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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00040-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00040-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar: 1. DESVINCULAR al Ministerio de Transporte de la presente acción constitucional. 2. RECHAZAR la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y frente a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la Ley 1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002. 3. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda respecto de la pretensión relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar. 4. DECLARAR LA COSA JUZGADA con respecto a las pretensiones restantes, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00040-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Alber Suárez Mendoza
Demandados: Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y
Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00040-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00040-01
Accionante: ALBER SUÁREZ MENDOZA
Accionados: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y OTROS
Tema: Revoca – renuencia y cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Alcaldía de Valledupar
contra la sentencia del 12 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Alber Suárez Mendoza, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de
Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento
de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134,
135, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 de la cartera del Transporte.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita
que se le ordene a las accionadas lo siguiente: (i) la anulación de los
comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio
de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de foto multa llamados comúnmente
como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del
municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del
vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

1.2. Hechos relevantes

3. El señor Alber Suárez Mendoza afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de
Tránsito de Valledupar instalaron por las calles de la ciudad vehículos
denominados «cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e
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imponer comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y
constitucional para ello y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 del 2020.

4. A raíz de lo anterior, afirmó que el día 26 de junio de 2024 agentes de
tránsito le impusieron el comparendo 001000000045142891, por «estacionar un
vehículo en sitios prohibidos», desde un vehículo cazainfractor. Por esta razón,
considera que el mismo debe ser anulados.

5. Mencionó que, el 17 de diciembre de 2024, presentó una solicitud ante las
entidades accionadas, en la que puso de presente esta situación y pidió el
cumplimiento de las normas citadas, así como de todos los parámetros
dispuestos por la Ley para la instalación de este sistema de imposición de
comparendos.

6. En su sentir, la imposición de los comparendos vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena
fe, confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplen las
condiciones dispuestas por el legislador para tal fin.

1.3. Actuaciones procesales

7. Mediante providencia del 7 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos
y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito
de dicha ciudad, concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el
proceso.

8. Por otro lado, en auto del 4 de marzo de 2025 le solicitó a la Secretaría de
Transito de Valledupar que, en el término de 1 día, rindiera un informe con la
siguiente información:

(i) se detalle el paso a paso para la imposición de los comparendos mediante la
utilización de vehículos caza infractores o utilizando cámaras para fotografiar a los
presuntos infractores, (ii) la forma como se notifican los comparendos a los
presuntos infractores, (iii) se indiquen los términos que se emplean para la remisión
de los comparendos y la realización de las audiencias en las que se resuelven los
procesos contravencionales de tránsito. En todo caso remitirán copia de los
documentos que acrediten todo el procedimiento realizado, en el caso del
demandante de este proceso.
[….]
i) La clase y características técnicas del vehículo “cazainfractores” (en lo que tiene
que ver con las herramientas y ayudas técnicas o tecnológicas con que están
equipados para el procedimiento que ocupa la atención en este proceso), que
presuntamente circula por las vías de esta ciudad. (ii) Establecer la forma como
opera el llamado vehículo “cazainfractores” y como circula por las vías de la ciudad,
en función del apoyo que brinda para la imposición de comparendos a los
presuntos infractores o informe si permanece estático. En cualquier caso,
describirán como actúan los agentes de tránsito en lo tocante al funcionamiento de
tales vehículos. (iii) El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para
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la imposición de comparendos, esto es, si se da en el lugar de los hechos,
en presencia del ciudadano presuntamente infractor se envía el comparendo
por medios electrónicos o a través del sistema de correo tradicional. (iv) Si se
sirven del apoyo de herramientas tecnológicas para la imposición de los
comparendos como los impuestos al accionante ALBER SUÁREZ MENDOZA, y si
es así, se precise todo el procedimiento sancionatorio adelantado. (v) Precisar si
en esta ciudad se imponen comparendos por fotodetección y en caso afirmativo
explicar en qué circunstancias. (vi) A partir de cuándo se introdujeron sistemas
automáticos o semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito.

9. En la referida providencia dispuso aceptar las solicitudes de coadyuvancia
de los señores:

Yenis Rodríguez, Melkis Kammerer, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara
Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias,
Jaime Santiago Perea, Antonio Jose Jimenez, Wilmer Enrrique Diaz, Greys Jose
Cuello, Oseas Tomas Arias, Miriam Jimenez, Nelly Orozco, Maria Cecilia
Rincones, Andrés Carreño, Henrry Fabian Arevalo, Alber Suarez Mendoza,
Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jean Carlos Garcia, Elias Guillermo
Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa
María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio Jose Jimenez, Lilibeth
Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel
Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, Jose Emilio Molina, Juan Jose
Castaño, Alvaro Camargo, Jaider Napoleon Rosado, Miguel Londoño, Andres
Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis Gonzalez, Jesús
Coronado, Eudes Antonio Rodriguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge
Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernandez, María Eufemia
Uribe, Miguel Francisco Rodriguez, Hector Grimaldo, Antonio Rafael Dangond,
Jose Zuleta, Orlando De Jesus Martinez, Roger Viloria Mendoza, German Ortiz,
Rosa Maria Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis
Ernesto Tamayo, Luis Enrrique Madrid Navarro Y Rosario De Jesus Blanco
Ospino.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Alcaldía de Valledupar – Oficina Asesora Jurídica

10. El ente territorial refirió que las pretensiones de la demanda se tornan
improcedentes y debían negarse comoquiera que las actuaciones desplegadas
por la Secretaría de Tránsito y Transporte se encuentran sujetas a lo establecido
en la Ley 769 de 2992 y demás disposiciones complementarias. Además, expuso
que, a la fecha, no cuenta con Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros
medios Tecnológicos (en adelante, SAST) para la detección de infracciones de
tránsito. Por ende, no le es exigible lo establecido en la Resolución
20203040011245 del 2020 y la Ley 1843 de 2017, máxime cuando la misma no
contiene un mandato expreso, sino que versa sobre una simple definición.

11. También alegó que la demanda era improcedente porque el accionante
cuenta con otros medios legales para reclamar las pretensiones ventiladas,
máxime cuando no demostró la configuración de un perjuicio irremediable.

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1.4.2. Ministerio de Transporte

12. Sostuvo que las acciones de control de tránsito no son de su competencia,
debido a que todas las consecuencias derivadas de multas y fotocomparendos
son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y de la Policía
Nacional, ya que son organismos autónomos. En consecuencia, señaló que no
está legitimado en la causa por pasiva.

13. Alegó que no se acreditó que el demandante hubiera acudido ante la
entidad encargada de adelantar la inspección, vigilancia y control como lo es la
Superintendencia de Transporte, para que se adelanten las actuaciones
administrativas conducentes.

14. De otro lado, invocó la excepción de «inepta demanda», dado que, en su
sentir, la acción no se dirigió en contra de la entidad encargada de dirimir lo
solicitado.

1.4.3. ANSV

15. Empezó por destacar que, en lo corrido del año 2025, ha recibido más de
67 acciones de cumplimiento desde el correo electrónico
transitomelkiskammerer@gmail.com, relacionadas con la imposición de
comparendos de tránsito en Valledupar, con un actor diferente y fundamentadas
en los mismos hechos, normas y pretensiones. En ese orden, solicitó que se
acumularan las demandas admitidas para aquella oportunidad.

16. Refirió que no tiene facultades legales para anular los comparendos
impuestos por una autoridad de tránsito, o para ordenar el retiro de las calles de
los vehículos caza infractores. Recalcó que su misión es la de prevenir y reducir
los siniestros de tránsito, así como la de planificar, articular y gestionar la
seguridad vial del país y servir de soporte institucional, entre otras. Por ende, no
tiene legitimación en la causa por pasiva.

17. Mencionó que, las normas suplicadas por el accionante en la presente
demanda no establecen un mandato imperativo a su cargo. Y, en todo caso,
mencionó que las mismas constituyen textos abiertos, esencialmente
relacionados con el objeto y funciones de la SuperTransporte. En ese orden,
consideró que la demanda es improcedente.

1.4.4. Superintendencia de Transporte

18. En primer lugar, puso de presente que, dada la presentación desmedida de
acciones de cumplimiento respecto a unos mismos hechos y generalidades
durante la vigencia del presente año (sin contar las interpuestas en 2024), al
interior del expediente 2001-23-33-000-2025-00029-00 adelantado en el Tribunal
Administrativo del Cesar, por los mismos hechos y normas, radicó un memorial
en el que solicitó el rechazo de la acción por la actuación temeraria de la que
trata el artículo 28 de la Ley 393 de 1997 y, de forma subsidiaria, una solicitud de
acumulación procesal.
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19. Acto seguido, hizo referencia a las generalidades de la presente
acción e indicó que el deber jurídico que se pretende hacer cumplir no está en su
cabeza. Asimismo, destacó que tampoco se acreditó el cumplimiento del
presupuesto referido a la renuencia, debido a que remitió el requerimiento a un
canal electrónico no autorizado.

20. Lo anterior, debido a que fue dirigido al correo electrónico
dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial
de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el
requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico
transitomelkiskammerer@gmail.com1 reiteradas peticiones qué, conforme a la
configuración del correo, son remitidas a la bandeja de no deseados y son
borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

21. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante
discute la orden de comparendo 001000000045142891 del 26/06/2024, siendo
procedente frente a esta, como mecanismo de defensa ordinario la acción de
Nulidad y restablecimiento del derecho del que trata el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011.

1.5. Fallo de primera instancia

22. En sentencia del 12 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo
previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de
sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto
infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta
clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por
las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

Para tal efecto, la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada
comparendo impuesto al actor según lo dicho en este proceso, el cumplimiento
estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará
las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de
evitar vulneración al debido proceso administrativo.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en
precedencia.

TERCERO: RECHAZAR la demanda respecto del cumplimiento de los artículos 4
y 5 del Decreto 2409 de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

1
Dirección electrónica mediante la cual el actor remitió la petición.
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CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentes
contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR sobre la forma en que se vienen imponiendo
comparendos como desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes
adscritos a esa dependencia.

De igual manera, compulsar copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las inconsistencias de las
respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento
de proferir la decisión de fondo, y, por ende, configurar un fraude procesal.

SEXTO: Se advierte a la parte actora que no podrá instaurar nueva acción con la
misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

SÉPTIMO: Notifíquese esta decisión a los interesados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

23. Como sustento de su decisión, el a quo analizó la normativa relativa a la
imposición de comparendos y de ahí, determinó que, cuando la detención de la
infracción se hacía por control en la vía, con la intervención de un agente de
tránsito, debía seguirse el procedimiento en el artículo 135 de la Ley 769 de
20022, el cual no deja margen para interpretar que el procedimiento de
producción del comparendo finalice con el enteramiento del propietario del
vehículo luego de la remisión del mismo con sus soportes, que deberá hacerse
dentro de los tres días siguientes, por cuanto el control en vía debe conducir a
que si se comete la infracción el sancionado sea efectivamente el infractor y no
el propietario.

24. De otro lado, adujo que, del análisis de los elementos de juicio no se
observaba ninguna imagen que diera cuenta con certeza de que las autoridades
de tránsito municipal de Valledupar estuviesen imponiendo comparendos
mediante los SAST.

25. Asimismo, indicó que, al consultar la plataforma del Sistema Integrado de
Información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), se
podía observar que al actor le fue impuesta la orden de comparendo electrónico
20001000000045554388 el día12 de noviembre de 2024, por la presunta
infracción C02 y la suma de $572.520.oo, esto es, por haber estacionado en sitios
prohibidos el vehículo automóvil de placas HTR799.

26. Al respecto, precisó que existían varias inconsistencias en el dicho de la
Secretaría de Tránsito y transporte de Valledupar, dado que en la plataforma
consta que la multa fue impuesta de manera electrónica aun cuando manifestó

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«Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».

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que no se imponen este tipo de comparendos. Tampoco se podía
advertir si el comparendo fue impuesto en presencia del conductor ni del
agente de tránsito, de manera que el comparendo fue firmado por un testigo y
por el respectivo agente, razón por la cual no es posible establecer la forma de
notificación del actor.

27. Alegó que no desconocía que los vehículos denominados «cazainfractores»
se encontraban implementados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y generaban mayor eficiencia en las actividades de control de las vías.
No obstante, consideró que tal circunstancia no podía conducir a que se omitiera
el procedimiento establecido por la ley para la expedición de esta clase de
comparendos, los cuales exigen la plena identificación del presunto infractor y/o
propietario, a quien se le debe entregar copia del formulario. Por lo tanto, ordenó
el cumplimiento del artículo 135 de la Ley 769 de 2002.

28. Por otra parte, negó la pretensión de que le fueran anulados los
fotocomparendos que le fueron impuestos, debido a que excede la órbita de
competencia del juez constitucional, ya que la acción de cumplimiento no tiene
como objeto el reconocimiento de derechos particulares en disputa.

29. Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
ANSV. Argumentó que la primera no tenía funciones de inspección vigilancia,
control y seguimiento de los organismos de tránsito del país a diferencia de la
segunda.

1.6. Impugnación

30. La Alcaldía de Valledupar a través de su Oficina Asesora Jurídica y su
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar solicitó que se revoque el fallo
de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones tanto por
temeridad como por improcedencia y se condene en costas y agencias en
derecho a la parte demandante.

31. En concreto, consideró que el señor Kammerer ostenta la calidad de
abogado titulado e inscrito al Consejo Superior de la Judicatura ha suplantado en
un claro abuso del derecho a al menos 20 ciudadanos para la presentación de
acciones de cumplimiento desde la misma cuenta de correo. Así mismo, indicó
que en sus redes sociales se viene auto proclamando «defensor por más de 27
años» e incitando a que los ciudadanos vandalicen los vehículos del organismo
de tránsito.

32. De otro lado, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que, cuando
se plantea una controversia jurídica en torno a la legalidad de los actos
administrativos que no pueden desconocerse y que se presumen legales, se
escapa de la órbita del juez constitucional hacer un estudio de fondo que le
corresponde al juez natural resolver. Por ello, refirió que el asunto es
improcedente, dado que lo perseguido es la nulidad de una orden de
comparendo.

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33. Asimismo, señaló que, en providencia del 13 de marzo de
2025, esa misma corporación, dentro de la acción de cumplimiento con
radicado No. 20001-23-33-000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se
discute en el presente proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores»
no constituyen SAST, ya que estos requieren de la instalación de cámaras de
video y equipos electrónicos de lectura que puedan detectar posibles infracciones
de tránsito.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la actora contra la sentencia del 12 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

35. La Sala advierte que, pese a que el Ministerio de Transporte intervino en el
presente trámite, no fue accionado por el autor. Por lo anterior, y habida cuenta
que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

37. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

38. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)3.

3
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza
de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

2.4. De la renuencia

39. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste4 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

40. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

41. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino

4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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Transporte y otros
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una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»5.

42. Sobre este tema, esta Sección6 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos7. (Negrillas fuera de texto).

43. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

44. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»8.

45. En el caso concreto, el actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 17 de diciembre de 2024 dirigido a las autoridades demandadas, en el
que solicitó el cumplimiento de los «artículos129,135, 158A del código nacional
de tránsito artículos 2 modificado por el artículo 109 del decreto ley 2106/2019,

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
7
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
8
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
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artículos 3, 10,13,14 de la ley 1843/2017, artículo 18 ley 2251/22 que
Adiciónese el artículo 158A a la Ley 769 de 2002, artículos del 1 al 14 de
la resolución No 20203040011245 /2020».

46. Ello, con el fin de que «de forma inmediata retire todos estos comparendos
realizados a través de los vehículos caza infractores, debido que la secretaria de
tránsito no se encentra facultada para imponer esta foto multas a través de medio
tecnológico y mucho menos en vehículo en movimiento al no contar con la
autorización de la superintendencia de puerto y transporte y de la agencia
nacional vial» [Sic].

47. Salta a la vista que, en aquel documento, no se invocaron los artículos 4 y
5 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la Ley 1843 de 2017 y los artículos 134, 136
y 137 de la Ley 769 de 2002, disposiciones cuyo cumplimiento también fue
pretendido en la demanda.

48. Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las
autoridades accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla del correo
remitido, así:

49. Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones
presentada por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el
cumplimiento del requisito de procedibilidad respecto de la ANSV y la Secretaría
de Transito de Valledupar, entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar. No
obstante, frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, no se cumplió
con la constitución en renuencia, debido a que el correo electrónico al cual se
dirigió la solicitud no corresponde al canal de notificaciones oficial de la entidad.

50. Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia para rechazar
la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y, de otro
lado, frente a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la Ley 1843 de
2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002.
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2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

51. Como se estableció, el señor Alber Suárez Mendoza formuló las siguientes
pretensiones: (i) la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por
los agentes de tránsito del municipio de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos
de foto multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y (iii) que se ordene
a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se
realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.

52. En relación con la primera de las pretensiones, se advierte que la
controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que
encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido
interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal
sentido, se advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito
de procedencia de subsidiariedad.

53. Lo anterior, dado que el afectado tuvo o pudo ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia que hace improcedente la acción constitucional, aunado a que no
acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación en
concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.

54. En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de
las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. El actor puede
cuestionar la legalidad de estos actos administrativos de naturaleza sancionatoria
por medio de dicho medio de control y, de ser el caso, solicitar el restablecimiento
del derecho ante la afectación de sus intereses.

55. En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo
de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en
busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el
juez estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le impuso
la multa al actor.

56. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.

57. Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con
el retiro de los vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de
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forma presencial en seguimiento al procedimiento establecido en la
norma, la Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de
defensa judicial para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide
atender.

58. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro
de circulación de los vehículos institucionales le genere a las entidades
accionadas una erogación de partidas presupuestales. Además, las
disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles porque no
están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto administrativo.

59. En virtud de lo anterior, la acción de cumplimiento se estima procedente en
punto de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto.

2.6. De la cosa juzgada

60. Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la
cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable9.

61. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica10.

62. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

63. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo
anterior, dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede
instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se
verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a
esta instancia11.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
10
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
11
Ibidem.
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64. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de
abril de 2025, esta sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia
en el expediente con radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01, cuyo escrito
inicial guarda identidad con el de la presente acción constitucional, como pasa a
exponerse en el siguiente esquema.

Partes (sujeto
Proceso Objeto Causa
pasivo)
Sentencia Se alegó el incumplimiento Se formularon las Ministerio de
del 10 de de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: Transporte,
abril de 2025 artículos pretende el (i) la anulación de los Superintendencia
acatamiento de lo dispuesto comparendos que le de Puertos y
Radicado en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los Transporte, la
20001-23- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del Agencia Nacional
33-000- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, de Seguridad Vial
2025-00029- de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los (en adelante
01 de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa ANSV), el
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente municipio de
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y Valledupar y su
y los literales a, d, g, i, m del (iii) que se ordene a la Secretaría de
artículo 3 y la Resolución autoridad de tránsito del Tránsito.
20203040011245 de 2020 municipio que la
expedida por el Ministerio imposición de los
de Transporte. comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.
Caso sub Se alegó el incumplimiento Se formularon las Superintendencia
examine de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: de Puertos y
artículos pretende el (i) la anulación de los Transporte, la
Radicado acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Agencia Nacional
20001-23- en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los de Seguridad Vial
33-000- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del (en adelante
2025-00040- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, ANSV), el
01 de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los municipio de
de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa Valledupar y su
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente Secretaría de
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y Tránsito.
y el artículo 6 de la (iii) que se ordene a la
Resolución autoridad de tránsito del
20203040011245 de 2020 municipio que la
de la cartera del Transporte. imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.

14
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65. El esquema anterior nos permite concluir que existe una
identidad de objeto, causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala
de decisión el 10 de abril de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.

66. En aquella oportunidad, esta Sección resolvió lo siguiente:

(i) Rechazó la acción de cumplimiento por no acreditarse el requisito de
renuencia respecto de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de
la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de 2017.

(ii) Declaró la cosa juzgada en relación con la solicitud de acatamiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, petición dirigida al
municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho
ente territorial. Se acreditó la triple identidad en relación con un proceso que
cursó en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar y en el
que se negaron las pretensiones de la demanda. Al existir una decisión de
fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si dichas autoridades habían
incumplido la norma en cuestión, se acreditó que existía un pronunciamiento
inmutable, vinculante y definitivo que resolvió lo pretendido frente a dicha
disposición.

(iii) Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y de la Superintendencia de Puertos y
Transporte. En este sentido, se negaron las pretensiones en relación con
estas entidades. Se concluyó que ninguna de las normas alegadas como
desconocidas por la parte actora estableció obligación alguna en cabeza de
dichas autoridades del orden nacional. Se enfatizó en que, a pesar de ser
parte del sector transporte en los términos del Decreto 1069 de 2015, no
significaba que automáticamente fueran llamadas a soportar las
pretensiones formuladas.

(iv) Negó las demás pretensiones de la demanda, por las siguientes dos
razones.

Primero, en lo que respecta a la pretensión relacionada con las patrullas
«cazainfractores», se concluyó que no era posible que estas normas
hubieran sido desatendidas por las autoridades demandadas. Esto, debido
a que los vehículos institucionales no implementaban los SAST.

Segundo, frente a la pretensión relativa a que los comparendos se
impongan de manera presencial e identificando al infractor, se consideró
que no tenía vocación de prosperidad, debido a que los supuestos de hecho
que soportan la solicitud no fueron acreditados de manera alguna y, por
tanto, no era posible afirmar el incumplimiento de algún mandato normativo
por parte de las autoridades demandadas.

67. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de
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Tránsito, el Ministerio de Transporte y la ANSV están incumpliendo o
no, lo dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en la
presente acción.

68. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.

2.7. Estudio de temeridad

69. Por último, en su escrito de impugnación, la Alcaldía de Valledupar solicitó
que se declarara la temeridad de la presente acción constitucional. Puso de
presente que el profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha dirigido
de manera masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas
objeto de esta acción de cumplimiento. Agregó que, pese a que el nombre de los
demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de
contacto son los mismos.

70. En relación con la figura de la temeridad, el artículo 28 de la Ley 393 de
1997 establece que la actuación temeraria tiene lugar en los casos en los que,
sin que medie un motivo justificado, la misma acción de cumplimiento «sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces». A
su vez, dicha norma establece que, ante esta situación, se rechazarán o negarán
todas las acciones que hayan sido admitidas.

71. En atención a lo establecido por el artículo en cita, se advierte que no se
cumplen los presupuestos para declarar la configuración de una actuación
temeraria en el presente caso, puesto que en el presente caso se formuló una
pretensión relacionada con un interés particular y concreto del actor. En tal
medida, si bien en el estudio llevado a cabo con antelación de la cosa juzgada,
se concluyó que existió una identidad de partes, esto fue estudiado
exclusivamente en relación con las autoridades demandadas, pues en las
acciones de cumplimiento analizadas los actores no correspondían a la misma
persona. Por tanto, no se cumple con el supuesto de hecho establecido por tal
disposición y, por tanto, no hay lugar a declarar la configuración de un actuar
temerario.

72. Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la Alcaldía de Valledupar
anexó a su escrito de impugnación múltiples imágenes que evidencian que el
profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha promovido de manera
masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas objeto de
este mecanismo constitucional. No obstante, al respecto es necesario advertir
que, si las entidades accionadas consideran que se ha incurrido en alguna
conducta ilegal por parte del abogado, deberán acudir a las autoridades
competentes con el fin de iniciar los respectivos procesos, de acuerdo con el
material probatorio que tengan para ese fin.
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2.8. Conclusión

73. Así las cosas, esta sala revocará la decisión proferida en primera instancia
para, en su lugar: i) rechazar la demanda respecto de la Superintendencia de
Puertos y Transporte y, de otro lado, frente a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409
de 2018, 4 de la Ley 1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, ii)
declarar la improcedencia frente a la pretensión relacionada con la anulación de
los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del
municipio de Valledupar, iii) declarar la cosa juzgada en relación con las
pretensiones restantes, al haber un pronunciamiento de fondo previo y
ejecutoriado sobre la misma materia objeto de la presente acción de
cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de marzo de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar:

1. DESVINCULAR al Ministerio de Transporte de la presente acción
constitucional.
2. RECHAZAR la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y frente a los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 4 de la
Ley 1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002.
3. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda respecto de la
pretensión relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron
impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar.
4. DECLARAR LA COSA JUZGADA con respecto a las pretensiones
restantes, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

17
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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