Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00527-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00527-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00527-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de octubre de 2023
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00527-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00527-01
Demandante: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL)
ACTUACIÓN TEMERARIA – REAJUSTE ASIGNACIÓN DE
Tema: RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA – IMPROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN - NORMAS QUE ESTABLECEN GASTO.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
del 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B. En esta providencia se negaron las pretensiones de
la demanda formuladas contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante
CREMIL).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. Juan Carlos Arciniega Rojas, actuando a nombre propio, ejerció acción de
cumplimiento contra la CREMIL. Mediante la interposición de este medio de control
requirió el acatamiento de las siguientes normas1: los artículos 14 y 2792 de la Ley 100
de 19933, numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 y numerales 3.10 y 3.13 del artículo 3 de
la Ley 923 de 20044 y 42 del Decreto 4433 de 20045. En consecuencia, el actor solicitó:
1 Según lo precisado en el escrito de subsanación presentado por el accionante y lo admitido por el
Tribunal a quo en el auto del 18 de mayo de 2023.
2 Adicionado por el Artículo 1° de la Ley 238 de 1995.
3 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
4 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
5 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
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a. Ordene realizar de manera inmediata y con retroactividad, el reconocimiento,
liquidación y pago, a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés (01-01- 2023)
en las prestaciones sociales periódicas del personal retirado con asignación de retiro o
a sus beneficiarios, conforme al reajuste, según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior
(Año 2022), es decir lo equivalente al trece punto doce por ciento (13.12%) sobre lo
que actualmente se tenga reconocido.
b. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, adoptar las medidas necesarias
para que las asignaciones de retiro que dicha entidad reconoce y paga, mantengan su
poder adquisitivo constante, y en tal sentido, se reajusten anualmente de oficio, el
primero (1º) de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios
al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Ello
implica, adicionalmente el reajuste y pago de acuerdo a las oscilaciones que se causen
y que generen incrementos superiores a la inflación causada del año inmediatamente
anterior, de conformidad a los decretos que expida el gobierno nacional en materia
salarial para el personal en actividad.
c. Ordenar que la entidad Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Indexe las sumas
retenidas en las mesadas de enero, febrero, marzo y demás, hasta tanto se ponga fin
al incumplimiento de actualización ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
por remisión expresa del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004.
d. Ordenar que la entidad Caja de Retiro de las Fuerzas Militares divulgue la decisión
adoptada, por los canales digitales con que cuenta esa entidad. En la misma se solicita
que el representante de la entidad pida excusas públicamente por la negación y
violación de los derechos solicitados en la presente acción de cumplimiento. (sic).
1.1. Fundamentos fácticos y jurídicos
2. El accionante expuso que la Ley 923 de 2004 estableció las normas, objetivos
y criterios que debía observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política de 1991.
3. De esta forma se expidió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en el
cual fijó del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública, normativa que implica el mantenimiento del poder adquisitivo de las
asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas.
4. Explicó que:
[S]i bien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, administra las asignaciones de retiro
del personal Militar, el cual goza de un régimen especial, dichas asignaciones de retiro
gozan de ajustes que conlleven de una parte la actualización y de otra los incrementos,
que aunados constituyen aumentos reales cuando estos simultáneamente se causen.
La normativa constitucional protege y garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales" (art. 53 inc. 2o.); y del derecho a que se
les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley (art. 48).
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De dicho mandato constitucional se legisla de manera general en la Ley 100 de 1993
(con sus modificaciones) y de manera especial en la Ley 923 de 2004 con su
reglamentación mediante el Decreto 4433 de 2004. Del parágrafo 4º del artículo 279
de la Ley 100 de 1993, emana una protección y garantía que implica otorgar o no negar
los beneficios consagrados en el artículo 14 de dicha Ley, es decir, que con el objeto
de que las asignaciones de retiro mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior.
Ello es totalmente concordante y coherente con la Ley 923 de 2004, lo cual no conlleva,
inescindibilidad normativa, sino contrario sensu, es el deber y derecho al garantizar que
no se realice un trato discriminatorio a los integrantes de la Fuerza Pública y a sus
beneficiarios que a la fecha tienen reconocida una asignación de retiro o pensión, lo
anterior bajo los principios de favorabilidad, condición más beneficiosa, derecho pro
homine, la prevalencia del derecho sustancial sobre el material e irrenunciabilidad de
los derechos prestacionales.
Maxime cuando es la misma norma Ley 923 de 2004, la que en su artículo 2.4 lo
establece como objetivo y criterio del régimen pensional de la Fuerza Pública. La Ley
923 de 2004, en su artículo 3.13 hace referencia a los incrementos, que como se ha
indicado en el libelo, es la suma adicional que se reconoce y reajusta después de
haberse efectuado la actualización, la cual se desarrolló en el sistema de oscilación de
que trata el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004. Y es el mismo artículo 42 del Decreto
4433 de 2004, que por disposición remite al acogimiento de ajustes cuando
expresamente la ley lo disponga; sin que ello, derive en el quebrantamiento, garantía,
protección e integralidad del régimen especial de las asignaciones de retiro y pensiones
del que goza la Fuerza Pública.
5. Indicó que, ante la omisión y el incumplimiento reiterado, requirió a la CREMIL
dar cumplimiento y aplicación al mandato definido en el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 concordante con lo definido en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, en
relación al reajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los integrantes de la
Fuerza Pública.
6. Según explicó la entidad no dio respuesta a su requerimiento y, por tanto, se
configuró un «ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO» de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
7. Con fundamento en estos hechos y consideraciones, el señor Arciniegas Rojas
interpuso la acción de la referencia.
2. Actuaciones procesales
8. Por auto del 21 de abril de 2023 el Tribunal inadmitió la demanda y le ordenó a
la parte actora corregirla en los siguientes aspectos:
i) indicar expresamente las normas con fuerza material de Ley o actos administrativos
frente a los cuales dirige su demanda; (ii) aportar los documentos mediante los cuales
CREMIL se constituyó en renuencia respecto de cada una de las normas cuyo
incumplimiento aduce y; iii) precisar lo pretendido al ejercer el medio de control de
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normas con fuerza material de Ley o de actos administrativos.
9. Mediante providencia de 11 de mayo de 2022, se rechazó la demanda6. Sin
embargo, esta decisión se dejó sin efectos por medio de auto del 18 de mayo de 20237
en el que se dispuso la admisión de la demanda respecto de los artículos 14 y 279 de
la Ley 100 de 1993, 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004; se
vinculó para integrar la parte demandada al Gobierno nacional, que en el asunto se
encuentra conformado por el presidente de la República, la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (en adelante MinHacienda), la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional (en adelante MinDefensa) y el director del Departamento
Administrativo de la Función Pública (en adelante DAFP). Dicho proveído se notificó a
la CREMIL y a las referidas entidades vinculadas, advirtiéndoles que contaban con el
término de 3 días para que se hicieran parte en el proceso, allegaran y solicitaran las
pruebas que estimaran pertinentes.
3. Contestación
10. En la oportunidad señalada por el Tribunal se presentaron las siguientes
contestaciones:
3.1. Del presidente de la República
11. A través de apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y
señaló que, si bien este conformaba el Gobierno nacional con las demás autoridades
vinculadas al asunto, no se encuentra a su cargo la preparación y trámite del acto
administrativo cuya expedición se reclama, ni debe asumir la defensa de la
administración por la omisión en la que incurrió, en consonancia con lo previsto en los
artículos 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA.
12. No obstante, aclaró que la norma cuya expedición pide el accionante, se
encuentra en trámite de firmas en el Gobierno nacional y, una vez formalizada se
pondría en conocimiento del Tribunal y precisó que las entidades vinculadas han
defendido la actuación de la administración, en el sentido de explicar que el gobierno
está dentro del término legal para expedir el Decreto correspondiente.
6 Esto al considerar que no se habían subsanado los defectos anotados, según informe secretarial del
8 de mayo de 2023.
7 Proferido después de ingresar al despacho memorial que el actor remitió el 26 de abril de 2023,
subsanando los defectos anotados, en el que: (i) precisó que las normas frente a las cuales dirigía la
demanda eran los artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993, 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto
4433 de 2004; (ii) allegó copia de un derecho de petición que presentó el 19 de abril de 2023, en el que
solicitó ante CREMIL el cumplimiento de dichas normas y una constancia del envío de otro derecho de
petición que había radicado por medios electrónicos ante esa misma entidad el 6 de enero de 2023, con
la misma finalidad; y (iii) precisó lo pretendido a través del medio de control ejercido.
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13. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que las pretensiones de la demanda
sean denegadas, pues para la fecha en la que se profiera el fallo respectivo se habría
configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.
14. Posteriormente, a través de memorial allegado por medios electrónicos el 7 de
junio de 2023, aportó copia del Decreto núm. 910 del 2 de junio de 20238 y el Decreto
núm. 0911 del 2 de junio de 20239.
3.2. Del Departamento Administrativo de la Función Pública
15. A través de apoderado judicial solicitó denegar las pretensiones por no existir el
incumplimiento alegado por el actor o, en su defecto, declarar la improcedencia de la
acción.
16. El apoderado judicial del DAFP afirmó que los hechos expuestos en la demanda
correspondían a una valoración subjetiva del actor, toda vez que no se refieren al
incumplimiento de alguna norma o acto administrativo y no tienen relación alguna con
las funciones a cargo de la entidad.
17. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso como
excepciones las que denominó «de la falta de cumplimiento de los requisitos legales
de la acción de cumplimiento», respecto de la cual manifestó que el medio de control
ejercido debía ser declarado improcedente, teniendo en cuenta que a través de este
el demandante pretendía que se ordenara acatar normas que establecen gastos; y «de
la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento», frente a la cual
sostuvo que las pretensiones no tenían relación alguna con sus funciones, pues no
tiene a su cargo la expedición de decretos relativos al incremento de las pensiones o
asignaciones de retiro de las fuerzas militares y la «genérica».
3.3. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
18. A través de apoderado judicial solicitó declarar improcedente esta acción, pues
la parte actora pretende que se cumplan normas que establecen gastos.
8 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial”.
9 “Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y
vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y de los servidores públicos del Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS - Suprimido, incorporados a la Policía Nacional”.
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19. Sostuvo que en la acción de cumplimiento no es procedente que el operador
jurídico realice un juicio de competencia, estudie y determine cuál sería la entidad que
en su criterio se encuentra llamada a cumplir la norma demandada de manera oficiosa,
razón por la cual, al ordenarse la vinculación de oficio del MinHacienda desconoce la
naturaleza del medio de control ejercido y vulnera su derecho a la defensa.
20. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordene su desvinculación o que,
en su defecto, se declare la improcedencia del medio de control ejercido o se nieguen
las pretensiones de la demanda.
3.4. De la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).
21. El apoderado judicial precisó que según el artículo 3 del Acuerdo 08 de 2016
“[p]or el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares”, CREMIL es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, encargado de reconocer y pagar las asignaciones de
retiro y pensión de beneficiarios a los afiliados que acrediten tal derecho, con sujeción
a la normatividad aplicable y vigente a la fecha de reconocimiento.
22. Señaló que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1211 de 1990, que en su
artículo 169 contempló el principio de oscilación de las pensiones y asignaciones de
retiro de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, desarrollado
posteriormente, en virtud de lo dispuesto por los artículos 150, numeral 19, literal e) y
217 de la Constitución Política, por la Ley 4.ª de 1992, la cual atribuyó competencia al
Gobierno nacional para modificar el sistema salarial de los miembros de la fuerza
pública.
23. Así las cosas, no es posible que por vía jurisprudencial se ordene el incremento
de la escala salarial de los miembros de la fuerza pública y empleados públicos, pues
fue el legislador quien atribuyó esa competencia al Gobierno nacional, encargado de
expedir decretos anuales a través de los cuales fija, entre otros, los sueldos básicos
para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, con base en los
cuales CREMIL aplica los respectivos incrementos.
24. Contrario a lo que afirma el accionante, respondió el derecho de petición
presentado por el actor el 6 de enero de 2023, a través del Oficio núm. 2023005536
del 01 de febrero del 2023, en el cual indicó al actor las razones de hecho y de derecho
por las cuales no era posible acceder a su requerimiento.
25. Sostuvo que en el presente asunto se estructura una carencia actual de objeto,
teniendo en cuenta que la parte actora no menciona cual es la norma presuntamente
incumplida y el Gobierno nacional no ha expedido el Decreto por el cual fija el
incremento salarial de los miembros de la fuerza pública para la vigencia del año 2023,
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pero una vez emitido, este se aplicará en la nómina y se publicará a través de la página
web https://www.cremil.gov.co para el conocimiento de sus afiliados.
26. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, pues se encuentra a la espera que el Gobierno nacional expida el
correspondiente Decreto para el aumento anual de las asignaciones de retiro y/o
sustituciones pensionales de oficiales y suboficiales afiliados a la misma.
3.5. Del Ministerio de Defensa Nacional
27. No se pronunció en la oportunidad señalada.
4. Sentencia impugnada
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante sentencia del 23 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la demanda,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997.
29. Sostuvo que si bien lo procedente en el caso era el rechazo de la demanda por
haberse demostrado que el señor Arciniegas Rojas incurrió en temeridad10, la Sala
procedió a negar las pretensiones en atención a que la demanda fue admitida, de
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 28 de la Ley 393 de 1997.
30. Para adoptar la decisión de negar señaló que del contenido de las disposiciones
normativas que se pide hacer cumplir no puede inferirse directa o indirectamente la
existencia de un deber o mandato imperativo, inobjetable y perentorio en cabeza de
las entidades demandadas y vinculadas, ni puede predicarse su incumplimiento
respecto de alguna de dichas autoridades en el presente asunto, ni de las accionadas
en los demás procesos que inició el mismo demandante.
5. Impugnación
31. El accionante impugnó la decisión del Tribunal y señaló que, en su actuación no
hay temeridad, toda vez que, aunque él es el mismo demandante en los procesos
referidos por el Tribunal a quo, las demandadas son entidades de derecho público, con
representantes legales, autonomía administrativa y obligaciones en el marco del
régimen de pensiones y asignaciones de retiro diferentes. Y aunque se solicitó el
cumplimiento respecto de las mismas normas; los fundamentos de hecho, de derecho
10 Al promover acciones de cumplimiento, que, si bien dirigió contra diferentes autoridades, con estas
solicitó el cumplimiento de las mismas normas, formuló iguales pretensiones y se fundó en los idénticos
hechos. Para el efecto, explicó que revisados los informes de reparto remitidos diariamente por la
Secretaría de la Sección Primera a los despachos que integran la Sección, logró constatar a través del
aplicativo SAMAI que el accionante Juan Carlos Arciniegas Rojas presentó dichas acciones en los
expedientes adelantados con los radicados 25000234100020230052500, 25000234100020230052600,
25000234100020230052800 y 25000234100020230052700.
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y las pretensiones no son de contenido idéntico, aunque sean de similar o parecido
alcance.
32. Reiteró que lo que se pretende con la acción de cumplimiento es que la
CREMIL, acate el mandato legal como está expresamente dispuesto en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, reajustando las asignaciones de retiro anualmente de oficio, el
1° de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor – en lo sucesivo IPC-, certificado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – en adelante DANE- para el año inmediatamente anterior.
Debiéndose prever que dicho mandato es inobjetable y no genera controversia en
derecho pensional alguno; el mecanismo de protección incoado constituye un medio
directo para hacer efectivos mandatos o derechos expresamente consagrados de
manera precisa, clara y actual en los artículos 2 numerales 2.4 y 2.6 y 3 numerales
3.10 y 3.13 de la Ley 923 de 2004, en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, y en
los artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la
sentencia del 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 12511, 15012 y 24313 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA- Ley 1437 de 201114, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
34. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto
es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
11 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
12 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
13 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
14 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en
el artículo 245 de este código”.
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35. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, para que la
demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con
fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos
5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda.
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace
improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción.
(v) Este mecanismo no procede para la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) La acción no procede para el acatamiento de normas que establezcan gastos para
la administración (artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
36. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste15 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de
la solicitud.
37. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado
que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
15
Sobre el particular esta Sección ha dicho: «La Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del
requisito de renuencia». (Negrita fuera de texto).
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expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento»16.
38. Sobre este tema, esta Sección17 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o
de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra
una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos18. (Negrillas fuera de texto).
39. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
40. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo
prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es
el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el
propósito de agotar el requisito en mención.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo
17
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente
47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
18
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
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41. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia»19.
42. En este caso concreto, la parte actora mediante solicitud del 6 de enero de
2023 , solicitó a la accionada el acatamiento de los artículos 14 y 27921 de la Ley 100
20
de 1993; numerales 2.4, 2.6 del artículo 2 y 3.10 y 3.13 del artículo 3 de la Ley 923 de
200422 y; 42 del Decreto 4433 de 2004.
43. Observa la Sala que, en el expediente, se encuentra la respuesta de la entidad
a la petición referida23, en la que se indicó que no resultaba procedente la misma.
44. Así las cosas, no hay duda de que previo a ejercer la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia, toda vez
que solicitó a la entidad accionada el acatamiento de los preceptos legales admitidos
con su demanda24.
2.4. Actuación temeraria en la acción de cumplimiento
45. Antes que nada, la Sala se referirá a la decisión del Tribunal que consideró que
en el presente asunto se presentó una actuación temeraria del accionante, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997, norma que sirvió
de fundamento para negar las pretensiones de la demanda25.
46. La Ley 393 de 1997 establece la figura de la actuación temeraria reproduciendo
una redacción casi idéntica a la consignada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
que regula la misma respecto de la acción de tutela, a saber:
19
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.
ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
20 Según consta en la petición radicada ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el No.
2023001329 del 11 de enero de 2023, que obra como anexo al escrito de subsanación presentado por
la parte accionante.
21 Adicionado por el Artículo 1° de la Ley 238 de 1995.
22 Pese a que en la petición radicada ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que obra como
anexo al escrito de subsanación, el accionante refirió el artículo 1° de la Ley 923 de 2004, esta norma
no fue objeto de la demanda de cumplimiento.
23 Según consta en el Oficio No. 2023005536 del 01 de febrero del 2023, documento anexo de la
contestación de la CREMIL que obra dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
24 Mediante providencia del 18 de mayo de 2023, el Tribunal admitió la demanda de cumplimiento
respecto de los artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993, 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto
4433 de 2004.
25 El tribunal A quo sostuvo que al consultar en el sistema SAMAI pudo constatar que el accionante Juan
Carlos Arciniegas Rojas presentó idénticas acciones de cumplimiento en los expedientes adelantados
por dicha corporación con los radicados 25000234100020230052500, 25000234100020230052600,
25000234100020230052700 y 25000234100020230052800. La identidad la encontró respecto de la
parte accionante, las pretensiones, los hechos y los fundamentos con lo que determinó que se
encontraba frente a una actuación temeraria del accionante.
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Decreto 2591 de 1991 Ley 393 de 1997
ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. ARTICULO 28. ACTUACION TEMERARIA.
Cuando, sin motivo expresamente justificado, Cuando sin motivo justificado, la misma Acción
la misma acción de tutela sea presentada por de Cumplimiento sea presentada por la misma
la misma persona o su representante ante persona o su representante ante varios Jueces,
varios jueces o tribunales, se rechazarán o se rechazarán o se negarán todas ellas si
decidirán desfavorablemente todas las hubieren sido admitidas27.
solicitudes26.
El abogado que promoviere la presentación de
El abogado que promoviere la presentación varias Acciones de Cumplimiento respecto de los
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y normas, será sancionado por
mismos hechos y derechos, será sancionado la autoridad competente con la suspensión de la
con la suspensión de la tarjeta profesional al tarjeta profesional al menos de dos (2) años. En
menos por dos años. En caso de reincidencia, caso de reincidencia, la suspensión será por
se le cancelará su tarjeta profesional, sin cinco (5) años, sin perjuicio de las sanciones
perjuicio de las demás sanciones a que haya disciplinarias o penales a que hubiere lugar.
lugar.
47. Esta similitud no es caprichosa, ni casual, sino que se orienta a cumplir el
objetivo común de controlar el ejercicio abusivo, excesivo e inútil de estos mecanismos
de protección constitucional al establecer que a los ciudadanos, sea que actúen
directamente o en representación de otros, les está prohibido promover más de una
de estas acciones respecto de los mismos hechos y normas, excepto que haya un
motivo justificado, precisando un control más riguroso en relación con el que pudieren
desarrollar los profesionales del derecho, respecto de quienes se establecen
consecuencias de orden sancionatorio particular.
48. La Corte Constitucional, en sentencia C-1511 de 2000, al declarar exequible el
artículo 28 de la ley 393 de 1997 explicó:
En el caso de la norma demandada, es evidente que si el punto materia de controversia
al incoar una acción de cumplimiento es uno solo -la determinación acerca de si la
autoridad ha ejecutado o no lo ordenado en una ley o acto administrativo-, al respecto
no puede existir sino una sola respuesta que adopte la forma de decisión judicial
vinculante: la del juez competente, quien mediante su fallo pone fin a la controversia
que pueda haber antecedido al ejercicio de la acción y al fallo. Lo que carecería de
sentido y podría conducir al más absoluto desorden en el seno de la sociedad, a la vez
que significaría obstrucción al debido papel de la justicia, sería la posibilidad de
dictámenes judiciales contradictorios que afectaran a las mismas personas y en
relación con la misma norma o acto administrativo; y a ello estaría expuesto el sistema
si una persona estuviera autorizada por la ley para dirigirse simultáneamente a varios
jueces planteándoles la misma inquietud.
Por otra parte, ha de existir un principio de lealtad entre la persona demandante y el
juez o tribunal que ha asumido el conocimiento del asunto. La autonomía funcional que
la Constitución le garantiza se vería frustrada o disminuida si se admitiera que
simultáneamente otro u otros jueces, en relación con las mismas partes y en idéntica
materia, estuviesen prontos a pronunciarse sobre el mismo asunto.
26 - Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-054-93 del
18 de febrero de 1993, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.
27 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1511-00
de 11 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
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No se trata, entonces, de algo "meramente procedimental" como lo dice el actor.
Y, por otra parte, con una norma como la examinada se asegura que el ejercicio de la
acción por parte de una persona no obstaculice ni perjudique, por la vía de la
congestión judicial, el derecho que todos los demás tienen en el mismo sentido: el
acceso a la administración de justicia.
49. La corporación28 acogiendo lo señalado en los pronunciamientos de la Corte
Constitucional29 ha declarado que la temeridad se configura cuando se advierten los
siguientes aspectos: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos y fundamentos; iii)
identidad de pretensiones y; iv) ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda.
50. Así las cosas, al revisar los expedientes que señaló el tribunal para determinar
que existió temeridad en la conducta del accionante en el ejercicio de la presente
acción de cumplimiento y al analizar el primer elemento señalado, esto es la identidad
de partes, la Sala advierte lo siguiente:
Partes/Rad ACU 2023005250030 2023005260031 2023005270032 2023005280033
Demandante Juan Carlos Arciniegas Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos
Rojas Arciniegas Rojas Arciniegas Rojas Arciniegas Rojas
Demandado Caja de Sueldos de Policía Nacional Caja de Retiro de Ministerio de
Retiro de la Policía las Fuerzas Defensa - Dirección
Nacional -CASUR Militares -CREMIL- de Veteranos y
Rehabilitación
Inclusiva –DIVRI-
51. Se puede observar que pese a que en los procesos enlistados por el Tribunal a
quo el señor Arciniegas Rojas obra como demandante, la parte demandada en cada
uno de dichos trámites es diferente. De esta manera, con independencia de las
pretensiones, hechos y fundamentos que la parte accionante haya expuesto en las
demandas promovidas, no es viable llegar a la conclusión de que se trata de la misma
acción, o que la conducta del demandante resulte abusiva, toda vez que estas se
agenciaron contra entidades o autoridades distintas respecto de las cuales no puede
28 Ver entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia con Radicación No. 1001-03-15-000-
2020-05243-00, 18 de febrero de 2021. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Consejo de Estado,
Sección Segunda. Sentencia con Radicación No. 25000-23-26-000-2001-00153-01, 19 de julio de 2001.
M.P. Alberto Arango Mantilla.
29 Entre otros: Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017; Corte Constitucional. Sentencia T-001
de 1997.
30 Rad. 25000234100020230052500. En este proceso, mediante auto del 16 de junio de 2023, se
rechazó la demanda por no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de constitución en
renuencia.
31 Rad. 25000234100020230052600. En este proceso, mediante auto del 27 de abril de 2023, se
rechazó la demanda con sustento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997.
32 Rad. 25000234100020230052700. En este proceso, mediante sentencia del 23 de agosto de 2023,
se negaron las pretensiones de la demanda con sustento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 393
de 1997.
33 Rad. 25000234100020230052800. En este proceso, mediante sentencia del 29 de junio de 2023, se
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento por no cumplir el requisito de la subsidiariedad
al disponer el actor de otros medios de defensa judicial.
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predicarse este primer elemento a demostrar, esto es, la identidad de partes.
52. Un razonamiento contrario supondría que quien ejerce un mecanismo de
protección constitucional, como el que nos convoca, le quede prohibido enervar las
mismas pretensiones, con sustento en los mismos hechos y fundamentos respecto de
distintas autoridades que pueden concurrir al cumplimiento de una misma norma
desacatada.
53. Por tanto, al no ser superado el primero de los presupuestos necesarios para
declarar la temeridad, se reitera, la identidad de partes34, no encuentra la Sala que el
demandante haya hecho un ejercicio abusivo de la acción en los términos de la
regulación prevista en el artículo 28 de la Ley 393 de 1997. Por tanto, corresponderá
revocar la decisión del Tribunal que negó la demanda con sustento en la configuración
de la actuación temeraria del accionante.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
54. Respecto de las normas que fueron objeto de la demanda admitida por el A quo
por la presunta inobservancia por parte de la entidad demandada, esto es de los
artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993, 2 numerales 2.4, 2.6 del artículo 2 y 3
numerales 3.10 y 3.13 de la Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004, encuentra
la Sala que son preceptos actualmente exigibles porque no están derogados ni
suspendidos, ni implican la protección de derechos fundamentales, lo que en principio
tornaría en procedente la acción de cumplimiento, sin embargo, dentro del análisis de
procedencia corresponde determinar si las normas exigidas en cumplimiento
establecen gasto.
2.6. Del caso concreto
55. La Sala procede a exponer el contenido de las disposiciones que se dicen
desacatadas por la entidad demandada:
a) De la Ley 100 de 1993.
ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los
dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con
el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
34
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 3 de septiembre de 2014, exp.
08001-23-33-000-2014-00515-01, MP Alberto Yepes Barreiro
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PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 138 de la Ley 1753 de 2015.> El
Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las
aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones de renta
vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley
cuando el aumento del salario mínimo mensual legal vigente sea superior a la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística para el respectivo año. El Gobierno nacional
determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos
de cobertura. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) otorgará aval fiscal para
estas coberturas.
(…)
ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del
servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que, al empezar a regir la
presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado
sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure
el respectivo concordato.
Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores
públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma.
Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa
Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de
concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la
misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de
costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el
sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.
PARÁGRAFO 1. La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan
obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.
Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo quedan facultadas para
recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a
que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.
PARÁGRAFO 2. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en
el pago de sus obligaciones pensionales.
PARÁGRAFO 3. Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la
Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas
contemplados.
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PARÁGRAFO 4. <Adicionado por el artículo 1o. de la Ley 238 de 1995> Las
excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios
y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de
los sectores aquí contemplados.
b) De la Ley 923 de 2004.
ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad,
responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterio.
(…)
2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las
pensiones legalmente reconocidas.
(…)
2.6. El manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones
que rigen para las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación
definida y a la inspección y vigilancia del Estado.
(…)
ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. (…)
3.10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores de administración de
aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así
como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes.
En las normas que desarrollen la presente ley se señalará la entidad responsable del
reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez y su sustitución, así como de las
pensiones de sobrevivencia.
(…)
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la
Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.
c) Del Decreto 4433 de 2004.
ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán
inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley.
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56. De la lectura de la anterior normativa se advierte que, los preceptos de la Ley
100 de 1993 que se transcriben se refieren:
a. El artículo 14 y su parágrafo, al reajuste que debe hacerse a las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General
de Pensiones para mantener el poder adquisitivo constante de las
mismas y a la potestad que el legislador le da al Gobierno nacional para
establecer mecanismos de cobertura que le permitan a las aseguradoras
cubrir el riesgo del incremento que podrían tener algunas especificas
pensiones cuando el aumento del salario mínimo mensual legal vigente
sea superior a la variación porcentual del IPC que certifica el DANE.
b. El artículo 279, a los regímenes exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social regulado por la Ley 100 de 1993; a la facultad de las
entidades empleadoras pertenecientes a esos regímenes exceptuados
para expedir y recibir los bonos pensionales correspondientes, conforme
a la reglamentación que se expida sobre la materia; a la autoridad a
cargo de la pensión de gracia de que tratan las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1993; a la vigencia de la pensión vitalicia de condiciones
especiales en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, regulada por
la Ley 126 de 1985, así como también las regidas por la Ley 71 de 1988;
a la previsión general de que esos regímenes exceptuados también
tendrán derecho a los beneficios y derechos relativos al reajuste
pensional y la mesada adicional sin señalar un término dentro del cual se
deben cumplir estas previsiones.
57. Por su parte, las normas de la Ley 923 de 2004 que se alegan incumplidas se
refieren a los principios, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional
para fijar el régimen pensional y de asignaciones de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública y los elementos mínimos que debe contener el régimen de
asignaciones de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de
sobreviviente y sus reajustes.
58. Finalmente, el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, establece el principio de
oscilación de las pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública, que determina que estas prestaciones se incrementaran en el mismo
porcentaje en el que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado, sin
que sea posible que las pensiones y asignaciones de retiro sean inferiores al salario
mínimo legal vigente y precisa la prohibición general de los miembros de la Fuerza
Pública de acogerse a normas que regulen los ajustes en otros sectores de la
administración pública, salvo que así lo disponga expresamente la Ley.
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Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00527-01
59. Debe indicarse que esta corporación35 ha precisado que si bien es cierto que el
reajuste de las asignaciones de retiro se realiza conforme con el principio de oscilación
regulado por la Ley 923 de 2004, artículo 3 numeral 3.1336, las asignaciones básicas
del personal de la Fuerza Pública están sujetas a los decretos que expide el Gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán sus
miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, conforme lo prescribe la Ley 4.ª de 199237.
60. En este marco, la Sala llama la atención en que, en casos de similares
contornos, en los que se pidió el cumplimiento de los artículos 14 y 279 de la Ley 100
de 1993, la Sección señaló que la exigencia de hacer cumplir estas normas que hoy
se demandan, implicaría que la entidad incurriera en gasto, así lo señaló:
[T]ambién dirá la Sala que esta acción es improcedente con base en el parágrafo de la
disposición anterior, según la cual “La Acción regulada en la presente Ley no podrá
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”, que es precisamente lo
que ocurre en el sub lite donde se pide la aplicación de normas jurídicas que conducen
necesariamente a que la entidad accionada incurra en gastos, derivados del pago de
unos reajustes pensionales causados según la demandante de años atrás con base en
el IPC. No es cierto, como lo sostiene la misma, que la aceptación de su petición no
implica gastos, ya que ello conduciría al pago de unas sumas de dinero, y porque la
Caja demandada elabora su presupuesto con base en el principio de oscilación y no
con fundamento en los incrementos anuales del IPC, dado que la última regla no la
viene acogiendo38.
61. Por tanto, se advierte que los preceptos que la parte accionante pide hacer
cumplir, pese a ser actualmente exigibles, conllevarían para la entidad demandada al
pago de unas sumas de dinero que no tendría presupuestadas, toda vez que, como lo
establecen las normas referidas, la Caja accionada debe atender al principio de
oscilación para realizar el incremento de las asignaciones de retiro y las pensiones a
su cargo y conforme a ello, debe estructurar su presupuesto y no con fundamento en
los incrementos anuales del IPC como lo sugiere el accionante.
62. Por tanto, el asunto implicaría un establecimiento de gasto, en la medida en
que, lo perseguido a través de esta acción consiste precisamente en que se reajusten
y reconozcan, liquiden y paguen prestaciones sociales conforme al reajuste, según la
35 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 18 de septiembre de 2020, Radicado núm.
13001-23-33-000-2014-00243-01. M.P. Germán Escobar González
36 que, como se indicó, señala que el incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los
miembros en servicio activo
37 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
38 Sentencia del 17 de marzo de 2011 Rad. 68001-23-31-000-2010-00739-01(ACU) MP. María Nohemí
Hernández Pinzón.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00527-01
variación porcentual del IPC, certificado por el DANE para el año anterior (2022). Así
las cosas, lo que corresponde en este caso es declarar la improcedencia de la acción
por exigir el cumplimiento de normas que establecen gasto.
2.7. Conclusión
63. De conformidad con lo expuesto, esta Sección puede colegir que las normas
que se piden en cumplimiento establecen gasto, por lo que corresponde revocar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda con sustento
en la configuración de la actuación temeraria del accionante para, en su lugar, declarar
la improcedencia de la acción.
64. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 23 de agosto de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción, por las razones
expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para, en su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción, por las razones expuestas en este
fallo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Radicación No.: 25000-23-41-000-2023-00527-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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