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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00070-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00070-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a los señores Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Henrry Fabián Arévalo, Alber Suarez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jean Carlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Julián Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, German Ortiz, Rosa maría Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario de Jesús Blanco Ospino y Sandra Patricia Pallares Muñoz. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar: 1. DESVINCULAR al Ministerio de Transporte de la presente acción constitucional. 2. RECHAZAR la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y frente al artículo 5 del Decreto 2409 de 2018. 3. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda respecto de la pretensión relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar. 4. DECLARAR LA COSA JUZGADA con respecto a las pretensiones restantes, por las razones expuestas en esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00070-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Nayeth Ríos Rangel
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00070-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20-001-23-33-000-2025-00070-01
Accionante: NAYETH RÍOS RANGEL
Accionados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Y OTROS

Tema: Revoca – declara improcedencia y cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Alcaldía de Valledupar
contra la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. La señora Nayeth Ríos Rangel, actuando en nombre propio, ejerció acción
de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de Valledupar y su
Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento de lo dispuesto
en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de
2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137
de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al
8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita
que se le ordene a las accionadas lo siguiente: (i) la anulación de los
comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio
de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de foto multa llamados comúnmente
como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del
municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del
vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

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Demandante: Nayeth Ríos Rangel
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
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1.2. Hechos relevantes

3. La señora Ríos Rangel afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de
Valledupar instalaron por las calles de la ciudad vehículos denominados
«cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e imponer
comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional para ello
y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 del
2020. Por lo anterior, sostuvo que los comparendos que le han sido impuestos
deben ser anulados.

4. Mencionó que, el 23 de diciembre de 2024, presentó una solicitud ante las
entidades accionadas, en la que puso de presente esta situación y pidió el
cumplimiento de las normas citadas, así como de todos los parámetros
dispuestos por la Ley para la instalación de este sistema de imposición de
comparendos.

5. En su sentir, esta medida sancionatoria vulnera los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena fe, confianza
legítima, seguridad jurídica e igualdad, pues no se cumplen las condiciones
dispuestas por el legislador para tal fin.

1.3. Actuaciones procesales

6. Mediante providencia del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos
y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito
de dicha ciudad, concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el
proceso.

7. Por otro lado, le solicitó a la Secretaría de Transito de Valledupar que, en el
término de 5 días, rinda un informe con la siguiente información:

• El detalle del paso a paso de la imposición de comparendos mediante la utilización
de vehículos «cazainfractores» o con las cámaras para detectar presuntos
infractores.

• La forma de notificación de los comparendos a los presuntos infractores.

• Los términos que se emplean para la remisión de los comparendos y la realización
de las audiencias en las que se resuelvan los procesos contravencionales de tránsito.

• Las características de los vehículos «cazainfractores» y su forma de operación.

• El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de los
comparendos y si se sirven del apoyo de herramientas tecnológicas.

• La fecha a partir de la cual se introdujeron los sistemas automáticos o
semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito.

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1.4. Intervenciones

1.4.1. Municipio de Valledupar

8. El ente territorial solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
cumplimiento. Refirió que el municipio de Valledupar, a la fecha, no cuenta con
Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos (en
adelante, SAST) para la detección de infracciones de tránsito.

9. Sostuvo que los agentes de tránsito impusieron los dos comparendos
relacionados en la demanda porque el actor estacionó en zona prohibida. Agregó
que esto fue llevado a cabo con observancia del debido proceso y de conformidad
con la normativa vigente.

10. Consideró que por medio de la acción de cumplimiento no se puede declarar
la anulación de los comparendos referidos en el escrito inicial. Esto, dado que la
nulidad de un acto únicamente puede ser decretada a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

11. Propuso las siguientes excepciones: i) improcedencia de la acción de
cumplimiento; ii) indebida implementación de la herramienta jurídica; iii)
presunción de legalidad del acto administrativo; iv) responsabilidad de los
propietarios de los bienes muebles y, v) buena fe.

1.4.2. Ministerio de Transporte

12. Sostuvo que las acciones de control de tránsito no son de su competencia,
debido a que todas las consecuencias derivadas de multas y fotocomparendos
son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y de la Policía
Nacional, ya que son organismos autónomos.

13. Refirió que, en su caso, no se cumplió con el requisito de constitución en
renuencia ya que debe verificarse frente a la autoridad competente y no sobre la
que el demandante estime. Esto, debido a que la demanda fue dirigida a la
entidad, a sabiendas de que carece de competencia para atender sus
requerimientos.

1.4.3. ANSV

14. Mencionó que no ha incumplido las normas señaladas por el demandante
en la medida en que no hace parte de sus funciones, competencia, ni objeto, la
instalación y operación de los sistemas de detección de infracciones de tránsito,
así como tampoco reviste la calidad de autoridad de tránsito, ni entidad
competente de la vigilancia y verificación del cumplimiento por parte de los
organismos de tránsito.

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15. Adujo que solo le corresponde la autorización de las SAST que se
pretendan instalar, razón por la cual es la Superintendencia de Transporte quien
tiene la función de adelantar las acciones tendientes a verificar el cumplimiento
de los criterios técnicos de dichos sistemas. Por lo anterior, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

1.4.4. Superintendencia de Transporte

16. Refirió que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra
sometida a la constitución en renuencia de la autoridad demandada, sin que en
este caso el accionante acreditara el cumplimiento del referido presupuesto,
debido a que remitió el requerimiento a un canal electrónico no autorizado.

17. Lo anterior, debido a que fue dirigido al correo electrónico
dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial
de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el
requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico
transitomelkiskammerer@gmail.com1 reiteradas peticiones que, conforme a la
configuración del correo, son remitidas a la bandeja de no deseados y son
borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

18. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante
discute las resoluciones sancionatorias No. 2023133684 del 4 de septiembre de
2023 y No. 2024148204 del 31 de enero de 2024, por medio de las cuales le
fueron impuestos comparendos de tránsito, razón por la cual cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad
los actos administrativos.

1.4.5. Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar

19. Informó que en la ciudad no se encuentra instalado ningún dispositivo SAST
para la detección automática de infracciones de normas de tránsito. Explicó que
esto se realiza mediante el control en vía del régimen normativo, con apoyo en
dispositivos electrónicos que, a diferencia de los SAST no requieren autorización
por parte del Ministerio de Transporte y de la ANSV.

20. Precisó que la solicitud del demandante estuvo incompleta, debido a que
los comparendos relacionados en la demanda fueron expedidos en contra de una
empresa de la cual no se aportaron pruebas de que el actor fuera su
representante legal.

21. Señaló que previo a la presentación de la demanda pudo haber ejercido de
los derechos de contradicción y defensa en sede administrativa y, de tal forma,
cumplir con lo dispuesto en los artículos 136 y siguientes de la Ley 769 de 2002.

1 Dirección electrónica mediante la cual el actor remitió la petición.

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1.5. Solicitudes de coadyuvancia

22. Mediante memorial allegado el 20 de febrero de 2025, las siguientes
personas solicitaron ser reconocidas como coadyuvantes al interior de este
proceso: Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo
Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson
Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea,
Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás
Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Henrry Fabián
Arévalo, Alber Suarez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla,
Jean Carlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera,
Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis
Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga,
Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Julián Sandoval, Eliam Portillo,
Gustavo Carderon, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo,
Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani
Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio
Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz
Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel
Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta,
Orlando de Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, German Ortiz, Rosa maría
Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto
Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro y Rosario de Jesús Blanco Ospino.

23. Por su parte, mediante escrito remitido el 13 de marzo de 2025, la señora
Sandra Patricia Pallares Muñoz solicitó ser reconocida como coadyuvante.

1.5. Fallo de primera instancia

24. En sentencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
resolvió lo siguiente, con fundamento en los argumentos que se presentan a
continuación:

PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo
previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de
sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto
infractor y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta
clase de actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por
las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

Para tal efecto la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada
comparendo impuesto al actor según lo dicho en este proceso, el cumplimiento
estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará
las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de
evitar vulneraciones al debido proceso administrativo.

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SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en
precedencia.

TERCERO: RECHAZAR la demanda respecto del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y los artículos 4° y 5° del Decreto 2409 de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Compulsar copias de las presentes actuaciones a la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante las evidentes
contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE sobre la forma en que se vienen imponiendo comparendos como
desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes adscritos a esa
dependencia.

De igual manera, COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las
inconsistencias de las respuestas remitidas por la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador
judicial al momento de proferir la decisión de fondo, y por ende, configurar un
fraude procesal.

25. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar ha incurrido en
evidentes inconsistencias en la imposición de comparendos por parte de agentes
de tránsito que realizan control en la vía con apoyo de elementos electrónicos. A
pesar de que no se lleva a cabo un uso de SAST, el comparendo referenciado
por la demandada está registrado como «fotodetección», para lo cual dicha
dependencia no está autorizada. No se acreditó la entrega del comparendo al
presunto infractor ni su notificación, por lo que se incumplió con el deber de
garantizar el derecho al debido proceso administrativo del presunto infractor.

26. No hace parte de las competencias de la ANSV ejercer funciones de
inspección, vigilancia, control y seguimiento sobre los organismos de tránsito del
país.

1.6. Impugnación

27. Mediante memorial radicado el 25 de marzo de 2025, la Alcaldía de
Valledupar indicó que la acción de cumplimiento propuesta por el actor es
improcedente en su totalidad, debido a que tiene otro mecanismo judicial para la
defensa de sus intereses.

28. Al respecto, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que, cuando
se plantea una controversia jurídica en torno a determinar la legalidad de los
actos administrativos, que se presumen legales, se escapa de la órbita del juez
constitucional hacer un estudio de fondo.

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29. Asimismo, refirió que, en providencia del 13 de marzo de 2025, esa misma
corporación, dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 20001-23-33-
000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se discute en el presente
proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores» no constituyen SAST,
ya que estos requieren de la instalación de cámaras de video y equipos
electrónicos de lectura que puedan detectar posibles infracciones de tránsito.

30. Por otra parte, puso de presente que el señor Melkis Guillermo Kammerer
Kammerer, abogado titulado, mediante el correo electrónico
transitomelkismammerer@gmail.com, ha dirigido de manera masiva múltiples
demandas solicitando el cumplimiento de los artículos relacionados en el
presente proceso, a nombre de diferentes personas y contra las mismas
entidades.

31. Lo anterior, debido a que, pese a que el nombre de los demandantes varía,
la dirección de notificación electrónica y los datos de contacto son los mismos. Al
respecto, relacionó diversas imágenes en las que se evidenció la remisión de los
múltiples requerimientos que ha radicado. Por lo anterior, solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones y se
declare la temeridad de la acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
contra la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestiones previas

33. La Sala advierte que, pese a que el Ministerio de Transporte intervino en el
presente trámite, no fue accionado por el autor. Por lo anterior, y habida cuenta
que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.

34. Por su parte, se reconocerán como coadyuvantes a las personas que
elevaron la respectiva solicitud, las cuales están relacionadas en los numerales
22 y 23 de la presente providencia.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

35. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
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administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

36. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

37. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)2.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

2.4. De la renuencia

38. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en

2 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
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acto administrativo con citación precisa de éste3 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

39. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

40. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»4.

41. Sobre este tema, esta Sección5 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material

4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se
deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible,
pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de
renuencia.(Negrita fuera de texto)
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre
de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente
47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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de ley o actos administrativos6. (Negrillas fuera de texto).

42. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que la solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

43. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»7.

44. En el caso concreto, el actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 23 de diciembre dirigido a las autoridades demandadas, en el que
solicitó el cumplimiento de los «artículos,129,135, 158A del código nacional de
transito, artículos 2, modificado por el artículo 109 del decreto ley 2106/2019,
articulo 3, 10,13,14 de la ley 1843/2017, ARTÍCULO 18. ley 2251/22 que
Adiciónese el artículo 158A a la Ley 769 de 2002, artículos del 1 al 14 de la
resolución 3 No 20203040011245 /2020, artículo 4 del Decreto 2409 de 2018»
[Sic], y los artículos 4 de la Ley 1843 de 2017 y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de
2002.

45. Salta a la vista que, en aquel documento, no se invocó el artículo 5 del
Decreto 2409 de 2018.

46. Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las
autoridades accionadas, la accionante aportó una captura de pantalla del correo
remitido, así:

6 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP. 2003-00724.

M.P.: Darío Quiñones Pinilla
7 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, EXP. ACU-

1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00070-01

47. Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones
presentada por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el
cumplimiento del requisito de procedibilidad respecto de la ANSV y la Secretaría
de Transito de Valledupar, entidad adscrita a la Alcaldía de Valledupar. No
obstante, frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, no se cumplió
con la constitución en renuencia, debido a que el correo electrónico al cual se
dirigió la solicitud no corresponde al canal de notificaciones oficial de la entidad.

48. Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia para rechazar
la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte y frente al
artículo 5 del Decreto 2409 de 2018.

2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

49. Como se estableció, el señor Carlos Andrés Carreño formuló las siguientes
pretensiones: (i) la anulación de los comparendos que fueron impuestos por los
agentes de tránsito del municipio de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de
foto multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a
la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se
realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.

50. En relación con la primera de las pretensiones, se advierte que la
controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que
encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido
interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal
sentido, se advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito
de procedencia de subsidiariedad.

51. Lo anterior, dado que el presunto afectado tuvo o pudo ejercer otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o
administrativo, circunstancia que hace improcedente la acción constitucional,
aunado a que no acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en
su situación en concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.

52. En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de
las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Es posible cuestionar la legalidad de estos actos administrativos de naturaleza
sancionatoria por medio de dicho medio de control y, de ser el caso, solicitar el
restablecimiento del derecho ante la afectación de sus intereses.

53. En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo
de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en
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busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el
juez estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se impuso la
multa.

54. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.

55. Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con
el retiro de los vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de
forma presencial en seguimiento al procedimiento establecido en la norma, la
Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial
para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.

56. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro
de circulación de los vehículos institucionales le genere a las entidades
accionadas una erogación de partidas presupuestales. Además, las
disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles porque no
están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto administrativo.

57. En virtud de lo anterior, la acción de cumplimiento se estima procedente en
punto de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto.

2.6. De la cosa juzgada

58. Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la
cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,
obligatorio y, por tanto, de inmutable8.

59. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica9.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de

2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
9 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.

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60. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

61. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo
anterior, dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede
instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se
verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en
relación con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a
esta instancia10.

62. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025,
esta sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2024-00331-01, cuyo escrito inicial guarda identidad
con el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el
siguiente esquema.

Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)

Sentencia Se alegó el incumplimiento Se formularon las
del 10 de de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: Ministerio de
abril de 2025 artículos pretende el (i) la anulación de los Transporte,
acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Superintendencia
Radicado en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los de Puertos y
20001-23- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del Transporte, la
33-000- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, Agencia Nacional
2025-00029- de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los de Seguridad Vial
01 de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa (en adelante
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente ANSV), el
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y municipio de
y los literales a, d, g, i, m del (iii) que se ordene a la Valledupar y su
artículo 3 y los artículos 5 al autoridad de tránsito del Secretaría de
8 de la Resolución municipio que la Tránsito.
20203040011245 de 2020 imposición de los
expedida por el Ministerio comparendos se realice
de Transporte. de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.

Caso sub Se alegó el incumplimiento Se formularon las Superintendencia
examine de lo dispuesto en los siguientes pretensiones: de Puertos y

10 Ibidem.

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artículos pretende el (i) la anulación de los Transporte, la
Radicado acatamiento de lo dispuesto comparendos que le Agencia Nacional
20001-23- en los artículos 4 y 5 del fueron impuestos por los de Seguridad Vial
33-000- Decreto 2409 de 2018, agentes de tránsito del (en adelante
2025-00070- artículo 18 de la Ley 2251 municipio de Valledupar, ANSV), el
01 de 2022, artículos 3, 4 y 13 (ii) el retiro de los municipio de
de la Ley 1843 de 2017, vehículos de foto multa Valledupar y su
artículos 127, 129 y 134 al llamados comúnmente Secretaría de
137 de la Ley 769 de 2002, como «cazainfractores», y Tránsito.
y los literales a, d, g, i, m del (iii) que se ordene a la
artículo 3 y los artículos 5 al autoridad de tránsito del
8 de la Resolución municipio que la
20203040011245 de 2020 imposición de los
expedida por el Ministerio comparendos se realice
de Transporte. de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole un
tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso
de estacionamiento en
sitios prohibidos.

63. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto,
causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril
de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.

64. En aquella oportunidad, esta Sección resolvió lo siguiente:

(i) Rechazó la acción de cumplimiento por no acreditarse el requisito de
renuencia respecto de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134 de
la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de 2017.

(ii) Declaró la cosa juzgada en relación con la solicitud de acatamiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, petición dirigida al
municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho
ente territorial. Se acreditó la triple identidad en relación con un proceso que
cursó en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar y en el
que se negaron las pretensiones de la demanda. Al existir una decisión de
fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si dichas autoridades habían
incumplido la norma en cuestión, se acreditó que existía un pronunciamiento
inmutable, vinculante y definitivo que resolvió lo pretendido frente a dicha
disposición.

(iii) Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y de la Superintendencia de Puertos y
Transporte. En este sentido, se negaron las pretensiones en relación con
estas entidades. Se concluyó que ninguna de las normas alegadas como
desconocidas por la parte actora estableció obligación alguna en cabeza de
dichas autoridades del orden nacional. Se enfatizó en que, a pesar de ser
parte del sector transporte en los términos del Decreto 1069 de 2015, no

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significaba que automáticamente fueran llamadas a soportar las
pretensiones formuladas.

(iv) Negó las demás pretensiones de la demanda, por las siguientes dos
razones.

Primero, en lo que respecta a la pretensión relacionada con las patrullas
«caza infractores», se concluyó que no era posible que estas normas
hubieran sido desatendidas por las autoridades demandadas. Esto, debido
a que los vehículos institucionales no implementaban los SAST.

Segundo, frente a la pretensión relativa a que los comparendos se
impongan de manera presencial e identificando al infractor, se consideró
que no tenía vocación de prosperidad, debido a que los supuestos de hecho
que soportan la solicitud no fueron acreditados de manera alguna y, por
tanto, no era posible afirmar el incumplimiento de algún mandato normativo
por parte de las autoridades demandadas.

65. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de
Tránsito, el Ministerio de Transporte y la ANSV están incumpliendo o no, lo
dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en la presente acción.

66. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la
demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.

67. Ahora bien, como fue puesto de presente con antelación, en la sentencia
del 10 de abril de 2025 se rechazó la demanda por no acreditarse el requisito de

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renuencia respecto del artículo 411 del Decreto 2409 de 2018, 13412 de la Ley 769
de 2002 y 413 de la Ley 1843 de 2017. Al respecto, la sala advierte que el 8 de
mayo de 2025, esta sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el
expediente con radicado 20001-23-33-000-2025-00063-01, cuyo escrito inicial
también guarda identidad con el de la presente acción constitucional.

68. En dicho fallo, se negaron las pretensiones en relación con las normas
citadas con antelación. Se concluyó que ninguna establece algún mandato claro,
exigible e inobjetable en cabeza de alguna de las autoridades demandadas y que
esté relacionado con las pretensiones formuladas por el actor y los supuestos de
hecho relacionados en el escrito inicial. Por tanto, no era posible establecer que,
actualmente, exista algún incumplimiento por parte de las autoridades
demandadas en relación con tales normas y, en este orden de ideas, no era
viable dictar alguna orden de acatamiento al respecto.

69. Dada la triple identidad que existe entre el presente trámite y el proceso en
cuestión, se concluye que con respecto a tales artículos también existe una
decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar,
su Secretaría de Tránsito, el Ministerio de Transporte y la ANSV están
incumpliendo o no, lo establecido por tales disposiciones. En tal sentido, en
relación con estas normas también corresponde la declaratoria de la cosa
juzgada.

11 ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia, inspección,

y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en
materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en
este decreto. El objeto de la delegación en la Superintendencia de Transporte es:
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de
tránsito y transporte.
2. Vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte,
con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y
municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre automotor individual de pasajeros en
vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la prestación del servicio escolar en vehículos particulares
cuya vigilancia continuará a cargo de las autoridades territoriales correspondientes.
3. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación
y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte.
4. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de
infraestructura propia del sector transporte.
5. Inspeccionar y vigilar los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación,
administración, explotación y/o mantenimiento de la infraestructura marítima, fluvial y portuaria.
De conformidad con las funciones delegadas y otorgadas en la normativa vigente, la Superintendencia de
Transporte velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente
del sector.
12 ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas

ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces
en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera
instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios
legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la
segunda instancia su superior jerárquico.
PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces
civiles de acuerdo a su competencia.
13 Artículo 4°.Competencia para expedir órdenes de comparendos. Solo las autoridades de tránsito a que

hace referencia el Código Nacional de Tránsito, son las competentes para expedir y recaudar órdenes de
comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción.
No podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de naturaleza
privada.
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2.7. Estudio de temeridad

70. Por último, en su escrito de impugnación, la Alcaldía de Valledupar solicitó
que se declarara la temeridad de la presente acción constitucional. Puso de
presente que el profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha dirigido
de manera masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas
objeto de esta acción de cumplimiento. Agregó que, pese a que el nombre de los
demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de
contacto son los mismos.

71. En relación con la figura de la temeridad, el artículo 28 de la Ley 393 de
1997 establece que la actuación temeraria tiene lugar en los casos en los que,
sin que medie un motivo justificado, la misma acción de cumplimiento «sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces». A
su vez, dicha norma establece que, ante esta situación, se rechazarán o negarán
todas las acciones que hayan sido admitidas.

72. En atención a lo establecido por el artículo en cita, se advierte que no se
cumplen los presupuestos para declarar la configuración de una actuación
temeraria en el presente caso, puesto que en el presente caso se formuló una
pretensión relacionada con un interés particular y concreto del actor. En tal
medida, si bien en el estudio llevado a cabo con antelación de la cosa juzgada,
se concluyó que existió una identidad de partes, esto fue estudiado
exclusivamente en relación con las autoridades demandadas, pues en las
acciones de cumplimiento analizadas los actores no correspondían a la misma
persona. Por tanto, no se cumple con el supuesto de hecho establecido por tal
disposición y, por tanto, no hay lugar a declarar la configuración de un actuar
temerario.

73. Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la Alcaldía de Valledupar
anexó a su escrito de impugnación múltiples imágenes que evidencian que el
profesional en derecho Melkis Guillermo Kammerer ha promovido de manera
masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de las normas objeto de
este mecanismo constitucional. No obstante, al respecto es necesario advertir
que, si las entidades accionadas consideran que se ha incurrido en alguna
conducta ilegal por parte del abogado, deberán acudir a las autoridades
competentes con el fin de iniciar los respectivos procesos, de acuerdo con el
material probatorio que tengan para ese fin.

2.8. Conclusión

74. Así las cosas, esta sala revocará la decisión proferida en primera instancia
para, en su lugar: i) declarar la improcedencia frente a la pretensión relacionada
con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de
tránsito del municipio de Valledupar, ii) rechazar la demanda respecto de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y frente al artículo 5 del Decreto 2409
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de 2018 y, iii) declarar la cosa juzgada en relación con las pretensiones restantes,
al haber dos pronunciamientos de fondo previos y ejecutoriados sobre la misma
materia objeto de la presente acción de cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a los señores Melkis Kammerer,
Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes,
Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda,
Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer
Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly
Orozco, María Cecilia Rincones, Henrry Fabián Arévalo, Alber Suarez Mendoza,
Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jean Carlos García, Elías
Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana
Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José
Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel
Montero, Manuel Julián Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, José Emilio
Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel
Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis
González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth
Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes
Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo,
Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús Martínez, Roger Viloria
Mendoza, German Ortiz, Rosa maría Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano, Wilson
Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro,
Rosario de Jesús Blanco Ospino y Sandra Patricia Pallares Muñoz.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar:

1. DESVINCULAR al Ministerio de Transporte de la presente acción
constitucional.
2. RECHAZAR la demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y frente al artículo 5 del Decreto 2409 de 2018.
3. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda respecto de la pretensión
relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por
los agentes de tránsito del municipio de Valledupar.
4. DECLARAR LA COSA JUZGADA con respecto a las pretensiones restantes,
por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00070-01

CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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