Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2025-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00084-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
Accionante: LUIS ANTONIO SERRANO BENÍTEZ
Accionados: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y OTROS
Tema: Revoca – renuencia y cosa juzgada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la Alcaldía de Valledupar
contra la sentencia del 11 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Luis Antonio Serrano Benítez, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de
Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento
de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134,
135, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 de la cartera del Transporte.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita
que se le ordene a las accionadas lo siguiente: (i) la anulación de los
comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio
de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de foto multa llamados comúnmente
como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del
municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del
vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.
1.2. Hechos relevantes
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
3. El señor Luis Antonio Serrano Benítez afirmó que la Alcaldía y la Secretaría
de Tránsito de Valledupar instalaron por las calles de la ciudad vehículos
denominados «cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e
imponer comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional
para ello y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 del 2020.
4. A raíz de lo anterior, afirmó que el día 8 de marzo de 2024 agentes de
tránsito le impusieron los comparendos 2024145056 y 2024151499 por
«estacionar un vehículo en sitios prohibidos», desde un vehículo cazainfractor.
Por esta razón, considera que los mismos deben ser anulados.
5. Mencionó que, el 21 de diciembre de 2024, presentó una solicitud ante las
entidades accionadas, en la que puso de presente esta situación y pidió el
cumplimiento de las normas citadas, así como de todos los parámetros
dispuestos por la Ley para la instalación de este sistema de imposición de
comparendos.
6. En su sentir, la imposición de los comparendos vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena
fe, confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplen las
condiciones dispuestas por el legislador para tal fin.
1.3. Actuaciones procesales
7. Mediante providencia del 12 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos
y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito
de dicha ciudad, concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el
proceso.
8. Por otro lado, le solicitó a la Secretaría de Transito de Valledupar que, en el
término de 5 días, rindiera un informe con la siguiente información:
(i). El trámite, previo y posterior, a la imposición de los comparendos mediante la
utilización de vehículos caza infractores o utilizando cámaras para fotografiar a los
presuntos infractores.
(ii). La forma como se notifican los comparendos a los presuntos infractores.
(iii) Los términos empleados para la remisión de los comparendos y la realización
de las audiencias en las que se resuelven los procesos contravencionales de
tránsito.
En todo caso remitirán copia de los documentos que acrediten todo el
procedimiento realizado, en el caso del demandante de este proceso, señor LUIS
ANTONIO SERRANO BENITEZ.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
(iv) La clase y características técnicas de vehículo “cazainfractores” (en lo que tiene
que ver con las herramientas y ayudas técnicas o tecnológicas con que están
equipados para el procedimiento que ocupa la atención en este proceso), que
presuntamente circula por las vías de esta ciudad.
(v) Establezca la forma como opera el llamado vehículo “cazainfracrores” y como
circula por las vías de la ciudad, en función del apoyo que brinda para la imposición
de comparendos a los presuntos infractores o informe si permanece estático.
En cualquier caso, deberá describir como actúan los guardas de tránsito en lo
referente al funcionamiento de tales vehículos.
(vi) El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de
comparendos, esto es, si el comparendo se impone en el lugar de los hechos y en
presencia del ciudadano, presuntamente infractor, si se envía el comparendo por
medios electrónicos o a través del sistema de correo tradicional.
(vii) Si el agente de tránsito se apoya en herramientas tecnológicas para la
imposición de los comparendos como los impuestos al demandante, señor LUIS
ANTONIO SERRANO BENÍTEZ; de ser así, se deberá precisar de qué manera se
adelantó todo el procedimiento sancionatorio.
(viii) Precisar si en esta ciudad se imponen comparendos por foto detección y en
caso afirmativo explicar en qué circunstancias.
(ix) A partir de cuándo se introdujo el sistema automático o semiautomático para
la detección de infracciones de tránsito.
9. En providencia del 3 de marzo de 2025, el a quo requirió a la Secretaría de
Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar para que indicara si le ha
impuesto al señor Luis Antonio Serrano Benítez. En caso afirmativo, precisara el
tipo de infracción, cuándo le fue notificado el comparendo y a través de qué medio
y allegara copia del mismo.
1.4. Intervenciones
1.4.1. Municipio de Valledupar
10. El ente territorial solicitó que se dictara sentencia anticipada por haberse
configurado la cosa juzgada. Para el efecto, trajo a colación los procesos
identificados con los radicados 2001-23-33-000-2024-00331-01, 20001-33-33-
009-2024-00283-01 y 20001-23-33-000-2024-00331-01, entre otros, en los
cuales se debatieron asuntos de similar naturaleza.
11. Hizo especial mención a que en el proceso 20001-23-33-000-2024-00331-
01, la Sección Quinta de esta corporación dictó sentencia el 13 de febrero de
2025 en la cual declaró la cosa juzgada respecto a lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Cesar en el asunto identificado con el radicado 20001-33-33-
009-2024-00283-01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
12. Paralelamente, refirió que las pretensiones de la demanda se tornan
improcedentes y debían negarse comoquiera que las actuaciones desplegadas
por la Secretaría de Tránsito y Transporte se encuentran sujetas a lo establecido
en la Ley 769 de 2992 y demás disposiciones complementarias. Además, expuso
que, a la fecha, no cuenta con Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros
medios Tecnológicos (en adelante, SAST) para la detección de infracciones de
tránsito. Por ende, no le es exigible lo establecido en la Resolución
20203040011245 del 2020 y la Ley 1843 de 2017, máxime cuando la misma no
contiene un mandato expreso, sino que versa sobre una simple definición.
13. También alegó que la demanda era improcedente porque el accionante
cuenta con otros medios legales para reclamar las pretensiones ventiladas,
máxime cuando no demostró la configuración de un perjuicio irremediable.
14. Indicó que tampoco se configuró el requisito de constitución en renuencia
frente a todos los accionados. Como sustento de tal dicho, indicó que si bien el
accionante solicitaba en todo tiempo la revocatoria de los comparendos que cree
erróneamente le fueron impuestos, lo que en realidad demuestra es su
desconocimiento sobre la acción que debía ejercer para revocar los citados
comparendos, máxime cuando no todo dispositivo tecnológico es SAST.
15. De otro lado, por intermedio de su Secretaría de Transito y Transporte dio
respuesta a los distintos requerimientos efectuados por el a quo.
1.4.2. Ministerio de Transporte
16. Sostuvo que las acciones de control de tránsito no son de su competencia,
debido a que todas las consecuencias derivadas de multas y fotocomparendos
son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y de la Policía
Nacional, ya que son organismos autónomos. En consecuencia, señaló que no
está legitimado en la causa por pasiva.
17. Alegó que no se acreditó que el demandante hubiera acudido ante la
entidad encargada de adelantar la inspección, vigilancia y control como lo es la
Superintendencia de Transporte, para que se adelanten las actuaciones
administrativas conducentes.
18. De otro lado, invocó la excepción de «inepta demanda», dado que, en su
sentir, la acción no se dirigió en contra de la entidad encargada de dirimir lo
solicitado.
1.4.3. ANSV
19. Empezó por destacar que, en lo corrido del año 2025, ha recibido más de
67 acciones de cumplimiento desde el correo electrónico
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
transitomelkiskammerer@gmail.com, relacionadas con la imposición de
comparendos de tránsito en Valledupar, con un actor diferente y fundamentadas
en los mismos hechos, normas y pretensiones. En ese orden, solicitó que se
acumularon las demandas admitidas para aquella oportunidad.
20. Refirió que no tiene facultades legales para anular los comparendos
impuestos por una autoridad de tránsito, o para ordenar el retiro de las calles de
los vehículos caza infractores. Recalcó que su misión es la de prevenir y reducir
los siniestros de tránsito, así como la de planificar, articular y gestionar la
seguridad vial del país y servir de soporte institucional, entre otras.
21. Mencionó que, las normas suplicadas por el accionante en la presente
demanda no establecen un mandato imperativo a su cargo. Y, en todo caso,
mencionó que las mismas constituyen textos abiertos, esencialmente
relacionados con el objeto y funciones de la SuperTransporte. En ese orden,
consideró que la demanda es improcedente.
1.4.4. Superintendencia de Transporte
22. En primer lugar, puso de presente que, dada la presentación desmedida de
acciones de cumplimiento respecto a unos mismos hechos y generalidades
durante la vigencia del presente año (sin contar las interpuestas en 2024), al
interior del expediente 2001-23-33-000-2025-00029-00 adelantado en el Tribunal
Administrativo del Cesar, por los mismos hechos y normas, radicó un memorial
en el que solicitó el rechazo de la acción por la actuación temeraria de la que
trata el artículo 28 de la Ley 393 de 1997 y, de forma subsidiaria, una solicitud de
acumulación procesal.
23. Acto seguido, hizo referencia a las generalidades de la presente acción e
indicó que el deber jurídico que se pretende hacer cumplir no está en su cabeza.
Asimismo, destacó que tampoco se acreditó el cumplimiento del presupuesto
referido a la renuencia, debido a que remitió el requerimiento a un canal
electrónico no autorizado.
24. Lo anterior, debido a que fue dirigido al correo electrónico
dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial
de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el
requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico
transitomelkiskammerer@gmail.com1 reiteradas peticiones qué, conforme a la
configuración del correo, son remitidas a la bandeja de no deseados y son
borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.
25. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante
discute ordenes de comparendo 2024145056 del 08/03/2024 y 2024151499 del
1
Dirección electrónica mediante la cual el actor remitió la petición.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
08/03/2024, siendo procedente frente a esta, como mecanismo de defensa
ordinario la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho del que trata el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
1.4.5. Fundación para la promoción y defensa de los derechos e intereses
colectivos y fundamentos (FUNPRODECO)2
26. La representante legal de la Fundación en comento solicitó ser coadyuvante
de la Superintendencia de Puertos y Transportes – Dirección Ejecutiva de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pidió que se negaran las pretensiones de la
acción de cumplimiento de la referencia con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 393 de 1997 relativo a la temeridad.
27. Alegó que el apoderado Melkis Guillermo Kammerer Kammerer en un claro
abuso del derecho vendría suplantando al menos a 18 ciudadanos para presentar
acciones de cumplimiento y con el uso de la misma cuenta de correo electrónico:
transitomelkiskammerer@gmail.com y dirección física de notificaciones,
engañando a la administración de justicia al hacer creer que cada demanda fue
interpuesta por distintos sujetos, incurriendo en conductas de falta contra la
dignidad de la profesión de abogado.
28. En seguida mencionó que el interés que le asiste a la fundación es la
garantía del acceso a la administración de justicia, la cual se ve seriamente
amenazada en caso como el que ocupa la atención, toda vez que se trata de
casos en los que se hace un uso desmedido, injustificado y por lo demás,
temerario del medio procesal, ocupando la atención de los despachos judiciales
que de por sí tienen altas cargas de proceso y contribuyendo a aumentar la
congestión judicial. Para sustentar su dicho, hizo un listado de 18 procesos en
los que se habría ventilado la misma controversia.
1.5. Fallo de primera instancia
29. En sentencia del 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR -SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE que, de manera inmediata, dé cumplimiento a lo
regulado en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, respecto de las labores de control en vía con dispositivo electrónico a
cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al
presunto infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige
2
Su intervención fue radicada el 13 de marzo de 2025. Esto es, con posterioridad a la expedición
del fallo de primera instancia.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de esta decisión.
Para tal efecto, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR -SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR deberá verificar el cumplimiento estricto de
los procedimientos fijados en las normas examinadas con respecto a cada
comparendo impuesto a la parte actora, según lo analizado en este proceso; y,
además, adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus
competencias, a fin de evitar vulneración al debido proceso administrativo.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expresado en
precedencia.
TERCERO: RECHAZAR la demanda respecto del cumplimiento de los artículos 4
y 5 del Decreto 2409 de 2018, por las razones expuestas en las consideraciones
de esta decisión.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentes
contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR sobre la forma en que se vienen imponiendo
comparendos en desarrollo del control sobre la vía realizado por los agentes
adscritos a esa dependencia.
De igual manera, compulsar copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las
respuestas dadas por MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y su SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, las cuales podrían inducir en error al operador
judicial al momento de proferir la decisión de fondo, y, por ende, tipificar un fraude
procesal.
SEXTO: Se advierte a la parte actora que no podrá instaurar nueva acción con la
misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.
SÉPTIMO: Notifíquese esta decisión a los interesados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
30. Como sustento de su decisión, el a quo analizó la normativa relativa a la
imposición de comparendos y de ahí, determinó que, cuando la detención de la
infracción se hacía por control en la vía, con la intervención de un agente de
tránsito, debía seguirse el procedimiento en el artículo 135 de la Ley 769 de
20023, el cual no deja margen para interpretar que el procedimiento de
producción del comparendo finalice con el enteramiento del propietario del
vehículo luego de la remisión del mismo con sus soportes, que deberá hacerse
dentro de los tres días siguientes, por cuanto el control en vía debe conducir a
3
«Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
que si se comete la infracción el sancionado sea efectivamente el infractor y no
el propietario.
31. De otro lado, adujo que, del análisis de los elementos de juicio no se
observaba ninguna imagen que diera cuenta con certeza de que las autoridades
de tránsito municipal de Valledupar estuviesen imponiendo comparendos
mediante los SAST.
32. Asimismo, indicó que, al consultar la plataforma del Sistema Integrado de
Información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), se
podía observar que al actor le fue impuesta la orden de comparendo electrónico
20001000000041536771 el día 11 de octubre de 2023 y, el comparendo
electrónico 20001000000041541886 del 25 de enero de 2024, por la presunta
infracción C02 y la suma de $572.520.oo, esto es, por haber estacionado en sitios
prohibidos el vehículo automóvil - tipo motocicleta particular de placas VAO208.
33. Al respecto, indicó que existían varias inconsistencias en el dicho de la
Secretaría de Tránsito y transporte de Valledupar, dado que en la plataforma
consta que la multa fue impuesta de manera electrónica aun cuando manifestó
que no se imponen este tipo de comparendos. Tampoco se podía advertir si el
comparendo fue impuesto en presencia del conductor ni del agente de tránsito,
de manera que el comparendo fue firmado por un testigo y por el respectivo
agente, razón por la cual no es posible establecer la forma de notificación del
actor.
34. Alegó que no desconocía que los vehículos denominados «cazainfractores»
se encontraban implementados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y generaban mayor eficiencia en las actividades de control de las vías.
No obstante, consideró que tal circunstancia no podía conducir a que se omitiera
el procedimiento establecido por la ley para la expedición de esta clase de
comparendos, los cuales exigen la plena identificación del presunto infractor y/o
propietario, a quien se le debe entregar copia del formulario. Por lo tanto, ordenó
el cumplimiento del artículo 135 de la Ley 769 de 2002.
35. Por otra parte, negó la pretensión de que le fueran anulados los
fotocomparendos que le fueron impuestos, debido a que excede la órbita de
competencia del juez constitucional, ya que la acción de cumplimiento no tiene
como objeto el reconocimiento de derechos particulares en disputa.
36. Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANSV
y negó la de la Superintendencia de Puertos y Transporte y del Ministerio de
Transporte. Argumentó que la primera no tenía funciones de inspección
vigilancia, control y seguimiento de los organismos de tránsito del país a
diferencia de la segunda.
1.6. Impugnación
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
37. Mediante memorial radicado el 25 de marzo de 2025, la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar solicitó que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar se nieguen las pretensiones tanto por temeridad como
por improcedencia y se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandante. Así mismo, pidió que se disponga la compulsa de copias ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, en
contra del abogado Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, quien estaría
suplantando a varios ciudadanos y actuando en contra de la dignidad de la
profesión de abogado.
38. En concreto, consideró que el señor Kammerer ostenta la calidad de
abogado titulado e inscrito al Consejo Superior de la Judicatura ha suplantado en
un claro abuso del derecho a al menos 20 ciudadanos para la presentación de
acciones de cumplimiento desde la misma cuenta de correo. Así mismo, indicó
que en sus redes sociales se viene auto proclamando «defensor por más de 27
años» y probando que los ciudadanos vandalicen los vehículos del organismo de
tránsito.
39. De otro lado, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que, cuando
se plantea una controversia jurídica en torno a la legalidad de los actos
administrativos que no pueden desconocerse y que se presumen legales, se
escapa de la órbita del juez constitucional hacer un estudio de fondo que le
corresponde al juez natural resolver. Por ello, refirió que el asunto es
improcedente, dado que lo perseguido es la nulidad de una orden de
comparendo.
40. Asimismo, señaló que, en providencia del 13 de marzo de 2025, esa misma
corporación, dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 20001-23-33-
000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se discute en el presente
proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores» no constituyen SAST,
ya que estos requieren de la instalación de cámaras de video y equipos
electrónicos de lectura que puedan detectar posibles infracciones de tránsito.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la actora contra la sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestiones previas
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
42. En este punto, conviene recordar que esta Corporación en otras
oportunidades ha puntualizado sobre la naturaleza y los límites de las solicitudes
de coadyuvancia:
[…] cuando una tercera persona coadyuva los argumentos expuestos en la
demanda, como sucede en el sub judice, es necesario que jurídicamente exista
coincidencia con la causa petendi propuesta por el actor, ya que de lo contrario,
se estaría vulnerando el principio constitucional del debido proceso y, por ende,
el derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que la referida
"coadyuvancia", en su contexto, está integrada por elementos fácticos y jurídicos
nuevos, que indudablemente afectan a la parte demandada, al no poder ser
controvertidas por esta, dado que fue presentada en la oportunidad procesal
correspondiente a los alegatos de conclusión4 [Sic a toda la cita[.
43. Por lo anterior, esta Sección admitirá la solicitud de coadyuvancia de
Funprodeco, referenciada en el acápite 1.4.5 de la presente providencia. Ello, en
atención a que su contenido guarda relación los argumentos expuestos por la
Superintendencia de Puertos y Transportes, en la medida que se dirigen a
demostrar que esta última no tiene responsabilidad en la implementación de los
vehículos cazainfractores y las ordenes comparendo, así como, el hecho de que
se han interpuesto múltiples demandas por la misma causa.
44. De otro lado, la Sala advierte que, pese a que el Ministerio de Transporte
intervino en el presente trámite, no fue accionado por el autor. Por lo anterior, y
habida cuenta que no se considera necesaria su participación, se desvinculará
del proceso.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
45. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
46. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
47. Para que la demanda proceda, se requiere:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 8 de
julio de 2011. Radicado: 2006-00197. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)5.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8).
(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).
2.4. De la renuencia
48. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
49. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
50. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.
51. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos 9. (Negrillas fuera de texto).
52. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
9
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
53. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»10.
54. En el caso concreto, el actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 14 de enero de 2025 dirigido a las autoridades demandadas, en el que
solicitó el cumplimiento de los «artículos,127,129,135, 158A del código nacional
de tránsito artículos 2 modificado por el artículo 109 del decreto ley 2106/2019,
artículos 2 , 3, 10,13,14 de la ley 1843/2017, artículo 18 ley 2251/22 que
Adiciónese el artículo 158A a la Ley 769 de 2002, artículos del 1 al 14 de la
resolución No 20203040011245 /2020,artículo 4 del DECRETO 2409 DE 2018».
55. Ello, con el fin de que «de forma inmediata retire todos estos comparendos
realizados a través de los vehículos caza infractores, debido que la secretaria de
tránsito no se encentra facultada para imponer esta foto multas a través de medio
tecnológico y mucho menos en vehículo en movimiento al no contar con la
autorización de la superintendencia de puerto y transporte y de la agencia
nacional vial» [Sic].
56. Salta a la vista que, en aquel documento, no se invocaron los artículos 5 del
Decreto 2409 de 2018, 4 de la Ley 1843 de 2017 y los artículos 134, 136 y 137
de la Ley 769 de 2002, disposiciones cuyo cumplimiento también fue pretendido
en la demanda.
57. Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las
autoridades accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla del correo
remitido, así:
10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
58. Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones
presentada por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el
cumplimiento del requisito de procedibilidad respecto de la ANSV y la Secretaría
de Transito de Valledupar, entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar. No
obstante, frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de
Transporte, no se cumplió con la constitución en renuencia, debido a que el
correo electrónico al cual se dirigió la solicitud no corresponde al canal de
notificaciones oficial de la entidad.
59. Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia para rechazar
la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y, de otro
lado, frente a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 4 de la Ley
1843 de 2017 y los artículos 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
60. Como se estableció, el señor Luis Antonio Serrano Benítez formuló las
siguientes pretensiones: (i) la anulación de los comparendos que le fueron
impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar, (ii) el retiro de
los vehículos de foto multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y (iii)
que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los
comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y
otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de
estacionamiento en sitios prohibidos.
61. En relación con la primera de las pretensiones, se advierte que la
controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que
encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido
interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal
sentido, se advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito
de procedencia de subsidiariedad.
62. Lo anterior, dado que el afectado tuvo o pudo ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia que hace improcedente la acción constitucional, aunado a que no
acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación en
concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.
63. En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de
las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. El actor puede
cuestionar la legalidad de estos actos administrativos de naturaleza sancionatoria
por medio de dicho medio de control y, de ser el caso, solicitar el restablecimiento
del derecho ante la afectación de sus intereses.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
64. En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo
de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en
busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el
juez estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le impuso
la multa al actor.
65. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.
66. Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con
el retiro de los vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de
forma presencial en seguimiento al procedimiento establecido en la norma, la
Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial
para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.
67. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro
de circulación de los vehículos institucionales le genere a las entidades
accionadas una erogación de partidas presupuestales. Además, las
disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles porque no
están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto administrativo.
68. En virtud de lo anterior, la acción de cumplimiento se estima procedente en
punto de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto.
2.6. De la cosa juzgada
69. Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la
cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable11.
70. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30
de enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los
citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento
jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un
estado de seguridad jurídica12.
71. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
72. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo
anterior, dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede
instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se
verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a
esta instancia13.
73. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025,
esta sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01, cuyo escrito inicial guarda identidad
con el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el
siguiente esquema.
Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)
Sentencia Se alegó el incumplimiento Se formularon las Ministerio de
del 10 de de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: Transporte,
abril de 2025 artículos pretende el (i) la anulación de los Superintendencia
acatamiento de lo dispuesto comparendos que le de Puertos y
Radicado en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los Transporte, la
20001-23- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del Agencia Nacional
33-000- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, de Seguridad Vial
2025-00029- de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los (en adelante
01 de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa ANSV), el
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente municipio de
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y Valledupar y su
y la Resolución (iii) que se ordene a la Secretaría de
20203040011245 de 2020 autoridad de tránsito del Tránsito.
expedida por el Ministerio municipio que la
de Transporte. imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
12
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
13
Ibidem.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.
Caso sub Se alegó el incumplimiento Se formularon las Superintendencia
examine de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: de Puertos y
artículos pretende el (i) la anulación de los Transporte, la
Radicado acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Agencia Nacional
20001-23- en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los de Seguridad Vial
33-000- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del (en adelante
2025-00084- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, ANSV), el
01 de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los municipio de
de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa Valledupar y su
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente Secretaría de
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y Tránsito.
y los literales a, d, g, i, m del (iii) que se ordene a la
artículo 3 y la Resolución autoridad de tránsito del
20203040011245 de 2020 municipio que la
expedida por el Ministerio imposición de los
de Transporte. comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.
74. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto,
causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril
de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.
75. En aquella oportunidad, esta Sección resolvió lo siguiente:
(i) Rechazó la acción de cumplimiento por no acreditarse el requisito de
renuencia respecto de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de
la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de 2017.
(ii) Declaró la cosa juzgada en relación con la solicitud de acatamiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, petición dirigida al
municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho
ente territorial. Se acreditó la triple identidad en relación con un proceso que
cursó en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar y en el
que se negaron las pretensiones de la demanda. Al existir una decisión de
fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si dichas autoridades habían
incumplido la norma en cuestión, se acreditó que existía un pronunciamiento
inmutable, vinculante y definitivo que resolvió lo pretendido frente a dicha
disposición.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
(iii) Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y de la Superintendencia de Puertos y
Transporte. En este sentido, se negaron las pretensiones en relación con
estas entidades. Se concluyó que ninguna de las normas alegadas como
desconocidas por la parte actora estableció obligación alguna en cabeza de
dichas autoridades del orden nacional. Se enfatizó en que, a pesar de ser
parte del sector transporte en los términos del Decreto 1069 de 2015, no
significaba que automáticamente fueran llamadas a soportar las
pretensiones formuladas.
(iv) Negó las demás pretensiones de la demanda, por las siguientes dos
razones.
Primero, en lo que respecta a la pretensión relacionada con las patrullas
«caza infractores», se concluyó que no era posible que estas normas
hubieran sido desatendidas por las autoridades demandadas. Esto, debido
a que los vehículos institucionales no implementaban los SAST.
Segundo, frente a la pretensión relativa a que los comparendos se
impongan de manera presencial e identificando al infractor, se consideró
que no tenía vocación de prosperidad, debido a que los supuestos de hecho
que soportan la solicitud no fueron acreditados de manera alguna y, por
tanto, no era posible afirmar el incumplimiento de algún mandato normativo
por parte de las autoridades demandadas.
76. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de
Tránsito, el Ministerio de Transporte y la ANSV están incumpliendo o no, lo
dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en la presente acción.
77. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
78. Ahora bien, como fue puesto de presente con antelación, en la sentencia
del 10 de abril de 2025 se rechazó la demanda por no acreditarse el requisito de
renuencia respecto del artículo 4 del Decreto 2409 de 201814. En este sentido, al
14 ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia, inspección,
y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en
materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en
este decreto. El objeto de la delegación en la Superintendencia de Transporte es:
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de
tránsito y transporte.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
no haber existido en dicho fallo un pronunciamiento de fondo en relación con esta
norma, no es posible predicar la configuración de la cosa juzgada en este
aspecto.
79. Frente a tal disposición, la sala concluye que no hay mandato claro, exigible
e inobjetable en cabeza de alguna de las autoridades demandadas y que esté
relacionado con las pretensiones formuladas por el actor y los supuestos de
hecho relacionados en el escrito inicial. En tal sentido, no es posible establecer
que, en la actualidad, exista algún incumplimiento por parte de las autoridades
demandadas en relación con tal norma y, por tanto, no es viable dictar alguna
orden de acatamiento al respecto. Por tanto, se negarán las pretensiones en
relación con dicho artículo.
2.7. Estudio de temeridad
80. Por último, en su escrito de impugnación, la Alcaldía de Valledupar solicitó
que se declarara la temeridad de la presente acción constitucional. Puso de
presente que el profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha dirigido
de manera masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas
objeto de esta acción de cumplimiento. Agregó que, pese a que el nombre de los
demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de
contacto son los mismos.
81. En relación con la figura de la temeridad, el artículo 28 de la Ley 393 de
1997 establece que la actuación temeraria tiene lugar en los casos en los que,
sin que medie un motivo justificado, la misma acción de cumplimiento «sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces». A
su vez, dicha norma establece que, ante esta situación, se rechazarán o negarán
todas las acciones que hayan sido admitidas.
82. En atención a lo establecido por el artículo en cita, se advierte que no se
cumplen los presupuestos para declarar la configuración de una actuación
temeraria en el presente caso, puesto que en el presente caso se formuló una
pretensión relacionada con un interés particular y concreto del actor. En tal
medida, si bien en el estudio llevado a cabo con antelación de la cosa juzgada,
2. Vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte,
con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y
municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre automotor individual de pasajeros en
vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la prestación del servicio escolar en vehículos particulares
cuya vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales correspondientes.
3. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación
y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.
4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de
infraestructura propia del sector transporte.
5. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación,
administración, explotación y/o mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y portuaria.
De conformidad con las funciones delegadas y otorgadas en la normativa vigente, la Superintendencia de
Transporte velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente
del sector.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
se concluyó que existió una identidad de partes, esto fue estudiado
exclusivamente en relación con las autoridades demandadas, pues en las
acciones de cumplimiento analizadas los actores no correspondían a la misma
persona. Por tanto, no se cumple con el supuesto de hecho establecido por tal
disposición y, por tanto, no hay lugar a declarar la configuración de un actuar
temerario.
83. Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la Alcaldía de Valledupar
anexó a su escrito de impugnación múltiples imágenes que evidencian que el
profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha promovido de manera
masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas objeto de
este mecanismo constitucional. No obstante, al respecto es necesario advertir
que, si las entidades accionadas consideran que se ha incurrido en alguna
conducta ilegal por parte del abogado, deberán acudir a las autoridades
competentes con el fin de iniciar los respectivos procesos, de acuerdo con el
material probatorio que tengan para ese fin.
2.8. Conclusión
84. Así las cosas, esta sala revocará la decisión proferida en primera instancia
para, en su lugar: i) rechazar la demanda respecto de la Superintendencia de
Puertos y Transporte y frente a los artículos 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la
Ley 1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 200, ii) declarar la
improcedencia frente a la pretensión relacionada con la anulación de los
comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio
de Valledupar, ii) negar las pretensiones en relación con el artículo 4 del Decreto
2409 de 2018, iii) declarar la cosa juzgada en relación con las pretensiones
restantes, al haber un pronunciamiento de fondo previo y ejecutoriado sobre la
misma materia objeto de la presente acción de cumplimiento,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de marzo de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar:
1. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia, de conformidad con lo señalado en
esta providencia.
2. DESVINCULAR al Ministerio de Transporte de la presente acción
constitucional.
3. RECHAZAR la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y frente a los artículos 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la Ley
1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Antonio Serrano Benítez
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00084-01
4. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda respecto de la pretensión
relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por
los agentes de tránsito del municipio de Valledupar.
5. NEGAR las pretensiones formuladas en relación con el artículo 4 del Decreto
2409 de 2018.
6. DECLARAR LA COSA JUZGADA con respecto a las pretensiones restantes,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.