Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00693-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00693-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00693-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de febrero de 2026
Demandante: Distrito Especial de Barrancabermeja
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
– Cormagdalena
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00693-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00693-01
Demandante: DISTRITO ESPECIAL BARRANCABERMEJA
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE
DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA
Tema: Confirma fallo de primera instancia. El cumplimiento de la norma
conlleva un gasto que no se encuentra presupuestado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación formulada por el distrito especial de Barrancabermeja
contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
El distrito especial de Barrancabermeja, por intermedio del director de Defensa Jurídica
de la entidad, promovió acción de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, en contra de Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena – Cormagdalena, en la que
solicitó el acatamiento del parágrafo 1. ° del artículo 17 de la Ley 161 de 19942. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
Primera: Declarar que La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena “Cormagdalena” ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 17 parágrafo 1° de la Ley 161 de 1994 correspondientes al
año 2025.
1
Ver índice 4 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
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Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, se
determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Distrito Especial de Barrancabermeja
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
– Cormagdalena
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Segundo: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena “Cormagdalena” se proceda a disponer las partidas presupuestales a las que
se refiere en el artículo 17 parágrafo 1° de la Ley 161 de 1994 correspondientes al año
2025 en forma inmediata de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 393
de 1997.3
1.2. Hechos
El ente territorial explicó que la norma invocada, esto es el parágrafo 1. ° del artículo
17 de la Ley 161 de 1994, estableció que, para realizar la descontaminación ambiental
del municipio de Barrancabermeja, la junta directiva de Cormagdalena destinaría 10
mil salarios mínimos mensuales.
Conforme lo anterior, manifestó que, mediante oficio del 5 de septiembre de 2025, se
presentó escrito de constitución en renuencia a Cormagdalena, frente al deber
incumplido.
A su turno, relató que la demandada, a través de comunicado del 22 siguiente,
manifestó que, pese a la existencia del mandato, no era plausible su acatamiento por
cuanto no se cuenta con el presupuesto solicitado. Al respecto, refirió que operó el
bloqueo presupuestal ordenado por el Decreto 0069 de 2025, expedido por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 2025 se radicó ante el Ministerio de Transporte,
en su condición de cabeza del sector, solicitud en la que se exhortó para lograr la
materialización de la norma anteriormente citada. El 8 de octubre del mismo año, la
cartera ministerial refirió a la imposibilidad por un tema presupuestal.
Finalmente, con ocasión de otro oficio radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el 14 de octubre de 2025, la autoridad precisó que son cada una de las
entidades las llamadas a ejecutar el presupuesto, pues cada una de éstas goza de
dicha prerrogativa conforme el marco constitucional.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones
Por auto del 31 de octubre de 20254, la magistrada sustanciadora del Tribunal
Administrativo Santander admitió la acción constitucional del asunto, y ordenó la
notificación de la autoridad administrativa accionada5.
3
Transcripción original del texto con posibles errores.
4
Ver índice 6 de Samai - Cuaderno de primera instancia
5
Ver índice 8 de Samai – Cuaderno de primera instancia. Oficio 228751 del 4 de noviembre de 2025,
remitido al buzón notificacionesjudiciales@cormagdalena.gov.co.
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– Cormagdalena
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Cormagdalena, por conducto de apoderado judicial, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, presentó escrito en el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.
En concreto, puso de presente que la apropiación presupuestal fue incluida en el
proyecto de presupuesto 2025, el cual fue inicialmente aprobado en el Decreto 1621
de 2024, autorizando al Ministerio de Transporte a realizar una transferencia a favor de
Cormagdalena por la suma de $ 221.713.182.000.
No obstante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 0069 del
24 de enero de 2025, en el que se redujo el monto inicialmente aprobado y destinando
este únicamente para los siguientes fines:
Por lo anterior, puso de presente que la entidad se encuentra en una situación de
imposibilidad física y jurídica para dar cumplimiento a la disposición legal invocada,
derivada del bloqueo presupuestal impuesto en su momento por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, indicó que en el presente asunto el accionante cuenta con otro
mecanismo judicial de defensa, dado que es plausible presentar una demanda en la
que se reproche la legalidad del Decreto 0069 del 24 de enero de 2025 y, en el evento
de salir avante la pretensión, se podrían acceder a los recursos económicos.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 4 de diciembre de 20256,
en la que declaró la improcedencia de la acción. Lo anterior, por cuanto en el presente
caso la disposición legal invocada conlleva la ejecución de un gasto que no se
encuentra dentro del presupuesto de la autoridad, aunado que la cartera de hacienda
suspendió el giro de recursos a Cormagdalena.
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Ver índice 11 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
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La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes por correo electrónico
remitido el 9 de diciembre de 20257
1.5. Impugnación
Para el distrito de Barrancabermeja era totalmente factible ordenar el cumplimiento de
la disposición legal, pues en el presente asunto se contaba con la apropiación
presupuestal y aprobada en el Presupuesto General de la Nación.
Frente al Decreto 0069 del 24 de enero de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, explicó que, en virtud de la autonomía administrativa, presupuestal
y financiera de Cormagdalena, la autoridad podía haber realizado la sustitución o
reemplazo de las apropiaciones que le fueron aplazadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo establecido en los
artículos 3. º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de las autoridades demandadas
frente a las disposiciones invocadas como incumplidas?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
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Ver índice 13 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
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• ¿Cormagdalena se encuentra en la obligación de cumplir el mandato establecido
en el parágrafo 1. ° del artículo 17 de la Ley 161 de 1994?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii)
el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del
deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la acción en
estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley
y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento
de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el
inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle
a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber
que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos,
lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho,
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que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo]
(subrayado por fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)8
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por
la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art.
8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que,
de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente
la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia
de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir
y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un
análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones
expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener
en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el
incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad
o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que
el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma
a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella
define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [9] (Negrillas
fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta,
como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho
de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10, ya que no se
ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad distinta
a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien
9
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de
junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
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porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo,
«resulte contraria al querer del ciudadano»11.
Conforme lo anterior, se tiene que la demandante, mediante Oficio D.A 0656-25 del 5
de septiembre de 2025, dirigido a Cormagdalena a través del correo electrónico
contactociudadano@cormagdalena.gov.co formuló las siguientes solicitudes:
Primero: Se exhorta a dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 parágrafo
1° de la Ley 161 de 1994, en el sentido de destinar en el presupuesto de Cormagdalena,
la suma de no menos DIEZ MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (10.000 SMLMV) para la descontaminación del Distrito de Barrancabermeja,
en la vigencia 2025.
Segundo: Se remita copia del certificado de disponibilidad presupuestal – CDP y/o acto
administrativo que reconozca la obligación de la transferencia de la suma de no menos
DIEZ MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10.000 SMLMV)
a favor del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia 2025.
Tercero: En la preparación del presupuesto de Cormagdalena para el año 2026, se
incluya la partida a la que se refiere el artículo transcrito en el hecho primero del siguiente
capítulo
Por su parte, Cormagdalena emitió respuesta el 12 de septiembre de 2025, en la que
refirió lo siguiente:
En cumplimiento de la disposición legal, CORMAGDALANA incluyó la partida
correspondiente a los 10.000 SMMLV en el proyecto de presupuesto para la vigencia
2025 con recursos de transferencias del presupuesto general de la nación. Mediante el
Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024 se aprobó en el rubro de gasto de
funcionamiento del Ministerio de Transporte una transferencia a favor de Cormagdalena
por valor de $221.713.182.000, suma incorporada al presupuesto general de la Nación
aprobado por el CONFIS conforme a la Resolución 006 de la misma fecha.
En virtud de lo anterior, Cormagdalena ha realizado, de manera reiterada, solicitudes ante
el Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección Nacional
de Presupuesto, con el propósito de que desbloqueen los recursos aplazados a fin de
garantizar la transferencia de los recursos a los que hace referencia el artículo 17
parágrafo 1° de la Ley 161 de 1994.
En este contexto, comprometer recursos sin la debida disponibilidad presupuestal
resultaría contrario al principio de legalidad del gasto público, consagrado en el artículo
345 de la Constitución Política y en el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Por lo anterior, mientras se mantenga la restricción derivada del bloqueo parcial dispuesto
mediante el Decreto 0069 de 2025, Cormagdalena carece de competencia material y
jurídica para efectuar la transferencia solicitada.
11
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-
00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
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Con base en lo anterior, se encuentra satisfecho el requisito de constitución en
renuencia establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.3.3. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto el
acatamiento del mandato conlleva una erogación económica que no se encuentra
presupuestada.
El parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no será procedente respecto a aquellas normas que comporten un gasto,
disposición legal que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en la sentencia
C-157 de 1998 y en la que se declaró exequible. Al respecto, se indicó lo siguiente:
En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en
una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla
se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo
que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de
cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su
virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la
ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones
y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se
expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por las normas legales habrá
de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de
escarmiento al abuso o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no
se realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su
manejo desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.
Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo establezca
un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de este dentro del
presupuesto12.
Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal puede ser
superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado, es decir, una vez
elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente destinado
a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en estos casos, en
los cuales, la pretensión de cumplimiento devendrá procedente. Al respecto, la Sala en
reciente fallo se sostuvo lo siguiente:
12
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de
octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de 2024,
expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023, expediente
25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente 25000-23-41-
000-2023-00528-01
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89. Como consecuencia, al estar demostrada la apropiación del gasto en el presente
asunto, junto con los demás requisitos de la acción, la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable en las normas demandadas y la renuencia de la entidad a
cumplirlas; la Sala revocará parcialmente la sentencia del 20 de septiembre 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para rechazar por incumplimiento del requisito de constitución de renuencia
en cuanto a la SNR y el DAPRE; declarar la improcedencia en cuanto a la norma de la
Constitución Política; confirmar la orden de cumplimiento y negar lo pretendido en cuanto
a registradores y curadores.
90. Así las cosas, la entidad accionada deberá, en un término de 3 meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, convocar a concurso de méritos para la provisión a la
totalidad de empleos de carrera de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2.º y 3.º de la Ley 588 de 2000.13
En el presente asunto, no cabe duda que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
expido el Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, el cual específicamente descontó a
Cormagdalena la suma de $ 66.726.182.000.
Siendo ello así, Cormagdalena en ejercicio de la autonomía administrativa,
presupuestal y financiera, tuvo que ajustar su presupuesto para atender los múltiples
compromisos que tiene, lo cual implicó que ciertas obligaciones ya no pudieran ser
cubiertas, dentro de las que se encuentra la establecida en el parágrafo 1. ° del artículo
17 de la Ley 161 de 1994.
Por otro lado, se tiene que le asiste razón a la parte actora en indicar que cualquier
entidad contaba con la posibilidad de sustituir de una apropiación aplazada por otra; no
obstante, es pertinente que la norma sea estudiada en su plenitud. En ese sentido, el
artículo 4. ° del Decreto 0069 del 24 de enero de 2025 indica lo siguiente:
Artículo 4o. Sustitución apropiaciones. Para efectos del presente decreto, el Consejo
Superior de Política Fiscal (CONFIS) podrá autorizar la sustitución de una apropiación
aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal
del mismo.(Énfasis de la Sala)
La anterior disposición parte de una premisa y es que el CONFIS tiene una facultad
discrecional, de la cual no se infiere la existencia de un mandato imperativo e
inobjetable. Asimismo, se tiene que deben cumplirse unas condiciones.
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Sentencia del 21 de noviembre de 2024, expediente 17001-23-33-000-2024-00181-01 MP Omar
Joaquín Barreto Suárez. En igual sentido, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 25000-23-41-
000-2024-00875-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandante: Distrito Especial de Barrancabermeja
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
– Cormagdalena
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00693-01
Por ello, en el presente asunto no se superaría la causal de improcedencia expuesta,
pues quedaría sujeta a una escenario eventual e hipotético, traducido en que, así como
puede que el CONFIS autoricé la sustitución, también es posible que la niegue y, en
ese sentido, no existe una certeza absoluta que garantice que Cormagdalena cuenta
con los recursos para acatar el mandato que deviene del parágrafo 1. ° del artículo 17
de la Ley 161 de 1994.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de diciembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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