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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01011-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01011-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 2025 dictada por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada parcialmente el fenómeno de la cosa juzgada y negó la demanda en relación con el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, para en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01011-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01011-01
Accionante: CARLOS HERNANDO PUERTO QUIROGA
Accionados: CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Tema: Revoca cosa juzgada y negativa de pretensiones. Declara
improcedencia. Concurso de méritos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 18 de marzo de 2025, dictada por la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 10 de diciembre de
2025. Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos
previstos en el artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Carlos Hernando
Puerto Quiroga presentó demanda en contra del Congreso de la República y la
Comisión Nacional del Servicio Civil (en lo sucesivo, CNSC) con el fin de obtener
el cumplimiento de lo previsto en el inciso 3 del artículo 23; inciso 5, parágrafos
1 y 2 del artículo 24; inciso 1 del artículo 30, todos de la Ley 909 de 2004.

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].

1
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Accionante: Carlos Hernando Puerto Quiroga
Accionados: Congreso de la República y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01011-01

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a las accionadas:

Que se declare mediante sentencia judicial que los demandados incumplen el
mandato claro, expreso y exigible sobre normas de carrera con fuerza material
de ley dispuestas en los artículos 23, 24 y 30 parciales de la ley 909 de 2004,
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” […]
[…] como quiera que, el Congreso a la fecha, habiendo transcurrido 33 años,
desde la expedición de la ley 5ª de 1992, no ha expedido la legislación que regule
el régimen especial de origen legal para los empleos de carrera de la Rama
Legislativa del poder público.

1.2. Posición de la parte demandante

3. La parte actora refirió que, en 1995, el Congreso de la República incorporó
a la carrera administrativa del Senado de la República y Cámara de
Representantes un grupo de funcionarios, por cumplir los requisitos exigidos en
el proceso de selección contemplado en la Resolución 001 de 1992, expedida
por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Sin
embargo, tal acto fue anulado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado en sentencia del 25 de septiembre de 1997.

4. Mencionó que el 10 de febrero de 2025 elevó derecho de petición al
presidente del Congreso de la República, con el fin de que se le informara, entre
otros: 1) el número de cargos de la planta de personal de dicha corporación, 2)
cuántos de ellos eran de carrera, 3) el año en que se realizó el último concurso
de méritos.

5. Precisó que el 11 de marzo del mismo año, con ocasión a una acción de
tutela presentada por vulneración al derecho de petición, recibió respuesta por
parte del Congreso de la República. En ella, le fue informada que alrededor de
500 cargos eran carrera administrativa y que desde el año 1997 no se ha
realizado concurso de méritos.

6. De otro lado, el señor Puerto Quiroga elevó solicitud al Ministerio de
Hacienda para que informara si, desde el año 2010, en los anteproyectos de
presupuesto el Congreso de la República ha requerido partidas presupuestales
con destinación específica para la realización de concursos de méritos.

7. Acto seguido, refirió que, mediante oficio del 4 de marzo de 2024, la cartera
de Hacienda le informó que el Congreso no había solicitado recursos para la
realización del concurso de méritos.

8. Sin perjuicio de lo anterior, el señor Puerto Quiroga manifestó que el
presupuesto del Congreso de la República para el año 2025, liquidado mediante
el Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, fue de «$ 1.313628 billones de
pesos», de los cuales más de 1.2 billones de pesos corresponden a gastos de

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funcionamiento. Por lo tanto, dicho órgano si tenía presupuesto para realizar el
concurso.

9. Expuso que el 9 de abril de 2025, le solicitó expresamente al Congreso y
a la CNSC el cumplimiento de las normas que reclama en esta oportunidad. A su
vez, indicó que el 18 de junio siguiente recibió respuesta por parte del primero,
quien se mantuvo renuente al acatamiento, mientras que el segundo guardó
silencio.

10. El accionante señaló que las normas invocadas en la demanda se
adecuan a los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para reclamar
su acatamiento por esta vía, toda vez que: i) están consignadas en una norma
jurídica con fuerza material de ley, ii) contienen un mandato claro, expreso e
inobjetable, iii) se constituyó en debida forma en renuencia.

11. Expuso que la normativa que se pretende hacer cumplir le es aplicable al
Congreso de la República, comoquiera que por expreso mandato del parágrafo
del artículo 384 de la Ley 5 de 1992, la Ley 909 de 2004 le es aplicable a dicho
órgano hasta tanto se expidan las normas específicas de carrera para el personal
de la Rama Legislativa.

12. En desarrollo de lo anterior, indicó que nadie podía alegar su propia culpa
en beneficio propio, de manera que la inexistencia de un estatuto que regula las
normas de carrera para la Rama Legislativa obedecía a la desidia, desinterés e
incumplimiento de los deberes del Congreso de la República.

13. También indicó que el incumplimiento normativo que se depreca en esta
instancia proviene de la CNSC, pues tiene, a su vez, el deber de realizar las
actuaciones administrativas para que se cumplan las normas de carrera del
Congreso de la República. Para el efecto, indicó que debía informar los cargos
de carrera que se encuentran vacantes para ser provistos por mérito al tratarse
de un régimen de carrera especial de origen legal.

1.3. Posición de la parte demandada

14. La Cámara de Representantes y el Senado de la República, en
memoriales independientes alegaron la excepción de cosa juzgada respecto de
lo decidido en la sentencia del 3 de abril de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el expediente con radicado 25000-23-41-000-2025-00035-
01.

15. Mencionaron que en dicha oportunidad el fundamento de la demanda
también había sido la presunta omisión del Congreso en el cumplimiento de
varias obligaciones establecidas en la Ley 909 de 2004, entre las que se
encuentran los artículos 23 y 30, y en la que se declaró la improcedencia de la
acción por incumplimiento del requisito del gasto. Esto, en atención a que no

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había apropiación presupuestal para ordenar la realización del concurso de
méritos, circunstancia que se seguía manteniendo en el tiempo.

16. A propósito de esto último, precisaron que, de ordenarse la incorporación
de un gasto no previsto o la reasignación de partidas con una finalidad específica,
se atentaría contra los principios constitucionales y legales que rigen las finanzas
públicas.

17. Por su parte, la Cámara de Representantes mencionó que una prueba de
ello era el oficio del Ministerio de Hacienda aportado por el señor Puerto Quiroga
y del cual se podía evidenciar que aquella autoridad no tenía el presupuesto
destinado el rubro específico del concurso de méritos.

18. A su vez, las autoridades se opusieron a las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que la aplicación de los artículos invocados está
condicionada a la compatibilidad con su estructura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley 5 de 1992. Indicaron que ello se traducía
en un juicio valorativo por parte del jefe del órgano legislativo, lo que excluía la
obligatoriedad directa y por tanto su exigibilidad a través de este mecanismo.

19. Precisaron que, a diferencia de otros sistemas específicos de carrera, el
de la Rama Legislativa aún no se ha expedido, por lo que no se puede forzar un
concurso de méritos bajo condiciones, presupuestos ni lineamientos del sistema
general, so pena de desconocer la intención del legislador. En ese mismo sentido,
recalcaron que, dada su naturaleza como órgano político y legislativo, las normas
generales de concurso no podían ser aplicadas, pues requiere de un régimen
excepcional y especializado.

20. De otro lado, indicaron que la implementación de un concurso de méritos
no era una mera actuación administrativa, sino un proyecto de Ley para modificar
la Ley 5 de 1992.

21. La Comisión Nacional de Servicio Civil, actuando a través del jefe de
Oficina Asesora Jurídica, manifestó que no se cumplió con el requisito de
constitución en renuencia y bajo esa lógica, adujo que la demanda debía ser
rechazada. Para el efecto, expuso que el memorial radicado fue un derecho de
petición y no un escrito con el propósito de acreditar el requisito habilitante para
la demanda de cumplimiento.

22. De otro lado, indicó que la parte accionante «cuenta con otros medios de
defensa diferentes a la acción de cumplimiento para controvertir los actos
administrativos a los cuales le atribuye la vulneración de derechos
fundamentales».

23. También indicó que, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y
legales, mediante oficios 2025RS005214 y 2025RS005221 del 24 de enero de
2025 inició la fase de planeación del concurso de méritos tanto con el Senado de

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la República como con la Cámara de Representantes, respectivamente. Precisó
que en tales oficios se solicitó:

i) reportar en el aplicativo SIMO, las vacantes definitivas de carrera administrativa
con las que cuenta actualmente la Entidad, para la conformación de la Oferta Pública
de Empleos – OPEC acorde a las instrucciones de la Circular CNSC No. 0011 de
2021, ii) remitir el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la
Entidad, el cual debe estar actualizado a la normativa vigente, y iii) apropiar en el
presupuesto de su entidad los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de
la respectiva convocatoria, los cuales se estiman en CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
($4.696.402) MONEDA CORRIENTE, por vacante definitiva a proveer, debiendo
allegar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. Información
que fue solicitada sea remitida a esta Comisión Nacional antes del 15 de febrero del
año en curso.

24. Con ello, expuso que aquella autoridad continuara con los acercamientos
respectivos para poder llevar a cabo del proceso de selección en la Rama
Legislativa.

1.4. Intervención posterior del accionante

25. El señor Puerto Quiroga allegó memorial en el que se pronunció sobre las
contestaciones de la demanda. En concreto, el accionante manifestó que en el
presente caso no se configuraba la cosa juzgada, en la medida en que en el
expediente con radicado 2025-0035-01 el interesado no corroboró ni siquiera de
manera sumaria la disponibilidad presupuestal para la realización del concurso.

26. Mencionó que, en esta oportunidad, aquel acreditó que el órgano
legislativo cuenta con los recursos para realizar concurso de méritos, pero no
voluntad para llevarlo a cabo.

27. Iteró que, para la vigencia fiscal de 2025, sin contar la del 2026, los
recursos asignados al Congreso de la República para adquisición de bienes y
servicios, dejando por fuera los gastos fijos de nómina eran $57.553.000 para el
senado y $101.919.000.000 para la Cámara de Representantes. Además,
señaló:

según los certificados de disponibilidad presupuestal que se anexan con este
oficio que fueron pedidos a las dos corporaciones si se revisa uno a uno, el
presupuesto comprometido para la vigencia fiscal 2025, sin tener en cuenta la
vigencia fiscal del año 2026, entre las dos Corporaciones y el que se proyecta
ejecutar según se pidió en el mismo derecho de petición del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2025, para la Cámara de Representantes no alcanza a llegar a la
suma de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS y para el Senado de la República
a CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS, es decir les queda un saldo a favor
para comprometer sólo teniendo en cuenta lo que resta del año 2025 de más
de $45.000.000.000 (CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS entre
las dos entidades) y el valor del concurso de méritos partiendo que los cargos a
proveer de carrera administrativa según respuesta a derecho de petición que ya
obra en el expediente en el cuaderno de anexos, entre las dos Corporaciones,
suman 490 vacantes y que según respuesta de la CNSC al suscrito, como en la
contestación de la demanda de cumplimiento en el presente radicado se requiere

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acreditar mediante certificado de disponibilidad presupuestal el valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS ($4.696.402) MONEDA CORRIENTE […] (Énfasis de la Sala)

28. Refirió que el Congreso de la República no tenía inmunidad para cumplir
la Constitución Política ni la provisión de los empleos de carrera administrativa
por concurso de méritos, máxime por una situación que es solo culpa exclusiva
de aquellos que no se ha concretado.

29. Además, precisó que al igual que ocurrió en la acción de cumplimiento con
radicado 2020-00185-01 en la que se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación
la realización de concurso de méritos, al ser entidades que tienen un régimen
específico de origen legal, podían cobrar derechos de participación para ayudar
a sufragar los gastos del concurso de méritos. Ello, en sentir del señor Puerto
Quiroga refuerza la idea de que la demandada sí tiene los recursos necesarios
para adelantar el trámite respectivo.

1.5. Fallo de primera instancia

30. En sentencia del 18 de marzo de 2025, la Sección Primera, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la cosa juzgada respecto
del «inciso 3 del artículo 23, los parágrafos 1 y 2 y el inciso 5 del mismo artículo
de la Ley 909 de 2004, así como el inciso 1 del artículo 30 de la misma ley», de
conformidad con lo resuelto en la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por
el Consejo de Estado en el expediente 25000-23-41-000-2025-00035-01. En
consecuencia, dispuso estarse a lo resuelto en la mentada decisión.

31. De otro lado, negó la acción de cumplimiento respecto del artículo 24 de
la Ley 909 de 2004.

32. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que en el caso
concreto estaban reunidos los elementos constitutivos de la cosa juzgada en las
acciones de cumplimiento. A saber, identidad de la parte demandada (Congreso
de la República y Comisión Nacional de Servicio Civil) «y la causa» (acatamiento
de los artículos 23 y 30 de la Ley 909 de 2004).

33. No obstante, advirtió que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 no fue objeto
de pronunciamiento ni estudio en aquella oportunidad. Por lo tanto, hizo un
estudio de fondo de la disposición y llegó a la conclusión que de su contenido no
se extrae un deber jurídico claro, expreso y exigible en lo que respecta a la
obligatoriedad de convocatoria de concurso de méritos para proveer los cargos
de carrera administrativa, en la medida que aquella disposición regula
únicamente lo referente a la figura del encargo.

34. En todo caso, mencionó que tampoco existían elementos de juicio de los
cuales se podía inferir razonablemente que el Senado de la República y la
Cámara de Representantes cuentan con la apropiación presupuestal necesaria
para poder adelantar concurso de méritos.

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1.6. Impugnación

35. La parte accionante solicitó que se revocara la sentencia de primer grado
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
afirmó que en este caso no era procedente declarar la cosa juzgada con
fundamento en que en el expediente 2025-00035-01 el accionante no allegó
prueba sumaria de que los accionados tuvieran los recursos para cumplir con su
obligación constitucional y en esta oportunidad el sí allegó elementos de juicio
que permiten advertir la disponibilidad de recursos.

36. Precisó que no tiene ninguna eficacia jurídica dejar en manos de la propia
entidad la facultad de pedir los recursos para la realización de concursos, pues
era notorio que para aquellas no resulta ser una prioridad, en tanto «se prefiere
el clientelismo a la meritocracia». Iteró los argumentos expuestos al interior de
todo el trámite de la acción en primera instancia y solicitó que la Sección Quinta
revaluara la tesis adoptada a propósito del requisito de gasto y la necesidad de
apropiación presupuestal.

II. CONSIDERACIONES

37. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró
configurada la cosa juzgada y negó pretensiones, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones: i)
el agotamiento del requisito de constitución en renuencia, ii) el fenómeno de la
cosa juzgada, iii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción
de cumplimiento y iv) si del contenido de las disposiciones invocadas se derivan
mandatos susceptibles de ser exigidos mediante este medio de control.

2.1. Caso concreto

38. Como viene de verse, el señor Carlos Hernando Puerto Quiroga presentó
demanda en contra del Congreso de la República y la CNSC con el fin de obtener
el cumplimiento de lo previsto en el inciso 3 del artículo 23; inciso 5, parágrafos
1 y 2 del artículo 24; inciso 1delartículo 30, todos de la Ley 909 de 2004.

39. Para el accionante, en virtud de tales disposiciones el Congreso de la
República y la CNSC deben adelantar concurso de méritos para nombrar a los
funcionarios que integran la planta de personal de la primera. En sentir del señor
Puerto Quiroga, tales disposiciones son aplicables en virtud de que el Congreso,
a la fecha, no ha expedido la legislación que regule el régimen especial de origen
legal de carrera para empleados de la corporación.

2.2.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de los accionados

40. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o

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al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento5.

41. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.

42. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia al
Congreso de la República y a la CNSC respecto del cumplimiento del artículo 23;
parágrafos 1 y 2, inciso 5, artículo 24; inciso 1 del artículo 30, de la Ley 909 de
2004. En efecto, se corroboró que el 9 de abril de 2025, les pidió a tales
autoridades el acatamiento de tales disposiciones.

43. Asimismo, obra constancia mediante la cual el jefe de la División de
Recursos Humanos del Congreso de la República dio respuesta a la referida
solicitud mediante oficio DRH-0984-2025 del 18 de junio de 2025, en la cual
indicó que las disposiciones pretendidas no le eran aplicables a dicho órgano en
virtud de lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley 5 de 1992. De otro lado, no obra
respuesta por parte de la CNSC. Por ende, es claro que las autoridades fueron
constituidas en renuencia.

2.1.2. La Sala considera que en el caso concreto no se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada

44. Previo a establecer si en el caso concreto se reúnen los presupuestos
establecidos por la Ley 393 de 1997 y la jurisprudencia del Consejo de Estado
para la procedencia de la acción de cumplimiento, es importante recordar algunas
nociones en torno al fenómeno de la cosa juzgada.

45. Al respecto, debe destacarse que esta colegiatura ha manifestado que el
objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto
judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo

5
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

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anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de
vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable7.

46. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica 8.

47. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

48. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante. Lo
anterior, dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede
instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se
verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a
esta instancia9.

49. De otro lado, esta Sección ha considerado que para que opere la cosa
juzgada es necesario que medie una decisión judicial inmutable, vinculante y
definitiva sobre el mismo objeto de la demanda10. En otros términos, se ha
considerado que es necesario que exista un pronunciamiento de fondo y
ejecutoriado sobre el objeto de la litis, respecto del cual se hubiere definido o no
la existencia de un mandato imperativo e inobjetable en las normas objeto de la
acción y, además, un incumplimiento por parte de la autoridad accionada.

50. Así, la cosa juzgada material presupone la existencia de una decisión
judicial anterior que haya agotado el debate sustancial, mediante un
pronunciamiento definitivo sobre la pretensión y las circunstancias de hecho y de
derecho que le sirven de fundamento.

51. En el caso puntual, la Sala advierte que el Congreso de la República alegó
la excepción de cosa juzgada en relación con lo decidido por esta misma
corporación en sentencia del 3 de abril de 2025, al interior de la acción de
cumplimiento identificada con el radicado 25000-23-41-000-2025-00035-00/01.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
8
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
9
Ibidem.
10
Véase, entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025. C.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicado: 20001-23-33-000-2025-00084-01

9
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01011-01

52. Para determinar si le asiste razón, es necesario efectuar el siguiente
análisis:

Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)

Sentencia Se alegó el incumplimiento Se formularon las Senado de la
del 3 de abril de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: República,
de 2025 artículos 125 de la «2.1. Al SENADO y la Cámara de
Constitución Política, 384 CÁMARA DE Representantes y
Radicado de la Ley 5 de 1992; los REPRESENTANTES CNSC.
25000-23- artículos 2, 3, 5, 17, 23, 27, procedan a reportar a en
41-000- 28, 29, 30, 31, de la Ley 909 el aplicativo SIMO de la
2025-00035- de 2004; el artículo 9 de la Comisión Nacional del
01 Ley 1033 de 2006; los Servicio Civil, la totalidad
artículos 2.2.6.1.; 2.2.6.2.; de las vacantes
2.2.6.3.; 2.2.6.4.; 2.2.6.5.; existentes.
2.2.6.6.; 2.2.6.7.; 2.2.6.13.; 2.2. Al SENADO y la
2.2.6.20.; 2.2.6.21.; CÁMARA DE
2.2.6.25. y 2.2.6.34. del REPRESENTANTES, de
Decreto Único manera conjunta con la
reglamentario 1083 de COMISIÓN NACIONAL
2015. DEL SERVICIO CIVIL,
procedan a:
2.2.1. DEFINIR la
modalidad de concurso
(ascenso o abierto), que
se requerirá desarrollar
para proveer la
TOTALIDAD de las
vacantes definitivas que
existan en la RAMA
LEGISLATIVA.
2.2.2. DEFINIR el tipo de
pruebas a aplicar para
proveer por concurso de
méritos la TOTALIDAD de
las vacantes definitivas
que existan en la RAMA
LEGISLATIVA».

Caso sub Se alegó el incumplimiento Se formularon las Senado de la
examine de lo dispuesto en: el inciso siguientes pretensiones: República,
3 artículo 23; inciso 5, Cámara de
Radicado parágrafos 1 y 2 del artículo «Que se declare mediante Representantes y
25000-23- 24; inciso 1, artículo 30 de la sentencia judicial que los CNSC.
41-000- Ley 909 de 2004. demandados incumplen el
2025- mandato claro, expreso y
001011-01 exigible sobre normas de
carrera con fuerza
material de ley dispuestas
en los artículos 23, 24 y 30
parciales de la Ley 909 de
2004».

10
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53. Del recuento anterior, es posible evidenciar que los dos expedientes reúnen
los presupuestos formales para la declaratoria de la cosa juzgada en lo que
respecta a los artículos 23 y 30 de la Ley 909 de 2004. Nótese que frente a tales
disposiciones existe la triple identidad requerida.

54. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede desconocer que en dicha
oportunidad se declaró la improcedencia de la acción, tras advertirse que no se
acreditó el requisito del gasto. En particular, porque se consideró que las normas
cuyo acatamiento eran objeto de la demanda implicaban una erogación
presupuestal respecto de la cual no se tenían elementos que permitieran inferir
que estaba debidamente apropiado.

55. Con ese contexto y, siguiendo la línea jurisprudencia adoptada por esta Sala
de Decisión, al no existir un pronunciamiento de fondo y definitivo sobre el
contenido de los artículos 23 y 30 de la Ley 909 de 2004 y su cumplimiento por
parte de las autoridades accionadas, se estima que no es posible confirmar la
declaratoria de cosa juzgada.

56. En ese orden de ideas, la Sala deberá determinar si en el caso concreto
se reúnen los requisitos de procedencia de la demanda y, en caso afirmativo,
verificar si del inciso 3 del artículo 23; inciso 5, parágrafos 1 y 2 del artículo 24;
inciso 1, artículo 30, de la Ley 909 de 2004 se extrae un mandato imperativo e
inobjetable en cabeza de las accionadas y si aquellas lo han incumplido.

2.1.3. La acción de cumplimiento no supera los requisitos de procedencia

57. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)11.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

11
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

11
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(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

58. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

59. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento inciso 3 del artículo 23;
inciso 5, parágrafos 1 y 2 del artículo 24; inciso 1, artículo 30, de la Ley 909 de
2004, esta Sección advierte que, en principio, las disposiciones se encuentran
vigentes y tienen rango de ley o acto administrativo. Además, la acción se dirige
en contra de una autoridad pública, pues los deberes cuyo cumplimiento se
exigen estarían a cargo de la CNSC y del Congreso de la República12.

60. En lo que respecta al requisito de la subsidiariedad, la Sala debe destacar
que lo perseguido por la Sociedad accionante es el acatamiento de un deber cuya
observancia no implica la protección de un derecho fundamental que pueda ser
garantizado vía acción de tutela, ni ningún otro mecanismo judicial.

61. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la acción promovida por la
parte actora es improcedente porque no acredita el presupuesto de gasto. En
esencia, se considera que la acción de cumplimiento no es procedente para dictar
órdenes relacionadas con la elaboración de un concurso de méritos cuando no
existe presupuesto apropiado por la entidad para tal fin.

62. De las intervenciones y de los elementos de juicio allegados al expediente
de la referencia, la Sala logró determinar que, para la vigencia fiscal 2025, el
Congreso de la República no contó con apropiación presupuestal específica para
la realización de un concurso de méritos.

63. En efecto, de las pruebas allegadas por el señor Puerto Quiroga obra oficio
2-2025-014554 del 4 de marzo de 2025 suscrito por el Ministerio de Hacienda en
el que se certifica que, desde al año 2010 el Congreso de la República no ha

12
Al respeto, es importante tener en cuenta que el artículo 3 de la Ley 909 de 2004 dispone
expresamente:
ARTÍCULO 3. Campo de aplicación de la presente ley. 2. Las disposiciones contenidas en esta
ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la
normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:
• El que regula el personal de carrera del Congreso de la República.

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solicitado recursos para adelantar procesos de selección de personal mediante
el sistema de carrera administrativa.

64. Si bien el accionante manifiesta que, aun cuando no existe un rubro
específico en la vigencia fiscal 2025 para tal fin, de la misma respuesta
proporcionada por la cartera de Hacienda, se podía colegir que era viable que el
Congreso de la República dispusiera de los gastos de funcionamiento - cuenta
02 referente a la adquisición de bienes y servicios, para llevar a cabo los procesos
de contratación de un servicio.

65. No obstante, la Sala considera que ordenarle a la autoridad que destine
sus recursos apropiados para dicha finalidad específica implicaría desbordar por
completo la naturaleza de la acción de cumplimiento e irrumpir en el diseño
institucional que rige en temas de presupuestales. Esto, en la medida en que se
tornaría este mecanismo en uno de corrección de temas fiscales para someter a
control judicial las decisiones de otras ramas del poder público en dicha materia.

66. Nótese que las determinaciones relativas a la conformación del
Presupuesto General de la Nación, la verificación de las reservas presupuestales,
la distribución de los rubros en las correspondientes autoridades, son
competencia del Gobierno Nacional por disposición constitucional y legal. Las
mismas, siguen de un proceso técnico, complejo, anual y reglado bajo los
principios de legalidad del gasto, especialización, programación integral,
separación de poderes y seguridad jurídica, al tiempo que implican un juicio
técnico, político, fiscal, macroeconómico y discrecional de la administración.

67. No en vano la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de cumplimiento
no es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que constituyan
gasto. Es claro que el legislador fue cauteloso al proscribir la posibilidad de que
a través de esta herramienta se ordenara la creación de una partida presupuestal,
so pena de invadir las competencias previamente establecidas.

68. Justamente, en el estudio de constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, la Corte Constitucional dispuso lo siguiente:

[…] facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la
ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla se ejecute,
quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo
que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción
de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar
su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y
promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de
alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. [Énfasis
de la Sala]13

69. Bajo esa misma lógica, no es concebible que a través de esta demanda
se disponga la modificación de partidas presupuestales o su destinación para una

13
Corte constitucional, sentencia C-157 de 1998.

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finalidad específica y diferente para la cual fue apropiada. Es claro que aquello,
al igual que la creación o supresión, implica una competencia previamente
atribuida y definida por el ordenamiento jurídico, que corresponde ejercer a otras
autoridades.

70. Se precisa que, si bien esta Sección ha establecido que el requisito del
gasto puede ser superado cuando aquel está debidamente presupuestado, es
porque se ha partido de la lógica de que aquel está apropiado para una finalidad
específica y, en consecuencia, resta ejecutarlo14. No obstante, es distinto ordenar
la alteración o redistribución de dicha apropiación, pues al igual que ocurre
respecto de su creación, tal determinación implicaría usurpar una competencia
del ejecutivo.

71. En ese orden de ideas y, contrario a lo pretendido por la parte actora, vía
acción de cumplimiento no es posible ordenarle al Congreso de la República que
ejecute las partidas presupuestales apropiadas para otros fines, pues el juez
constitucional no puede modificar el diseño presupuestal de una entidad, ni
socavar las autorizaciones que el gobierno nacional realizó previo estudios
eminentemente técnicos y fiscales que rigen las finanzas públicas.

72. Se destaca que en un caso similar y en el que se pretendía que, en virtud
de los artículos 5 y 90 de la Ley 1579 de 2012 se le ordenara a la
Superintendencia de Notariado y Registro – Consejo Superior de la Carrera
Registral – convocaran a concurso de méritos para proveer los cargos de
registradores de instrumentos públicos, la Sala declaró la improcedencia de la
demanda en virtud de que aquello implicaba un gasto no presupuestado.

73. En aquella oportunidad, la Sala señaló:

[…] esa causal puede ser superada cuando dicho gasto está debidamente
presupuestado, es decir, una vez elaborado un presupuesto o apropiado el
gasto que debe ser efectivamente destinado a la satisfacción de la función
para el cual está concebido, y será en estos casos, en los cuales, la pretensión
de cumplimiento devendrá procedente15. [Énfasis de la Sala]

74. Incluso, en esa ocasión la Sección consideró que si bien había un rubro
dentro del presupuesto que –previo concepto de la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional– podía ser utilizado para la financiación del
concurso de méritos, hasta tanto no constara la respectiva autorización, sería una
situación eventual e hipotética y, por tanto, no podía superarse el requisito de
gasto.

14
Sobre el particular, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre de
2024. Radicado núm.: 25000-23-41-000-2024-01313-01M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. En el
mismo sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, Exp.25000-23-41-000-2024-00875-01, M.P.
Omar Joaquín Barreto Suárez.
15
Consejo de Estado, Sentencia del 3 de abril de 2025. Radicado: 17001-23-33-000-2024-00269-
01. C.P. Gloria María Gómez Montoya.

14
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75. Ahora bien, debe precisarse que tampoco se tiene constancia que para la
vigencia fiscal 2026, el Congreso de la República cuente con el presupuesto para
la realización del concurso de méritos.

76. Por lo anterior, es claro que la presente demanda deviene improcedente,
toda vez que lo pretendido se enmarca en la causal del artículo 9 de la Ley 393
de 1997, al no acreditar el requisito del gasto. Como viene de verse, ordenar que
se modifique o destine de manera diferente una apropiación presupuestal, implica
entrometerse en una competencia que está constitucional y legalmente
reservada en virtud de su naturaleza, especialidad y finalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 2025 dictada por la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró probada parcialmente el fenómeno de la cosa juzgada y negó la
demanda en relación con el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, para en su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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