Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00996-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00996-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00996-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de octubre de 2025
Demandante: José Henry Escobar Úsuga
Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00996-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: acción de cumplimiento
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00996-01
Demandante: José Henry Escobar Úsuga
Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Tema: confirma improcedencia por subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 5 de agosto de 2025, por medio de la cual la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente el medio de control
de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José Henry
Escobar Úsuga demandó a la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro
y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba (Antioquia) por el
presunto incumplimiento de los artículos 21 de la Ley 9.ª de 1989, 399.2 del
Código General del Proceso y la Circular 260 del 24 de marzo de 2022. En ese
sentido, en el escrito de demanda se formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Qué se ordene por parte del honorable Tribunal Administrativo de
Antioquia como autoridad judicial y constitucional competente, a las entidades aquí
demandadas el inmediato y efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 21
de la Ley 9ª de 1989, el numeral segundo del artículo 399 del Código General del
Proceso y lo reglado en el acto administrativo o Circular 260 del 24 de marzo de
2022, emitido por el Superintendente Delegado para el Registro y el Subdirector de
Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y en
consecuencia, por haber perdido su efecto jurídico y haber operado la perdida de
ejecutoria, se cancele la inscripción que tramitó la Agencia Nacional de
Infraestructura mediante radicación 2019-007-6-1278 del 29 de noviembre de 2019
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba (Ant.),
generándose la anotación No. 007 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 007-
25894 a raíz del oficio No. 03-03-20190827002473 que data del 27 de agosto de
2019, que en otras palabras es la medida cautelar No. 0454 “Oferta de Compra en
bien rural” la cual sacó del tráfico comercial el bien inmueble del cual soy
copropietario, medida que pesa desde hace más de 5 años con violación flagrante y
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continuada de mis derechos Constitucionales fundamentales como la legalidad, el
debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada.
SEGUNDA: De existir mérito para ello se ordene a la autoridad de control pertinente
de adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o
disciplinarias, cuando la conducta del incumplido así lo exija [1].
2. Hechos
El actor indicó que sobre el inmueble, del cual es copropietario, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 007-25894, obra registro de medida cautelar 0454
denominada oferta de compra en bien rural, inscrita por la Agencia Nacional de
Infraestructura —ANI— desde el año 2019; el actor alega que las accionadas se
han negado a realizar la cancelación de la anotación, bajo el argumento de que
sólo procede cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo
título o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido.
El 23 de julio de 2025, con el fin de agotar el requisito de renuencia, el actor
solicitó a las accionadas el cumplimiento de las disposiciones mencionadas en la
demanda y, en consecuencia, la cancelación de la anotación mencionada.
A su turno, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba negó por
improcedente lo pedido, además, le indicó al accionante que se encuentra vigente
un proceso judicial de expropiación, respecto del inmueble objeto de la demanda,
con radicado 11001-31-03-058-2025-00013-00.
3. Admisión de la demanda
En auto de 12 de agosto de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda, y ordenó la notificación de lo decidido a los
extremos activo y pasivo, así como al Ministerio Público.
4. Informe
La Superintendencia, en síntesis, solicitó negar lo pedido porque de las normas
invocadas en la acción de cumplimiento no se deriva ningún deber a su cargo
sino, eventualmente, de las Oficinas de Registro y, en todo caso, alegó que la
cancelación de la anotación en el registro del inmueble del actor es un asunto que
escapa al objeto de este medio de control judicial.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 5 de agosto de 2025, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento por las
siguientes razones: i) las normas cuyo cumplimiento de se demanda no contienen un
1 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.
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mandato imperativo e inobjetable; ii) el actor puede ejercer otro instrumento para
atacar la negativa dispuesta por las demandadas en la contestación al derecho de
petición y la renuencia, que se constituyen en actos administrativos; iii) en la
actualidad hay una demanda de expropiación en la que se va a definir la
procedencia de la misma o la necesidad de la cancelación de las anotaciones
realizadas.
6. Impugnación
El accionante impugnó la decisión de primera instancia. En síntesis, argumentó
que las disposiciones invocadas sí contienen mandatos imperativos, expresos y
exigibles a cargo de las autoridades demandadas y, por ende, solicita que se debe
acceder a lo pretendido.
7. Manifestación de impedimento
La magistrada Gloria María Gómez Montoya, mediante escrito del 6 de octubre de
2025, radicó manifestación de impedimento con fundamento en la causal 9.ª del
artículo 141 del CGP por cuanto tiene una amistad íntima y entrañable con dos
magistrados que suscribieron la sentencia objeto de impugnación. Al respecto, por
auto de esta misma fecha, la Sala de Decisión decidió declarar infundada la
manifestación, al no encontrarse acreditados los supuestos contenidos en la
causal invocada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 5
de agosto de 2025 de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 5
de agosto de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
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¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto de las normas invocadas en la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
2
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento. Frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular
que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición, pero
enfocado al fin reseñado4.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La subsidiariedad implica
la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para
lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté
en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento
judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que
acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no
principales.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
3
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
5
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Administración [artículo 9.º]. Lo anterior, por expresa disposición legislativa la
acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,6 a menos que
estén apropiados;7 o cuando se pretenda la protección de derechos
fundamentales. En este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite
en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional8.
Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii., iii. y iv.],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.
Lo anterior, sin dejar a un lado la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es
dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
6 Cfr. Consejo de Estado, Sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
8 Sentencia antes citada.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6
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mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»15.
En el caso concreto, en la demanda de cumplimiento obra captura de pantalla del
escrito de 23 de julio de 2025, en donde solicitó a las demandadas el cumplimiento
de los artículos 21 de la Ley 9.ª de 1989, 399.2 del Código General del Proceso y
la Circular 260 del 24 de marzo de 2022, con el fin de que cancelen la anotación
de medida cautelar 0454 que obra en el registro del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 007-25894.
A su turno, el extremo pasivo no emitió respuesta, dentro del término previsto en el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. Por tanto, la anterior circunstancia es suficiente
para que la Sala concluya que el requisito de procedibilidad se debe entender
superado.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.
La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se cancele
una anotación de medida cautelar que realizó la ANI en el registro de la matricula
inmobiliaria del predio del cual es copropietario el actor. A su turno, la demandada
alude que no es posible la mencionada cancelación sin que medie una orden
judicial y que, frente al mencionado inmueble y anotación, cursa un proceso de
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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expropiación ante la jurisdicción ordinaria identificado con el radicado 11001-31-
03-058-2025-00013-00.
Ahora bien, lo cierto es que este asunto enerva una discusión jurídica que
trasciende al obedecimiento de las disposiciones invocadas e implican que el juez
de cumplimiento determine la legalidad o no de las respuestas, anteriores a la
constitución de renuencia, emitidas a instancia de los pedimentos de cancelación
de la anotación de la medida cautelar y que resultan adversas a los intereses del
actor e inmiscuirse en las competencias del juez ordinario que está adelantando
el proceso de expropiación.
En otras palabras, el problema jurídico que plantea el demandante se trata de un
asunto que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues debe
ser objeto de pronunciamientos judiciales a través de los medios idóneos y
eficaces previstos por el ordenamiento jurídico para ese tipo de discusiones, esto
es, el medio de control de nulidad16 o nulidad y restablecimiento del derecho,
según estime pertinente el accionante contra el acto de registro u las respuestas
negativas de las accionadas e, incluso, vía de excepciones en el proceso de
expropiación ante la jurisdicción ordinaria que informa que está en curso.
En efecto, este caso, no depende solo de la observancia de la disposición que se
invocó, sino que conlleva a desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los
actos administrativos, lo cual implica invadir la órbita de las competencias legales
por parte del juez de cumplimiento lo que escapa al objeto de este medio de
control que, por demás tampoco es declarativo de derechos subjetivos.
De esta manera, para la Sala la demanda del actor es improcedente17, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Lo anterior,
porque existen otros mecanismos de defensa judicial a los cuales debió acudir en
oportunidad, asimismo, se precisa que este mecanismo no se puede utilizar para
revivir los términos con que contó el actor para controvertir el acto adverso a sus
intereses, sin que el hecho de que se limite a pedir el cumplimiento de normas
conlleve a que este mecanismo se torne en el procedente para sus finalidades.
Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento, pese a la
existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con
16 El artículo 137 del CPACA dispone lo siguiente «Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio
de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. […] También
puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.»
se destaca.
17 En similar sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos recientes: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta -Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate: sentencias de 7
de marzo de 2019, radicación: 25000-23-41-000-2018-01107-01, accionante: Grupo Irene Melo Internacional
S.A.S., de 25 de julio 2019, radicación: 25000-23-41-000-2019-00354-01, accionante C.E.A. ARODAR, de 5
de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-00730-01, accionante Miriam Cecilia Char Muvdi y de 8
de octubre 2020, radicación 25000-23-41-000-2020-00199-01, accionante: TECNOCAM S.A.S. y Magistrado
Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio sentencia de 12 de marzo de 2020, radicación 08001-23-33-000-2019-
00774-01, accionante Clínica La Victoria SAS, entre otras.
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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José Henry Escobar Úsuga
Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00996-01
la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la
referencia, no se alegó desde la demanda y, en todo caso, no se advierte
configurado.
Ahora bien, en la impugnación, el actor solo argumentó sobre la existencia de
mandatos imperativos, expresos e inobjetables derivados las normas invocadas,
por lo cual pidió revocar la decisión de primera instancia. Sin embargo, como se
explicó en el acápite teórico de esta providencia, dicho estudio es viable siempre y
cuando se superen los requisitos de procedencia, los cuales no están satisfechos
en este asunto y, por ende, la sala no abordará sobre la existencia o no de
deberes a cargo de las accionadas.
En suma, se confirmará la sentencia 5 de agosto de 2025, pero solo en tanto
declaró improcedente la acción por subsidiariedad, conforme a lo explicado por
esta Sala.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 5 de agosto de 2025 de la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
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Demandados: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00996-01
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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. (Colombia)
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