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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2025-00701-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2025-00701-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la configuración de la cosa juzgada, para, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de cumplimiento de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2025-00701-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de febrero de 2026

Demandante: Enfragen Termovalle S.A.S. E.S.P.
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00701-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00701-01
Demandante: ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. E.S.P.
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Temas: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que declaró la configuración del fenómeno de la cosa juzgada al interior
del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento1

Enfragen Termovalle S.A.S. E.S.P., en lo sucesivo la Enfragen, por conducto de
apoderado judicial2, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, reglamentado en la Ley 393 de 1997, presentó demanda en
contra de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Lo anterior, a efectos de obtener el cumplimiento de los artículos 132 de la Ley
812 de 2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado por el 227 de la Ley 1753
de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019), 312 de la Ley 1955 de 2019, 2.2.9.4.7. al

1 Índice 3, cuaderno de primera instancia.
2 La abogada María Camila González Serrano.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Enfragen Termovalle S.A.S. E.S.P.
Demandados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00701-01

2.2.9.4.11. del Decreto 1082 de 2015, los numerales 3 y 4 del 2 del Decreto 381
de 2012. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

4.1. Primera Pretensión Principal: Que se declare que la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS incumplió las obligaciones y/o deberes
establecidos en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 247 de la Ley 1450 de
2011 (modificado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955
de 2019).

4.1.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se declare que la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS está en renuencia de
cumplir con las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del
numeral 4.1 anterior.

4.1.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Primera Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Primera Pretensión Principal, se le ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS cumplir con las
obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003 y en el
artículo 247 de la Ley 1450 de 2011 y, en consecuencia:

4.1.2.1. Que promueva las acciones y gestiones correspondientes ante el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), para dar inicio a los procesos requeridos para la
implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.

4.1.2.2. Que, con carácter urgente, presente ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO toda la información y documentos requeridos para que se adopten las
medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial a las que haya lugar.

4.1.2.3. Que, a través del Fondo Empresarial, financie y apoye con recursos a la empresa
AIR-E S.A.S E.S.P. -Intervenida, que actualmente se encuentra bajo intervención de la
SSPD, a fin de que AIR-E pueda encontrar mecanismos que le permitan cumplir con sus
obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, de acuerdo con los mecanismos
dispuestos para ello en la Ley 812 de 2003, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015 y la
Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes.

4.2. Segunda Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo
312 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado expresamente por los artículos 2.2.9.4.7 a
2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015.

4.2.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Segunda Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se declare que
el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO está en renuencia de cumplir con
las obligaciones declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 4.2
anterior.

4.2.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Segunda Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Segunda Pretensión Principal, se le ordene al
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir con las obligaciones y/o
deberes establecidos en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con los
artículos 2.2.9.4.7. a 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, promueva y
adopte las medidas de financiamiento y/o de sostenibilidad financiera del Fondo
Empresarial. Es decir:

4.2.2.1. Que adelante las operaciones de crédito público necesarias para que el Fondo
Empresarial garantice la prestación del servicio público de energía en los Departamentos
de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

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4.2.2.2. Que adelante las gestiones necesarias al interior del Ministerio para que se apruebe
y autoricen las operaciones de crédito público, de corto o largo plazo, las operaciones
asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las
anteriores, que sean necesarias para financiar el Fondo Empresarial.

4.2.2.3. Que promueva y adelante todas las gestiones necesarias para autorizar, otorgar y
desembolsar créditos de tesorería a favor del Fondo Empresarial.

4.2.2.4. Que otorgue garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar
el Fondo Empresarial con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera.

4.2.2.5. Que participe, estructure y apruebe el documento CONPES necesario para el
otorgamiento de la garantía Nación a través del Fondo Empresarial, en atención a lo
establecido en el artículo 2.2.9.4.10 del Decreto 1082 de 2015.

4.2.2.6. Que, en atención a lo anterior, adelante todos los trámites y gestiones necesarias
al interior del MHCP para la aprobación de dicha garantía Nación, incluyendo la convocatoria
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

4.3. Tercera Pretensión Principal: Que se declare que el MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA incumplió las obligaciones y/o deberes establecidos en los numerales 3 y 4 del
artículo 2 del Decreto 381 de 2012.

4.3.1. Primera Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se declare que el
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA está en renuencia de cumplir con las obligaciones
declaradas como incumplidas en la referida pretensión del numeral 4.3 anterior.

4.3.2. Segunda Pretensión Consecuencial de la Tercera Pretensión Principal: Que,
como consecuencia de la prosperidad de la Tercera Pretensión Principal, se le ordene al
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos
en los numerales 3 y 4 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y en consecuencia:

4.3.2.1. Actúe como facilitador y coordinador del proceso interinstitucional requerido para
garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y la prestación continua del
servicio público de energía en los Departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

4.3.2.2. Participe activamente en la estructuración de las soluciones de financiamiento
requeridas por el Fondo Empresarial.

4.3.2.3. Preste su colaboración a la SSPD y al MHCP para efectos de agilizar los trámites
internos necesarios para tal fin.

4.4. Cuarta Pretensión Principal: Que se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y a la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, al pago de las costas y agencias en derecho
correspondientes.3

1.2. Hechos

Relató los antecedentes administrativos y comerciales que dieron origen a la
empresa Air-E S.A.S. E.S.P., en lo sucesivo Air-E, la cual se encarga de la
prestación del servicio público de generación, distribución y comercialización de
energía eléctrica.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

3
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Indicó que, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma
de posesión los bienes, haberes y negocios de AIR-E, mediante Resolución SSPD
– 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024. Posteriormente, mediante
Resolución SSPD 2025100004725 del 9 de enero 2025, la citada autoridad
estableció la modalidad en la que se llevaría la toma de posesión, indicado que
ésta sería con fines liquidatorios.

Trajo a colación las diversas actuaciones administrativas y políticas realizadas en
torno a la situación de Air-E, que dan cuenta del grave deterioro financiero que
actualmente atraviesa la empresa, el cual «[…] generó el congelamiento de
deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan
los $500 mil millones de pesos.»

Explicó que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría
General de la Nación, mediante la Circular Conjunta N.° 6 de 2025, solicitaron un
informe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto al
manejo que se ha dado de la empresa Air-E, luego de su toma de posesión.

Precisó que ha habido una omisión sistemática de las accionadas respecto a sus
obligaciones legales, lo cual conlleva un exponencial riesgo en toda la cadena de
suministro de energía eléctrica.

Conforme lo anterior, el 30 de julio de 2025, se radicó a través de correo
electrónico de las autoridades demandadas escrito de constitución en renuencia.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En criterio de la accionante, las normas referidas como incumplidas establecen
el Fondo Empresarial, el cual es administrado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y tiene como objeto apoyar a las empresas que
se encuentran en proceso de liquidación, como es el caso de Air-E.

Asimismo, se tiene que las disposiciones facultan al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para implementar medidas de financiamiento para el citado
Fondo Empresarial, lo que incluye, entre otras, la celebración de contratos de
crédito y el otorgamiento de garantías.

En general, explicó que el Estado tiene el deber de garantizar la continuidad en
la prestación del servicio público de energía eléctrica respecto a aquellas
empresas que son objeto de toma de posesión. En ese sentido, desde su punto
de vista, es imperativo que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios debe financiar a Air-E con cargo a los recursos del Fondo
Empresarial, los cuales deben ser provistos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
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1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión

La magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto
del 20 de octubre de 20254, admitió la acción constitucional del asunto, ordenó la
notificación de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía y
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y, finalmente, reconoció
personería a la abogada de la accionante y puso el asunto en conocimiento del
Ministerio Público.

1.4.2. Notificaciones e intervenciones

La Secretaría General del a quo, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio, surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales como consta
el expediente digital de Samai de primera instancia5. En virtud de éstas, se
recibieron las siguientes contestaciones:

1.4.2.1. Ministerio de Minas y Energía6

Con base en la pretensión invocada por Enfragen, se opuso a la prosperidad de
ésta, pues, contrario a lo sostenido en la demanda, no se hace palmario un
incumplimiento de la entidad.

Explicó que el ministerio ha desplegado gestiones encaminadas a atender la
problemática de la empresa Air-E, sin que sea posible pretender a través de la
acción de cumplimiento lograr lo solicitado por la demandante.

Sostuvo que los mandatos normativos invocados por el actor no contienen
órdenes imperativas, sino disposiciones de carácter facultativo y programático,
cuya ejecución depende de decisiones discrecionales, de la disponibilidad
presupuestal y de la coordinación interinstitucional, razón por la cual no pueden
hacerse efectivas a través de este mecanismo constitucional.

Indicó, además, que las pretensiones formuladas, en la práctica, equivalen a exigir
la asignación y ejecución de recursos públicos, lo cual desborda el alcance de la
acción de cumplimiento, toda vez que esta no es procedente para ordenar gastos
ni para imponer decisiones en materia presupuestal o fiscal.

4 Ver índice 5 de Samai – Cuaderno de primera instancia
5 Ver índices 9 y 10 de Samai – Cuaderno de primera instancia. Mediante Oficios 426163 al
426166del 21 de octubre de 2025.
6 Ver índice 14 de Samai – Cuaderno de primera instancia.

5
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Finalmente, puso de presente que el objeto de la presente acción ya ha sido
debatido y resuelto en sede judicial, citando varias decisiones de los Tribunales
Administrativos del Atlántico y de Cundinamarca, en las cuales se declararon
improcedentes acciones de cumplimiento de contenido similar, promovidas por
distintos actores en relación con la intervención de Air-E.

1.4.2.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios7

La entidad explicó que lo pretendido por la parte actora desborda con creces el
objeto y fines que tiene la acción de cumplimiento, pues, a través de ésta se
pretende obtener un fallo que imponga obligaciones relacionadas con gasto y
política fiscal. Lo anterior, implica la articulación de más autoridades de las acá
demandadas, tales como el Departamento Nacional de Planeación.

Refirió que los verbos que son utilizados en las disposiciones invocadas no
contienen verdaderos mandatos a cargo de la entidad, sino que pueden ser
considerados como de contenido abierto, genérico y programático, sin que sea
factible inferir un mandato demandable.

En conclusión, solicitó que se declare la improcedencia de las pretensiones.

1.4.2.3. Las demás entidades accionadas guardaron silencio durante el término
de traslado de la demanda.

1.4.3. Fallo de primera instancia8

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró la existencia de cosa juzgada respecto de las normas y
pretensiones invocadas por la parte accionante. Lo anterior, al considerar que el
asunto de la referencia guarda identidad procesal con el resuelto en segunda
instancia a través de sentencia del 6 de noviembre de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, e identificado con el radicado 08001 23-33-000-2025-
00321-00.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 21 de noviembre de
2025, por conducto de la Secretaría y a través de correo electrónico9.

7 Ver índice 12 de Samai – Cuaderno de primera instancia
8 Ver índice 19 de Samai – Cuaderno de primera instancia
9 Ver índice 21 de Samai – Cuaderno de primera instancia.

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1.4.4. Impugnación

Por medio de memorial enviado el 28 de noviembre de 2025, Enfragen presentó
escrito en el que formuló reparos en contra de la decisión de primera instancia,
los cuales, admiten el siguiente compendio:

Sostuvo que la sentencia recurrida erró al declarar la cosa juzgada, en la medida
en que la providencia invocada como antecedente se limitó a declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento, sin resolver de fondo la controversia
planteada.

Explicó que, al examinar dicha decisión, se advierte que el juez no realizó un
análisis material del contenido normativo invocado ni verificó la existencia de
mandatos claros, imperativos e inobjetables, ni tampoco examinó si las entidades
accionadas incurrieron en una omisión en su cumplimiento. Por el contrario, la
sentencia se circunscribió a un estudio preliminar de las pretensiones, para
concluir que su eventual satisfacción implicaría un gasto no presupuestado, lo que
condujo a declarar la improcedencia de la acción sin pronunciamiento de fondo.

De otra parte, afirmó que la acción de cumplimiento promovida no persigue la
ejecución directa de recursos públicos ni la modificación del Presupuesto General
de la Nación. Según indicó, las pretensiones están orientadas a que las
autoridades demandadas adelanten de manera diligente y oportuna las
actuaciones administrativas a su cargo, con el fin de viabilizar el financiamiento
del Fondo Empresarial conforme a la normativa vigente. Precisó que no debe
confundirse la activación de mecanismos de financiamiento con la ejecución
presupuestal, puesto que no se solicita al juez ordenar giros de recursos ni la
creación de nuevas partidas presupuestales.

En lo restante, reiteró los argumentos consignados en el escrito introductorio.

1.4.5. Manifestación de impedimento

A través de escrito del 9 de diciembre de 2025, la Magistrada Ponente de la
presente decisión se manifestó impedida para tramitar el asunto al considerar que
se encontraba incursa en la causal prevista en el numeral 9.° del artículo 150 del
Código General del Proceso.

Por medio de auto del 22 de enero del 2026, la Sala declaró infundada la
manifestación en comento al considerar que no están demostrados los elementos
para la configuración de la causal alegada, ni la posible afectación de la
imparcialidad de la magistrada para resolver sobre el asunto.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó la parte
actora contra la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, según lo establecido en los artículos 3.º de la
Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 10, y el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problemas jurídicos por resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la anterior
providencia, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la parte
accionada de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393
de 1997?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento?

De ser afirmativa la respuesta a las anteriores interrogantes, deberá
determinarse:

• ¿Hay lugar a ordenar a las entidades accionadas el cumplimiento de la
normativa invocada por la demandante?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii)
análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para

10 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393
de 1997 precisa que «Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar
el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza
material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden
a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»11.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)12.

11 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
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b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado
en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia
esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción
que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con
el numeral 5° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad
de esta acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la
prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud.
De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios antes de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha
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señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»13.

La parte accionante adjuntó copia del escrito radicado el 30 de julio de 2025 ante
las entidades accionadas y en el que solicitó el cumplimiento de los siguientes
artículos:

(i) Los artículos 2 y 365 de la Constitución, leído en consonancia con el artículo 4
de la Ley 142 de 1994, establecen que es deber del Estado intervenir en la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, con el fin de
garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como la
prestación continua e ininterrumpida del servicio, sin excepción alguna. Para
efectos de lo anterior, todas las entidades estatales, específicamente el MME,
MHCP y SSPD tiene el deber inobjetable de utilizar todas las herramientas a su
disposición para evitar la suspensión en la prestación del servicio público esencial,
especialmente en aquellas circunstancias en que tal prestación continua e
ininterrumpida y en condiciones de calidad no se encuentre asegurada.

(ii) El artículo 132 de la Ley 812 de 2003 establece la creación del Fondo
Empresarial de la SSPD con el fin de garantizar la continuidad de los servicios
públicos domiciliarios en el contexto de las intervenciones. El Fondo tiene la
capacidad de financiar los pagos requeridos para garantizar la operación de las
empresas bajo intervención. Sin embargo, la SSPD tiene la responsabilidad
explícita de iniciar las acciones necesarias para activar el financiamiento de dicho
Fondo, con el objetivo de asegurar la estabilidad de las empresas y la prestación
continua de los servicios esenciales.

(iii) El artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 227 de la Ley
1753 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, dispone que los recursos del
Fondo Empresarial deben estar conformados por diversas fuentes, incluidas las
multas, excedentes de la SSPD y las operaciones de crédito que celebre el Fondo.
En este punto, el MHCP, está llamado a facilitar los instrumentos que aseguren el
acceso del Fondo a estas fuentes de financiamiento. A su turno, la SSPD, como
ordenadora del gasto, tiene la responsabilidad de dar manejo a la disponibilidad de
estos recursos, a través de cualquiera de los mecanismos previstos por el legislador
para tal efecto.

(iv) El artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación está autorizada
para adoptar medidas de financiamiento para el Fondo Empresarial, lo que incluye
créditos y garantías, sin la necesidad de garantías o contragarantías. Esta norma
otorga una habilitación directa a la SSPD para dar manejo a dichas operaciones, y
al MHCP para aprobarlas, con el fin de preservar la estabilidad financiera de los
prestadores intervenidos.

(v) El artículo 2.2.9.4.5 del DUR establece que el Fondo Empresarial puede recibir
créditos internos o externos para financiar sus actividades. Para ello, es necesario
que la SSPD gestione las solicitudes de crédito y garantice la disponibilidad de los

13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

Cuervo
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recursos a través de los procedimientos establecidos, como la aprobación de las
operaciones por parte del MHCP-Dirección General de Crédito Público.

(vi) El artículo 6 de la Ley 489 de 1998, que recoge el principio de coordinación
administrativa, establece que todas las autoridades deben colaborar entre sí para
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Este principio refuerza la
necesidad de que el MME, en su calidad de cabeza del sector energético, ejerza
las facultades que le fueron asignadas y se articule con la SSPD y el MHCP para
asegurar la suficiencia financiera del Fondo Empresarial, especialmente cuando se
encuentra comprometida la continuidad del servicio público esencial de energía
eléctrica. A su vez, el artículo 2 del Decreto 381 de 2012 asigna al MME la función
de adoptar los planes de desarrollo del sector energético, coordinar la política de
prestación del servicio eléctrico y garantizar la confiabilidad y continuidad del
suministro en todo el territorio nacional.

(vii) El Decreto 1369 de 2020 asigna a la Dirección de Entidades Intervenidas y en
Liquidación de la SSPD la función de asesorar y recomendar sobre las solicitudes
de apoyo financiero para las empresas intervenidas. En este sentido, la SSPD tiene
la obligación de iniciar las gestiones para obtener el apoyo necesario y activar los
mecanismos financieros correspondientes para garantizar la prestación continua
del servicio.

El envío de dicho requerimiento se surtió a los correos electrónicos institucionales
de las entidades demandadas dispuestos para la recepción de solicitudes
ciudadanas14.

Asimismo, se aportó como anexo de la demanda la respuesta dada en su
oportunidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se indicó
que no se había configurado el incumplimiento endilgado. El Ministerio de Minas
y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo
demostrado en el proceso, no dieron respuesta al requerimiento.

En atención a lo expuesto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución
en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

La Sala anticipa que revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró la cosa juzgada, y procederá a adelantar el estudio de procedencia de
la acción de cumplimiento promovida.

Si bien es cierto que el asunto decidido mediante sentencia del 6 de noviembre
de 2025, proferida por esta Sección del Consejo de Estado, dentro del proceso
identificado con el radicado 08001-23-33-000-2025-00321-00, guarda identidad
con el caso bajo examen, también lo es que, como acertadamente lo expone el
impugnante, en dicha providencia no se realizó un pronunciamiento de fondo
sobre las pretensiones formuladas.

14 Ver índice 3 de Samai, documento 2, folios 25 a 30 – Cuaderno de primera instancia

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En efecto, la decisión aludida se limitó a declarar la improcedencia de la acción
de cumplimiento, sin adelantar un examen de fondo del contenido de los
mandatos normativos invocados ni de la eventual configuración de un deber
jurídico claro, expreso e inobjetable a cargo de las entidades demandadas. En
tal medida, dicha providencia no tiene la entidad suficiente para producir efectos
de cosa juzgada material, en tanto no resolvió sustancialmente la controversia
planteada.

No obstante, la Sala advierte que, en atención a la similitud entre ambos
asuntos, reiterará la argumentación relativa a la procedencia de la acción de
cumplimiento desarrollada en la decisión antes mencionada.

Así las cosas, en el presente caso, se pretende obtener el cumplimiento de los
artículos 132 de la Ley 812 de 2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 (modificado
por el 227 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019), 312 de la Ley
1955 de 2019, 2.2.9.4.7. al 2.2.9.4.11 del Decreto 1082 de 2015, los numerales
3 y 4 del 2 del Decreto 381 de 2012. Tales disposiciones establecen lo siguiente:

LEY 812 DE 2003

ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar
la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como
patrimonio autónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus veces,
o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con sus
disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de
liquidación ordenados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
mediante la financiación de los pagos para la satisfacción de los derechos de los
trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y, en general, de
aquellos a los cuales se les terminen los contratos de trabajo. El fondo también
podrá financiar las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo
económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los
procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el parágrafo
de la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual participará,
un representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno de las
Empresas de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las
contribuciones hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa.
En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

13
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ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual
quedará así:

ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con
vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a
través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos
para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes
de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para
salvaguardar la prestación del servicio.

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales
requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así
como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las
medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las
empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de
posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a largo
plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación,
siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y acrediten:

[…]

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas
podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías a
favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita o
facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.

Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá
el cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las
operaciones de crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al
desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo
Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la
constitución de las contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni
los aportes al Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente
por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el
otorgamiento de garantías a su favor.

LEY 1955 DE 2019

ARTÍCULO 312. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte
medidas de financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos
y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la
constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos
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créditos o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de
Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar estas
autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.

PARÁGRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del Fondo
Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades estatales con
recursos líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus frutos.
DECRETO 1082 DE 2015

DECRETO 1082 DE 2015

ARTÍCULO 2.2.9.4.7. Medidas de sostenibilidad financiera del Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para
efectos de la aplicación del artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se entenderán
como medidas de sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas aquellas operaciones
de crédito público que lleve a cabo la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito
Público tendientes a que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios garantice la prestación del servicio público de energía en la
Costa Caribe.

Las medidas de sostenibilidad financiera incluirán operaciones de crédito público,
créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación, y garantías a las
mencionadas operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial
de las que tratan los siguientes artículos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.8. Operaciones de crédito público. Las operaciones de
crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas,
las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las
anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo Empresarial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como medidas de
sostenibilidad financiera tendientes a garantizar la prestación del servicio público de
energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de Tesorería del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
deberá informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la
adquisición de sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
recepción de tales recursos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.9. Créditos de Tesorería otorgados por la Nación. A través
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de
Tesorería al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Para la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de
sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de
energía en la Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oficio de
solicitud de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo
siguiente:

[…]
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PARÁGRAFO 1. Los créditos otorgados directamente por la Nación a los que se
refiere el presente artículo se deberán destinar exclusivamente a financiar
necesidades de liquidez del flujo de caja de las entidades intervenidas y se
sujetarán a las autorizaciones establecidas en el artículo 2 .2.9.4.8 del presente
decreto; y los recursos obtenidos en virtud de dichos créditos se entenderán como
operaciones de financiamiento necesarias para asegurar la prestación eficiente del
servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe
del país, y en consecuencia tanto las autorizaciones relacionadas con operaciones
de crédito público como la gestión de dichos recursos se enmarca en lo dispuesto
en el segundo inciso del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019.

PARÁGRAFO 2. Para los créditos de Tesorería otorgados directamente por la
Nación a los que se refiere el presente artículo, podrá operar la figura de la
novación, en los términos del artículo 1687 del Código Civil y siguientes, previa
aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 3. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
solamente podrá otorgar los créditos de que trata el presente artículo cuando
exísta disponibilidad de recursos en el flujo de caja de la Nación.

PARÁGRAFO 4. Para efectos de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional respecto
de los desembolsos efectuados por operaciones de créditos otorgados
directamente por la Nación, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir la siguiente información dentro de
los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes a la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional:

1. Estado de la situación financiera y el estado de resultados de prueba
correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior y el flujo de caja de
tesorería para el año en curso, de la empresa de servicios públicos en toma de
posesión, con el detalle de los cambios significativos que se hayan presentado con
respecto a la información entregada en meses anteriores.
2. Certificación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
respecto de la destinación de los recursos desembolsados.
3. Certificación por parte del Agente Especial a cargo de la liquidación de la empresa
en toma de posesión de los siguientes indicadores de gestión: Porcentaje de cobro,
porcentaje de pérdidas de red estructurales, y porcentaje de exposición en bolsa.

ARTÍCULO 2.2.9.4.10. Garantías de la Nación. La Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público podrá otorgar garantías a las operaciones de crédito público que
pretenda celebrar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios con terceros, como medidas de sostenibilidad financiera de
la que trata los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8, una vez se cumpla con lo siguiente:

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.4.11. Garantías, Contragarantías y Aportes al Fondo de
Contingencias. Las operaciones de crédito público celebradas por el Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco
de la sostenibilidad financiera de que tratan los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8
estarán exentas de la constitución de garantías, contragarantías y de la obligación
de realizar aportes al Fondo de Contingencias creado por la Ley 448 de 1998 de
conformidad con el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019
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DECRETO 381 DE 2012

ARTÍCULO 2°. FUNCIONES. Modificado y adicionado por el Artículo 1 del Decreto
1617 de 2013. Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales vigentes,
son funciones del Ministerio de Minas y Energía, las siguientes:

[…]

3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

4. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de
energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y
asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía.

Como punto de partida, la Sala advierte que las anteriores disposiciones
actualmente se encuentran vigentes, no han sido derogadas o removidas del
ordenamiento jurídico mediante providencia judicial debidamente ejecutoriada.

Para lograr el fin perseguido, prontamente se advierte que no es posible acudir a
otro mecanismo judicial de defensa, así como tampoco se hace evidente que la
discusión planteada por la accionante involucre garantías constitucionales
susceptibles de ser ventiladas a través de la acción de tutela.

Finalmente, conviene analizar el tema de gasto. El artículo 9 de la Ley 393 de
1997 estableció que la acción de cumplimiento no será procedente respecto a
aquellas normas que comporten un gasto; disposición legal que fue objeto de
estudio por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 1998 y en la que se
declaró exequible. Al respecto, se indicó lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a
costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo
demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o
ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.

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Siendo ello así, no basta simplemente con que la ley o el acto administrativo
establezca un gasto, sino que es necesario que se cuente con la apropiación de
este dentro del presupuesto15.

Una lectura pormenorizada del capítulo de pretensiones de la demanda, permite
colegir que la finalidad de la accionante es que se adopten medidas
administrativas, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que garanticen la sostenibilidad financiera del Fondo Empresarial y,
como consecuencia de ello, se garantice un flujo de recursos a favor de Air-E. (ver
pretensiones 4.1.2.1. a 4.1.2.3.).

Asimismo, se tiene que el actor pretende que, por conducto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se realicen operaciones de crédito público, bien sea
a corto o largo plazo, el otorgamiento de garantías, y demás acciones necesarias
para el financiamiento del citado fondo. (ver pretensiones 4.2.2.1. a 4.2.2.6.).

Del mismo modo, busca que se ordene al Ministerio de Minas y Energía la
estructuración de soluciones económicas que garanticen la correcta operación del
Fondo Empresarial (ver pretensiones 4.3.2.1. a 4.3.2.3).

Lo anterior evidencia, sin mayores disquisiciones, que existe un componente de
gasto no presupuestado, pues no obra en el plenario medio de prueba alguno que
permita inferir razonablemente que las autoridades demandadas cuentan con una
partida destinada para lo acá solicitado.

Dicha situación fue advertida en los escritos de contestación de la demanda, en
los cuales las accionadas advirtieron que la acción de cumplimiento desbordaba
con creces su fin, pues, de por medio había un componente de política fiscal que
no era susceptible de estudio por esta instancia judicial.

En ese sentido, comoquiera que en el presente asunto se concluyó que el posible
acatamiento de las disposiciones invocadas conlleva un tema de gasto no
presupuestado, lo correcto es declarar la improcedencia de la acción y, por ende,
se revocará la sentencia de primera instancia en tal sentido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

15 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: i) sentencia del 17 de

octubre de 2024, expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01; ii) sentencia del 10 de octubre de
2024, expediente 76001-23-33-000-2024-00478-01; iii) sentencia del 16 de noviembre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-01127-01; y iv) sentencia del 26 de octubre de 2023,
expediente 25000-23-41-000-2023-00528-01
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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la configuración de la
cosa juzgada, para, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de
cumplimiento de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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