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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-00035-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-00035-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Luis Avella Chaparro Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y Comisión Nacional del Servicio Civil Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-00035-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de abril de 2025

Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00035-01
Demandante: JOSÉ LUIS AVELLA CHAPARRO
Demandados: SENADO DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE
REPRESENTANTES, Y COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL

Tema: Acción de cumplimiento para la realización de concurso de
méritos para la provisión de cargos en carrera al interior del
Congreso de la República.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionada contra la sentencia
del 6 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

El señor José Luis Avella Chaparro, obrando en nombre propio, promovió demanda
en ejercicio de la acción establecida en el artículo 87 de la Constitución Política de
Colombia, reglamentada a través de la Ley 393 de 1997, en contra del Senado de
la República, la Cámara de Representantes y la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en lo sucesivo la CNSC. En su escrito formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare al SENADO, la CÁMARA DE REPRESENTANTES y la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL en incumplimiento de las obligaciones
dispuestas en el Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, los artículos

1
Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia

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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

384 de la Ley 5 de 1992; los artículos 2, 3, 5, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 31, de la Ley
909 de 2004; el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006; los artículos 2.2.6.1.; 2.2.6.2.;
2.2.6.3.; 2.2.6.4.; 2.2.6.5.; 2.2.6.6.; 2.2.6.7.; 2.2.6.13.; 2.2.6.20.; 2.2.6.21.; 2.2.6.25.
y 2.2.6.34. del Decreto Único reglamentario 1083 de 2015, respecto de 247 y 241
cargos de carrera administrativa respectivamente que se encuentran sin titular de
derechos de carrera por cuanto no han sido adelantados los concursos públicos de
mérito a que hay lugar.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ORDENE:

2.1. Al SENADO y la CÁMARA DE REPRESENTANTES procedan a reportar a en
el aplicativo SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la totalidad de las
vacantes existentes.

2.2. Al SENADO y la CÁMARA DE REPRESENTANTES, de manera conjunta con
la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, procedan a:

2.2.1. DEFINIR la modalidad de concurso (ascenso o abierto), que se requerirá
desarrollar para proveer la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la
RAMA LEGISLATIVA.

2.2.2. DEFINIR el tipo de pruebas a aplicar para proveer por concurso de méritos la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la RAMA LEGISLATIVA.

2.2.3. SUSCRIBIR las convocatorias a concurso público de méritos para proveer la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en RAMA LEGISLATIVA. Dentro
de dicha reglamentación, disponga el cobro de los derechos de participación de los
concursantes, tal y como lo habilitan el art 9 de la Ley 1033 de 2006 que modificó la
Ley 909 de 2004.

2.2.4. En firmes las listas de elegibles, proceda a los nombramientos en periodo de
prueba de la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la RAMA
LEGISLATIVA.

2.3. A la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, que:

2.3.1. ADELANTE el proceso de selección (concurso público de méritos) que permita
proveer la TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la RAMA
LEGISLATIVA. Para lo anterior, podrá desarrollar el concurso de manera directa o a
través de contratos administrativos con instituciones de educación superior.

2.3.2. En firmes los resultados de las pruebas e instrumentos aplicados en el
concurso de méritos, CONFORME las listas de elegibles para la TOTALIDAD de las
vacantes que existan en la RAMA LEGISLATIVA.

2.3.3. EXPIDA los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución en
oportunidad, eficiencia y eficacia del concurso de méritos que permita proveer la
TOTALIDAD de las vacantes definitivas que existan en la RAMA LEGISLATIVA2.

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Transcripción original con posibles errores

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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

1.2. Hechos

La solicitud de cumplimiento se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Aseveró que actualmente existen 448 cargos en el Congreso de la República,
siendo 247 de la planta del Senado y 241 de la Cámara de Representantes, los
cuales se encuentran provistos bajo figuras de nombramientos provisionales,
encargos o vacantes, pese a que éstos pueden ser suplidos por concurso y carrera
administrativa.

Indicó que las accionadas en conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil
no han realizado convocatoria alguna, para llevar a cabo concurso de méritos y
elaborar listas de elegible para nombrar mediante carrera personas en los
mencionados cargos.

Informó que el Senado de la República y la Cámara de Representantes se han
sustraído anualmente de la obligación de asignar los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo el respectivo concurso, contrariando lo establecido
en la Ley 909 de 2004.

Asimismo, precisó que tampoco se han establecido los derechos de participación
para los concursantes, lo cual, en su criterio, permite la consecución de recursos
económicos para el financiamiento del concurso, para lo cual, a manera de
ejemplo, trajo a colación el caso de la Fiscalía General de la Nación.

Alegó que pese a la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, la cual data de hace
más de 20 años, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, en
asocio con la Comisión Nacional del Servicio Civil, no han realizado convocatoria
alguna para la provisión de los cargos en carrera al interior del Congreso de la
República.

Indicó que el 1º de diciembre de 2024, mediante documento remitido a las
direcciones de correo electrónico de cada una de las demandadas, presentó
solicitud de constitución en renuencia.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

En principio, el asunto fue asignado al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, autoridad que por auto del 13 de enero de 2024 advirtió la falta
de competencia para conocer del asunto, con base en el numeral 14 del artículo

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152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3 y, en consecuencia, ordenó remitir el caso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Recibido el expediente por la citada corporación, el magistrado ponente dictó
proveído del 20 de enero de 2025 en el que admitió la acción constitucional y
ordenó la notificación personal de cada una de las accionadas. A su turno, la
secretaría remitió los oficios de notificación correspondientes4, a partir de los
cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.3.2. Senado de la República

Mediante apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
parte actora, para lo cual planteó que las normas invocadas como incumplidas, en
estricto rigor no son aplicables a la rama legislativa, pues, con base en el artículo
384 de la Ley 5 de 1992, se debe analizar primeramente su compatibilidad, lo cual,
conlleva un ejercicio valorativo discrecional que desdibuja el carácter imperativo e
inobjetable.

Conforme lo anterior, acotó que en el ordenamiento jurídico se deben distinguir de
los diferentes sistemas de carrera, donde se encuentran: i) los especiales, ii) los
específicos, y iii) el general; encontrándose el Congreso de la República en el
segundo escenario.

En segundo lugar, precisó que la realización del concurso de méritos conlleva de
manera ineludible un gasto, pues, conforme lo dispone el artículo 30 de la Ley 909
de 2004, el Congreso de la República debe contar con la partida presupuestal
necesaria para cubrir los costos de realización del concurso, incluso, haciendo uso
de la figura del recaudo por parte de los aspirantes.

1.3.3. Cámara de Representantes

El mandatario judicial explicó que lo pretendido por la parte accionante no resulta
procedente, dado que la aplicación de las normas establecidas en la Ley 909 de
2004 al Congreso de la República, contraviene lo indicado en la Ley 5 de 1992,
que dispone que la carrera administrativa en la rama legislativa exige a través de
una ley ordinaria.

3
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas.
4
Oficios 31265 al 31269 del 23 de enero de 2025.

4
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

En ese sentido, indicó que se han presentado varias iniciativas legislativa
enfocadas a regular el mencionado asunto, en las que refirió las siguientes: « […]
Proyectos de Ley No. 002/2000 Cámara y Acumulado No. 036/2000, 064/2000,
097/2000 y 114/2000 Senado. Además, Proyecto de Ley 033/2022 Acumulado
011/2002, Proyecto de ley Cámara No 188/2003C acumulado PL 099/2003C,
Proyecto de Ley Cámara No. 105/2004C acumulado 085/2004S».

Por otro lado, manifestó que no ha habido inactividad por parte del Senado y la
Cámara sobre la materia, por cuanto se expidió la Resolución No. 001 de 1992,
que establecía «el estatuto de carrera administrativa de los empleados de la Rama
Legislativa». No obstante, dicho acto administrativo fue declarado nulo por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia del
25 de septiembre de 1997.

1.3.4. CNSC

Refirió que algunas de las pretensiones que son planteadas por la parte
accionante, tienen como objetivo el reconocimiento de un derecho de carácter
subjetivo, lo cual, conllevaría que tales discusiones sean ventiladas a través de los
mecanismos judiciales de defensa idóneos.

Por otro lado, explicó que la entidad no fue constituida en renuencia, contrariando
el requisito de procedibilidad establecido por la Ley 393 de 1997.

Finalmente, indicó que, frente al concurso de méritos para la provisión de cargos
en la rama legislativa, solicitó tanto al Senado de la República como a la Cámara
de Representantes lo siguiente:

i) la relación de vacantes definitivas, las cuales debían ser reportadas en el
aplicativo SIMO;

ii) el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad; y

iii) la apropiación presupuestal necesaria, la cual fue estimada en la suma de
$4.696.402 para cada uno de los cargos que iba a ser provisto, allegando el
correspondiente CDP.

Finalmente, indicó una a una las fases que debe realizarse para adelantar el
proceso de selección, lo cual exige primeramente una labor de coordinación entre
la CNSC y las entidades, para expedir el acto administrativo que establece las
reglas del concurso de méritos.

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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
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1.3.5. Coadyuvancia

Los presidentes de los sindicatos que representan a los empleados del Congreso
de la República5, concurrieron al trámite de la acción solicitando que se nieguen
las pretensiones de la demanda, por cuanto una sentencia favorable conllevaría la
afectación de los derechos laborales que tienen los trabajadores de la entidad.

En tal sentido, sostuvieron que, contrario a lo expuesto por el demandante, de las
normas invocadas como incumplidas resulta posible extraer un mandato imperativo
e inobjetable que sea susceptible de acatamiento.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
profirió sentencia el 6 de febrero de 2025 en la que accedió a las pretensiones de
la demanda y, en consecuencia, ordenó a las demandadas que en el término de
seis meses se lleve a cabo la convocatoria del concurso con el cual se dé la
provisión de los empleos de carrera de las cámaras legislativas. Al respecto, indicó
lo siguiente:

La Sala desestimará el argumento del Senado de la República sobre la
improcedencia de esta acción porque implica gasto, pues la limitante que consagra
la Ley 393 de 1997 (artículo 9, parágrafo), se refiere a las normas que “establezcan”
gasto, esto es, las de orden presupuestal.

Por su parte, en el presente asunto las normas que se estiman incumplidas por la
parte demandante no tienen dicho carácter sino que regulan la implementación de
la carrera administrativa en las cámaras que integran la Rama Legislativa del poder
público en Colombia.

[…]

En primer lugar, se estima pertinente precisar que, contrario a lo argumentado por
el Senado de la República, el Régimen General de Carrera sí es aplicable y resulta
compatible en la carrera legislativa, de acuerdo con los pronunciamientos del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional con respecto al parágrafo 2 del artículo
3 de la Ley 909 de 2004.

[…]

En conclusión, estima la Sala que resulta aplicable y compatible, de manera
transitoria, como lo prevé el parágrafo del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, el
Régimen General de Carrera, hasta tanto se expida Régimen Especial de Carrera
Administrativa Legislativa, con el fin de salvaguardar los principios de la carrera
administrativa y de la función pública.

[…]

5
Sitrapucor, Asotraleg, Aseco y Sindecor.

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En primer lugar, se debe advertir que en los parágrafos de los artículos 384 de la
Ley 5 de 1992 y 3 de la Ley 909 de 2004, no se observa un mandato que tenga como
destinatario al Congreso de la República (Senado de la República y Cámara de
Representantes).

No obstante, un análisis integral de la normativa que estima incumplida la parte
demandante permite apreciar que en aplicación de la Ley 909 de 2004 le
corresponde al Congreso de la República adelantar un concurso público de méritos
para proveer 247 (Senado de la República) y 241 (Cámara de Representantes)
cargos vacantes de carrera administrativa.

[…]

En conclusión, de acuerdo con las demás normas que estima incumplidas la parte
actora se advierte la existencia de un mandato imperativo e inobjetable consistente
en adelantar el concurso respectivo para proveer los empleos de carrera del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes.

Sobre el particular observa la Sala que se encuentra acreditado por la parte
demandante el número de cargos a proveer en carrera administrativa, con los oficios
Nos. D.P.4.1.3076/2024 de 18 de noviembre de 2024, suscrito por el Jefe de División
de Personal de la Cámara de Representantes y DRH-CS-2016-2024 de 28 de
noviembre de 2024, suscrito por la Jefe de División de Recurso Humanos del Senado
de la República.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes por correo electrónico
remitido el 17 de febrero de 2025, por lo que la oportunidad procesal para
interponer la impugnación contra la sentencia feneció el 24 siguiente.

1.5. Impugnaciones6

El Senado de la República reprochó la integración normativa a la que apeló la
decisión de primera instancia, para integrar las disposiciones legales a partir de las
cuales se configura la existencia de un mandato imperativo e inobjetable.

Reprochó que el fundamento de la decisión tuviese en cuenta un concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y una sentencia de
constitucionalidad de la Corte Constitucional. Lo anterior, para concluir que al
Congreso de la República le resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 909 de 2004.

Reiteró que en el presente caso no era automática la remisión a la Ley 909 de
2004, para establecer las condiciones necesarias para adelantar el concurso, sino
que era menester ahondar en la compatibilidad de tales disposiciones y su
aplicación al régimen de carrera del Congreso de la República.

6
Según dan cuenta las actuaciones de Samai, se tiene que: El Senado de la República, la Cámara
de Representantes y los coadyuvantes presentaron su escrito el 20 de febrero de 2025. Por su
parte, la CNSC, radicó su escrito el 21 siguiente.

7
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
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Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

Finalmente, enfatizó que, contrario a lo expuesto en la sentencia de primera
instancia, en el presente caso no existen elementos de prueba que permitan
sustentar que se encuentra con el gasto debidamente presupuestado.

La Cámara de Representantes explicó que el a quo no advirtió que las normas
alegadas por la parte actora no conllevan la imposición de un deber de realizar el
concurso de méritos.

Refirió que el ejercicio argumentativo expuesto en el fallo, no se compadece del
contenido normativo pertinente, al punto que la única disposición a partir de la cual
es factible inferir un posible cumplimiento es el artículo 392 de la Ley 5 de 1992.

Al igual que el Senado de la República, puso de presente que la realización del
concurso de méritos ordenado en la sentencia implica contar con un total de un
estimado de mil ciento treinta y un millones ochocientos treinta y dos mil
ochocientos ochenta y dos pesos ml/cte ($1.131.832.882), los cuales no se
encuentran presupuestados.

Los coadyuvantes en su escrito solicitaron que se revoque la decisión, para lo
cual expusieron que no se demostró la existencia de la norma que establezca la
obligación a cargo de las cámaras del Congreso de la República de realizar un
concurso de méritos.

La CNSC en su escrito puso de presente que el término concedido en la sentencia
resulta precario para evacuar las etapas que conlleva la realización del concurso
ordenado, por lo que, en su criterio, dicho plazo debe ser ampliado en seis meses
más. Es decir, solicita que se modifique la resolutiva del fallo, para que se
concedan 12 meses para realizar el concurso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por las
accionadas y coadyuvantes contra la sentencia de primera instancia del 6 de
febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los artículos
3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de
las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten

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por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de las autoridades
demandadas frente a la disposiciones invocadas como incumplidas?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿El Senado de la República, la Cámara de Representantes y la CNSC se
encuentran en la obligación de acatar las obligaciones dispuestas en el
artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 384 de la
Ley 5 de 1992; los artículos 2, 3, 5, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 31, de la Ley 909
de 2004; el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006; los artículos 2.2.6.1.; 2.2.6.2.;
2.2.6.3.; 2.2.6.4.; 2.2.6.5.; 2.2.6.6.; 2.2.6.7.; 2.2.6.13.; 2.2.6.20.; 2.2.6.21.;
2.2.6.25. y 2.2.6.34. del Decreto Único reglamentario 1083 de 2015, y, como
consecuencia de lo anterior, deben realizar el concurso de mérito para
proveer los cargos en carrera al interior del Congreso de la República?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el

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cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)7

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

7
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

10
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por
tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor
podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la

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presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento
judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos [8] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene
una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»10.

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala evidencia, sin mayores
disquisiciones, que el requisito de constitución en renuencia establecido en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997 se encuentra satisfecho en el presente asunto. Al
respecto, se tiene que el 1º de diciembre de 2024 el señor José Luis Avella
Chaparro remitió dicha solicitud a las demandadas11.

8
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
9
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
10
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
11
Ver folios 18 y siguientes del archivo de la demanda.

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A su turno, se tiene que la Cámara de Representantes12 y el Senado de la
República13, respondieron la solicitud negando la procedencia de ésta; mientras
que la CNSC guardó silencio.

2.3.3. Caso concreto

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento por cuanto el acatamiento
del mandato conlleva una erogación económica que no se encuentra
presupuestada.

El parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no será procedente respecto a aquellas normas que comporten un
gasto, disposición legal que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en la
sentencia C-157 de 1998 y en la que se declaró exequible. Al respecto, se indicó
lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente

12
Ver folios 33 – 35 cuaderno de demanda.
13
Ver folios 47 – 48 cuaderno de demanda.

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puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa
de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás,
resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto
ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un
sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza
de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del
erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y
descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura.

Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de
este dentro del presupuesto14.

Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal puede
ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una
vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en
estos casos, en los cuales, la pretensión de cumplimiento devendrá procedente. Al
respecto, la Sala en reciente fallo se sostuvo lo siguiente:

89. Como consecuencia, al estar demostrada la apropiación del gasto en el presente
asunto, junto con los demás requisitos de la acción, la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 20 de septiembre 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para rechazar por incumplimiento del requisito de constitución de
renuencia en cuanto a la SNR y el DAPRE; declarar la improcedencia en cuanto a
la norma de la Constitución Política; confirmar la orden de cumplimiento y negar lo
pretendido en cuanto a registradores y curadores.

90. Así las cosas, la entidad accionada deberá, en un término de 3 meses siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, convocar a concurso de méritos para la provisión
a la totalidad de empleos de carrera de la entidad, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000.15

En suma, al no existir prueba alguna que permita inferir que el Senado de la
República y la Cámara de Representantes cuentan con la apropiación
presupuestal necesaria, para la realización de un concurso de méritos; aunado el
hecho que las entidades informaron dicha situación en la oportunidad procesal
correspondiente, resulta evidente que la acción de cumplimiento resulta

14
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de
octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de
2024, expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente
25000-23-41-000-2023-00528-01
15
Sentencia del 21 de noviembre de 2024, expediente 17001-23-33-000-2024-00181-01 MP Omar
Joaquín Barreto Suárez. En igual sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 25000-
23-41-000-2024-00875-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.

14
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improcedente.

Conforme lo anterior, la Sala no comparte la conclusión a la que arribó el a quo al
indicar que la norma no establece un gasto, pues, la misma se limita a regular la
implementación del régimen de carrera. No obstante, se reitera, para realizar el
concurso de méritos se requiere, como lo informó la CNSC en su escrito de
contestación, de los recursos con los cuales se sufragara su realización. En dicha
oportunidad indicó lo siguiente:

[…] iii) apropiar en el presupuesto de su entidad los recursos para cofinanciar y cubrir
los costos de la respectiva convocatoria, los cuales se estiman en CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS ($4.696.402) MONEDA CORRIENTE, por vacante definitiva a proveer,
debiendo allegar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente. Información que fue solicitada sea remitida a esta Comisión
Nacional antes del 15 de febrero del año en curso. (énfasis de la Sala)

Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el artículo 30 de la Ley
909 de 2004, el cual expresamente establece lo siguiente:

Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos
con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior
acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los
concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran
la provisión de cargos. (Énfasis de la Sala)

En suma, se tiene que la acción de cumplimiento del asunto deviene en
improcedente, ante la ausencia de medios de prueba que permitan inferir
razonablemente que el Senado de la República y la Cámara de Representantes,
cuentan con la apropiación presupuestal correspondiente para ordenar la
realización del concurso de méritos.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para,
en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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