho de
preferencia o con ocasión al concurso de notarios, y como consecuencia de
ello, solicita al nominador correspondiente la expedición del acto administrativo
de nombramiento.
Dicha entidad con fundamento en las facultades dispuestas en el artículo 164
del Decreto Ley 960 de 1970, en concordancia con lo previsto en literal l) del
artículo 4 del Acuerdo 1 de 2020 “Por el cual se adopta el reglamento del
Consejo Superior de la Carrera Notarial”, que contempla entre otras funciones
del Consejo Superior de la Carrera Notarial, la de “Establecer los
procedimientos relativos al ejercicio de los derechos que se desprenden del
ingreso a la Carrera Notarial, de acuerdo con la Constitución y la Ley”, expidió
el Acuerdo 2 del 31 de enero de 2020, a través del cual se estableció un
procedimiento estrictamente operativo para el ejercicio del derecho de
preferencia, el cual debía ser adoptado y ejecutado por la Secretaría Técnica de
dicho Consejo, quien a su vez es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
Con ocasión al proceso de nulidad con radicado número 11001-03-25-000-
2014- 01431-00 (4668-2014), la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 13 de
mayo de 2021, declaró la nulidad del Decreto 2054 de 2014, por violación a la
reserva legal establecida en el artículo 131 de la Constitución Política.
Por lo que, al desaparecer del ordenamiento jurídico la disposición
reglamentaria que sirvió de sustento para la expedición del Acuerdo 2 de 2020,
por el cual se establecía el procedimiento operativo para implementar el
derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto
Ley 960 de 1970, perdió su fuerza ejecutoria.
En sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial celebrada el 20 de
septiembre de 2021, los miembros de dicho cuerpo colegiado asumieron la
decisión de continuar con los trámites de preferencia en ejercicio de las
facultades legales que le confiere el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, y
de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el numeral 3 del
artículo 178 del citado decreto, por lo cual, el 23 de noviembre de 2021 el
Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 1 de 2021 “Por el
cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de
preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970”.
En relación con lo anterior, la Sección Segunda Subsección A del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad con radicado No. 11001032500020140143100
(4668- 2014) profirió auto interlocutorio de 7 de abril de 2022, fijado en estados
de 13 de mayo de 2022, en el que resolvió: “Primero. Suspender de manera
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inmediata los efectos del Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021…”.
Adicionalmente, con ocasión a varias solicitudes de revocatoria directa
presentadas contra el Acuerdo 1 de 2021 “Por el cual se establece el
procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia
consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”, en
sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial celebrada el 9 de mayo de
2022, los integrantes de dicho consejo asumieron la decisión de revocar el
acuerdo en mención.
De igual manera, el Consejo Superior de la Carrera Notarial adelantaba el
análisis de la competencia para expedir lineamientos operativos para tramitar el
derecho de preferencia, pues se debía garantizar la prestación continua del
servicio notarial, razón por la que, frente a “… las faltas absolutas del notario
que se presenten a partir de la expedición del presente acuerdo, estarán sujetas
a las disposiciones del artículo 2 de la ley 588 del 2000… y demás normas que
regulan la materia…”.
Por lo anterior, se presentó consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, en relación con el ejercicio del derecho de preferencia
dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto Notarial a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho; consulta que actualmente se resolvió.
Por lo anterior, en sesión adelantada el 20 de mayo de 2024, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, conoció entre otros asuntos, el concepto
rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y en
virtud de ello decidió: “Revocar la decisión asumida el 19 de octubre de 2022
con relación al derecho de preferencia”.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial, en la sesión de 24 de junio de 2024,
abordó diversos temas relacionados con el derecho de preferencia. Entre estos,
se discutieron las meras expectativas, expectativas legítimas, derechos
adquiridos y las implicaciones de la decisión adoptada por el Consejo Superior
de la Carrera Notarial en la sesión de 20 de mayo de 2024.
Así, el ministro de Justicia y del Derecho, en su condición de presidente del
Consejo Superior de la Carrera Notarial resaltó que estaban preparando un
proyecto de ley para que el legislador desarrolle y reglamente con detalle el
ejercicio del derecho de preferencia. Este proyecto incluirá una norma
transitoria para establecer lineamientos generales y resolver situaciones en
trámite.
Por tanto, el Consejo Superior de la Carrera Notarial no tenía competencia para
expedir normas generales ni establecer parámetros para resolver estos casos,
debido a que implicaría crear una norma general. Por ello, las autoridades
competentes aplicarán la ley caso por caso cuando se presente una vacante,
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sin expedir normas generales ni resolver las cuarenta situaciones actuales. A su
vez, el Consejo Superior de la Carrera Notarial dejó constancia de que “se
incluirá un artículo transitorio en el proyecto de ley para resolver los
procedimientos operativos en curso”.
El 1° de noviembre de 2024 se convocó a sesión presencial del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, con el objeto de deliberar y decidir, entre otros
asuntos, la solicitud relacionada con culminar el proceso de nombramiento de
todos los notarios que se hayan postulado por derecho de preferencia,
disponiendo: “No existen fundamentos jurídicos para modificar las decisiones
asumidas en las sesiones del 20 de mayo y 24 de junio de 2024 frente al
derecho de preferencia”.
Para el caso en particular, se encuentra que, no se ha culminado el derecho de
preferencia en la Notaría Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial de Bogotá, de
acuerdo con las situaciones fácticas, los presupuestos constitucionales y
legales expuestos.
Adicionalmente, frente a los trámites administrativos en lo que se refiere al
accionante no se pudo efectuar su nombramiento en vigencia de la decisión
asumida por el CSCN el 19 de octubre de 2022 ante la falta de diligencia del
mismo al no aportar la documentación completa y necesaria para el
nombramiento en alguna de las notarías ofertadas en preferencia, conforme lo
informó la secretaría técnica de dicho consejo.
Asimismo, en el presente caso la Sala no advierte que al actor se le estén
vulnerando sus derechos fundamentales porque está probado que actualmente
ejerce como notario, situación que le permite tener una entrada económica para
satisfacer su mínimo vital. Tampoco existe una circunstancia especial que
vuelva imperioso su traslado, situación administrativa que se ha desarrollado de
conformidad con el procedimiento establecido.
Por lo que, en relación con este reproche se denegará la solicitud de amparo.
Ahora bien, se observa que, el actor también presentó cuestionamientos frente
al nombramiento de la notaria en encargo en la Notaría Sesenta y Uno (61) del
Círculo Notarial de Bogotá con el Decreto 1471 de 2022, así como frente al
Acuerdo 01 del 13 de mayo de 2022, proferido por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, en el cual se revocó el Acuerdo 01 de 2021 y del oficio OAJ-
2067, SNR2022EE067555 del 29 de junio de 2022, por medio del cual recibió
respuesta por parte del CSCN al respecto de su solicitud de preferencia
respecto de las notarías 61, 23, 64 y 69.
Al respecto, debe indicarse que, frente a las mencionadas decisiones
administrativas, el demandante puede hacer uso del mecanismo de nulidad, o el
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la referida determinación, con
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el fin de que se garantice la protección de su derecho particular como
consecuencia de la revisión del acto de nombramiento que, en su sentir, lesiona
sus intereses, así como frente a los demás actos en cita.
Así las cosas, será la jurisdicción contencioso administrativa, quien deberá
decidir si se incurre en alguna causal de nulidad al presuntamente ser expedido
con violación de las normas en que debía fundarse, con violación del derecho
de defensa o cualquier otra de las causales señaladas en el CPACA.
De otra parte, esta Sala determinará si en este caso, el medio de control
ordinario, resulta idóneo y eficaz, o si, por el contrario, se acredita
sumariamente una amenaza inminente y grave a los derechos fundamentales
del accionante.
En primer lugar, se advierte que no se acreditó con la petición de amparo, la
ocurrencia de un daño inminente, puesto que, aunque el actor manifestó que en
caso de persistir dicha decisión se materializaría la afectación irreparable de los
derechos fundamentales que se reclaman, tal afirmación carece de sustento
probatorio dado que, la eventual ilegalidad de un encargo no impide que se
adopten las medidas correspondientes para corregir los efectos del acto viciado
o para restablecer sus derechos subjetivos.
Por consiguiente, se demuestra que los medios de control con petición de
medidas cautelares son idóneos y eficaces, para demandar la determinación
que en ese sentido adoptó o adopte la autoridad competente.
Por consiguiente, en lo que respecta a este asunto, se encuentra que, la acción
de tutela no resulta procedente; por lo que, así se declarará.
2.6.2. Petición de convocar a concurso de méritos de notarios
A su vez, el accionante pretende que se convoque al concurso nacional de
méritos para el nombramiento de los notarios en propiedad de todo el país y se
advierta a la parte demandada que “antes de proceder, a realizar
nombramientos de los notarios, se culmine el nombramiento de todos los
nombramientos de los notarios que se hayan postulado por derecho de
preferencia, y que ya hayan sido seleccionados…”
La superintendencia demandada manifestó que esta se encuentra en actos
preparativos y que se han adoptado las medidas pertinentes para asegurar la
transparencia y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que
rigen esta importante carrera notarial, para lo cual, refirió el asunto presupuestal
e hizo referencia a la regulación del asunto y detalló las gestiones adelantadas
con el fin de convocar al concurso de méritos público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.
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Para la Sala, tal pretensión resulta improcedente a través de la acción de tutela,
puesto que, no es la vía para que las autoridades competentes convoquen a un
concurso de tal naturaleza.
Al respecto, se reitera que, conforme con el artículo 8 de la Ley 588 de 2000 el
nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso de
méritos. En caso de vacancia, si no hay lista de elegibles, podrá el nominador
designar notarios en interinidad mientras el organismo competente realiza el
respectivo concurso y de igual modo se procederá cuando el concurso sea
declarado desierto.
La entidad demandada en mención señaló las gestiones administrativas que se
han surtido para efectos de llevar a cabo una convocatoria de tal naturaleza,
además que, el mecanismo dispuesto hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos es la acción de
cumplimiento, regulada por la Ley 393 de 1997.
En relación con lo anterior, debe indicarse que, esta Sección mediante fallo del
21 de noviembre de 2024, en el expediente 17001-23-33-000-2024-00181-01
resolvió:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 20 de septiembre de
2024 del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
…
QUINTO: CONFIRMAR la declaratoria de incumplimiento por parte del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, toda vez que ha incumplido el
deber previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley 588 de 2000. Por
consiguiente, se ordena al Consejo Superior de la Carrera Notarial que, en
el término de 3 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, convoque al
concurso público de méritos para la provisión de los cargos de notario que
se encuentran vacantes definitivamente en todo el país.
Así las cosas, la acción de tutela en relación con estas pretensiones relativas a
la convocatoria del concurso de méritos que requiere el actor, también se
declarará improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación del Consejo de
Estado, Presidencia y Procuraduría General de la Nación.
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SEGUNDO: Acéptanse las coadyuvancias presentadas por los señores Juan
Carlos Chamorro Arrieta (notario único del círculo notarial de Fonseca, La
Guajira) y Wilmar Emilio David Jaramillo (notario Primero de Envigado,
Antioquia), así como por la señora Paulina Gómez González (notaria Primera
del Círculo de Envigado, Antioquia, en ejercicio de la Notaría Treinta y Uno de
Medellín) y el señor Norby Fernando Mora Sánchez (notario Primero del Círculo
de Facatativá, Cundinamarca).
TERCERO: Deniéganse la acción de tutela presentada por el señor Leonardo
Augusto Torres Calderón frente a las pretensiones por la no culminación del
nombramiento en propiedad del notario Sesenta y Uno (61) del Círculo Notarial
de Bogotá.
CUARTO: Declárase la improcedencia de las pretensiones formuladas con la
demanda de amparo respecto de las decisiones administrativas cuestionadas y
para convocar a concurso de méritos de notarios.
QUINTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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