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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2026-00316-02

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2026-00316-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de mayo de 2026 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, conforme las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2026-00316-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00316-02
Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta, primer vicepresidente de
la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín, periodo
2026
Tema: Participación de la oposición en la mesa directiva de
concejo distrital

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 25 de mayo de 2026 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, que negó sus pretensiones. Lo anterior, de conformidad con los
artículos 1501 y 152.7 literal c)2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante, el CPACA) y 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 20193 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Marcelino Ovidio Colorado Mendoza4, en nombre propio, pidió anular la
elección de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, como primer vicepresidente de la
Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín, para el periodo 2026, contenida en
el acta 367 de 29 de noviembre de 2025 de la referida corporación, porque, a su
juicio, se vulneraron los artículos 1, 40, 112 de la Constitución Política y 28 de la
Ley 136 de 1994.

1 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
2 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […] conocerán en primera

instancia de los siguientes asuntos: […] 7.c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul,
según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento
del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional,
departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean
capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en
miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la
competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado».
3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
4 Demanda del 11 de diciembre de 2025. El proceso fue conocido inicialmente por el Juzgado Catorce

Administrativo Oral del Circuito de Medellín; sin embargo, el 12 de febrero de 2026 la Sala Octava de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró de oficio la falta de competencia del juzgado. Posteriormente,
por auto de 20 de febrero de 2026, la Sala Quinta de dicho tribunal asumió el conocimiento del asunto.

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1

Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Distrital de Medellin, periodo 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00316-02

2. En línea con lo que antecede, puso de presente que en las vigencias 2024 y
2025 la presidencia y la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Concejo
Distrital de Medellín fueron ocupadas por las «bancadas mayoritarias»,
conformadas por los partidos Creemos y Centro Democrático. Además, advirtió que,
en la sesión del 29 de noviembre de 2025, la plenaria aprobó por unanimidad la
proposición5 mediante la cual se determinó que la plaza destinada a la oposición
correspondería a la segunda vicepresidencia.

3. Expuso que en dicha sesión se decidió sobre la conformación de la mesa
directiva de la mentada corporación para el periodo 2026, en los siguientes
términos: i) Alejandro De Bedout Arango como presidente (Creemos), ii) Andrés
Felipe Rodríguez Puerta como primer vicepresidente (Centro Democrático) y
iii) Farley Jhaír Macías Betancur como segundo vicepresidente (Liberal
Colombiano6).

4. En este punto, la parte actora precisó que las colectividades formalmente
declaradas en oposición postularon a los concejales José Luis Marín Mora,
perteneciente a la coalición Pacto Histórico y Farley Jhaír Macías Betancur del
partido Liberal Colombiano para ocupar la segunda vicepresidencia. A su vez,
puntualizó que, «si bien la oposición recibió la segunda vicepresidencia, dicha
asignación no satisface el estándar legal reforzado que exige su presencia en la
primera vicepresidencia», pues, a su juicio, aunque la elección «cumplió apenas el
mínimo previsto en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018», lo cierto es que
desconoció el contenido del artículo 28 de la Ley 136 de 1994.

5. Con fundamento en lo expuesto, el demandante alegó que la elección
demandada incurre en desviación de poder y en desconocimiento de los artículos
112 de la Constitución Política y 28 de la Ley 136 de 1994 7, en tanto que, «las
bancadas mayoritarias y de gobierno»8, ocuparon la presidencia y primera
vicepresidencia de la mesa directiva para el periodo 2026, desatendiendo la
obligación de preservar esta última dignidad a los partidos opositores.

6. Asimismo, alegó la configuración de los vicios de falsa motivación y falta de
competencia porque, a su juicio, la aprobación unánime del concejo para asignar la
segunda vicepresidencia a la oposición no subsana la vulneración de índole
constitucional y legal; además, indicó que los derechos otorgados a los partidos
minoritarios y de oposición son «de naturaleza constitucional reforzada» e

5 «suscrita por los concejales: Sebastián López Valencia, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Leticia Orrego Pérez,

Juan Carlos de la Cuesta, Andrés Felipe Tobón Villada, Alejandro De Bedout Arango, Camila Gaviria
Barreneche, Damián Pérez Arroyave y María Paulina Suárez Roldán».
6 Partido político declarado en oposición.
7 El demandante explicó que dichas normas «regulan la composición de las mesas directivas de los cuerpos

colegiados, en especial aquellas destinadas a garantizar la participación de los partidos minoritarios y de la
oposición».
8 Conformadas por los partidos Creemos y Centro Democrático. Además, sostuvo que dichos partidos se

alternaron los cargos de presidencia y primera vicepresidencia de la mesa directiva en los años 2024 y 2025.

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Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Distrital de Medellin, periodo 2026
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irrenunciables, por lo que, no pueden ser objeto de disposición por parte de los
órganos colegiados.

7. En esa línea, se refirió al artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 para concluir
que de su contenido se extrae el «estándar mínimo de protección» a la oposición y
precisó que dicha norma no derogó la asignación específica de la primera
vicepresidencia a esta última, contemplada en el artículo 28 de la Ley 136 de 1994.

8. A su vez, sus alegaciones finales9 reiteró sus argumentos y sostuvo que,
debería determinarse si la interpretación del Estatuto de la Oposición puede
«desplazar una regla legal vigente» y de ser así, establecer si ello resulta compatible
con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos políticos.
Además, indicó que, deviene necesario revisar si la «reiterada concentración» de
las principales dignidades en las «mismas organizaciones mayoritarias» se
encuentra acorde al mandato constitucional de participación política «según su
representación».

B. Posición de la parte demandada e intervinientes

9. La apoderada judicial del demandado10 afirmó que el acto acusado «se
encuentra ajustado a derecho, no presenta vicios de competencia, procedimiento,
finalidad ni motivación, y no lesionó derecho constitucional alguno».

10. Al respecto, con apoyo en la sentencia C-018 de 201811, concluyó que el
artículo 18 del Estatuto de la Oposición «debe interpretarse de manera armónica
con otras regulaciones ya existentes12, sin que ello signifique una derogatoria de
otras normas».

11. A su vez, señaló que la tesis del actor se cimenta en una lectura «literal y
descontextualizada» del artículo 28 de la Ley 136 de 1994, y desconoce que la Ley
1909 de 2018 corresponde a una regulación de orden estatutario, expedida de
manera «posterior y especializada» del derecho de oposición.

12. Bajo ese entendido, sostuvo que, en este caso, la oposición participó en la
mesa directiva del Concejo de Medellín al ocupar la segunda vicepresidencia, por
lo que se dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1909 de
2018, la cual garantiza la participación de esta última «sin asignar dignidad
específica»13, y tampoco se trasgredió el artículo 112 de la Constitución Política.

9 Índice 38, Samai. Expediente 2026-00316-00.
10 Índice 22, Samai. Expediente 2026-00316-00.
11 Mediante la cual la Corte Constitucional ejerció el control previo de la Ley 1909 de 2018.
12 La defensa aludió al artículo 28 de la Ley 136 de 1994.
13 Sobre el particular la defensa citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 1 de marzo de 2024, rad: 50001-23-33-000-2023-00159-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Distrital de Medellin, periodo 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00316-02

13. Asimismo, expuso que la elección del demandado como primer
vicepresidente de la mesa directiva del Concejo de Medellín se llevó a cabo de
conformidad con las competencias constitucionales y reglamentarias asignadas a la
corporación. Además, indicó que «no puede confundirse la decisión mayoritaria con
desviación de poder» y precisó que el demandante no cumplió con la carga
probatoria suficiente para demostrar dicho vicio.

14. A su vez, en los alegatos14, reiteró sus argumentos de defensa y puntualizó
que el problema jurídico a resolver no se ciñe a establecer el derecho de la oposición
a participar en la mesa directiva, sino que, corresponde determinar «si el
ordenamiento jurídico vigente impone que esa participación se concrete
exclusivamente en la primera vicepresidencia»; situación que, a su juicio, debe ser
despachada de manera negativa, dado que, en atención al artículo 18 de la Ley
1909 de 2018 y tratándose de los concejos distritales, la oposición debe integrar «al
menos una de las posiciones de la mesa directiva».

15. Por su parte, la apoderada judicial del Concejo Distrital de Medellín15 se
opuso a las pretensiones de la demanda y pidió que sean denegadas porque, a su
juicio, no se demostró la configuración de los vicios alegados a la elección del primer
vicepresidente de la mesa directiva para el año 2026.

16. Indicó que el acto acusado no desconoció los artículos 40 y 112 de la
Constitución Política y tampoco incurrió en infracción de las normas en que debía
fundarse ni en falsa motivación, pues la corporación acudió a la norma aplicable
para la elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín, esto es, el artículo 18
de la Ley 1909 de 201816, dado que su connotación de Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación17 y, además, capital del departamento de Antioquia.

17. En esa línea, sostuvo que el artículo 28 de la Ley 136 de 199418, que dispone
que los partidos de oposición participarán en la primera vicepresidencia de la mesa
directiva, «es aplicable para los otros municipios que no tienen la categoría de
distrital»; en consecuencia, adujo que, tratándose del Concejo de Medellín y
conforme lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, la oposición podría
ocupar cualquiera de las dignidades de la mesa directiva, tal como lo ha
concluido el tribunal en casos similares19.

14 Índice 40, Samai. Expediente 2026-00316-00.
15 Índice 21, Samai. Expediente 2026-00316-00.
16 «ARTÍCULO 18. PARTICIPACIÓN EN MESAS DIRECTIVAS DE PLENARIAS DE CORPORACIONES
PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con
representación en la correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al menos una
de las posiciones de las mesas directivas de las Plenarias del Congreso de la República, las asambleas
departamentales, los concejos distritales y de capitales departamentales […]» (Énfasis propio del texto)
17 De conformidad con el Acto Legislativo 001 de 2021.
18 Modificado por el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012.
19 Sobre el particular, citó: (i) sentencia del 15 de diciembre de 2021, rad: 05001-23-33-000-2021-00001-00 y

(ii) sentencia del 31 de julio de 2023, rad: 05001233300020230037300. Además, trajo a colación el concepto
1825-20 del Consejo Nacional Electoral y la sentencia de la Corte Constitucional C-18 de 2018.

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Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Distrital de Medellin, periodo 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00316-02

18. Precisó que no se estructuró la falta de competencia, en tanto que, el Concejo
de Medellín «no alteró, sustituyó ni desconoció ninguna regla legal»; por el contrario,
ejerció sus facultades para elegir la mesa directiva y garantizó la participación de la
oposición en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.

19. De otro lado, señaló que el cargo relacionado con la desviación de poder no
está llamado a prosperar si se tiene en cuenta que no se demostró el ejercicio de
facultades constitucionales y legales para la obtención de una finalidad ilegítima,
pues la actuación del Concejo de Medellín se cimentó en las competencias que le
han sido asignadas por el ordenamiento jurídico a efectos de elegir, «mediante
votación democrática», a los dignatarios de la mesa directiva.

20. A su vez, explicó que «la reiteración de resultados electorales» en la
conformación de la mesa directiva, en periodos anteriores al año 2026, no configura
por si sola la desviación de poder, pues los mismos obedecen al ejercicio de una
«competencia electiva» y corresponden al pluralismo y al sistema democrático de
la corporación.

21. Finalmente, en sus alegatos de conclusión20, reiteró los argumentos
expuestos en la defensa.

C. Sentencia recurrida21

22. El 25 de mayo de 202622 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, negó anular la elección del demandado como primer vicepresidente de
la Mesa Directiva del Concejo de Medellín.

23. Para argumentar lo anterior, precisó que el Concejo de Medellín es de orden
distrital porque de conformidad con el Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2021 la
referida ciudad es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; además,
es la capital del departamento de Antioquia.

20 Índice 39, Samai. Expediente Expediente 2026-00316-00.
21 En el trámite de primera instancia, se dieron las siguientes actuaciones relevantes: el 2 de marzo de 2026 se

admitió la demanda y se negó la medida cautelar solicitada (índice 9), decisión confirmada por el Consejo de
Estado el 26 de marzo del mismo año. El 15 de abril de 2026 se profirió auto que ordenó el trámite de sentencia
anticipada (índice 25), en el que se fijó el litigio en los siguientes términos: «el problema jurídico principal que
deberá resolver el Tribunal al momento de emitir la sentencia que ponga fin a esta instancia, consiste en
establecer si se acreditan o no los supuestos sobre los cuales se fundamenta la pretensión de declaratoria de
nulidad del acto que contiene la designación de Andrés Felipe Rodríguez Puerta como primer vicepresidente
de la mesa directiva del Concejo Distrital de Medellín para el periodo 2026 -Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria
Nro. 367, del 29 de noviembre de 2025-. Particularmente, se deberá determinar la norma aplicable en
relación con la participación de la oposición en la conformación de la mesa directiva de los concejos
distritales, es decir, si se aplica el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 22 de la
Ley 1551 de 2012 o el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 […]». Contra la anterior decisión la parte actora
interpuso reposición para que se complementara y se incluyera el cargo relacionado con el artículo 112 de la
Constitución Política. En auto del 23 de abril de 2026 (índice 31) el tribunal decidió no reponer la decisión, pues
de conformidad con los cargos y la defensa, el problema jurídico se circunscribe a la determinación de la
aplicación de la norma correspondiente en relación con la participación de la oposición en las mesas directivas.
22 Índice 42, Samai. Expediente Expediente 2026-00316-00.

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24. Bajo ese entendido, señaló que, para conformar la mesa directiva del
Concejo de Medellín resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
1909 de 2018, dado que, dicha norma «regula de manera especial la participación
de la oposición en su conformación, tanto para los concejos distritales como para
las capitales de departamento».

25. En ese orden, consideró que, en el caso particular se garantizó la
participación de la oposición en al menos una de las posiciones de la mesa directiva,
pues, el concejal Farley Jhaír Macías Betancur, perteneciente al partido Liberal
Colombiano, fue elegido segundo vicepresidente23; en consecuencia, el
nombramiento del demandado, como primer vicepresidente, deviene legal.

26. Para concluir, puntualizó que el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 no resulta
aplicable a este caso, «por cuanto el Concejo de Medellín no tiene el carácter de
municipal».

D. Recurso de apelación24

27. El demandante solicitó que se revoque el fallo del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión y, en su lugar, se acceda a sus pretensiones,
por los motivos que pasan a exponerse.

28. En primer lugar, sostuvo que en la sentencia se incurrió en error «al resolver
la controversia a partir de una premisa excluyente», pues el tribunal dedujo que,
como Medellín es un distrito y capital de departamento, la norma aplicable es el
artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 y, en consecuencia, inaplicó el artículo 28 de la
Ley 136 de 1994.

29. En esa línea, señaló que el anterior razonamiento «resulta insuficiente»,
porque el tribunal «confundió» la aplicabilidad de la Ley 1909 de 2018, con «la
derogatoria, desplazamiento o pérdida de eficacia de una norma legal anterior»,
esto es, el artículo 28 de la Ley 136 de 1994. Además, indicó que en el fallo recurrido
no se puntualizó si se configuró la derogatoria expresa o tácita de esta última
regulación ni se demostró la «incompatibilidad insuperable» entre ambas
disposiciones.

30. En igual sentido, indicó que el tribunal no mencionó las razones por las cuales
«una norma estatutaria» (artículo 18 de la Ley 1909 de 2018) podría reducir una
garantía legal que, a su juicio, es «más precisa» (artículo 28 de la Ley 136 de 1994),
pues protege la participación de la oposición, asignándola a la primera
vicepresidencia. A su vez, resaltó que la determinación de la norma aplicable no
puede supeditarse a un criterio «puramente territorial», sino que, resultaba

23 El tribunal precisó que el partido Liberal Colombiano «hacía parte de uno de los partidos y movimientos

minoritarios, sin que exist[a] por ninguna de las partes discusión al respecto».
24 Índice 44, Samai. Expediente 2026-00316-00.

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necesario «examinar el objeto normativo de cada disposición».

31. Aunado a lo que antecede, señaló que las normas previamente citadas no
son incompatibles, pues, de un lado, el Estatuto de la Oposición «fija un piso mínimo
de participación», mientras que, la Ley 136 de 1994 «concreta, para los concejos,
la dignidad en la cual esa garantía debe realizarse».

32. Bajo esa óptica, sostuvo que el problema jurídico a desatarse consistía en
«establecer si dicha disposición estatutaria derogó, desplazó o redujo el mandato
contenido en el artículo 28 de la Ley 136 de 1994», pero, a su juicio, el tribunal,
contrario a ello «se limitó a escoger una norma y excluir la otra, sin explicar la razón
jurídica de esa exclusión».

33. En segundo término, afirmó que, la fundamentación expuesta en el fallo de
primera instancia resulta insuficiente e incongruente, en tanto que, el tribunal se
limitó a constatar la aplicación del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 y omitió
abordar los «cargos autónomos de nulidad formulados en la demanda», esto es, i)
el desconocimiento del artículo 112 de la Constitución Política, ii) la desviación de
poder fundamentada en la ocupación de las dos primeras dignidades por parte de
las «mismas dos fuerzas políticas» durante tres vigencias consecutivas, iii) la falta
de competencia para «reconfigurar garantías legales de participación política» y iv)
la falsa motivación.

34. Por último, resaltó que el a quo equiparó los cargos de primer y segundo
vicepresidente de la mesa directiva sin justificación y, explicó que, la primera
vicepresidencia «ocupa una posición institucional superior», por lo que, en su
concepto, el desplazamiento de la oposición a la segunda dignidad «no constituye
una simple variación nominal, sino una disminución real de su posición institucional
dentro de la corporación».

E. Trámite procesal en segunda instancia

35. Mediante auto del 4 de junio de 202625, el a quo concedió la apelación
interpuesta por la parte actora contra la sentencia del tribunal. A su vez, en
providencia de 19 de junio de 202626 el magistrado ponente admitió el recurso y
ordenó correr traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir
concepto.

36. El demandante27 ratificó sus argumentos de apelación y reiteró su petición
de que el fallo de primera instancia sea revocado. En esa línea, sostuvo que la
elección del demandado debía estar presidida por una aplicación concurrente de los
artículos 28 de la Ley 136 de 1994 y 18 de la Ley 1909 de 2018. Además, adujo que

25 Índice 46, Samai. Expediente 2026-00316-00.
26 Índice 4, Samai.
27 Índice 11, Samai.

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los antecedentes del tribunal no vinculan a la Sección Quinta del Consejo de Estado
y señaló que las providencias invocadas «no contienen una regla de decisión
aplicable al presente asunto»28.

37. De otro lado, la apoderada judicial del demandado29 expuso en sus alegatos
de conclusión que, en síntesis, el tribunal resolvió en debida forma el objeto del
litigio y, en su concepto, el recurrente no logró desvirtuar los razonamientos
esbozados por el a quo.

38. La apoderada judicial del Concejo Distrital de Medellín30 reiteró sus
argumentos de defensa y expuso que, contrario a la tesis del actor, la norma
aplicable al caso es el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, como lo ha expuesto el
Tribunal Administrativo de Antioquia31 y el Consejo Nacional Electoral32. Además,
señaló que la apelación «no contiene un verdadero ejercicio de contradicción frente
a dichas decisiones».

39. El Ministerio Público33 solicitó que se confirme la sentencia recurrida,
porque el demandante no demostró que para la conformación de la mesa directiva
del Concejo Distrital de Medellín resultara exigible aplicar el artículo 28 de la Ley
136 de 1994; por el contrario, como lo indicó el tribunal, para el caso particular
resultaba procedente acudir al artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, en tanto que,
«constituye la disposición especial que regula la participación de las organizaciones
políticas declaradas en oposición en las mesas directivas de los concejos
distritales».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

40. La Sala confirmará la sentencia del 25 de mayo de 2026 en cuanto negó la
nulidad del acto que designó a Andrés Felipe Rodríguez Puerta como primer
vicepresidente de la mesa directiva del Concejo Distrital de Medellín para el periodo
2026, por las razones que pasan a exponerse.

2.1. Caso concreto

41. La parte demandante cuestiona, en síntesis, que el fallo de primera instancia
carece de motivación suficiente e incurre en incongruencia porque el tribunal: i) se
limitó a inaplicar el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 sin justificar si resultaba
derogada o incompatible con el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 y ii) omitió
abordar los «cargos autónomos de nulidad formulados en la demanda».

28 Citó: (i) Sentencia de 29 de febrero de 2024, rad. 47001-23-33-000-2023-00159-01, (ii) Sentencia de 27 de

marzo de 2025, rad. 73001-23-33-000-2024-00048-01, (iii) Sentencia del 4 de septiembre de 2025, rad. 76001-
23-33-000-2025-00073-02 y (iv) Providencia de 20 de abril de 2023, rad. 05001-23-33-000-2023-00205-01.
29 Índice 4, Samai.
30 Índice 9, Samai.
31 «radicado 05001233300020230037300».
32 «Concepto 1825-20».
33 Índice 16, Samai.

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Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del
Concejo Distrital de Medellin, periodo 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00316-02

42. En cuanto al primer aspecto el actor indicó que el tribunal se limitó a acudir
al criterio territorial para establecer el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 como
norma aplicable a la elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín y, señaló
que el a quo inaplicó el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 sin puntualizar la
configuración de alguna derogatoria o incompatibilidad entre dichas normas.

43. Además, señaló que las disposiciones previamente citadas no son
incompatibles, pues, de un lado, el Estatuto de la Oposición «fija un piso mínimo de
participación», mientras que, la Ley 136 de 1994 «concreta, para los concejos, la
dignidad en la cual esa garantía debe realizarse».

44. Al respecto, resulta pertinente traer a colación los artículos 28 de la Ley 136
de 1994 y 18 de la Ley 1909 de 2018, a saber:

Artículo 28 de la Ley 136 de
Artículo 18 de la Ley 1909 de 201835
199434
ARTÍCULO 18. PARTICIPACIÓN EN MESAS DIRECTIVAS DE
ARTÍCULO 28. MESAS
PLENARIAS DE CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN
DIRECTIVAS. La Mesa
POPULAR. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y
Directiva de los Concejos se
con representación en la correspondiente corporación pública,
compondrá de un Presidente y
tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de
dos Vicepresidentes, elegidos
las mesas directivas de las Plenarias del Congreso de la República, las
separadamente para un período
asambleas departamentales, los concejos distritales y de capitales
de un año.
departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda
<Inciso sustituido por el artículo
a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.
22 de la Ley 1551 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> El
La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas
o los partidos que se declaren
directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás
en oposición al alcalde,
declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.
tendrán participación en la
primera vicepresidencia del
Esta representación debe alternarse en períodos sucesivos entre hombres
Concejo.
y mujeres.

45. De lo anterior se colige que, de un lado, el artículo 28 de la Ley 136 de 1994
prevé que los partidos declarados en oposición tendrán que ocupar la primera
vicepresidencia de la mesa directiva de los concejos municipales, mientras
que, de otra parte, el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 dispone que dichas
colectividades participarán en al menos una de las posiciones de la mesa
directiva cuando se trate de las Plenarias del Congreso de la República, las
asambleas departamentales, los concejos distritales y de capitales
departamentales.

46. Pues bien, en el caso particular, en sesión plenaria del 29 de noviembre de
2025, el Concejo Distrital de Medellín36 eligió miembros de la mesa directiva a: (i)

34 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
35 Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones

políticas independientes.
36 Índice 21, Samai. Expediente 2026-00316-00. Acta 367 del 29 de noviembre de 2025. Páginas 3 a 33,

documento 20 (expediente administrativo).

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Demandante: Marcelino Ovidio Colorado Mendoza
Demandado: Andrés Felipe Rodríguez Puerta –
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Alejandro De Bedout Arango como presidente37, (ii) Andrés Felipe Rodríguez
Puerta como primer vicepresidente38 y, (iii) Farley Jhaír Macías Betancur como
segundo vicepresidente39.

47. Al respecto, resulta relevante poner de presente que de conformidad con el
Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2021, Medellín tiene la connotación de Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y, además, es la capital del
departamento de Antioquia.

48. En ese orden, como lo determinó el tribunal, la disyuntiva que propone la
parte actora se resuelve con la aplicación del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018,
dado que, la referida norma aborda de manera específica los términos en que
los partidos declarados en oposición participarán en la conformación de las
mesas directivas cuando se trate de concejos distritales o de capitales
departamentales, como ocurre en el caso particular.

49. Bajo ese entendido, la Sala concluye que la elección del demandado como
primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín no
deviene ilegal, en tanto que, dicha dignidad podría ser ocupada por cualquier
miembro de la corporación, perteneciente o no a los partidos declarados en
oposición, pues el referido cargo no se encuentra reservado, exclusivamente,
para estas últimas colectividades.

50. En línea con lo que antecede, deviene necesario resaltar que, contrario a los
razonamientos expuestos por el actor, los derechos de los partidos opositores
no resultan trasgredidos con la aplicación del artículo 18 de la Ley 1909 de
2018, pues, precisamente, la citada regulación señala que la oposición será incluida,
en al menos, una de las dignidades de la mesa directiva, por lo que, podrían ocupar
cualquiera de dichos cargos, esto es, la presidencia, primera vicepresidencia o la
segunda vicepresidencia.

51. Aunado a lo que antecede, la Sala encuentra necesario puntualizar que los
artículos 28 de la Ley 136 de 1994 y 18 de la Ley 1909 de 2018 no devienen
incompatibles entre sí, en tanto que, el objetivo del legislador estuvo encaminado,
precisamente, a establecer una diferenciación de orden territorial a efectos de
determinar la participación en las mesas directivas de las agrupaciones
políticas declaradas en oposición.

52. A su vez, en sentencia C-018 de 201840, la Corte Constitucional declaró

37 «El secretario general registró veintiún (21) votos. Veinte (20) votos por el concejal Alejandro De Bedout

Arango y uno (1) por el concejal José Luis Marín Mora».
38 «El secretario General registró veinte (20) votos. Catorce (14) votos por el concejal Andrés Felipe Rodríguez

Puerta y seis (6) votos por el concejal Alejandro Arias García».
39 «El secretario General registró 20 (veinte) votos. Diecinueve (19) votos por el concejal Farley Jharía Macías

Betancur y uno (1) por el concejal José Luis Marín Mora». De conformidad con la demanda y los escritos de
contestación, el referido concejal hace parte de una colectividad declarada en oposición.
40 Corte Constitucional, Sentencia C-018 del 4 de abril de 2018, exp.: RPZ-004, MP. Alejandro Linares Cantillo.

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exequible el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 y sostuvo que el asunto allí regulado,
guarda relación con el artículo 112 de la Constitución Política, podría abordarse en
ley de carácter estatutario y resultaría procede su armonización con otras
regulaciones especiales41; aspecto que deja entrever que las circunstancias
reguladas en la referida norma no pugnan con el orden legal y constitucional.

53. En este punto, la parte actora adujo que en el fallo de primera instancia no
se mencionaron las razones por las cuales la norma estatutaria (Ley 1909 de 2018)
podría reducir una garantía legal que, a su juicio, resulta más precisa y protege la
participación de la oposición, asignándola a la primera vicepresidencia (Ley 136 de
1994).

54. Al respecto, la Sala considera pertinente puntualizar que, contrario al dicho
del recurrente, sin pretender analizar la legalidad de la Ley 1909 de 2018 debe
advertirse que no es válido afirmar que tenga como finalidad reducir las garantías
políticas que le asisten a los partidos declarados en oposición; por el contrario, como
se desprende del pronunciamiento de la Corte Constitucional42, propende por
desarrollar la protección de dichas colectividades establecida en el artículo 112 de
la Constitución Política43, a efectos de respaldar, particularmente, su participación
en las mesas directivas de los cuerpos colegiados.

55. Aunado a lo anterior, deviene oportuno hacer hincapié en que las referidas
normas están encaminadas a establecer una diferenciación de orden territorial, pero
no tienen como propósito trastocar los derechos de los partidos y movimientos
políticos declarados en oposición.

56. Así, como se expuso previamente, el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 refiere
de manera específica a la participación de la oposición en las mesas directivas de
los concejos municipales y «no de cualquier cuerpo colegiado»44, mientras que el

41 «102. Con todo, si bien es cierto que las expresiones antes mencionadas son equivalentes, pues así lo sugiere

el propio artículo 112 de la Constitución, la Corte no comparte la interpretación del párrafo anterior acerca de la
derogatoria del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992, pues considera que es posible interpretarlo de forma
armónica con el artículo 18 del PLE Estatuto de la Oposición, sin que se vulnere reserva de ley alguna
[…]». (Énfasis añadido)
42 Ibidem.
43 «ARTÍCULO 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en

oposición al Gobierno podrán ejercer libremente la función critica frente a este, y plantear y desarrollar
alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la
información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios
de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con
la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos
medios de comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán
derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en
ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia […]». (Énfasis añadido)
44 Al respecto, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-699 del 16 de octubre de 2013, expediente: D-9585,

MP. María Victoria Calle Correa. «4.2.4.1. […] Ni el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012, ni el resto de la ley
tienen por objeto regular de manera íntegra los derechos de la oposición política o de las minorías
políticas. Se trata únicamente de la modificación de la norma que, desde 1994, establece el régimen municipal
y, dentro de este, la conformación de los concejos municipales y de las mesas directivas de los mismos. No es
una norma que se ocupe de definir los conceptos o los contenidos básicos de los derechos de la oposición […]
4.2.4.2. […] La norma no se ocupa de establecer la dimensión de las garantías para la oposición, ni determina

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artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 puntualiza la intervención de los partidos o
movimientos políticos declarados en oposición en las mesas directivas de las
Plenarias del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los
concejos distritales y de capitales departamentales.

57. En este punto, como criterio orientador, resulta relevante traer a colación la
providencia del 20 de abril de 202345, mediante la cual esta Sección, en un asunto
similar, señaló que la regulación del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 «es más
específica al referirse de manera puntual a los concejos distritales y a los
municipales correspondientes a capitales de departamento, en contraposición a la
mención amplia de los concejos municipales de la Ley 136 de 1994».

58. En esa medida, como la situación fáctica objeto de estudio se encuadra en
las particularidades que contempla el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, lo
procedente es concluir su aplicabilidad, sin que ello represente el desconocimiento
de normas legales o constitucionales, como se expuso en líneas anteriores.

59. Ahora bien, en cuanto el segundo aspecto alegado por la parte actora,
relacionado con el desconocimiento del artículo 112 de la Constitución Política, la
desviación de poder, la falta de competencia y la falsa motivación, la Sala advierte
que la argumentación a la que acudió el recurrente para su sustento deviene del
mismo cargo que se desarrolló de manera previa, encaminado a cuestionar la
aplicación del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 en la elección de la mesa directiva
del Concejo Distrital de Medellín para el periodo 2026.

60. Bajo ese entendido, la Sala precisa que dichos reproches serán despachados
de manera desfavorable, pues, como ya se indicó la elección del demandado no
trasgredió el ordenamiento jurídico, en tanto que, estuvo presidida de la aplicación
de la norma correspondiente, esto es, el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.

61. En este punto, es necesario resaltar que, como lo expuso la defensa, dichos
presuntos yerros carecen de la debida sustentación y de los respectivos elementos
probatorios que conlleven a su configuración, omisión solo adjudicable al actor, pero
que encuentra explicación en que devienen de su tesis principal de indebida
aplicación normativa, la cual como se concluyó carece de vocación de prosperidad.

62. No sobra agregar que, contrario al dicho del recurrente, de la revisión de la
fijación del litigio no se advierte que el tribunal haya precisado que se encargaría de
«establecer si dicha disposición estatutaria derogó [ley 1909 de 2018], desplazó o

los ámbitos de protección que expresamente la Constitución le reconoce a la oposición. […] 4.2.4.3. […] La
norma no se ocupa de regular este derecho ni en sus elementos estructurales, ni en sus elementos adjetivos
de manera general. La norma legal acusada sólo hace referencia al ejercicio de este derecho por parte de la
oposición, en el ámbito de los concejos municipales. No de cualquier cuerpo colegiado […]» (Énfasis
añadido)
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 20 de abril de 2023, rad:

05001-23-33-000-2023-00205-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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redujo el mandato contenido en el artículo 28 de la Ley 136 de 1994», por el
contrario concluyó que se definiría «si se aplica el artículo 28 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012 o el artículo 18 de la Ley 1909
de 2018», como en efecto sucedió.

63. Así las cosas, es lo procedente confirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que negó la nulidad del acto
que contiene la elección de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, como primer
vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín para el periodo
2026.

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de mayo de 2026 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda, conforme las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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