Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02019-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02019-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2024-02019-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
15 de mayo de 2025
Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público
Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02019-01
Demandante: CORPORACIÓN MÉRITO PARA EL EMPLEO PÚBLICO
Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y
OTROS
Tema: Acción de cumplimiento para la realización de concurso de
méritos para la provisión de cargos en carrera al interior de
superintendencias. Revoca fallo que accedió a las
pretensiones de la demanda. No se encuentra demostrado
en el proceso la apropiación presupuestal pertinente para
realizar el concurso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por las Superintendencias Financiera y
de Sociedades contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
La Corporación Mérito para el Empleo Público, por conducto de su representante
legal1, promovió acción de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, en contra de la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de
Sociedades (SS), y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Con base en
lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
1 Señor Luis Fernando Lozada Elizalde, según consta en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
1
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Demandante: Corporación Mérito para el Empleo Público
Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00035-01
PRIMERA: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y
a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, para que den cumplimiento
inmediato a los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005, para
lo cual se deberá ordenar a dichas entidades, dentro de los siguientes seis (6) meses
-o el término que estime conveniente el Despacho-, convocar a concurso público de
méritos TODAS las vacantes definitivas que existen este momento en las plantas de
carrera administrativa de estas entidades.
SEGUNDA: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, para que
dé cumplimiento adecuado a sus obligaciones de vigilancia del régimen específico
de carrera administrativa de las superintendencias, establecidas en los artículos 6,
14 y 52 del Decreto Ley 775/05, iniciando las respectivas investigaciones y
actuaciones sancionatorias a los funcionarios competentes para adelantar los
procesos de selección de la Superfinanciera y Supersociedades, por el presunto
incumplimiento de los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52 del Decreto Ley 775 de 2005,
ya que dichas entidades no han adelantado recientemente concursos, gran parte de
su planta está hace mucho tiempo en vacancia definitiva y a que mantienen una
situación irregular de nombramientos provisionales cuando dicha figura es
excepcional y transitoria.2
1.2. Hechos
La solicitud de cumplimiento se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Informó que al interior de la SFC no se ha adelantado concurso de méritos para la
provisión de cargos de carrera al interior de la entidad, pese a que cuenta con una
planta de 1002 empleados de los que 588 actualmente se encuentran ocupados
en provisionalidad y solamente 271 son en carrera.
Indicó que en la SS actualmente se encuentran 616 cargos de carrera, de los
cuales 265 actualmente están ocupados en esa modalidad y 312 bajo la figura de
provisionalidad.
A su turno, precisó que el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) informó que la SFC reportó un total de 778 vacantes, mientas que la SS
indicó que tenía 458 vacantes.
Por su parte, relató que la CNSC adelantó varios concursos para provisión de
cargos en carrera al interior de varias superintendencias, pero inexplicablemente
no se incluyeron a la SFC y SS.
Explicó que la CNSC no ha impuesto sanción alguna a la SFC y la SS, por el
desconocimiento de las disposiciones legales que rigen la carrera administrativa,
pese a que las citadas entidades ni siquiera han realizado un concurso de méritos.
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
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Indicó que, el 16 de septiembre de 2024, radicó escrito ante las accionadas, en la
que solicitó el cumplimiento de los artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 52 del
Decreto 775 de 20053.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones
Por auto del 27 de noviembre de 2024, la magistrada sustanciadora del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la
acción constitucional del asunto, y ordenó la notificación de las autoridades
administrativas accionadas. Surtidas las notificaciones correspondientes, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.3.1.1. Ministerio Público
Para la Procuraduría General de la Nación resulta procedente acceder a lo
pretendido por la parte actora, dado que las autoridades convocadas al proceso no
han dado cumplimiento a las disposiciones que rigen la carrera administrativa. Por
otro lado, sostuvo que:
No se compadece que las entidades del Estado mantengan la modalidad de
nombramientos provisionales, propiciando clientelismo, amiguismo y nepotismo, en
contravía a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización
del recurso humano al servicio de la administración pública, entre otros.
[…]
Así las cosas, es procedente ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil
CNSC, y a la Superintendencia Financiera efectuar la convocatoria a concurso
público abierto de las vacantes de los cargos de carrera administrativa, ocupados
actualmente en provisionalidad, apartando desde este año la correspondiente
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2025, en el término y condiciones que
señale la autoridad judicial, para evitar discrecionalidades y dilaciones que terminan
generando amiguismo y clientelismo en la administración del talento humano de esa
entidad, no siendo posible que una entidad no convoque a concurso tales cargos en
desmedro del sistema de carrera administrativa, eje definitorio de nuestro estado
social de derecho.
En sustento de lo anterior, trajo a colación fallos de la Corte Constitucional en los
que se ha reprochado la figura del nombramiento en provisionalidad, pues tales
escenarios cobijan prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
3 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las
Superintendencias de la Administración Pública Nacional.
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1.3.1.2. Superintendencia de Sociedades
Precisó que desde el punto de vista constitucional y legal, en el caso de las
superintendencias, se debe tener en cuenta que la autoridad llamada a la
realización de los concursos es la CNSC.
Refirió que en el año 2022 se solicitó el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito
Pública, a efectos de destinar recursos para que la CNSC pudiese adelantar el
proceso de provisión de vacantes definitivas a través de concurso de méritos.
Con base en lo anterior, explicó que actualmente se han adelantado diversas
acciones para realizar el correspondiente concurso de méritos.
1.3.1.3. Comisión Nacional del Servicio Civil
Explicó que la parte actora no constituyó en renuencia en debida forma a la
autoridad, toda vez que el escrito presentado por la parte accionante, mediante el
cual se constituyó en renuencia, correspondió a una solicitud de información y no
tuvo como finalidad conminar a la entidad al cumplimiento de un mandato.
Precisó que respecto al concurso de superintendencias que tuvo lugar hacía el año
2022, en el que no participaron la SFC y la SS, indicó que las autoridades
manifestaron su intención de no participar. Lo anterior, «[…] teniendo en cuenta
que manifestaron, a esta Comisión Nacional la intención de realizar dentro del
proceso de selección la prueba de curso-concurso en aras de garantizar que el
conocimiento, experiencia y experticia de algunos funcionarios puedan
conservarse de tal manera que la capacidad técnica de la entidad no se vea
reducida.»
Argumentó que las entidades del orden nacional, con ocasión del Decreto 051 de
2018, estableció el deber de apropiar los recursos pertinentes para la realización
de los concursos de méritos. Con base en lo anterior, manifestó que:
En este sentido, la CNSC mediante circular externa actualizó el aporte estimado por
vacante para las entidades u organismos que comienzan su planeación a partir del
1º de enero de 2024, bajo un modelo de agrupación de vacantes, para una o varias
entidades, deberán apropiar los recursos correspondientes por un valor estimado
por vacante a proveer de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($4.696.402) MONEDA CORRIENTE.
[…]
Entidad Vacantes 4.0 Recaudo estimado
Superintendencia Financiera 751 $3.526.997.902
de Colombia
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Superintendencia de 279 $1.310.296.158
Sociedades
1.3.1.4. Superintendencia Financiera de Colombia4
Como argumento de defensa, alegó que la norma que es invocada por la parte
actora había caducado dado que el artículo 52 del Decreto 775 de 2005 había
establecido un plazo para la realización de los concursos de méritos.
En segundo lugar, precisó que la entidad no cuenta con los recursos suficientes
para realizar el correspondiente concurso de méritos, en torno a dicho aspecto
precisó que:
En efecto, el rubro presupuestal apropiado por la Entidad para la vigencia fiscal 2025
contempla el denominado rubro por servicios de empleo, en el que se abarcan
gastos para servicios de intermediación, servicio de selección de altos ejecutivos,
servicio de selección y reclutamiento de empleados, servicio de gestión y colocación
de empleos, entre otros y el mismo resultaría insuficiente para cubrir los costos de
un eventual concurso, sin que sea posible apropiar más recurso en el corto plazo.
Luego obligar a las demandas al cumplimiento de una norma, sin que se cuente con
las apropiaciones presupuestales para ello, es condenarlas perse al incumplimiento
de un fallo judicial con las consabidas consecuencias que ello trae.
Finalmente, puso de presente que la entidad actualmente está adelantando un
proceso interno de reestructuración con miras a la consecución de sus objetivos,
por lo que refirió:
Es así como mediante oficio No. 2025012900 dirigido al Ministerio de Hacienda el
Superintendente Financiero solicitó la autorización para el rediseño institucional que
requiere la Entidad en el que se evidencia el análisis de la estructura actual, la
distribución funcional de varias dependencias, la actualización de su mapa de
proceso, los manuales de funciones, entre otros aspectos.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
profirió sentencia el 20 de marzo de 2025 en la que accedió a las pretensiones de
la demanda y, en consecuencia, ordenó a las demandadas que en el término de
tres meses se lleve a cabo la convocatoria del concurso con el cual se dé la
provisión de los empleos de carrera. Al respecto, indicó lo siguiente:
4 En el presente asunto, el a quo profirió sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2024.
No obstante, el 18 siguiente la SFC alegó la nulidad del proceso por indebida notificación, pues, no
fue enterada del auto admisorio de la demanda. Conforme lo anterior, mediante proveído del 30 de
enero de 2025 se declaró la nulidad del proceso y se ordenó la reconstrucción de la actuación,
permitiendo a la autoridad el ejercicio de su derecho de defensa.
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Del marco normativo y fáctico expuesto la Subsección concluye que las accionadas
tienen una obligación clara, expresa y exigible de convocar a concurso de méritos
porque en sus plantas de personal existen cargos de carrera en vacancia definitiva.
La Constitución, la Ley y el Decreto Ley 775 de 2005 son enfáticos en que el
nombramiento en provisionalidad y el encargo son excepcionales, por lo cual,
las vacantes definitivas deben ser provistas por empleados de carrera
administrativa.
La Subsección resalta que el mandato constitucional de proveer los empleos por el
sistema de méritos es permanente, no caduca o vence; además, no se puede
favorecer la inoperancia de quién incumple, por el contrario, está probado que desde
2016 no se ha convocado a concurso.
De igual forma se resalta que la restructuración de la planta de personal que inició
en 2024 y continuará durante el 2025 no es óbice para acatar el mandato de
convocar a concurso de méritos para proveer los cargos de carrera que existen
actualmente o se lleguen a crear, aplicando para el efecto los principios de
economía, eficiencia, eficacia y celeridad.
En conclusión, se encuentra probado el incumplimiento de un deber claro, expreso
y exigible, por lo cual se ordenará a las SFC y SS que dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, convoquen al concurso de méritos
para proveer los cargos de carrera en vacancia definitiva.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes por correo electrónico
remitido el 27 de marzo de 2025.
1.5. Impugnaciones
La SS sostuvo que en asocio con la CNSC han desplegado diversas acciones
enfocadas a disponer la apertura del concurso de méritos para la provisión de
cargos en carrera al interior de la entidad.
Refirió que los costos estimados de la realización del concurso pueden verse
afectados en razón al proceso de reestructuración que actualmente atraviesa la
SFC.
Concluyó su intervención, indicando que, contrario a lo planteado por la
accionante, no se presenta un incumplimiento de ningún mandato por parte de la
entidad.
La SFC reiteró que la acción de cumplimiento en el presente caso era
improcedente, por cuanto ha adelantado gestiones junto a la CNSC para verificar
la eventual realización del concurso de méritos.
Por otro lado, reiteró que la acción conlleva un gasto que no se encuentra
presupuestado. Lo anterior en razón a que:
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En el caso de la SFC, como se mencionó en la respuesta de la demanda, el rubro
presupuestal apropiado por la Entidad para la vigencia fiscal 2025 contempla el
denominado rubro por servicios de empleo, en el que se abarcan gastos para
servicios de intermediación, servicio de selección de altos ejecutivos, servicio de
selección y reclutamiento de empleados, servicio de gestión y colocación de
empleos, entre otros y el mismo resultaría insuficiente para cubrir los costos de un
eventual concurso, sin que sea posible apropiar más recurso en el corto plazo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por las
accionadas contra la sentencia de primera instancia del 20 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393
de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de las autoridades
demandadas frente a la disposiciones invocadas como incumplidas?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• ¿La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia
de Sociedades (SS), y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se
encuentran en la obligación de cumplir los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 52
del Decreto Ley 775 de 2005, y, como consecuencia de ello, obligadas a
realizar el correspondiente concurso de méritos?
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2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).
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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)5
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por
tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor
podrá ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento
judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos [6] (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene
una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
6 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
7 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
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bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»8.
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala evidencia, sin mayores
disquisiciones, que el requisito de constitución en renuencia establecido en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997 se encuentra satisfecho en el presente asunto. Al
respecto, se tiene que el 16 de septiembre de 2024 la actora radicó ante las
accionadas escrito en el que solicitó:
PRIMERO: REQUERIR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA y la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, para que den cumplimiento inmediato a
los artículos 3, 4, 10, 11, 12 y 13 del Decreto Ley 775 de 2005, para lo cual se deberá
de iniciar y culminar sin mayor demora las acciones preparativas para planear e
iniciar cuanto antes el concurso de méritos encaminado a proveer todas las vacantes
definitivas que existen este momento en estas entidades.
SEGUNDO: En caso negativo a la solicitud del numeral 1°, exponer los fundamentos
de hecho y de derecho para su no cumplimiento.
TERCERO: Requerir a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, para que
dé cumplimiento adecuado a sus obligaciones de vigilancia del régimen específico
de carrera administrativa de las superintendencias, establecidas en los artículos 6°
y 14 del Decreto Ley 775/05, iniciando las respectivas investigaciones y actuaciones
sancionatorias a los funcionarios competentes para adelantar los procesos de
selección de la Superfinanciera y Supersociedades, puesto que dichas entidades no
han adelantado recientemente concursos, gran parte de su planta está hace mucho
tiempo en vacancia definitiva y a que mantienen una situación irregular de
nombramientos provisionales más allá del término autorizado por la ley en dicho
régimen específico.
CUARTO: En caso negativo a la solicitud del numeral 2°, exponer los fundamentos
de hecho y de derecho para su no cumplimiento.
En el caso de la SFC, mediante oficio del 25 de septiembre de 2024, explicó que
la entidad está siendo objeto de un proceso de reestructuración a efectos de
modernizar sus capacidades de inspección y vigilancia. En lo que concierne al
concurso de méritos, explicó que es la CNSC la llamada de realizar la respectiva
convocatoria.
La CNSC dio respuesta el 7 de octubre de 2024, en la que, por un lado, reiteró que
la SFC y la SS no participaron de la convocatoria realizada en el año 2023 para la
provisión de cargos en carrera al interior de las superintendencias del país. Y, por
otro lado, refirió que las autoridades en cita en asocio con la CNSC se encuentran
en la etapa de planeación del correspondiente proceso de selección.
8 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Finalmente, respecto a la SS, de los medios de prueba que obran en el plenario,
no se encuentra alguno que permita inferir que dio respuesta al requerimiento que
en su oportunidad fue presentado por la parte actora.
Con base en lo anterior, se encuentra satisfecho el requisito de constitución en
renuencia establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.3.3. Caso concreto
La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento por cuanto el acatamiento
del mandato conlleva una erogación económica que no se encuentra
presupuestada.
El parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no será procedente respecto a aquellas normas que comporten un
gasto, disposición legal que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en la
sentencia C-157 de 1998 y en la que se declaró exequible. Al respecto, se indicó
lo siguiente:
En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa
de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás,
resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto
ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un
sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza
de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del
erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y
descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura.
Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de
este dentro del presupuesto9.
Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal puede
ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una
9 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de
octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de
2024, expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente
25000-23-41-000-2023-00528-01
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vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en
estos casos, en los cuales, la pretensión de cumplimiento devendrá procedente. Al
respecto, la Sala en reciente fallo se sostuvo lo siguiente:
89. Como consecuencia, al estar demostrada la apropiación del gasto en el presente
asunto, junto con los demás requisitos de la acción, la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 20 de septiembre 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para rechazar por incumplimiento del requisito de constitución de
renuencia en cuanto a la SNR y el DAPRE; declarar la improcedencia en cuanto a
la norma de la Constitución Política; confirmar la orden de cumplimiento y negar lo
pretendido en cuanto a registradores y curadores.
90. Así las cosas, la entidad accionada deberá, en un término de 3 meses siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, convocar a concurso de méritos para la provisión
a la totalidad de empleos de carrera de la entidad, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000.10
En suma, al no existir prueba alguna que permita inferir que la SFC y la SS cuentan
con la apropiación presupuestal necesaria, para la realización de un concurso de
méritos; aunado el hecho que las entidades informaron dicha situación en la
oportunidad procesal correspondiente, resulta evidente que la acción de
cumplimiento resulta improcedente.
Al respecto, se debe tener en cuenta que la CNSC en su escrito de intervención
explicó detalladamente los costos que implicaba la realización del concurso de
méritos al interior de cada una de las superintendencias, los cuales, conforme los
medios de prueba que conforman el plenario, no aparecen debidamente
presupuestados.
Ahora bien, el a quo consideró que efectivamente si existía la partida presupuestal,
a partir de la interpretación que dio de la Resolución 019 del 7 de enero de 2025,
por la cual se efectúa la desagregación de gastos de funcionamiento e inversión
del presupuesto de la Superintendencia Financiera de Colombia para la vigencia
fiscal 2025.
No obstante, el citado ente de control, respecto a tal acotación, precisó frente a
este punto lo siguiente:
En el caso de la SFC, como se mencionó en la respuesta de la demanda, el rubro
presupuestal apropiado por la Entidad para la vigencia fiscal 2025 contempla el
denominado rubro por servicios de empleo, en el que se abarcan gastos para
servicios de intermediación, servicio de selección de altos ejecutivos, servicio de
selección y reclutamiento de empleados, servicio de gestión y colocación de
10 Sentencia del 21 de noviembre de 2024, expediente 17001-23-33-000-2024-00181-01 MP Omar
Joaquín Barreto Suárez. En igual sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 25000-
23-41-000-2024-00875-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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empleos, entre otros y el mismo resultaría insuficiente para cubrir los costos de un
eventual concurso, sin que sea posible apropiar más recurso en el corto plazo.
Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el artículo 30 de la Ley
909 de 2004, el cual expresamente establece lo siguiente:
Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos
con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior
acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los
concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran
la provisión de cargos. (Énfasis de la Sala)
Ahora bien, al revisar el escrito de constitución en renuencia y la pretensión
constitucional alegada, se tiene que la actora busca que el juez ordene a la CNSC
que promueva las investigaciones correspondientes e imponga las sanciones que
estime pertinentes frente a la SFC y la SS. Lo anterior, por cuanto, en su sentir, ha
habido una desidia de éstas en lo que concierne al adelantamiento de los
concursos de méritos.
Al respecto, basta mencionar que dicha solicitud desborda abiertamente la
finalidad de la acción consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y
reglamentada en la Ley 393 de 1997, pues el artículo 1° establece de manera clara
su objetivo, que no es otro que «[…] hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos».
Lo anterior significa, en otros términos, que en el evento que la parte actora estime
que existe circunstancias que constituyan una falta disciplinaria, es necesario
poner de presente que tal discusión debe ser ventilada ante la autoridad que
constitucional y legalmente es la competente para conocer de tales asuntos.
En suma, se tiene que la acción de cumplimiento del asunto deviene en
improcedente, ante la ausencia de medios de prueba que permitan inferir
razonablemente que las demandadas, cuentan con la apropiación presupuestal
correspondiente para ordenar la realización del concurso de méritos.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para,
en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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