Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-01469-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de febrero de 2025
Demandantes: Wilson Rodríguez Ríos y otros
Demandada: Superintendencia de Economía Solidaria
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01469-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01469-01
Demandantes: Wilson Rodríguez Ríos y otros
Demandada: Superintendencia de Economía Solidaria
Tema: Confirma sentencia impugnada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 16 de septiembre de 2024, por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la cosa
juzgada frente a unas normas e improcedente la acción de cumplimiento frente a
otras.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, los señores Wilson
Rodríguez Ríos, en nombre propio y en representación de Esperanza Rodríguez
Ríos, Noel Fuentes, Pablo Lagos, Luis María Becerra, Nelsy Tijaro y Marisel
Rodríguez Ríos demandaron a la Superintendencia de Economía Solidaria, en
adelante Supersolidaria, por el presunto incumplimiento de «[…] la ley 454 de 1998
artículos 34, 35, 36 Numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 literales
a) y b) y 22, Decreto 2159 de 1999 articulo 2, Decreto 186 de 2004 articulo 3
numeral 4. literal a) numeral 5 literal c), Articulo 5, numeral 20 y 21 y en las
obligaciones del Código Contencioso administrativo ley 1437 de 2011 artículo 3°
numeral 1, 8, 8, 10, 11, 12, 13, articulo 10 [...] Artículos 58 y 105 del código de
Comercio, Ley 1712 de 2014 artículos 2, 3 5, 9, y 13, y la constitucional contenida
en el artículos 2, 87 y 29 de la Carta Magna»1. En la demanda se formularon las
siguientes pretensiones:
[…]
Pretensión Primera: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
de realizar control de legalidad a la asamblea que cumpla las formalidades y requisitos de la nulidad del año
1997,atendiendo todos y cada uno de los requisitos contenidos en el código civil, en los estatutos, en el
código de comercio y tomando las medidas preventivas buscando proteger el orden social y patrimonial de
los legítimos asociados de la cooperativa como lo describe La ley 454 de 1998 del artículo 36 en sus
numerales del 1 hasta el 23, control de legalidad ordenado por el Juzgado subsanando todas y cada una de
los argumentos del Dr Julio Vicente Peña Letrado abogado de la proceso ejecutivo; acta que pasó tránsito a
1 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción del accionante.
1
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Demandantes: Wilson Rodríguez Ríos
Demandada: Superintendencia de Economía Solidaria
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01469-01
cosa Juzgada; advirtiendo además que la Supersolidaria está presuntamente infringiendo el Código Penal
Tipificado en el artículo por fraude procesal.
[…]
Pretensión Segunda: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
estatutario en los Estatutos vigentes para la época de los hechos, aplicables a todos los asistentes para
participar en la asamblea que se deba convocar, verificando la habilidad de todos y cada uno de los
asociados con el cumplimiento legal y estatutario. Que la Supersolidaria por remisión expresa de los
niveles de Supervisión al ser solicitada por Juzgado al transgredir las normas legales y estatutarias
consagrado en el Decreto 2159 de 1999 según el artículo 2° del cual se resalta el inciso decimo:
“Evaluación constante de las normas legales contables, así como lo consagrado en los estatutos eleve el
nivel de Supervisión realice control de legalidad de la asamblea No 52 realizada en 2016 para garantizar el
cumplimiento de la Sentencia Judicial.
[…]
Pretensión Tercera: Se solicita a el honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Civil en los titulo con vicios de nulidad; siendo así las cosas; para que la
Supersolidaria verifique que a los asociados convocados de la Asamblea General por cumplimiento a la
sentencia del Juzgado 44 C.M se les garantice lo dispuesto en los artículos 766 y 767 que trata de la
tradición de títulos no justos; articulo 1741, porque no se convocaron a los asociados legítimos que
disponen los artículos 27 con su parágrafo único y articulo y articulo 30 de la Ley 79 de 1988; articulo 1742,
habiendo sido declarada por autoridad judicial a la vez es de orden público por estar afectados los
derechos de asociación, derecho a la vivienda y captación de recursos patrimoniales; articulo 1746 cosa
juzgada debiendo retrotraerlas al estado de 1996, tomando las previsiones contra los tenedores de mala fe. Lo anterior se traduce en un acto administrativo, complejo, mixto, formalísimo.
[…]
Pretensión Cuarta: Se solicita al Honorable Tribunal y ordene a la Supersolidaria para que en la
convocatoria de asamblea de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda la Libertad se sirva dar cumplimiento
para que en el control de legalidad según el código civil Artículos 1742 y 1746. La Supersolidaria no ha
cumplido el deber legal de hacer cumplir la ley y los estatutos taxativamente descrita como fines y
propósitos descritos en el articulo 35, numeral 1 de la ley 454 de 1998.
[…]
Pretensión Quinta: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
del articulo 1741 del C.C de la asamblea que se deba convocar de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda
La Libertad y como ya se ha explicado no gozan de la calidad de asociados las personas que fueron
vinculadas a la asociación Cooperativa desde marzo de 1997, y se han negado sistemáticamente a cumplir
los requisitos estatutarios y legales; en consecuencia, existe incapacidad por decisión judicial que
corresponde vigilarla a la Supersolidaria como garante de la Supervisión (Inspección, vigilancia y control)
puesto que es un acto de registro tal como la ley lo ha previsto en el numeral 10 del articulo 36 de la Ley
454 de 1998 concatenado con el articulo 63 ibidem.
[…]
Pretensión Sexta: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento del
artículo 1746 y supere los controles de legalidad y estatutarios; el derecho constitucional al debido proceso
29 de la Carta Magna.
[…]
Pretensión Séptima:
Se solicita al honorable Tribunal para que ordene a La Supersolidaria el cumplimiento
del deber legal consagrado en el artículo 35 numeral 1, el cual tiene es vinculante con el articulo 30 de la
ley 79 de 1988, todo ello que describe los requisitos de calificación del quorum en concordancia con la
calidad de asociado que trata el articulo 27 ibidem y verifique el acta de la asamblea que se deba realizar
de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La libertad.
[…]
Pretensión Octava: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
de lo expuesto en juicio, debidamente ejecutoriado por el Juzgado 14 C.M de Ejecución de Sentencias y
expuesto por al menos 12 despachos judiciales, incluso Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia,
toda vez que lo acaecido pasó transito a cosa Juzgada en un proceso judicial debidamente debatido y
ejecutoriado.
[…]
Pretensión Novena: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el cumplimiento
de lo ordenado en el articulo 36 numeral 20 literal a) de la Ley 454 de 1998; es decir que su Despacho
ordene a la Supersolidaria Convocar a Asamblea General de asociados para dar cumplimiento a la
sentencia ejecutiva del Juzgado 14 C.M de Ejecución de Sentencias por que no se han cumplido los
requisitos a que se refiere el articulo 30 de la Ley 79 de 1988.
[…]
Pretensión Decima: Se solicita al honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que acredite lo
expuesto al Consejo de Estado, de no hacerlo, podría existir trasladar copia a las entidades de
investigación disciplinaria y penal por una abierta obstrucción a la justicia y falsedad documental y
procesal.
[…]
Pretensión Decimo Primera: Se solicita la Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento de los dispuesto en el código de Comercio artículos 58 y 104.
[…]
2
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Demandantes: Wilson Rodríguez Ríos
Demandada: Superintendencia de Economía Solidaria
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01469-01
Pretensión Decimo Segunda: Se Solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política contenido en el artículo 58 como un derecho
constitucional y la protección del capital por aportes que quedó suspendido tras la nulidad y un capital
superior a los 750 salarios mínimos mensuales a la época de los hechos.
[…]
Pretensión Decimo Tercera: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 53 de los estatutos de la Cooperativa en concordancia como
obligación contenida en el artículo 35 numeral 1 de la ley 454 de 1998.
[…]
Pretensión Decimocuarta: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria lo
dispuesto en el articulo 16 literal f de los estatutos de la Cooperativa, en concordancia como obligación
contenida en el artículo 35 numeral 1 de la ley 454 de 1998.
[…]
Pretensión Decimoquinta: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento estatutario dispuesto en el articulo 16 literal g), en concordancia como obligación contenida
en el artículo 35 numeral 1 de la ley 454 de 1998.
[…]
Pretensión Decimosexta: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de los estatutos de la Cooperativa de la asamblea que se
deba realizar.
[…]
Pretensión Decimoséptima: Se Solicita al Honorable Tribunal Para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento del legal para el cumplimiento del contrato social estatutario cooperativo en concordancia con
el artículo 35 Numeral 1 de la ley 454 de 1998 y previsto en los estatutos como sanción a los asociados
con exclusión definitiva de la cooperativa por una o varias causales contenidas en el artículo 27 según los
literales a), b), d), e), f), g), l), m) y o) de los estatutos vigentes a 1997.
[…]
Pretensión Decimoctava: Se solicita al Honorable Tribunal Para que ordene a la Supersolidaria el
cumplimiento del deber legal del contrato social estatutario cooperativo de del artículo en el artículo 27
según los literales a), b), d), e), f), g), l), m) y o) de los estatutos vigentes a 1997, la Cooperativa Multiactiva
de Vivienda La libertad en concordancia con el artículo 35 Numeral 1 de la ley 454 de 1998 y previsto en
los estatutos como sanción a los asociados con exclusión definitiva de la cooperativa por una o varias
causales contenidas en el artículo 68 según los literal h del estatuto cooperativo vigentes a 1997 por
efectos de la nulidad.
[…]
Pretensión Decimonovena: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria que en el
acta de la asamblea que se deba realizar cumpla lo estipulado en los estatutos según el articulo 73 que son
las funciones de la Junta de Vigilancia; sin embargo como ya se dijo anteriormente y se demostró que para
la época de los hechos la Junta de Vigilancia se encontró disuelta, sea la Supersolidaria quien asuma
como órgano de garantía estatal el deber misional del órgano acéfalo.
[…]
Pretensión vigésima: Se solicita al Honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria para que en
ausencia del revisor fiscal, sea el ente administrativo el garante de cumplir las funciones de La junta de
Vigilancia para lo pertinente de la realización de la asamblea que se deba realizar.
[…]
Pretensión Vigesimoprimera: Se solicita el honorable Tribunal para que ordene a la Supersolidaria cumpla
con el deber legal del precepto jurídico determinado en la Ley 454 de 1998 según articulo 36 numeral 20,
literales a) y b), lo anterior en atención en que se solicitó expresamente en el derecho de petición
convocatoria, y al parecer se ha practicado por vías de hecho.
[…]
Pretensión vigesimosegunda:
Se solicita al honorable Tribunal Administrativo para que ordene a la
Supersolidaria convocar la asamblea a solicitud de parte, teniendo en cuenta la gravísimas irregularidades,
mover todo obstáculo que impida se reúnan los legitmos asociados que a fecha de nulidad de febrero 1997
se encuentran legalmente inscritos en el libro de asociados, tal como lo ha previsto el artículo 36, numeral
20, literales a) y b) de ley 454 de 1998 teniendo en cuenta que no se han cumplido los requisitos legales
por quorum que refiere el artículo 30 de la ley 79 de 1988 a solicitud del Juzgado 14 C.M. de E. de S y a
solicitud de mi parte en concordancia con el literal a) ibidem.
[…]
Pretensión vigesimotercera: En este deber misional y óntico de los principios y finalidades de la
Supersolidaria, solicito respetuosamente para que su despacho ordene a la Supersolidaria incorporar o
adecuar la resolución 044 de 1990 de la Superintendencia de Sociedades para la Protección del patrimonio
económico en los desarrollos de vivienda que permitan garantizar que el valor destinado a vivienda
conserve las características indexadoras a valor presente y con los beneficios de las afectaciones que el
predio pueda presentar a modo de ejemplo por el POT el cual debe aprobarse en el balance anual y
ejercicio contable fiscal.
Pretensión Vigesimocuarta: Teniendo en cuenta la Sentencias T-871,T-754 y C-672 de 2001, C 835 de
2003, T-830 de 2004, T—172 de 2005, T-723 de 2008 y T 338 de 2010 que ha colegido:
“Empero existen excepciones frente a la regla esbozada anteriormente. Por una parte, el silencio
administrativo positivo permite revocar directamente el acto, y por la otra, cuando quiera que el mismo haya
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Demandantes: Wilson Rodríguez Ríos
Demandada: Superintendencia de Economía Solidaria
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sido obtenido a través de actos ilegales o inconstitucionales, la Administración se encuentra facultada para
revocarlo; En tal sentido se pronunció esta Corporación frente a la Sentencia T 339 de 1997, donde apuntó
“que si en el origen de la situación jurídica individual que se reclama existe un vicio, que si es conocido por
la Administración, no puede permanecer sustentando un derecho, como si este se hubiese adquirido al
amparo de la ley. En realidad, la circunstancia expuesta indica que el alegado derecho subjetivo, en cuanto
tiene por sustento la violación de la ley, no merece protección. El orden jurídico no se la brinda, pues lo
ilícito no genera derechos”. Por consiguiente, si es derechos particulares y concretos, el sistema jurídico no
puede brindarle protección, pues sólo se la da a los derechos que provengan de un justo título, para tales
situaciones en las que se ha obrado conforme al principio de buena fe. Así, ante una abrupta,
incontrovertible y abierta actuación ilícita, la revocatoria debe desplegarse a favor del interés colectivo -
materializando la protección del orden jurídico- , que prima sobre el interés particular”
y reciente en Sentencia SU 036 de 2018 y C395 de 2019 es obligación ordenar la cancelación de registros
de títulos que provengan del delito.
Expuesto ello se solicita la aplicación jurisprudencial para que el honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ordene a La Supersolidaria ordenar la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos la
cancelación los registros de traspaso de al menos 32 inmuebles que hayan realizado los ilegítimos
asociados que fraudulentamente construyeron con recursos del capital propios de la Cooperativa a fecha
de la época de los hechos. Lo anterior una vez realizada la visita de inspección y se obtenga el listado de
nombres y registros de los contumaces ilegítimos asociados de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La
Libertad. […] [2].
2. Hechos
2.1. La parte actora señaló que la inscripción de diversos asociados de la
Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad es irregular como consecuencia de
una Asamblea General que se celebró en el año de 1997.
2.2. Sostuvieron que, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil declaró la
nulidad de diversos actos emitidos por la Cooperativa lo que, a su juicio, conlleva la
exclusión de los miembros inscritos irregularmente, la imposición de sanciones, la
cancelación de los registros en la Cámara de Comercio, así como la obligación
consistente en que se convoque a una nueva reunión para la conformación de los
miembros de la Cooperativa.
2.3. El 17 de abril de 2024, la parte actora radicó petición ante la Supersolidaria,
con el fin de acreditar el requisito de que trata el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
Según los accionantes, la respuesta de la Supersolidaria no materializa las órdenes
judiciales ni se ha ejecutado el control de legalidad de la Cooperativa Multiactiva de
Vivienda La Libertad.
3. Admisión de la demanda
En auto de 28 de agosto de 20243, el ponente de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó
notificar a la Superintendencia demandada. En providencia de 10 de septiembre de
2024, la autoridad judicial se pronunció sobre las pruebas de este asunto.
2 Ibidem.
3 Previa inadmisión a través de providencia de 21 de agosto de 2024.
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4. Informe
La Supersolidaria se opuso a las pretensiones de la acción de cumplimiento. En
resumen, alegó que no es la autoridad competente para atender los deberes que
se le endilgan y que derivarían de órdenes judiciales que, según los actores, se
emitieron con ocasión de la situación de Cooperativa Multiactiva de Vivienda La
Libertad. Sostuvo que las decisiones tomadas por los órganos de las cooperativas
pueden ser objeto de impugnación y contradicción ante los jueces civiles, según los
artículos 45 y 151 de la Ley 79 de 1988. Adicionalmente, indicó que no puede
interferir en lo referente a la legalidad de las actas ni inmiscuirse en el cumplimiento
de órdenes judiciales que atañen a las entidades solidarias y sus asociados.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 16 de septiembre octubre de 2024, la Subsección B de la Sección primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la configuración de la cosa
juzgada respecto de los numerales 8, 11 y 20 literales a) y b) del artículo 36 de la Ley
454 de 1998, por cuanto en el proceso con radicado 2500-23-41-000-2019-00073-01
ya se había emitido un pronunciamiento judicial con identidad de objeto y causa al
presente trámite judicial. A su vez, se declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, en cuanto a las demás disposiciones cuyo cumplimiento se pidió en
esta causa, porque más allá de solicitar su obedecimiento lo que se pretende es que
protejan los intereses patrimoniales de los asociados, lo que comporta el
reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter dinerario y resarcitorio; lo cual no
es posible zanjar a través de este medio de control.
6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia; en resumen, reiteró
la argumentación de la demanda de cumplimiento y alegó que la decisión de
primera instancia: (i) no garantizó el restablecimiento pleno de la legalidad en la
Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad, porque persisten decisiones
viciadas con participación de miembros ilegítimos desde 1997; (ii) la Supersolidaria
sigue sin ejercer sus funciones al permitir asambleas irregulares, incumpliendo las
decisiones judiciales y las disposiciones invocadas; (iii) no se valoró la gravedad
del daño ocasionado ni se tomaron en cuenta las sanciones relacionadas con la
cooperativa; y (iv) el Tribunal negó pruebas, a su juicio, importantes para este
trámite4.
4
En este punto, sobre la oportunidad de sustentación de la impugnación, se precisa que la sentencia de
primera instancia fue notificada el 25 de septiembre de 2024; por tanto, hasta el día 30 de ese mes y año era el
límite para presentar de forma oportuna los argumentos de la apelación. De acuerdo con lo anterior, se advierte
que los accionantes presentaron otros memoriales con posterioridad a la fecha en mención e incluso después
de dictado el auto que concedió la impugnación. Sin embargo, no serán tenido en cuenta por extemporáneos.
5
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
16 de septiembre de 2024 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 16
de septiembre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo6.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]7.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»9.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado10.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
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urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados;12 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional13.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este14 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta Sección16 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
11 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
13 Sentencia antes citada.
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[17] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»18.
En el caso concreto, los accionantes acompañaron con la demanda escrito de 17
de abril de 2024, en el que se pidió a la Supersolidaria el cumplimiento de «[…] la
ley 454 de 1998 artículos 34, 35, 36 Numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 20 literales a) y b) y 22, Decreto 2159 de 1999 articulo 2, Decreto 186 de
2004 articulo 3 numeral 4. literal a) numeral 5 literal c), Articulo 5, numeral 20 y 21 y
en las obligaciones del Código Contencioso administrativo ley 1437 de 2011
artículo 3° numeral 1, 8, 8, 10, 11, 12, 13, articulo 10 y aplicación a la Ley
sustancial contenida en los artículos,766, 767, 1741, 1742, 1746 del Código Civil
[...], Artículos 58 y 105 del código de Comercio, Ley 1712 de 2014 artículos 2, 3 5,
9, y 13, y la constitucional contenida en el artículos 2, 87 y 29 de la Carta
Magna»19.
17 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
19 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción del accionante.
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Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que la respuesta de la entidad resulta contraria
al querer de los actores. Por tanto, se pasará al estudio de procedencia de este
medio de control.
3.4. Normas que se pide cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, en este caso, la Sala
considera, tal y como lo indicó la primera instancia, que en este caso operó la cosa
juzgada parcialmente.
En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del radicado 25000-23-
41-000-2019-00073-0120, en sentencia del 4 de abril de 2019, confirmó el fallo del 4
de marzo de 2019, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, que declaró improcedente una acción de
cumplimiento que habían promovido algunos de los aquí actores contra la
Supersolidaria, para ejecutar un fallo judicial. En ese sentido, a) se rechazó la
demanda respecto del numeral 8.° del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 por no
acreditarse el requisito de la renuencia y b) sobre los numerales 11 y 20 del artículo
36 ejusdem, se indicó que la acción de cumplimiento no es procedente para
disponer la observancia de la providencia judicial, por no estar enmarcada en el
objeto previsto para este medio de control, que restringe su ámbito de aplicación a
normas con fuerza material de ley y actos administrativos.
De acuerdo con lo anterior, ante la identidad de objeto, causa y extremo
demandado, entre el citado proceso y este trámite, la Sala confirmará la decisión
impugnada en cuanto declaró la configuración de la cosa juzgada, pero en cuanto a
los numerales 11 y 20 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, toda vez que contra
aquellos se declaró improcedente la acción de cumplimiento en la sentencia de 4
de abril de 2019.
Ahora bien, en cuanto a las otras disposiciones invocadas en este caso y que
superaron el requisito de la renuencia, esto es, «[...] ley 454 de 1998 artículos 34,
35, 36 Numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, [...] 12, 14, 15, 16, 17, 19 [...] y 22, Decreto 2159
de 1999 articulo 2, Decreto 186 de 2004 articulo 3 numeral 4. literal a) numeral 5
literal c), Articulo 5, numeral 20 y 21 y en las obligaciones del Código Contencioso
administrativo ley 1437 de 2011 artículo 3° numeral 1, 8, 8, 10, 11, 12, 13, articulo
10 y aplicación a la Ley sustancial contenida en los artículos,766, 767, 1741, 1742,
1746 del Código Civil [...], Artículos 58 y 105 del código de Comercio, Ley 1712 de
2014 artículos 2, 3 5, 9, y 13 [...]», la Sala observa que, más allá de su
obedecimiento, lo que se pretende, a lo largo del escrito de la solicitud de
20 MP. Rocío Araújo Oñate.
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cumplimiento, es que se adelanten diversas acciones en atención a ordenes
contenidas en decisiones judiciales y a cargo de la Supersolidaria, para que realice
control de legalidad sobre las actuaciones de la Cooperativa Multiactiva de
Vivienda La Libertad.
Sin embargo, para ese fin no fue previsto este medio de control, pues implicaría
interferir en las competencias de las autoridades judiciales que definieron y
emitieron sus mandatos para este caso y que, según los accionantes, ha
desacatado la accionada21. Asimismo, para que la entidad pueda aplicar o no las
sanciones establecidas o el control de legalidad pretendido, debe seguirse un
procedimiento previsto en la Ley 454 de 1998, a través del cual se pruebe la
ocurrencia de los hechos, la responsabilidad de los infractores y las medidas a
adoptar; por tanto, debe cumplirse con el trámite en mención. Todo lo anterior torna
improcedente esta acción, en tanto no se supera el requisito de subsidiariedad,
pues el juez de cumplimiento no puede usurpar las competencias que
constitucional y legalmente le fueron concedidas a la autoridad accionada y a los
jueces que emitieron las órdenes respectivas con ocasión de la situación jurídica de
la Cooperativa Multiactiva de Vivienda La Libertad, pues existen otros medios
idóneos para lograr lo pretendido.
Adicionalmente, no se advierte que aplique la excepción del artículo 9º de la Ley
393 de 1997, pues no se alegó ni se encuentra acreditada la incursión de algún tipo
de perjuicio irremediable para la parte actora, como resultado de la existencia de
dichos procedimientos. Una conclusión en contrario implica que el juez de
cumplimiento interfiera en las competencias y facultades de otras autoridades;
objetivo para el cual no fue previsto este medio de control.
En lo que corresponde a los artículos 2, 87 y 29 de la Constitución Política habrá
que decir que la acción de cumplimiento no resulta procedente, en cuanto no tiene
el carácter de norma con fuerza material de ley o de actos administrativo y, en ese
sentido, habrá de determinarse en esta decisión de segunda instancia.
Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto declaró la cosa juzgada pero solo respecto de los numerales 11 y 20 del
artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y, la declaratoria de improcedencia de la acción,
pero de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. Por ende,
no es posible entrar a analizar los demás presupuestos de procedencia de la
acción ni el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
21 A manera de ejemplo: el proceso ejecutivo.
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III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 16 de septiembre de 2024 de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las
razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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