RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2025-01519-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01519-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01519-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de marzo de 2026 de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por lo explicado en el acápite de procedencia de esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01519-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de mayo de 2026

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01
Demandantes: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Tema: Confirma improcedencia de la acción por gasto

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 9 de marzo de 2026. En dicha providencia, la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
improcedencia de la acción por cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, a través de
representante legal, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
demandó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de
obtener el cumplimiento de lo previsto en los siguientes artículos: i) 132 de la Ley
812 de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la
Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019 y iii) 312 de la Ley 1955 de 2019.
En los siguientes términos los accionantes formularon sus pedimentos [se
transcribe tal cual, incluso con posibles errores].

1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

2. Hechos

En síntesis, la parte actora señaló que, que, tras la intervención y liquidación de
Electricaribe, el Gobierno nacional adelantó un proceso para seleccionar nuevos
operadores del servicio de energía en la región Caribe, dentro del cual el mercado
“Caribe Sol” fue adjudicado al Consorcio Energía de la Costa, que posteriormente
constituyó la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., la cual inició operaciones el 1.º de
octubre de 2020.

Indicó que, pese al régimen especial diseñado para facilitar la operación del nuevo
prestador, AIR-E empezó a presentar graves dificultades financieras, al punto que
en octubre de 2023 solicitó el inicio de un procedimiento de recuperación
empresarial y, luego, fue objeto de distintas medidas transitorias del Gobierno
nacional orientadas a evitar la afectación del servicio.

2
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

No obstante, según la demandante, la situación continuó deteriorándose, razón
por la cual la SSPD ordenó el 11 de septiembre de 2024 la toma de posesión de
sus bienes, haberes y negocios y, posteriormente, definió que la intervención
tendría fines liquidatorios con etapa de administración temporal.

La accionante afirmó que, durante dicha intervención, AIR-E acumuló obligaciones
relevantes en el Mercado de Energía Mayorista, con atrasos en pagos a
generadores, transmisores y otros agentes, lo que podría comprometer la
estabilidad financiera de la cadena de prestación del servicio de energía. En ese
contexto, sostuvo que el Fondo Empresarial administrado por la SSPD tiene por
objeto financiar y fortalecer procesos de toma de posesión de empresas
prestadoras de servicios públicos, pero que la Superintendencia no habría
desplegado acciones concretas y efectivas para apoyar financieramente a AIR-E,
omisión que, a su juicio, compromete la continuidad y eficiencia del servicio
público de energía eléctrica en la región Caribe y configura el incumplimiento de
un deber legal expreso.

Agregó que, pese al requerimiento previo dirigido a la demandada el 1.º de julio de
2025, para obtener el cumplimiento de las disposiciones invocadas y lograr la
obtención y ejecución de los recursos, la SSPD alegó no ser la competente para
resolverla.

3. Admisión de la demanda

En auto de 2 de octubre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada.
Asimismo, ordenó la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación.

4. Informes

4.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a la
demanda y solicitó declarar improcedente la acción de cumplimiento. Sostuvo que
este medio de control solo procede frente a la renuencia a cumplir un mandato
claro, expreso y exigible, lo que, en su criterio, no ocurría porque las normas
invocadas no le imponían un deber concreto, inmediato e inobjetable de financiar a
AIR-E, sino que preveían medidas facultativas o programáticas sujetas a
valoración técnica, legal, presupuestal y coordinación con otras entidades.

Además, afirmó que no existía perjuicio grave e inminente, que sí había
adelantado gestiones administrativas para preservar la continuidad del servicio,
que no procedía aplicar programas de limitación de suministro frente a una
empresa intervenida y que la renuencia no se configuró válidamente, porque las
solicitudes de ANDEG no contenían una obligación clara ni un término perentorio
exigible.

3
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

4.2. El Ministerio de Minas y Energía solicitó declarar improcedente la acción de
cumplimiento, al estimar que el artículo 2 del Decreto 381 de 2012 no contiene un
mandato imperativo, claro, expreso y exigible a su cargo, sino funciones generales
de organización, formulación y planificación sectorial. Además, advirtió que ya
existía un pronunciamiento previo del Tribunal Administrativo del Atlántico, en un
asunto promovido por una veeduría ciudadana contra varias entidades por hechos
similares relacionados con la toma de posesión de AIR-E y el Fondo Empresarial,
en el cual se concluyó que no había una obligación directa y específica de efectuar
la financiación reclamada.

4.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones
porque, a su juicio, la demanda partía de una interpretación equivocada del
ordenamiento jurídico y no identificaba una obligación legal concreta incumplida
por esa cartera.

Señaló que lo pretendido era, en realidad, que el juez ordenara el giro inmediato
de recursos o la estructuración de operaciones de crédito a cargo de la Nación
para cubrir obligaciones de AIR-E en el Mercado de Energía Mayorista, lo cual
excede el objeto de la acción de cumplimiento, pues las normas invocadas
contienen habilitaciones o competencias facultativas, sujetas a disponibilidad
fiscal, viabilidad presupuestal y cumplimiento de los procedimientos propios del
crédito público, sin que exista un deber automático de desembolso.

4.4. El Departamento Nacional de Planeación alegó que la acción era
improcedente, porque la pretensión de ANDEG implicaba ordenar medidas de
financiamiento y desembolsos en favor del Fondo Empresarial, lo cual comporta
gasto público y exige apropiación presupuestal previa, autorización del Ministerio
de Hacienda y disponibilidad de recursos.

Sostuvo que las normas invocadas no podían entenderse como simples
operaciones de caja, sino como mecanismos con impacto presupuestal y fiscal;
además, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que las competencias relacionadas con la sostenibilidad financiera del
Fondo Empresarial corresponden principalmente a la SSPD y al Ministerio de
Hacienda.

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 9 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de
cumplimiento promovida por ANDEG contra la SSPD, al concluir que se
configuraba el fenómeno de cosa juzgada, pues la controversia ya había sido
resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de
noviembre de 2025, dentro del expediente 08001-23-33-000-2025-00321-01.

4
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

Para el Tribunal, existía identidad sustancial de objeto y causa, porque en ambos
procesos se pretendía que se ordenara activar o materializar medidas de
financiación y sostenibilidad del Fondo Empresarial para garantizar la continuidad
del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, en el marco de la intervención
de AIR-E S.A.S. E.S.P., con fundamento en los artículos 132 de la Ley 812 de
2003, 247 de la Ley 1450 de 2011 y 312 de la Ley 1955 de 2019, entre otras
disposiciones reglamentarias.

Además, precisó que, tratándose de acciones de cumplimiento, no se requiere
identidad de demandante para que opere la cosa juzgada, dado el carácter público
del medio de control y los efectos erga omnes de la decisión sobre normas con
fuerza material de ley o actos generales.

6. La impugnación

La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia debía revocarse, en
primer lugar, que el Tribunal declaró indebidamente la cosa juzgada, porque
desconoció el régimen especial previsto en el artículo 7 de la Ley 393 de 1997. A
su juicio, la cosa juzgada en la acción de cumplimiento solo opera cuando el deber
omitido se agota con la ejecución de un único acto; en cambio, cuando se trata de
deberes permanentes, sucesivos o exigibles en diferentes oportunidades, la
acción puede promoverse nuevamente. Bajo esa premisa, afirmó que las
obligaciones relacionadas con el Fondo Empresarial no se agotan en una sola
actuación, sino que requieren gestiones continuas, progresivas y coordinadas
entre la SSPD, el Ministerio de Hacienda y otras autoridades, por lo que no podía
aplicarse mecánicamente la cosa juzgada frente a una sentencia anterior.

En segundo lugar, alegó que la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida
dentro del proceso 08001-23-33-000-2025-00321-00, no tenía entidad para
producir efectos de cosa juzgada material, porque no resolvió de fondo la
controversia. Según la impugnante, esa providencia se limitó a declarar la
improcedencia de la acción por considerar que las pretensiones implicaban gasto
no presupuestado, pero no analizó materialmente si las normas invocadas
contenían mandatos claros, expresos e inobjetables ni si las entidades habían
incumplido tales deberes. Por ello, sostuvo que no existía una decisión sustancial,
definitiva y de fondo sobre la causa petendi, de manera que el Tribunal no podía
cerrar el debate con fundamento en esa providencia previa.

Finalmente, la impugnante controvirtió la tesis según la cual la demanda implicaba
ordenar gasto público. Explicó que no pretendía que el juez dispusiera un giro
directo de recursos, creara apropiaciones presupuestales o alterara el
Presupuesto General de la Nación, sino que ordenara aplicar los mecanismos
financieros ya previstos por el ordenamiento para la sostenibilidad del Fondo
Empresarial, especialmente créditos de tesorería, garantías de la Nación u otros
instrumentos de financiación. Afirmó que tales mecanismos constituyen
operaciones de caja o de crédito, no erogaciones definitivas, pues generan una

5
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

obligación de restitución a cargo del Fondo y un derecho de crédito a favor de la
Nación. Con base en ello, solicitó revocar el fallo, declarar que no operó la cosa
juzgada y resolver de fondo las pretensiones de cumplimiento contra la SSPD y
las entidades vinculadas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 9
de marzo de 2026 de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
9 de marzo de 2026 de la Subsección C de la Sección, que declaró improcedente
la solicitud de cumplimiento. Para lo anterior, la Sala resolverá los siguientes
problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «… acudir ante la

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU).

6
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].
La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-
000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

7
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»5.

3
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.

8
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio7.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-

000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-

2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10
Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».

9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12.

Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no

12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
14 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio

de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].

10
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»15 (se destaca).

En el caso concreto, la parte actora acompañó con la demanda copia del escrito
de 1.º de julio de 2025, dirigido a la SSPD para obtener el cumplimiento de los
artículos: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley 1450 de 2011, modificado
por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019 y iii) 312
de la Ley 1955 de 2019.

Lo anterior resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia a la autoridad accionada, conforme el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997, por cuanto la respuesta de la entidad es contraria al querer de
la accionante. En cuanto a las demás autoridades, se tiene que fueron vinculadas
por el juez de cumplimiento de primera instancia en virtud de las previsiones del
artículo 5 de la Ley 393 de 1997, lo cual implica que fue la autoridad judicial que
en ese momento las constituyó en renuencia y por ende se entiende superado el
presupuesto de procedibilidad.

3.4. De las causales de procedencia

En primer lugar, la Sala no comparte la conclusión del Tribunal en cuanto declaró
la improcedencia por cosa juzgada, pues la sentencia del 6 de noviembre de 2025,
dentro del expediente 08001-23-33-000-2025-00321-01, invocada como
fundamento no efectuó un estudio material sobre el alcance, contenido y
exigibilidad de los deberes cuya observancia se reclama, ni resolvió si las
autoridades accionadas incurrieron o no en incumplimiento. Por el contrario, ese
pronunciamiento se limitó a declarar la improcedencia de la acción al advertir que
las pretensiones involucraban la ejecución de medidas con impacto presupuestal o
financiero, esto es, se detuvo en el análisis de un presupuesto de procedencia
propio de la acción de cumplimiento.

En esa medida, al no existir una decisión de fondo sobre el mandato legal
invocado, no puede predicarse cosa juzgada material que impida un nuevo

15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

11
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

examen del asunto; sin perjuicio de que, en esta oportunidad, la Sala confirme la
improcedencia por la causal relativa a normas que implican gasto, conforme al
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, como pasa a explicarse.

Como se expuso previamente, la actora solicitó el cumplimiento de lo previsto en
los siguientes artículos vigentes: i) 132 de la Ley 812 de 2003, ii) 247 de la Ley
1450 de 2011, modificado por los artículos 277 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la
Ley 1955 de 2019 y iii) 312 de la Ley 1955 de 2019, los cuales disponen lo
siguiente:

LEY 812 DE 2003

ARTÍCULO 132. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con el objeto de garantizar la
viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios podrá constituir un fondo empresarial, como
patrimonio autónomo administrado por la FEN, o por la entidad que haga sus veces,
o por una entidad fiduciaria. Este fondo podrá apoyar, de conformidad con sus
disponibilidades, a las empresas que contribuyen al Fondo, en los procesos de
liquidación ordenados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
mediante la financiación de los pagos para la satisfacción de los derechos de los
trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y, en general, de
aquellos a los cuales se les terminen los contratos de trabajo. El fondo también
podrá financiar las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo
económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los
procesos de toma de posesión con fines de liquidación.

A este fondo ingresarán los recursos excedentes de que trata el numeral 85.3 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como queda modificado mediante el parágrafo
de la presente disposición y contará con un comité fiduciario en el cual participará,
un representante de las Empresas de Servicios Públicos Privadas, uno de las
Empresas de Servicios Públicos Oficiales y Mixtas y el Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios; el ordenador de los gastos será el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Cuando el Fondo proporcione recursos a una empresa, en exceso de las
contribuciones hechas por ella, el Fondo se convertirá en acreedor de la empresa.
En ningún caso se convertirá en accionista de la misma.

LEY 1450 DE 2011

ARTÍCULO 16. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual
quedará así:

ARTÍCULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con
vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a
través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos
para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes

12
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para
salvaguardar la prestación del servicio.

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales
requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así
como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las
medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las
empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de
posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esquemas de solución a largo
plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación,
siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y acrediten:

[…]

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas
podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías a
favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita o
facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.

Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá
el cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las
operaciones de crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al
desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo
Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la
constitución de las contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni los
aportes al Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente por la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el
otorgamiento de garantías a su favor.

LEY 1955 DE 2019

ARTÍCULO 312. MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte
medidas de financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos y
garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la
constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos
o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de
Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar estas
autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.

PARÁGRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del Fondo
Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades estatales con
recursos líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus frutos.

De la lectura integral de las normas, se advierte que las disposiciones cuyo
cumplimiento solicita la sociedad accionante implican un gasto, dado que de su
contenido se desprenden operaciones de crédito público, constitución de garantías
y medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo Empresarial.

Por tal motivo, la acción resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el cual establece que la acción de cumplimiento
no puede perseguir la observancia de normas que generen erogaciones. Esta

13
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

disposición legal fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-157
de 1998, en la cual fue declarada exequible. Al respecto, señaló lo siguiente:

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a
costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo
demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual
“todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende
erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o
ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura.

En ese orden, y teniendo en cuenta que las disposiciones y pretensiones puestas
de presente en la demanda, esta Sala de decisión advierte que la finalidad de la
sociedad accionante es que: i) se ejecuten acciones administrativas tendientes a
la implementación de las medidas de sostenibilidad financiera a favor del Fondo
Empresarial y, como consecuencia, se le otorguen recursos económicos a favor
de AIR-E, ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice operaciones de
crédito público y el otorgamiento de garantías para su financiación y, iii) el
Ministerio de Minas y Energía realice una estructuración de soluciones
económicas que garanticen la correcta operación del Fondo Empresarial.

Lo anterior evidencia lo pedido mediante esta vía comporta un gasto no
presupuestado, dado que no obra en el expediente ningún medio de prueba que
permita inferir que dichas erogaciones cuentan con una partida presupuestal
destinada para lo solicitado mediante la presente acción16.

La Sala no comparte el reparo de la impugnante según el cual las pretensiones no
comportan gasto público por tratarse, supuestamente, de simples operaciones de
caja, crédito o financiamiento con vocación de restitución. Aunque formalmente se
invoquen figuras como créditos de tesorería, garantías de la Nación, operaciones
de crédito público o mecanismos financieros a favor del Fondo Empresarial, lo
cierto es que la finalidad material de la demanda es obtener la activación judicial
de instrumentos estatales de financiación para que el Fondo Empresarial disponga
de recursos destinados a apoyar económicamente a AIR-E S.A.S. E.S.P. en
intervención. En esa medida, el juez de cumplimiento no estaría ordenando una
actuación puramente formal o neutra desde el punto de vista fiscal, sino la puesta
en marcha de operaciones que comprometen recursos públicos, flujo de caja de la
Nación, capacidad de endeudamiento, garantías estatales y eventuales riesgos
fiscales.

16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de noviembre de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-

00321-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.

14
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Nacional de Empresas Generadoras -ANDEG-
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01519-01

En efecto, la propia estructura de las pretensiones demuestra que no se reclama
únicamente el agotamiento de un trámite administrativo, sino la adopción de
medidas orientadas a obtener recursos económicos para el Fondo Empresarial y,
posteriormente, financiar a la empresa intervenida. De ahí que la distinción
propuesta por la impugnante entre gasto y operación de caja no resulte suficiente
para superar la causal de improcedencia prevista en el artículo 9 de la Ley 393 de
1997, pues la acción de cumplimiento no puede utilizarse para forzar, por vía
judicial, decisiones que suponen disponibilidad presupuestal, manejo del crédito
público, otorgamiento de garantías o asunción de obligaciones financieras por
parte de la Nación.

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia, pero por las razones expuestas en esta sentencia.

III FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de marzo de 2026 de la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por lo
explicado en el acápite de procedencia de esta sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de radicación
en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

15
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.