Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-01395-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
29 de enero de 2026
Demandante: Ever de Jesús Orozco Griales
Demandado: Unidad para la atención y reparación a las víctimas y otros
Rad: 05001-23-33-000-2025-01395-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-01395-01
Accionante: EVER DE JESÚS OROZCO GRISALES
Accionado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MUNICIPIO DE LA
UNIÓN, SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, POLICÍA
NACIONAL - ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA UNIÓN,
EJÉRCITO NACIONAL - GRUPO DE CABALLERÍA
MECANIZADO N0. 4 JUAN DEL CORRAL
Temas: Revoca la sentencia que declaró la improcedencia de la acción
y negó las pretensiones, para en su lugar rechazar y declarar
improcedente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 6 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo
de Antioquia, que «negó por improcedente» la acción de cumplimiento respecto de
unas normas y negó las pretensiones respecto de las demás.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Ever de Jesús Orozco Grisales
presentó demanda contra la Unidad para la atención y reparación integral a las
Víctimas -UARIV-, Unidad Nacional de Protección -UNP, Fiscalía General de la
Nación, municipio de La Unión, Seccional de Investigación Criminal – SIJIN-,
Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, Estación de Policía de La Unión, Grupo de
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Demandante: Ever de Jesús Orozco Griales
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y otros
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Caballería Mecanizado N0. 4 Juan del Corral, con el fin de obtener el cumplimiento
de lo previsto en los siguientes artículos1:
Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Ley 2421 de 2024 – Reforma a la Ley de Víctimas
Decreto 1084 de 2015 – Retorno y reubicación de víctimas
Ley 1755 de 2015 – Derecho de petición y deber de respuesta
Ley 393 de 1997 – Acción de cumplimiento
Artículo 2, 23, 87, 93 y 229 de la Constitución Política
2. Pretensiones de la demanda
2. La parte actora solicitó2:
1. Que se declare el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de las
entidades demandadas respecto a la atención, protección y acompañamiento de
víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011 y sus reformas y demás leyes de las
victimas del conflicto armado.
2. Que se ordene a la Unidad para las Víctimas activar de forma inmediata el plan de
reubicación digno con garantías efectivas de seguridad y apoyo
económico/logístico/psicosocial. Fuera del departamento de Antioquia.
3. Que se ordene a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía General
de la Nación autorizar y materializar el ingreso inmediato del accionante a un
programa de protección, conforme a su situación de riesgo comprobada.
4. Que se ordene a las entidades demandadas responder de fondo, clara y
jurídicamente en un plazo no superior a 5 días, frente a cada una de las peticiones
realizadas.
5. Que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional entregar
informe detallado sobre el estado actual de las investigaciones penales,
especialmente amenazas denunciadas desde 2021.
6. Se orden cumplir la ley de víctimas integralmente a las entidades.
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
3. El actor afirmó que, desde 2022 manifestó formalmente, mediante actas firmadas,
su voluntad de retornar como víctima a la vereda San Juan del municipio de La
Unión (Antioquia). Este fue planeado institucionalmente, pero nunca se ejecutaron
medidas de seguridad efectivas, pese al riesgo denunciado y comprobado. Incluso,
el 30 de agosto de 2025 se registró una masacre en la vereda citada que confirma
el alto nivel de riesgo.
.
4. Informó que, en los últimos cuatro años, ha interpuesto múltiples derechos de
petición ante entidades como la UNP, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército
Nacional y la UARIV, documentando amenazas, riesgos, desplazamiento forzado y
solicitudes de protección.
1 Transcripción literal incluidos posibles errores.
2 Transcripción literal, incluidos posibles errores.
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Demandante: Ever de Jesús Orozco Griales
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y otros
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5. Sostuvo que, a la fecha, únicamente ha respondido la Policía Nacional – Estación
de La Unión, reconociendo limitaciones operativas y competencia restringida. Las
demás entidades han incurrido en silencio administrativo, omisión o negativa
injustificada.
6. Finalmente, la parte actora afirmó en los hechos de la demanda que, ha recibido
amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales (documentadas), y se
ha radicado denuncia penal desde 2022 sin resultado, motivo por el cual indicó que
las entidades responsables han desconocido su deber constitucional de proteger la
vida, integridad y dignidad de las víctimas del conflicto armado.
4. Actuaciones procesales
7. Mediante proveído del 24 de octubre de 2025, la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la acción de cumplimiento y ordenó la
notificación de la Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas -
UARIV-, Unidad Nacional de Protección -UNP, Fiscalía General de la Nación,
municipio de La Unión, Seccional de Investigación Criminal – SIJIN-, Cuerpo
Técnico de Investigación -CTI-, Estación de Policía de La Unión, Grupo de
Caballería Mecanizado N0. 4 Juan del Corral.
4.1. Contestaciones a la demanda
8. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó su desvinculación
de la acción por ausencia de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no
tiene competencia legal para evaluar riesgos o decretar medidas de protección
autónomas. De acuerdo con el marco normativo (Decreto 4912 de 2011, artículos
2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.5, Ley 1448 de 2011, artículos 140 y 141) esta se atribuyó de
manera exclusiva a la UNP y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas (CERREM).
9. También, afirmó que la Corte Constitucional en la Sentencia T-719 de 2016,
señaló que la implementación de medidas de protección requiere una valoración
técnica previa por parte de estos organismos especializados, excluyendo
expresamente a la Policía Nacional de esta función. Por tanto, cualquier solicitud de
en ese sentido debe canalizarse formalmente a través de esos mecanismos
institucionales.
10. Además, pidió que el medio de control sea negado por temeridad pues en 2024
el actor presentó dos acciones constitucionales y en 2025 lleva seis demandas de
la misma naturaleza con las mismas pretensiones
11. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional predicó la inexistencia
de omisión en el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Grupo de
Caballería Mediano No. 4 en torno a la atención, protección y acompañamiento de
víctimas. Refirió que la Ley 1448 de 2011 asignó a entidades como la Fiscalía
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General de la Nación una competencia investigativa y a las autoridades locales
(Alcaldías, Defensoría y Policía) la activación de rutas de atención y protección.
12. Afirmó que el Grupo de Caballería Mediano No. 4 actuó dentro del marco de sus
funciones y remitió a las autoridades competentes la petición del actor. Finalmente,
puso de presente las reiteradas acciones judiciales presentadas por el demandante
en el mismo sentido.
13. La UARIV Refirió que el actual esquema de asistencia, atención y reparación
de las víctimas se encuentra desarrollado en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto
Único Reglamentario 1084 de 2015, en concordancia con otros decretos. En estas
normas se establecen mecanismos tendientes a una adecuada implementación de
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para la materialización de
sus derechos constitucionales.
14. En relación con la situación del actor indicó que ha realizado cinco declaraciones
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado de las cuales tres se
encuentran en estado incluido. También, que en 2022 solicitó acompañamiento en
un proceso de reubicación desde Medellín hacia el municipio de La Unión
(Antioquia) y por ello se creó en el Sistema de Gestión de Víctimas bajo ID
81499181, la ruta de acompañamiento individual establecida en la Resolución No.
3320 de 2019, por medio de la cual se adoptó el protocolo «de retorno y
reubicación» de acuerdo con el artículo 2.2.6.5.8.8. del Decreto 1084 de 2015.
Además, que en ese marco se le entregaron apoyos económicos, con base en esas
declaraciones.
15. La entidad no ha recibido nuevas solitudes de acompañamiento al retorno y
reubicación, aunque el actor ha radicado un sin número de solicitudes, acciones de
tutela, acciones de cumplimiento, proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, etc. ante y contra la UARIV.
16. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de cumplimiento por no
existir violación por parte de la entidad de mandato legal. Además, falta de
constitución de renuencia porque del contenido de la petición no se percibe que lo
pretendido sea el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que de este
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
17. La UNP argumentó que, dentro del marco de sus funciones, ha atendido las
solicitudes elevadas por el señor Ever de Jesús Orozco Grisales. Por ello, ha
adelantado muchas gestiones con el fin de atender la petición de evaluación de
riesgo con la orden de trabajo No. 66461, adelantó el trámite correspondiente
teniendo en cuenta los factores subjetivos y objetivos del estudio de nivel de riesgo
con realización de entrevistas y visitas a los diferentes entornos del actor. Fue
clasificado con un riesgo ordinario, de ahí que no exista obligación para que se
implementen medidas de protección por parte de la UNP.
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18. De otro lado, afirmó que el requisito de constitución en renuencia no podía
suplirse con la solicitud de incorporación al Programa de Prevención y Protección
de la UNP; se debieron acompañar los documentos necesarios para adelantar un
nuevo estudio de nivel de riesgo.
19. La Fiscalía General de la Nación destacó la presentación de acciones de tutela
por el accionante contra la entidad, todas declaradas improcedentes. También, las
evaluaciones previas de amenaza o riesgo que se hicieron respecto de él en 2025,
dos con improcedencia por falta de consentimiento y una por ausencia de nexo
causal.
20. En relación con el incumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y en
la Ley 1755 de 2015, porque el actor no ha sido reubicado en su territorio y
protección, indicó que no se identificó el mandato inobjetable que se estaría
inobservando sin justificación.
21. Finalmente, sostuvo que, que pretender que se cumpla la Ley 1755 de 2015 al
afirmar que sus peticiones no han sido resueltas no supera el carácter subsidiario
de la acción de cumplimiento.
4.2. Fallo de primera instancia
22. En sentencia del 6 de noviembre de 2025, la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia «negó por improcedente» la acción en cuanto a la
pretensión de cumplimiento de normas constitucionales y negó aquellas
relacionadas con normas de orden legal por no estar dados los supuestos para
ordenar el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, la Ley
1755 de 2015 y la Ley 2421 de 2024.
4.3. Impugnación3
23. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda; además, indicó
que, con el fallo proferido por el Tribunal, se vulneran sus derechos fundamentales
y colectivos como víctima del conflicto armado.
24. En relación con la declaratoria de improcedente de la acción contra normas
constitucionales, afirmó que el artículo 1° de la Ley 393 de 1997, permite acudir a la
acción de cumplimiento para hacer efectivo «el cumplimiento de actos
administrativos y leyes con fuerza obligatoria, entre ellas las que ordenan medidas
específicas para las víctimas del conflicto armado».
25. Sostuvo que la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), el
Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4065 de 2011 y los autos de la Corte
3 La sentencia del 6 de noviembre de 2025 fue notificada por correo electrónico el 7 de noviembre
de 2025, y el escrito de impugnación se presentó el 11 de noviembre de 2025, término que se
encuentra oportuno.
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Constitucional (T-025/2004, Auto 119/2013, Auto 006/2018, entre otros) imponen
deberes concretos y exigibles a las entidades demandadas, especialmente frente a
víctimas en riesgo y desplazamiento prolongado.
26. Indicó que la constante renuencia de las entidades y la repetida omisión en
brindar protección o investigar los hechos configuran una violación al principio de
buena fe (art. 83 C.P.) y desconocen los compromisos del Estado frente a las
víctimas de desplazamiento y violencia.
27. Manifestó que el Tribunal omitió aplicar los estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que obligan a Colombia a proteger a las
víctimas de violencia y desplazamiento (casos Mapiripán, Rochela, Santo Domingo,
entre otros).
28. Asimismo, afirmó que desconoció el principio de acceso efectivo a la justicia y
el deber de los jueces de adoptar decisiones materiales y no meramente formales,
sobre todo en casos donde se acreditan condiciones de vulnerabilidad, riesgo y
desplazamiento reiterado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia4
29. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por la Sala
Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, según lo dispuesto en los artículos
1505 y 1526 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por
la Sala Plena del Consejo de Estado7.
2. Objeto de la decisión
30. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 6 de noviembre de 2025, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo
de Antioquia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento, para lo cual
4 A través de memorial del 2 de diciembre de 2025, el magistrado sustanciador manifestó
impedimento para conocer el asunto; sin embargo, mediante auto del 11 de diciembre del mismo
año, la Sala lo declaró infundado.
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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deberá resolver los siguientes problemas jurídicos
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de las
entidades demandadas y respecto de todas las normas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
31. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Todos los preceptos enunciados como incumplidos son normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes?
(iii) ¿Resulta procedente la acción de cumplimiento en el caso concreto?
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
32. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
33. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
34. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
35. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
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particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
36. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».
37. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
38. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia»9.
39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano10.
40. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.
41. Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre
20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [11]
(Negrillas fuera de texto).
42. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.
43. En el caso concreto está acreditado que la parte actora, el 29 de septiembre de
2025, a través de escrito de ese mismo día, remitió a los correos electrónicos de las
entidades demandadas una «solicitud de acción de cumplimiento urgente»:
11 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
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44. Al revisar el escrito relacionado como acción de cumplimiento, se advierte que
su contenido es del siguiente tenor:
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45. En este punto, es importante evidenciar que la correcta individualización de la
norma es la que permite al juez de la acción constitucional determinar la prosperidad
o no de ésta, sin que sea dable acudir a ejercicios interpretativos o de integración
normativa para suplir los posibles vacíos en que incurre la parte al momento de
presentar su solicitud.
46. Asimismo, la Sala advierte que el actor ya ha presentado múltiples acciones de
cumplimiento12 con base en los mismo hechos y en las cuales sí precisó las
disposiciones con la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento,
todo lo contrario al caso concreto, en el que se conformó con indicar de forma
genérica unos contenidos normativos, por demás extensos y que contiene múltiples
obligaciones, deberes y derechos en cabeza de varias entidades y en ese sentido
se revocará la sentencia de primera instancia.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 22 de enero de 2025, expediente 2025-01409, C.P. Gloria María Gómez Montoya y,
sentencia del 11 de diciembre de 2025, expediente 2025-01304, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Rad: 05001-23-33-000-2025-01395-01
47. Por tanto, para la Sala es claro que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, la parte actora solo constituyó en renuencia a las
entidades demandadas respecto de los artículos 23 y 87 de la Constitución Política
y los artículos 28 y 149 de la Ley 1448 de 2011 como consecuencia, se rechazará
la demanda respecto de Ley 2421 de 2024, del Decreto 1084 de 2015 y de la Ley
1755 de 2015.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
48. Este mecanismo vela por hacer efectivo el acatamiento de normas con fuerza
material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u
omisión de la respectiva autoridad; por tanto, su finalidad es la observancia del
ordenamiento jurídico vigente.
49. En el sub lite, el accionante pretende el acatamiento los artículos 23 y 87 de la
Constitución Política; sin embargo, se reitera, resulta improcedente este mecanismo
constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales «pues el
propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior
jerarquía»13.
50. Adicionalmente, pidió el cumplimiento de los artículos 28 y 149 de la Ley 1448
de 2011, normas que actualmente se encuentran vigentes y que establecen lo
siguiente:
ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las violaciones
contempladas en la presente Ley tendrán, entre otros, los siguientes derechos en el
marco de la normatividad vigente:
1. Derecho a la verdad.
2. Derecho a la justicia.
3. Derecho a la reparación integral y garantías de no repetición.
4. Derecho a las garantías de no repetición.
5. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para
proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
6. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
7. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.
8. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya
dividido el núcleo familiar.
9. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de los escenarios
de diálogo institucional y comunitario sobre la política de prevención, atención y
reparación integral de las víctimas.
10. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
11. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad,
seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.
12. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos
establecidos en la presente Ley.
13. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se
establecen en la presente Ley.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado núm. 25000-
23-41-000-2024-01469-00/01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. En el mismo sentido, ver Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025, radicado núm. 70001-23-33-000-2025-
00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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14. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén
adelantando en los que tengan un interés como parte o intervinientes.
15. Derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas y garantías para las víctimas
que se encuentren desarrollando labores como buscadoras.
16. Derecho a restaurar los derechos y los vínculos fracturados por los hechos
victimizantes derivados del conflicto a voluntad de las partes.
17. Derechos de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos
humanos víctimas del conflicto armado a ser protegidos contra toda forma de violencia
y a defender los derechos humanos.
PARÁGRAFO 1. Las víctimas en el exterior gozarán de los mismos derechos que las
víctimas residentes en el territorio nacional, independientemente de su estatus
migratorio o en la situación o condición de protección internacional en que se
encuentren.
PARÁGRAFO 2. En cuanto al derecho de participación, se garantizará a las víctimas
el acceso a programas de capacitación y formación destinados a los líderes que
participan en las mesas de víctimas. Estos programas se centrarán en temas como el
seguimiento y la formulación de políticas públicas, tanto antes como durante su
participación. Además, se llevarán a cabo campañas para evitar la estigmatización del
trabajo de liderazgo y promover la defensa de los Derechos Humanos y los derechos
de las víctimas.
ARTÍCULO 149. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Los planes de prevención,
protección y garantías de NO repetición serán una política de Estado, realizados desde
los principios y enfoques de la presente ley, los cuales se elaborarán e implementarán
con la participación y concurrencia de todos los actores del SNARIV. Se reglamentarán
los Consejos de Seguridad garantizando su finalidad determinando acciones
específicas de cara a cada riesgo y vulnerabilidad evaluada y responsabilidades
identificadas, donde exista una intervención del Estado a través de toda la oferta
institucional de las entidades que componen el SNARIV, en especial en los municipios
de 3, 4, 5 y 6 categoría. En concurrencia con el capítulo II de la presente ley, sobre
principios generales.
Además, el Estado colombiano adoptará, entre otras, las siguientes garantías de no
repetición:
a). La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la
Ley;
b). La verificación y esclarecimiento de los hechos y la difusión pública y completa de
la verdad, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los
testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;
c). La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el
artículo 3 de la presente ley.
d). La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, para
lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor
riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales,
miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas
de desplazamiento forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la
discriminación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del
conflicto armado;
e). La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que
fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica;
f). Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado
humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la Atención Integral contra
Minas Antipersonal;
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g). Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir un
enfoque diferencial;
h). Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que incluya un
enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la
ley, así corno a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política
de tolerancia cero a la violencia sexual en las entidades del Estado.
i). Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o
vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al
ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales;
j). Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;
k). El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas;
l). La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos
armados al margen. de la ley;
m). Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 975, tanto a nivel social como en el plano individual;
n). El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica;
o). La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios
públicos condenados en violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente Ley;
p). La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver los conflictos
sociales;
q). Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal
para las víctimas;
r). La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o
permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente
Ley, de conformidad con los procedimientos contencioso administrativos respectivos.
s). Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia
contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos ocurridos en el marco de
las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley.
PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará las garantías de no repetición que
correspondan mediante el fortalecimiento de los diferentes planes y programas que
conforman la política pública de prevención y protección de las violaciones
contempladas en el artículo 3 de la presente ley. Además, integrará los planes y
programas delimitados en los Acuerdos de Paz para la solución del conflicto armado y
así desarrollar acciones que mitiguen los factores de riesgo para la prevención de las
causas del conflicto, para lo cual además definirá medidas que permitan la articulación
e implementación coordinada de los Planes de Reparación Colectiva, Planes de
Retornos y Reubicaciones, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Planes de
Acción para la Transformación Regional, Programa de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito, Plan Marco de Implementación, Planes Integrales de Desarrollo Alternativo.
PARÁGRAFO 2. Los planes y programas enfocados a atender la prevención,
protección de no repetición, tendrán una actualización cada cuatro años y de esta
manera aportarán a la política de Estado, los cuales se elaborarán con la participación
y concurrencia de todos los actores del SNARIV. Será necesario tener en cuenta la
oferta institucional y disponibilidad presupuestal, con atención especial a los municipios
de 3, 4, 5 Y 6 categoría. En concurrencia con el capítulo II de la presente ley, sobre
principios generales.
51. Sin embargo, dada la generalidad de las pretensiones de la demanda y del
contenido de los artículos demandados, la Sala declarará la improcedencia de la
acción, como pasa a explicarse.
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6. Caso concreto
52. Al verificar las normas demandadas por la parte actora, se observa que se trata
de derechos de las víctimas y garantías de no repetición, de las cuales se
desprenden algunas descripciones generales; sin embargo, no consagran mandatos
específicos respecto de las entidades demandadas.
53. En el escrito solo se pidió concretamente a la Unidad para las Víctimas que
active, de forma inmediata, el plan de reubicación digno con garantías efectivas de
seguridad y apoyo económico/logístico/psicosocial, fuera del departamento de
Antioquia y, que se ordene a la UNP y a la Fiscalía General de la Nación autorizar
y materializar el ingreso inmediato del accionante a un programa de protección,
conforme a su situación de riesgo comprobada.
54. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este mecanismo
constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer derechos subjetivos14
o resolver controversias que cuentan con otros medios de defensa. En efecto, la
acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias
jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»15. De lo contrario, «si se
autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias
jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto, se anularía el
principio de separación funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la
existencia de los mecanismos procesales ordinarios y contencioso administrativos».
55. De allí que esta acción no proceda para «exigir el cumplimiento de obligaciones
consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones, hacer efectivo los
términos judiciales de los procesos, o perseguir indemnizaciones, por cuanto, para
dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces procesales, al
tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo, por expresa
disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar frente a normas
que generen gastos […]»16.
56. En el caso objeto de estudio, el incumplimiento que le atribuye el accionante a
la UARIV versa sobre el plan de reubicación digno con garantías efectivas de
seguridad y apoyo económico/logístico/psicosocial. En ese sentido, la Sala
considera que, tal como lo refirió la UARIV, la reubicación y la entrega de ayuda se
encuentra sometida a un procedimiento administrativo y a la verificación de ciertos
14 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01. Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-2021-00086-
01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad. 68001-23-33-000-
2025-00074-01.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. núm. 25000-23-41-
000-2013-00444-01.
15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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requisitos que deben ser acreditados por el actor ante la mencionada entidad, que,
además, de conformidad con el informe rendido por la entidad, se evidencia que el
accionante ya las solicitó y percibió.
57. Lo mismo sucede respecto de la UNP y la Fiscalía General de la Nación, frente
a las cuales debe acreditar los requisitos exigidos para el ingreso inmediato del
accionante a un programa de protección; aspecto frente al cual las entidades se
pronunciaron al indicar que, de las evaluaciones previas de amenaza o riesgo que
se hicieron respecto de él en 2025, dos resultaron improcedentes por falta de
consentimiento y una por ausencia de nexo causal.
58. En ese orden, si el actor tiene alguna inconformidad con lo que se resuelva al
interior del procedimiento administrativo, puede controvertir la decisión mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no a través de los mecanismos
constitucionales, aunado a que no acreditó la configuración de un perjuicio grave e
inminente en su situación en concreto ante la improcedencia del mecanismo
constitucional.
59. Como consecuencia, la sentencia de primera instancia será revocada y, en su
lugar, se rechazará la demanda por falta de constitución en renuencia respecto de
las normas frente a las cuales no se acreditó el requisito y se declarará la
improcedencia de la acción, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 6 de noviembre de 2025 de la Sala Quinta del
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, Rechazar la demanda respecto
de la Ley 2421 de 2024, Decreto 1084 de 2015 y Ley 1755 de 2015 y Declarar
improcedente la acción de cumplimiento en relación con las demás pretensiones,
de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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