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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01468-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01468-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la tutela, y en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina, por falta de acreditación del requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-01468-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de enero de 2026

Demandante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Demandado: Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintinueve [29] de enero de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01
Demandante: CARMEN LILIANA SALDARRIAGA MOLINA
Demandado: JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 20 de
noviembre de 2025, por medio del cual la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina, mediante apoderada judicial1, radicó
acción de tutela el 5 de septiembre de 2025, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la defensa.

Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de los autos
de 9 de abril de 2025, mediante el cual se rechazó la demanda y, de 24 de julio de
2025, que dispuso dar respuesta a una petición formulada por ella y no conceder ningún
recurso contra la anterior decisión, proferidos por el Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 05001-33-33-028-2023-00537-00.

1.2. Pretensión

La petición deprecada fue la siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al Juez Constitucional que revoque la decisión
del Juzgado 28 Administrativo de Medellín y ordene conceder un nuevo término para
subsanar la demanda, con el fin de que cese la vulneración al acceso a la justicia y su
derecho de defensa, y pueda conseguir por parte del Despacho una tutela judicial
efectiva y un pronunciamiento de fondo respecto de su conflicto.2

1 Con memorial allegado en la primera instancia la señora Carmen Lilia Saldarriaga Molina, en atención

al auto admisorio de 7 de noviembre de 2025, manifestó coadyuvar el mecanismo constitucional.
2 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.

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Demandante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Demandado: Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina prestó sus servicios en la
Superintendencia de Industria y Comercio entre los años 2007 a 2010 y,
posteriormente en la firma de abogados Reyes & Reyes hasta el año 2014.

El 9 de noviembre de 2022, la señora Saldarriaga Molina radicó solicitud de amparo
de pobreza, de la cual conoció el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, autoridad judicial que, mediante auto de 30 de noviembre de 2022, la
inadmitió en atención a que no se había indicado con claridad las entidades contra
quienes se dirigiría la demanda de reparación directa ni el motivo de esta. Con
providencia de 25 de enero de 2023, la rechazó con sustentó en la caducidad del medio
de control. La referida diligencia se conoció con el radicado 05001-33-33-020-2022-
00572-00.

Mediante decisión de 22 de marzo de 2023, el Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en fallo de tutela de 13 de marzo de
2023, concedió el beneficio de amparo de pobreza a la accionante y, en consecuencia,
designó a la abogada Ana María López Monsalve como su defensora.

Por auto de 19 de abril de 2023, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, resolvió la solicitud presentada por la abogada López Monsalve referida
a que se designara nuevo defensor, en el sentido de no accederse, en atención a que
ya había aceptado la designación. Asimismo, en providencias de 30 de agosto y 4 de
octubre de 2023, se pronunció de forma negativa sobre las peticiones de
pronunciamiento sobre caducidad del medio de control y de nombramiento de otro
profesional del derecho, formuladas por la mencionada abogada y por la señora
Saldarriaga Molina, respectivamente.

La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina presentó el 7 de diciembre de 2023, en
nombre propio, demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa3, la
cual correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, operador judicial que, en decisión de 7 de marzo de 2024, la inadmitió
con el fin de que, entre otras cosas, se allegara el respectivo poder de la profesional
del derecho Ana María López Monsalve, quien fuese designada para tal fin en virtud
del amparo de pobreza otorgado por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín.

Con proveído de 11 de abril de 2024, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, rechazó el contencioso antes referido en atención a que en el
término concedido no se allegó la respectiva subsanación.

3 El proceso se identificó con el numero 05001-33-33-028-2023-00537-00.

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Demandante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Demandado: Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en providencia
de 16 de mayo de 2024, dejó sin efectos el auto que rechazó la demanda y ordenó
notificar nuevamente, a la demandante y a la apoderada, la decisión de inadmisión.

El 24 de mayo de 2024, la accionante interpuso una nueva solicitud de amparo de
pobreza, trámite del cual conoció el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, con el radicado 05001-33-33-001-2024-00168-00, autoridad
judicial que lo rechazó -junio 28 de 2024- con sustento en que ya se le había concedido
dicho beneficio por parte del Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín. Esta decisión fue recurrida por la accionante.

En providencia de 9 de abril de 2025, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, dispuso la resolución del recurso de reposición interpuesto por la
apoderada nombrada en el trámite del amparo de pobreza, contra el auto de 7 de
marzo de 2024, al interpretarse de esa forma los argumentos alegados en el memorial
radicado por aquella el 5 de julio de 2024, según los cuales, no era posible presentar
la demanda como lo indicaba su poderdante, comoquiera que los hechos originarios
habían ocurrido aproximadamente 13 años atrás, luego, en su sentir, se podría incurrir
en temeridad, además que había caducado la acción.

En ese orden, el juzgado rechazó la demanda para lo cual advirtió que, de conformidad
con lo expuesto por la apoderada, lo pedido por la demandante y probado hasta ese
momento, efectivamente había operado la caducidad pues, «las relaciones laborales
que surgieron entre ella y sus patronos corresponden a años que superan el término
de caducidad, aun en un proceso de REPARACION DIRECTA y no existen nuevos
elementos que justifiquen su admisión, como bien lo indica la apoderada».

Mediante fallo de 7 de mayo de 2025, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió la acción de tutela «05001-23-33-000-2025-
00504-00» presentada el 22 de abril de 2025, por la señora Carmen Liliana Saldarriaga
Molina contra los Juzgados Veintiocho y Primero Administrativos del Circuito Judicial
de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 149 Delegada ante los Jueces
Penales Municipales de Medellín, en el sentido de, entre otras cosas, declarar la
improcedencia del mecanismo de amparo respecto de las autoridades judiciales en
atención a que, contra los autos que rechazaron la demanda de reparación directa y
el amparo de pobreza se interpusieron sendos recursos, los cuales estaban pendientes
de resolución.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de julio de 2025, al
resolver la impugnación elevada por la tutelante, modificó la decisión de a quo, en
consecuencia, declaró improcedente el mecanismo constitucional en relación con los
despachos accionados por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
además indicó que, sin perjuicio de tal conclusión, «se precisa que tampoco se
cumpliría el requisito de subsidiariedad porque contra el auto de 9 de abril de 2025 la
accionante interpuso recurso de apelación, y frente al auto de 28 de junio de 2024 se
encuentra pendiente de resolver un recurso de reposición».

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en auto de 24
de julio de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de

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Antioquía en providencia de 4 de junio de 20254, repuso el proveído de junio 28 de
2024 y, en consecuencia, concedió el amparo de pobreza deprecado y designó a la
abogada Laura Daniela Álzate Tobón como apoderada de la señora Saldarriaga
Molina.

Contra la decisión de rechazo del medio de control de reparación directa de 9 de abril
de 2025, la accionante interpuso el 21 de abril siguiente, recurso de reposición y en
subsidio apelación, frente a lo cual el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, en providencia de 24 de julio de 2025, dispuso dar respuesta a la
petición formulada por la demandante, para lo cual indicó:

Procede entonces esta Agencia Judicial a realizar análisis no del recurso, pues ella no
tiene las facultades para interponerlo en causa propia, sino como una petición, frente a
lo cual argumenta, que ella nunca le otorgo poder a la curadora ad litem designada para
su caso, manifiesta que la profesional del derecho nunca estuvo dispuesta a cooperar
en la redacción de su demanda y se le debe garantizar la designación de otro curador.
Manifiesta que pasaron por alto sus escritos y recursos, y que el Juzgado no pude decidir
de fondo su demanda, solo por las consideraciones de la abogada que se le designo en
amparo de pobreza.

En ese orden, resolvió no conceder ningún recurso, en atención a que no fueron
interpuestos por la apoderada que fue designada en el amparo de pobreza para que
representara los intereses de la demandante.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de cada uno de ellos,
manifestó que la autoridad judicial accionada había incurrido en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente.

En ese orden, frente al primer yerro indicó que este se configuró por valoración
indebida del escrito de la demanda, en atención a que no se tuvo en cuenta que carecía
de defensa técnica, situación que la llevó a presentar por si misma el medio de control.

En cuanto al segundo reproche, insistió en la falta de defensa idónea, pues manifestó
que la abogada designada por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín había incumplido con su deber de representarla de forma diligente. Al
respecto, trajo a colación las sentencias T-561 de 2014 y C-064 de 2021 de la Corte
Constitucional, para referirse a la vulneración al derecho a la defensa técnica en su
caso.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 7 de noviembre de 2025, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar al Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, como accionado. Asimismo, requirió a la abogada Laura Daniela
Álzate Tobón para que allegara el poder que la facultara para interponer la acción
constitucional o que, en su defecto, que la directamente afectada la coadyuvara.

4 Declaró inadmisible el recurso de apelación contra el auto que rechazó el amparo de pobreza y ordenó

impartir el trámite del recurso de reposición.
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1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente manifestación.

1.6.1. Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

La referida autoridad judicial, después de referirse a cada una de las actuaciones
adelantadas en el proceso de reparación directa, manifestó que no había vulnerado
ningún derecho fundamental de la accionante, pues, precisamente había realizado
todas las gestiones para que la representación de aquella fuera asumida por la
abogada que le fue nombrada en el trámite del amparo de pobreza y, después de
lograr su intervención, se concluyó que había operado la caducidad del medio de
control.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquía negó la solicitud de amparo, al determinar que no
se configuró el defecto fáctico alegado, asimismo, reconoció personería a la abogada
Laura Daniela Álzate Tobón para representar a la señora Carmen Liliana Saldarriaga
Molina en este proceso.

Así entonces, después de encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y, de hacer referencia a todas las
actuaciones adelantadas al interior del proceso de reparación directa, advirtió que el
Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín no había incurrido
en el yerro alegado, pues, contrario a lo manifestado por la tutelante, sí se analizó la
su situación, pues, precisamente antes de iniciar con el análisis del medio de control
y, en aras de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia, requirió al
Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para que remitiera
copia del expediente del amparo de pobreza que tuvo a su cargo, para luego,
determinada la finalidad y la vigencia de la designación, procedió a la inadmisión de la
demanda y a la notificación a la abogada nombrada en dicho trámite.

Asimismo, indicó que era notorio que la autoridad judicial accionada, en diversas
providencias le había advertido a la demandante que debía actuar por intermedio de
su apoderada, toda vez que, en la jurisdicción contenciosa era obligatorio el derecho
de postulación, el cual, en su caso estaba en cabeza de la persona que fue designada
en el amparo de pobreza o, en su defecto, en un abogado contratado.

Iteró el a quo constitucional que, no se presentó el defecto endilgado, ni la vulneración
de algún derecho fundamental de la actora, en atención a que el Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín adelantó las actuaciones de su
competencia para asegurar la adecuada asistencia técnica y, además estudio la
documental que reposaba en el proceso para tomar la decisión, la cual, no puede
calificarse de arbitraria.

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1.8. Impugnación

La parte actora solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en consecuencia, se
acceda al pedimento formulado en el escrito introductorio.

En ese orden, alegó que en el análisis del caso el a quo había pasado por alto que la
sola designación de un abogado de oficio no era suficiente para validar su actuación
judicial, pues, se requería que el beneficiario del amparo de pobreza otorgara el
respectivo poder con el que se pueda identificar de manera precisa la representación
judicial en el respectivo proceso. Al respecto, precisó que el propio tribunal reconocía
dicha tesis, toda vez que en el presente trámite había exigido que se presentara el
pertinente poder.

Advirtió entonces que, resultaba contradictorio que el tribunal requiriera poder para
adelantar la acción de tutela y, por otra parte, afirmara que la abogada Ana María
López Monsalve había cumplido con sus deberes, no obstante, nunca contar con
mandato alguno para actuar en el proceso de reparación directa.

Asimismo, señaló que el examen realizado por el Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín no se había ajustado a la realidad, en atención a que
para el 7 de diciembre de 2023, fecha de presentación de la demanda, no existía una
asignación de curador ad litem vigente, por cuanto con anterioridad la abogada López
Monsalve había manifestado expresamente su renuncia al encargo conferido, además
que, «las pocas actuaciones» sin contar con poder, incluían la interposición de un
recurso en el que solicitó el rechazo de la demanda por caducidad, lo cual contravenía
sus intereses y contribuía a la vulneración de sus derechos.

Indicó que el juzgado accionado tampoco había resuelto de fondo los recursos que
interpuso, con sustento en la falta de apoderado judicial, por lo que ignoró su situación
de indefensión, acaecida por la ausencia de la debida defensa técnica, con lo que en
su sentir, se dilató injustificadamente la decisión sobre la responsabilidad de las
entidades demandadas.

De otra parte, trajo a colación la sentencia T-561 de 2014 de la Corte Constitucional
para hacer referencia a los presupuestos que permitían concluir la vulneración al
derecho a la defensa técnica e iteró la trasgresión de sus garantías superiores, tanto
por las actuaciones de la abogada como por la decisión del operador judicial
censurado, circunstancias que en su parecer, la dejaron en un estado de indefensión,
que considera agravado por su avanzada edad y la imposibilidad de ubicarse
laboralmente, luego de su «conflicto» con la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, manifestó que lo pretendido era que se permitiera la subsanación de la
demanda de reparación directa que presentó en tiempo el año 2023, pues de lo
contrario ya no se podría volver a radicarla debido a la configuración de la caducidad.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, se vinculó a las presentes diligencias, en
calidad de terceros con interés, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la

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abogada Ana María López Monsalve, dada las calidades de parte demandada en el
proceso de reparación directa y de defensora de oficio de la tutelante.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó su desvinculación del proceso
por falta de legitimación en la causa por pasiva y la declaratoria de inexistencia de
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante.

La profesional del derecho Ana María López Monsalve, después de referirse a todas
las actuaciones extrajudiciales y judiciales realizadas, en atención a su designación
como defensora de oficio de la señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina, así como
de traer a colación los temas de caducidad del medio de control de reparación directa
y del deber ético del abogado, deprecó la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela, comoquiera que de su parte no existió la trasgresión de alguna garantía
fundamental de la tutelante.

Asimismo, de forma subsidiaria pidió que se negara la acción, se declarará que su
gestión dentro del marco del amparo de pobreza fue diligente, idónea y ajustada a los
estándares éticos de la profesión y se reconociera que dicho encargo no imponía la
presentación de demandas claramente improcedentes o caducadas.

La señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina en escritos allegados en esta instancia
manifestó que consideraba «nocivas» las vinculaciones a este proceso de la
Superintendencia de Industria y Comercio y de la abogada Ana María López Monsalve
y, solicitó que se desestime el informe presentado por esta última vinculada por
irrespeto al secreto profesional y por falta de legitimación para actuar. Por otra parte,
aseveró que la accionante en la presente tutela era su abogada Laura Daniela Álzate
Tobón.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Cuestiones previas

La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó su desvinculación del presente
proceso, con sustento en la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, debe indicarse que la petición será negada en atención a que la
comparecencia de dicha entidad no fue en calidad de parte demandada sino de
tercero, dado el interés que le puede asistir en las resultas, pues es la entidad que se
demanda en el contencioso ordinario donde se dictó la decisión censurada.

Por otra parte, respecto a las manifestaciones de la señora Carmen Liliana Saldarriaga
Molina, esta magistratura no hará ningún pronunciamiento, en atención a que en este

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trámite se encuentra representada por la abogada Laura Daniela Álzate Tobón, luego,
es por intermedio de ella que se deben realizar las respectivas intervenciones y
solicitudes.

De igual forma, tampoco habrá estudio ni decisión alguna sobre las peticiones
formuladas por la señora Ana María López Monsalve, comoquiera que las mismas
escapan al estudio que se realiza en esta instancia, pues, para el efecto puede
adelantar el trámite judicial que considere pertinente.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 20 de noviembre de 2025, de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó el mecanismo de
protección superior presentado por la señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina, ante
la falta de configuración del defecto fáctico alegado.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Demandado: Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo señalado por el a quo
constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en
la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]. [Énfasis de la Sala]

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20229 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Carmen Liliana Saldarriaga Molina
Demandado: Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades alegadas no contienen la carga
argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere
la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia
para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, si bien la parte actora planteó la configuración de los defectos fáctico y de
desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la
perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación
de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta acción
se circunscribe a cuestionar la declaratoria de caducidad del medio de control de
reparación directa, con sustentó en que la tutelante no contaba con defensa técnica.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y
a la defensa, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo.

En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a las decisiones del 9 de abril
y 24 de junio de 2025, a partir de la configuración de los yerros antes señalados, pero
huérfanos de una línea conceptual de índole constitucional que permita al funcionario
judicial desarrollar, interpretar o aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.

Ello por cuanto, si bien se indicó que el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín valoró indebidamente el escrito de la demanda de reparación
directa, al no tenerse en cuenta que la demandante se encontraba en una situación
precaria por el hecho de carecer de un profesional de derecho que la representara, lo
cierto es que no se advierten disquisiciones en las que se haga ver cómo tal
circunstancia había trasgredido las garantías superiores alegadas como conculcadas,
es decir, tan solo se hacen reparos desde la óptica de análisis que debe hacer el
operador judicial que conoce del medio de control.

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del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2025-01468-01

Ahora bien, resulta pertinente precisar que la autoridad judicial accionada tomó la
decisión de declarar la caducidad y en consecuencia rechazar la demanda, previó a
analizar la situación de la demandante, con fundamento en el siguiente análisis:

Revisando lo expuesto por la apoderada, lo que pide la demandante y lo que aparece
probado hasta la fecha, se concluye que efectivamente se encuentra configurado el
fenómeno de la caducidad; ello en razón a que efectivamente las relaciones laborales
que surgieron entre ella y sus patronos corresponden a años que superan el término de
caducidad, aun en un proceso de REPARACION DIRECTA y no existen nuevos
elementos que justifiquen su admisión, como bien lo indica la apoderada. Por tanto, no
habiéndose adecuado la demanda en los términos solicitados, y probada la
CADUCIDAD del medio de control que se pretende, SE RECHAZARÁ LA DEMANDA.
[Negrilla y mayúscula sostenida originales]

En ese orden, se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al fallador de este escenario inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los administradores de justicia de la causa contenciosa; por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de connotación constitucional esgrimidos
por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de dicho extremo procesal frente a la apreciación de las pruebas del
proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste
de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial atentaría contra el
principio de autonomía judicial y, así se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera instancia.

En efecto, lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia de la parte
tutelante con la decisión adoptada por la autoridad judicial acusada, para lo cual busca,
por medio de este mecanismo de amparo, que el asunto sea nuevamente estudiado,
sin además realizar el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la
demostración, prima facie, de una actuación injusta o caprichosa de la autoridad
judicial accionada.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.6. Conclusión

Contrario a lo manifestado por el a quo, el presente mecanismo de amparo, conforme
a la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional, no cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, comoquiera que carece de la carga
argumentativa que implique la interpretación, aplicación, desarrollo de la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, además de tratarse de un
debate de interpretación meramente legal.

En consecuencia, se revocará la providencia de la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia de 20 de noviembre de 2025, que negó la tutela,
para, en su lugar, declararla improcedente por falta de cumplimiento del mentado
requisito.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Superintendencia
de Industria y Comercio.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las
pretensiones de la tutela, y en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Carmen Liliana Saldarriaga Molina, por falta de
acreditación del requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
[Aclara voto]

«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»

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