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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia, de conformidad con lo señalado en esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 25 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, para: 1. RECHAZAR la demanda respecto del Ministerio del Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los artículos 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017. 2. DECLARAR LA COSA JUZGADA, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de febrero de 2025

Demandante: Brehiner Aaron Ochoa
Demandados: Ministerio de Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00331-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00331-01
Accionante: BREHINER AARON OCHOA
Accionados: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema: Revoca – renuencia y cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por el señor Brehiner Aaron Ochoa
contra la sentencia de 25 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda

1. El señor Brehiner Aaron Ochoa, actuando en nombre propio, ejerció acción
de cumplimiento contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia
Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el
municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución 20203040011245
de 2020 de la cartera del Transporte y en los artículos 1.°, numeral 1; 2.°, numeral
1; 3.° y 13 de la Ley 1843 de 2017.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita
que se le ordene a las accionadas que retiren de las calles y carreras de la ciudad
de Valledupar, los vehículos de foto multa llamados comúnmente como
«casainfractores».

1.2. Hechos relevantes

3. El señor Brehiner Aaron Ochoa afirmó que en la Alcaldía y la Secretaría de
Tránsito de Valledupar instalaron por las calles de la ciudad un vehículo
denominado «cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e
imponer comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional
para ello y en contra de lo dispuesto en el artículo 6.° de la Resolución
20203040011245 del 2020.

4. Mencionó que el 7 de octubre presentó requerimiento ante las entidades
accionadas, en el que puso de presente esta situación y pidió el cumplimiento de

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Demandados: Ministerio de Transporte y otros
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la Resolución en cita, así como de todos los parámetros dispuestos por la Ley
para la instalación de este sistema de imposición de comparendos.

5. En su sentir, la imposición de los comparendos vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena
fe, confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplen las
condiciones dispuestas por el legislador para tal fin.

1.3. Actuaciones procesales

6. Mediante providencia del 1.° de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Transporte, la ANSV, al municipio de
Valledupar y a la Secretaría de Tránsito de dicha ciudad, concediéndoles el
término de 3 días para intervenir en el proceso.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Ministerio de Transporte

7. Refirió que el señor Brehiner Aaron Ochoa no presentó ningún
requerimiento con el propósito de constituirlo en renuencia por el pretendido
incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1843 de 2017. En ese orden, indicó que
no se acreditó el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento, por lo
que la demanda debe ser rechazada.

8. Aunado a ello, expuso que, si bien lo pretendido es que se le ordene a dicha
cartera el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1843 de 2017,
lo cierto es que dicha disposición no contiene ninguna obligación o deber a su
cargo, al tiempo que tampoco se infiere de su escrito petitorio ningún hecho o
circunstancia que demuestre algún incumplimiento de su parte.

9. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva debido a: i) la ausencia de obligación o deber derivado de un mandato
específico y determinado; y ii) no estar dentro de sus funciones adelantar
procedimientos contravencionales por infracciones de tránsito.

1.4.2. Municipio de Valledupar
10. El ente territorial, mediante apoderado judicial, solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de cumplimiento. Para el efecto, mencionó que el
accionante no aportó copia del requerimiento presentado ante el municipio de
Valledupar, teniendo la carga al respecto en los términos del artículo 167 del
Código General del Proceso (en adelante CGP).

11. En seguida, refirió que el municipio de Valledupar no cuenta con Sistemas
Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos (en adelante SAST)
para la detección de infracciones. Agregó que la instalación de estos no puede

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operar sin la autorización previa de la ANSV, toda vez que deben obedecer
criterios técnicos de seguridad vial reglamentados por el Ministerio de Transporte.

12. Sin perjuicio de lo anterior, refirió que los agentes de tránsito realizan
diariamente actividades de control en vía al régimen normativo apoyados de
dispositivos electrónicos, de conformidad con lo estipulado por el Ministerio del
Transporte en la Resolución 20203040011245 del 20 de agosto de 2020. Y, en
todo caso, mencionó que los funcionarios están facultados para imponer órdenes
de comparendos ante la comisión de una infracción de tránsito.

1.4.3. ANSV

13. Mencionó que no ha incumplido lo estipulado por la Resolución
20203040011245 del 20 de agosto de 2020 en la medida que no hace parte de
sus funciones, competencia, ni objeto, la instalación y operación de los sistemas
de detección de infracciones de tránsito, así como tampoco reviste la calidad de
autoridad de tránsito, ni entidad competente de la vigilancia y verificación del
cumplimiento por parte de los organismos de tránsito.

14. De otro lado, adujo que la demanda se torna improcedente por cuanto el
señor Aaron Ochoa no expuso de forma concreta ni clara las normas con fuerza
de ley que constituyen un mandato imperativo exigible a dicha entidad.

15. Agregó que no fue requerida por parte del accionante y como prueba de
ello, mencionó que el escrito que se aportó para dar cuenta del requisito de
procedibilidad fue dirigido de forma exclusiva ante la Alcaldía de Valledupar. Por
ende, solicitó que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la
demanda.

1.4.4. Superintendencia de Transporte

16. Recordó que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra
sometida a la constitución en renuencia de la autoridad demandada, para señalar
que el accionante no acreditó el referido presupuesto. Luego, mencionó que las
disposiciones cuyo acatamiento fue solicitado no estaban encaminadas al
cumplimiento de una función por parte de ellos, ni mucho menos, de las que se
pueda predicar un incumplimiento de su parte. En ese orden, solicitó que rechace
la demanda.

1.5. Fallo de primera instancia

17. En sentencia del 25 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento. Como sustento de su
decisión, adujo que el requisito de procedibilidad de la renuencia únicamente se
configuró respecto del municipio de Valledupar y no así respecto del Ministerio
de Transporte, la ANSV y la Superintendencia de Transporte.

18. Esto, tras advertir que, aunque se aportó una captura de pantalla que daría
cuenta de la remisión electrónica del escrito de renuencia a las demás entidades,

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no se pudo constatar si las direcciones correspondían a ellas, aspecto que
coincidía con lo expuesto en las contestaciones de la demanda, en las que las
entidades manifestaron de forma unánime que no recibieron ningún memorial con
dicho propósito.

19. En todo caso, el a quo consideró que la discusión reflejaba una
inconformidad del accionante en contra de las sanciones impuestas a los
conductores que violan las restricciones en materia de movilidad, aun cuando
cuenta o contó con los mecanismos judiciales y administrativos de defensa para
cuestionarlas.

20. Agregó que, las normas citadas por el actor como incumplidas (artículo 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020; artículo 1.°, numeral 1; artículo 2.°,
numeral 1; artículos 3.° y 13 de la Ley 1843 del 2017), constituían textos abiertos
referidos, entre otros aspectos, a la operación de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones a
las normas de tránsito, sin que de esas normas se pudieran derivar válidamente
obligaciones inobjetables cuyo desconocimiento surja, de forma palmaria, a partir
de las apreciaciones de la demanda. Máxime, cuando la entidad territorial
manifestó en que no se encuentra en operación alguno de estos sistemas.

1.6. Impugnación

21. Mediante memorial radicado el 27 de noviembre de 2024, la parte
accionante indicó que el fallador de primera instancia incurrió en violación directa
del artículo 87 de la Constitución y de distintas sentencias de la Corte
Constitucional. Asimismo, alegó que el a quo incurrió en defecto fáctico al
desconocer las pruebas con su decisión; particularmente, unas fotografías que
dan cuenta de la patrulla de tránsito que constituye una «trampa legal». También
indicó que hubo una vía de hecho por error inducido, en la medida que los
magistrados «sabían perfectamente la existencia de esos vehículos».

22. Pese a que el escrito no aguarda claridad, lo pretendido por el actor es que
se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las
pretensiones porque, presuntamente, sí constituyó en renuencia a las
autoridades accionadas, quienes sí están legitimadas en la causa ya que tienen
la función de vigilar y controlar los contratos de las empresas de los servicios
públicos.

23. De otra parte, solicitó que se tuviera como prueba el requerimiento
presentado ante el municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito de dicho
municipio y que se decreten o tengan como elementos de convicción las
diferentes fotos de vehículos de foto multa que hay en la ciudad. También, para
que tenga en cuenta la sentencia de cumplimiento del 21 de noviembre de 2024
expedida por el Juzgado 9° Administrativo de Valledupar, en la que se le ordenó
a la Secretaría de Tránsito darle cumplimiento a la Resolución 2020304001125
del 20 de agosto de 2020 y se abra un «periodo» para practicar testimonios.

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1.7. Trámite en segunda instancia

24. Mediante providencia del 16 de enero de 2025, el despacho ponente de la
acción de cumplimiento en segunda instancia profirió auto de pruebas. Allí,
resolvió tener como elementos de juicio las fotografías aportadas por el actor en
el escrito de impugnación, negar la solicitud probatoria efectuada por él en dicho
escrito y, además, requerir al municipio de Valledupar para que, a través de su
Secretaría de Tránsito y Transporte o quien correspondiera, allegara un informe
en el que detallara lo siguiente:

• La naturaleza del vehículo «cazainfractores» que presuntamente circula
por las vías, calles de la ciudad.
• Establezca si el vehículo «cazainfractores» circula por las vías de la
ciudad, o permanece estático. En caso de que sean varios, se precise.
• El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición
de comparendos. Esto es, si es en el lugar de los hechos, en presencia
del ciudadano, o la notificación es netamente electrónica.
• Si se sirven del apoyo de herramientas tecnológicas para la imposición de
comparendos y si es así, se precise de qué manera.
• A partir de cuándo se introdujo ese sistema para la detección de
infracciones de tránsito.

1.8. Intervenciones e informes

1.8.1. Secretaría de Tránsito y Transporte – municipio de Valledupar

25. La autoridad territorial presentó informe en el que atendió el requerimiento
efectuado por el despacho sustanciador de esta providencia del 16 de enero de
2025.

26. En relación con el primer punto, refirió que los vehículos institucionales, mal
llamados «cazainfractores», son herramientas a disposición de las actividades
misionales de la sectorial. En esa medida, se utilizan para el transporte de
funcionarios en el ejercicio del cumplimiento de sus actividades diarias, el
desarrollo de actividades persuasivas, la atención de siniestros viales con
lesionados o fallecidos o visitas técnicas relacionadas con gestión de movilidad y
seguridad vial.

27. Indicó que son utilizados para realizar de forma más eficiente las actividades
de control en vías adelantadas por el cuerpo de agentes de tránsito según el
régimen normativo vigente. Además, refirió que la operación se encuentra
regulada en la Ley 769 de 2002 y por el Ministerio de Transporte.

28. Frente al segundo punto, indicó que los vehículos denominados «patrullas
de tránsito» circulan por las vías de la ciudad, en desarrollo de las actividades
descritas.

29. En tercer lugar, mencionó que el procedimiento para la imposición de
comparendos se encuentra reglado en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002;

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incluyendo las órdenes de comparendos realizadas en actividades de control en
vía y en apoyo en dispositivos electrónicos.

30. En este punto, iteró que las actividades de control en vía, en apoyo de
dispositivos electrónicos, guarda consonancia con lo establecido en los términos
del literal d) del artículo 7.8.3 de la Resolución 20223040045295 del 4 de agosto
del 2022, expedida por el Ministerio de Transporte, que reza:

d) Control en vía apoyado en dispositivo electrónico: Procedimiento realizado de
manera directa por un agente de tránsito presente y visible en el sitio del evento,
apoyado por dispositivo (s) electrónico (s) que opera manualmente para registrar
la evidencia de la presunta infracción al tránsito y para la elaboración en el sitio,
de la orden de comparendo, de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso
del artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 22 de la Ley
1383 de 2010.

31. Por lo anterior, indicó que el procedimiento adelantado por dicho organismo
de tránsito obedece a lo establecido en la legislación nacional vigente y, por tanto,
goza de legalidad.

32. En relación con el cuarto aspecto, manifestó que las herramientas
tecnológicas utilizadas para la imposición de órdenes de comparendos se utilizan
bajo el control en vía al régimen normativo, lo cual constituye una actividad
diferente a la instalación de los dispositivos SATS.

33. Para el efecto, aclaró que los vehículos utilizados por el cuerpo de agentes
de tránsito no cuentan con medios técnicos y tecnológicos adheridos a él que
detecten infracciones a las normas de tránsito, pues es el mismo agente
(investido de autoridad) quien en cumplimiento de sus funciones realiza el
procedimiento y se apoya en dispositivos electrónicos para captar la evidencia de
la presunta infracción. A efectos de corroborar su dicho, aportó un video que da
cuenta del bien rodante.

34. Finalmente, expuso que a la fecha no tienen dispositivos SATS instalados
y en operación, por lo que no se realizan fotocomparendos.

1.8.2. Solicitudes de coadyuvancia

35. Es menester poner de presente que dentro del trámite de la presente acción
constitucional se presentaron 54 escritos de coadyuvancias con unas
características y argumentos similares. En estas intervenciones, las personas
manifestaron que tienen comparendos provenientes de los vehículos
cazainfractores y la imposición de estos nunca se les hizo de forma personal o
presencial.

36. De igual manera, pusieron de presente la sentencia proferida por el Juzgado
9° Administrativo del Circuito de Valledupar el 21 de noviembre de 2024 al interior
del expediente de acción de cumplimiento identificada con el radicado 20001-23-
33-000-2024-00331-00, en la que se ordenó la suspensión del uso de tales
vehículos.

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37. También indicaron que hay señales de tránsito en las que se indica que no
es permitido parquear en una vía con el aviso de «detección electrónica» y,
«cuando un ciudadano se detiene así sea por un segundo, le toman las fotos
dentro del vehículo y continúan su rumbo». Por lo demás, solicitaron que se
ordene el cumplimiento de, entre otras, las disposiciones alegadas en la presente
acción a las autoridades accionadas.

38. A continuación, la Sala relaciona los coadyuvantes que presentaron el
escrito de intervención en sentido similar:

INTERVENCIÓN ÍNDICE
Yenis Rodríguez 10
Tomás Eduardo Quiroz 11
Gustavo Rueda 12
Greys José Cuello 13
Oseas Tomás Arías 14
Martha Cecilia Lara Palmera 15
Antonio José Jiménez 16
María Cecilia Rincones 17
Carlos Andrés Carreño 18
Carmen Rosa Quintero 19
Wilmer Enrique Díaz 20
Henry Fabian Arévalo 21
Ciro Alberto Fuentes 22
Jaime Santiago Perea 23
Mirian Jiménez 24
Nelly Orozco 25
Alber Suárez Mendoza 26
Jean Carlos García 27
Elías Ochoa Daza 28
Carmen Carmona 29
Eliana Sanguino 30
Rosa María Yacur 31
Hoger Posada 32
Favio José Jiménez 33
Erneys Alfonso Zuleta 34
Uriel Montero 35
Carmen Rivera 36
Lilibeth Hinojosa 37
Elisa Cotes 38
Ladis Leonor Padilla 39
Nayeth Ríos Rangel 41
Jorge Viloria 42
Quintana Cruz Duarte 43
José Luis Uron Márquez en calidad de representante legal 44
de la Cámara de Comercio de Valledupar
Maricruz Donado 45
Eudes Hernández 46
María Eudemia Uribe 47
Elian Portillo 51
José Emilio Molina 52
Juan José Castaño 53
Miguel Londoño 54
Andrés Leonardo Quintero 55
Yani Ospino 56

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Héctor Grimaldo 57
Miguel Francisco Rodríguez 58
Antonio Rafael Dangón 59
Jaime Alonzo Mantilla 60
Álvaro Camargo 61
Jader Napoleón Rosado 62
Luis Gonzáles 63
Jesús Coronado 64
Gabriel Arias 65
José Zuleta 66
Orlando de Jesús Martínez 67

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

39. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la actora contra la sentencia del 25 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa - de las solicitudes de coadyuvancia

40. En este punto, conviene recordar que esta Corporación en otras
oportunidades ha puntualizado sobre la naturaleza y los límites de las solicitudes
de coadyuvancia:

[…] cuando una tercera persona coadyuva los argumentos expuestos en la
demanda, como sucede en el sub judice, es necesario que jurídicamente exista
coincidencia con la causa petendi propuesta por el actor, ya que de lo contrario,
se estaría vulnerando el principio constitucional del debido proceso y, por ende,
el derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que la referida
"coadyuvancia", en su contexto, está integrada por elementos fácticos y jurídicos
nuevos, que indudablemente afectan a la parte demandada, al no poder ser
controvertidas por esta, dado que fue presentada en la oportunidad procesal
correspondiente a los alegatos de conclusión1 [Sic a toda la cita[.

41. Por lo anterior, esta Sección admitirá las solicitudes de coadyuvancia
referenciadas en el acápite 1.8.2 de la presente providencia. Ello, en atención a
que su contenido guarda relación con la pretensión principal de la acción de
cumplimiento de la referencia, en la medida que se dirigen a demostrar que la
Alcaldía de Valledupar implementó sistemas de detección electrónica en
contravía de las disposiciones sobre la materia.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 8 de

julio de 2011. Radicado: 2006-00197. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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42. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

43. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8.°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

44. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1.º)2.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].

2.4. De la renuencia

45. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en

2 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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acto administrativo con citación precisa de éste3 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

46. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»4.

47. Sobre este tema, esta Sección5 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos6. (Negrillas fuera de texto).

48. En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá

4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
6 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.

2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00331-01

que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

49. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.° de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que
lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

50. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»7.

51. En el caso concreto, la actora aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha 7 de octubre de 2024 dirigido a las autoridades demandadas, en el que
solicitó el cumplimiento del «artículo 6 de la RESOLUCIÓN 20203040011245 DE
2020 que prohíbe Ubicación de los dispositivos, en vehículos en movimiento,
articulo1, numeral 1, artículo 2 numeral 1 de la ley 1843 del 2017» [Sic]. Salta a
la vista que en aquel documento, no se invocó el artículo 3 ni 13 de la Ley 1843
de 2017, disposiciones que también fueron pretendidas en la demanda.

52. Ahora bien, se tiene constancia del recibido de tal solicitud por parte de la
Alcaldía de Valledupar8. Sin embargo, para acreditar el radicado ante las demás
autoridades accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla de un
correo remitido el 30 de octubre de 2024 al parecer al Ministerio del Transporte y
a la Alcaldía de Valledupar, así:

7 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
8 En el escrito de la demanda, el actor aportó una fotografía que da cuenta del radicado del escrito

de renuencia el 7 de octubre de 2024 ante la Alcaldía de Valledupar. Cfr. Índice Samai 2.
Expediente: 20001-23-33-000-2024-00331-00.

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53. Para la Sala, de dicho elemento de convicción no es posible advertir el
contenido de los documentos adjuntos al mensaje y los destinatarios del mismo.
Esto impide tener por acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad;
máxime cuando el referido correo fue enviado un día antes de la radicación de la
presente acción de cumplimiento9. Esto es, sin que se brindara un término
prudencial para que las autoridades pudieran remitirle una respuesta en la que
se pronunciaran sobre el presunto incumplimiento de sus obligaciones a cargo.

54. En ese orden de ideas, comparte parcialmente esta Corporación lo aducido
por el a quo en torno a la configuración del requisito de procedibilidad de la acción
atinente a la renuencia. Esto es, que únicamente se encuentra satisfecho
respecto de los artículos 1, numeral 1 y 2 numeral 1 de la Ley 1843 del 2017 y 6
de la Resolución 20203040011245 de 2020, ante la Alcaldía de Valledupar. Por
ende, se estudiarán los requisitos de procedencia del presente medio de control
solo en relación con esta entidad territorial y tales disposiciones.

55. Situación distinta ocurre respecto de las demás autoridades accionadas y
los artículos 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017, respecto de los cuales no se agotó
el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento. Por lo tanto, se
modificará la sentencia de primera instancia para rechazar la demanda respecto
del Ministerio del Transporte, la Superintendencia de Transporte y la ANSV y las
normas en cita.

2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

56. Como se estableció, el señor Brehiner Aaron Ochoa solicitó el cumplimiento
de varias disposiciones contenidas en la Resolución 20203040011245 de 2020
del Ministerio del Transporte y otras contenidas en la Ley 1843 de 2017,
dependiendo de la autoridad. Así, en lo que respecta a la Alcaldía de Valledupar
solicitó expresamente lo siguiente:

9 La cual ocurrió el 31 de octubre de 2024, según consta en el índice 1 Samai – Expediente:

20001-23-33-000-2024-003-31-00.

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57. Lo primero que se debe mencionar, es que se cumple con el requisito de
que la norma que se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo.
Igualmente se satisface el requisito de que el mandato que se solicita atender
esté radicado en cabeza de la autoridad o del particular en ejercicio de funciones
públicas.

58. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido por
el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales que
puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo
judicial para hacer efectiva la obligación establecida en el artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 del Ministerio de Transporte, o el numeral
1 del artículo 2.° de Ley 1843 de 2917.

59. En relación con esto último, se precisa que, contrario a lo señalado por el
juez de la primera instancia, de los elementos de juicio, se puede corroborar que
la inconformidad elevada por el señor Aaron Ochoa encuentra su génesis en el
desconocimiento de los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y
operación de los sistemas automáticos de detección de presuntas infracciones al
tránsito y no, en los comparendos que le han sido impuestos.

60. Adicionalmente, se advierte que las disposiciones objeto de la demanda se
encuentra actualmente vigentes, en la medida en que no fueron derogadas,
modificadas o sustituidas en el ordenamiento jurídico.

61. Finalmente, se advierte que la demanda de la referencia no involucra gasto.
Como viene de verse, lo pretendido es que se retiren de circulación los vehículos
cazainfractores con los cuales los agentes de tránsito estarían imponiendo
fotocomparendos. Por ende, no hay un acción a cargo de la demandada que
implique la erogación de partidas presupuestales.

2.6. De la cosa juzgada

62. Ahora bien, la Sala no puede desconocer que la parte actora y los
coadyuvantes pusieron de presente tanto en el escrito de impugnación, como en
el periodo de pruebas y de intervenciones, la existencia de la acción de
cumplimiento identificada con el radicado 20001-33-33-009-2024-00283-01
adelantada en primera instancia por el Juzgado 9° Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar y en segundo grado por el Tribunal Administrativo del
Cesar, en la que se habría ventilado un asunto similar al presente.

63. Por lo tanto, sin perjuicio de que en auto de pruebas del 16 de enero de
2025 se negó la incorporación de la sentencia de primera instancia del 21 de
noviembre de 2024 proferido en dicho trámite judicial al haber sido revocada por
la sentencia de segunda instancia, se considera necesario esclarecer si, a partir
de ésta última providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 10
de diciembre de 2024, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada.

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64. Así, debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de
la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable10.

65. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica11.

66. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

67. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado
el carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por
cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad
del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la
identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia12.

68. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en el expediente
20001-33-33-009-2024-00283-01 se resolvió una demanda presentada en contra
de la Alcaldía de Valledupar, para que se le ordenara acatar lo dispuesto en la
Resolución 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 y la Ley 1843 de 2017 y,
en consecuencia, se dispusiera el retiro de los vehículos cazainfractores por las
calles de Valledupar.

69. Al resolver la controversia, la autoridad judicial encontró que la acción de
cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento de
las regulaciones normativas señaladas por el actor como incumplidas por el ente
territorial; el artículo 6.º de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el
artículo 2.º, numeral 1, de la ley 1843 del 2017, por cuanto contienen un
mandato legal que al ser de orden público resulta obligatorio.

70. Se destaca que, el operador judicial definió el problema jurídico de la
siguiente manera:

Ahora, el principal reparo que la parte actora señala en la demanda se refiere al
incumplimiento, por parte del Municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30

de enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.
11 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
12 Ibidem.

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de las siguientes normas: 1) El artículos 6º de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 que prohíbe la ubicación en vehículos en movimiento
de dispositivos relativos al “Sistema automáticos, semiautomáticos y otros
medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito” 14 -
(SAST)15. 2) El articulo 2º numeral 1º de la ley 1843 del 2017, que establece que
los sistemas de detección de infracciones de tránsito deben contar con la
autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), conforme a la
reglamentación que expide esa entidad y el Ministerio de Transporte.
Ante ello, corresponde a la Sala verificar si dentro del presente trámite
constitucional se encuentra probado i) que la autoridad municipal efectivamente
tiene en funcionamiento uno de los dispositivos que se enmarcan en la norma
referida y, posteriormente, de ser positiva la respuesta al interrogante anterior, ii)
se deberá analizar si dicho dispositivo cumple los parámetros o requisitos legales
para su operación.

71. Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la instalación y
operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el vehículo
cazainfractores constituyera uno de ellos, ni que la cámara para detectar las
presuntas infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales
consideraciones, negó las pretensiones de la demanda.

72. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada, con las precisiones ya realizadas a propósito de la
identidad de partes. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la
que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está incumplimiento o no, lo dispuesto
en los artículos 6. ° de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el numeral 1
del artículo 2.º de la ley 1843 del 2017 y si por ello, se le debía ordenar que
retirara los vehículos denominados como cazainfractores.

73. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto; en la medida que, las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por ende, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.

74. Por último, debe señalarse que la sentencia proferida en el marco del
proceso 20001-33-33-009-2024-00283-01 no se refirió de manera textual al
artículo 1 numeral 1 de la Ley 1843 de 201713, disposición que también fue
invocada en el trámite de la referencia. Sin perjuicio de ello, es claro que dicha
disposición fue analizada en conjunto con el artículo 2 numeral 1, en la medida
que la primera, define el objeto de la Ley.

75. Con todo, aun si en gracia de discusión se admitiera que no existe cosa
juzgada respecto del artículo 1 numeral 1 de la Ley 1843 de 2017, lo cierto es
que dicha disposición per se, no contiene un mandato imperativo, expreso e
inobjetable, pues como fue anotado, simplemente define el objeto de la Ley 1843

13 «ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la instalación, adecuada

señalización, puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios
tecnológicos para la detección de infracciones o control del tráfico y se dictan otras
disposiciones».

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de 2017, sin que de su contenido sea posible extraer una obligación a cargo de
la Alcaldía de Valledupar.

2.7. Conclusión

76. Así las cosas, esta sala modificará la decisión proferida en primera instancia
para i) rechazar la demanda respecto del Ministerio del Transporte, la
Superintendencia de Transporte y la ANSV y los artículos 3 y 13 de la Ley 1843
de 2017 ii) declarar la cosa juzgada, al haber un pronunciamiento de fondo previo
y ejecutoriado sobre la misma materia objeto de la acción de cumplimiento del
vocativo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia, de conformidad con lo
señalado en esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 25 de noviembre de 2024, dictada por
el Tribunal Administrativo del Cesar, para:

1. RECHAZAR la demanda respecto del Ministerio del Transporte, la
Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los
artículos 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017.

2. DECLARAR LA COSA JUZGADA, por las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

CUARTO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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