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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00048-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00048-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 19 de septiembre de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó las pretensiones de nulidad electoral contra el acto de elección de los señores Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina, como presidente y segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Ibagué, Tolima, para el periodo 2024. SEGUNDO: Acéptase la renuncia presentada por el abogado Iván Cano Córdoba, al poder otorgado por el el señor Arturo Castillo Castañeda, quien actúa como demandado. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 23 Corte Constitucional, sentencia C-127 de 2018. 24 Índice 77 de SAMAI, correspondiente al expediente de primera instancia. 25 Índice 14 de SAMAI, correspondiente al expediente de segunda instancia. 20 Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Antonio José Paris Márquez Demandados: Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina- presidente y vicepresidente Concejo Municipal de Ibagué 2024 Rad: 73001-23-33-000-2024-00048-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 73001-23-33-000-2024-00048-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de marzo de 2025

Demandante: Antonio José Paris Márquez
Demandados: Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina-
presidente y vicepresidente Concejo Municipal de Ibagué 2024
Rad: 73001-23-33-000-2024-00048-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00048-01
Demandante: ANTONIO JOSÉ PARIS MÁRQUEZ
Demandados: ARTURO CASTILLO CASTAÑEDA Y WILLIAM SANTIAGO
MOLINA- PRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA, PERIODO
2024

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, a través de la cual
el Tribunal Administrativo del Tolima denegó las pretensiones de nulidad electoral
contra el acto de elección de los señores Arturo Castillo Castañeda y William
Santiago Molina, como presidente y segundo vicepresidente del Concejo Municipal
de Ibagué, Tolima, para el periodo 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. El señor Antonio José Paris Márquez, quien actúa en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda contra el acto de elección de los señores Arturo Castillo
Castañeda y William Santiago Molina, como presidente y segundo vicepresidente
del Concejo Municipal de Ibagué, Tolima, para el periodo 2024, con el fin de que
se hicieran las siguientes declaraciones:

«1. Se decrete la NULIDAD del acto demandado, respecto del trámite
abiertamente ilegal que declaró la elección como PRESIDENTE de la Corporación
Concejo de Ibagué, para la vigencia 2024 al Concejal del Partido Conservador
ARTURO CASTILLO CASTAÑEDA.

2. Se decrete la NULIDAD del acto demandado, respecto del trámite contrario a la
Ley que declaró la elección como SEGUNDO VICEPRESIDENTE (sic) de la
Corporación Concejo de Ibagué, para el periodo 2024 al Concejal del Partido

1 Índice 3 del expediente electrónico de segunda instancia visible en SAMAI.

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Demandante: Antonio José Paris Márquez
Demandados: Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina-
presidente y vicepresidente Concejo Municipal de Ibagué 2024
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Firme por Ibagué WILLIAM SANTIAGO MOLINA.

3. Consecuentemente, se ORDENE a la Corporación Concejo de Ibagué, repetir la
elección de los cargos de PRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE (sic)
para la vigencia 2024 dando correcta aplicación a la Ley 1909 de 2018 y Ley 136
de 1994, respectivamente.»

1.2. Hechos

2. El 2 de enero de 2024, se instalaron las sesiones ordinarias del periodo
2024-2027 del Concejo Municipal de Ibagué, y dentro del orden del día -numerales
6, 7 y 8- se estableció la postulación, elección y posesión del presidente,
vicepresidente primero y segundo vicepresidente de la Corporación, para el año
2024.

3. Al llegar al punto 6 relacionado con la elección del presidente2, el concejal
del Partido Conservador Víctor Alfonso Ortiz Cepeda postuló al miembro del
mismo movimiento, Carlos Mauricio Beltrán Sánchez; de igual manera, el concejal
del Partido Verde Flavio William Rosas Jurado postuló al señor Arturo Castillo
Castañeda, del Partido Conservador, tras invocar el artículo 18 de la Ley 1909 de
20183.

4. El señor Andrés Camilo Acevedo Barragán, presidente del Concejo
Municipal de Ibagué, en encargo, tomó juramento al concejal Castillo Castañeda y
lo declaró posesionado como presidente de la Corporación4.

5. Al llegar al punto 8 del orden del día, relacionado con la postulación,
elección y posesión del segundo vicepresidente de la Corporación 5 , Andrés
Camilo Acevedo Barragán, concejal de la Coalición Partido de la Unidad Nacional-
Nuevo Liberalismo- Colombia Justa y Libre, efectuó la postulación del señor
William Santiago Molina del Partido Firme por Ibagué, la cual fue aceptada por el
designado6

6. El recién elegido presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Arturo
Castillo Castañeda, tomó juramento al nuevo segundo vicepresidente de la
Corporación7.

7. El 10 de enero de 2024, el demandante radicó solicitud ante la Secretaría
General del Concejo Municipal de Ibagué, a través de la cual pidió que se le
hiciera entrega del Acta de Sesión que se llevó a cabo el 2 de enero de 2024,
junto con sus anexos y el registro de audio y/o video, documentos que le fueron
enviados por correo electrónico el 1º de febrero de 2024, a través de Oficio No.
2024-027 de 31 de enero de 2024.

8. El 27 de enero de 2024, el actor presentó petición ante el Consejo Nacional
Electoral con el fin de obtener las declaratorias de los partidos con base en el

2 Minuto de grabación 1:05:01 al 1:06:44.
3 Minuto de grabación 1:06:53 al 1:10:45.
4 Minuto de grabación 1:26:10 al 1:26:57.
5 Minuto de grabación 1:42:55 al 1:43:37.
6 Minuto de grabación 1:43:51 al 1:43:57.

7 Minuto de grabación 1:49:28 al 1:49:52.

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artículo 6º de la Ley 1909 de 2018, en relación con el Concejo Municipal de
Ibagué, para efectos de verificar la fecha de radicación y resolución de
reconocimientos.

9. El 30 de enero de ese mismo año, la entidad brindó respuesta a través de
Oficio CNE-S-2024-000722-DVIE-700, en el cual se informó que lo solicitado sería
remitido por los medios que requiera el peticionario; no obstante, a la fecha de
presentación de la demanda no se ha enviado la documental.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. La parte actora adujo que con las dos elecciones demandadas se incurrió
en la causal de anulación electoral prevista por el artículo 275, numeral 5º, del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al
respecto, manifestó que se lesionaron los artículos 6º, 9º y 18 de la Ley 1909 de
2018, en relación con la elección del presidente del Concejo Municipal de Ibagué,
así como el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 frente a la designación del segundo
vicepresidente de la misma Corporación.

1.3.1. Concepto de la violación en lo que respecta a la elección del
presidente del Concejo Municipal de Ibagué, para el año 2024.

11. El demandante indicó que el concejal Flavio William Rosas Jurado
perteneciente al Partido Verde, al postular como candidato al señor Arturo Castillo
Castañeda del Partido Conservador, invocó exclusivamente el artículo 18 de la
Ley 1909 de 2018, norma que trae unas exigencias que en este caso no fueron
cumplidas.

12. Precisó que para el 2 de enero de 2024, fecha en que se realizó la elección
objeto de demanda, no se encontraba acreditado que el Partido Verde,
organización política a la cual pertenece el señor Rosas Jurado, contara con la
respectiva declaración de oposición radicada ante las autoridades competentes
respecto de la Administración Municipal de Ibagué, en los términos del artículo 6º
de la Ley 1909 de 2018, en concordancia con el artículo 9º de la misma norma.

13. Puntualizó que, de igual manera, el presidente electo del concejo, para la
fecha en que aceptó la postulación no tenía las calidades exigidas por el artículo
18 de la Ley 1909 de 2018, toda vez que el Partido Conservador al cual pertenece
no había radicado la respectiva declaratoria de oposición, por lo que, en efecto, el
Consejo Nacional Electoral no había expedido la respectiva resolución de
inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

14. Consideró que tales irregularidades viciaron el trámite de la elección del
presidente del Concejo Municipal de Ibagué, dado que se omitió acreditar la
declaratoria y reconocimiento en oposición de los partidos Verde y Conservador
Colombiano a los cuales pertenecen el concejal que postuló al candidato a
presidente, y el elegido en ese cargo, respectivamente.

15. Manifestó que no comparte lo argumentado por el concejal del Partido
Verde Flavio William Rosas Jurado, al efectuar la postulación del presidente en el
sentido de que no hay necesidad de escalar la declaración de oposición ante la

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autoridad electoral, pues ello va en contravía de las normas invocadas como
violadas y en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional Electoral en
pronunciamiento aprobado en Sala Plena de 2 de julio de 2020 8, en virtud de los
cuales la oposición debe radicarse dentro del primer mes de inicio del respectivo
gobierno9 ante la autoridad electoral.

16. Adicionó que el Consejo Nacional Electoral está facultado para inscribir el
acto de oposición en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos,
momento a partir del cual son exigibles las prerrogativas derivadas de ello; lo
anterior, en concordancia con el análisis realizado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-018 de 2018, que aclaró que los derechos previstos en el Estatuto de
la Oposición no son oponibles con la simple realización de la declaración política,
sino con su respectivo registro.

17. Al respecto, citó apartes del pronunciamiento realizado por el Consejo
Nacional Electoral el 5 de diciembre de 202210, relacionados con los derechos de
la oposición política y la participación en las mesas directivas de las corporaciones
públicas de elección popular.

1.3.2. Concepto de la violación en relación con la elección del segundo
vicepresidente del Concejo Municipal de Ibagué, por la vigencia 2024

18. El demandante invocó la transgresión del artículo 28 de la Ley 136 de 1994,
norma que establece que ningún concejal podrá ser reelegido en dos periodos
consecutivos en la respectiva mesa directiva, toda vez que el señor William
Santiago Molina, quien resultó elegido segundo vicepresidente para el año 2024,
ostentó el mismo cargo durante el año 2023.

19. Sostuvo que en atención a que el mencionado funcionario fue designado
por dos periodos consecutivos para pertenecer a la mesa directiva del Concejo
Municipal de Ibagué, se incurrió en la prohibición consagrada en la norma en cita.

20. Aclaró que no es posible aplicar la hipótesis consagrada por la Ley 2200 de
2022, que regula la elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental y
prohíbe expresamente la reelección en dos periodos constitucionales
consecutivos, toda vez que la Ley 136 de 1994 reglamentó expresamente la
restricción de que se trata en relación con los concejos municipales.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Concejo Municipal de Ibagué

21. La Corporación, actuando a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, con fundamento en que el 23 de diciembre de 2023, o sea,
transcurridas las elecciones de concejo el director del departamento del Tolima del
Partido Conservador se declaró en oposición a la alcaldía.

8 Radicado 1825-20, magistrada ponente Doris Ruth Méndez Cubillos.
9 Trámite reglamentado mediante las Resoluciones 3134 de 2018 y 3941 de 2019.
10 Radicado CNE-E-DG-2022-024264, magistrada ponente Maritza Martínez Aristizábal.

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22. Informó que el 10 de enero de 2024, los concejales Flavio William Rosas
Jurado y Rodrigo Andrés Zambrano Gómez, mediante escritos dirigidos a las
direcciones Nacional y Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Verde, se declararon
en oposición al gobierno municipal, decisión que fue reafirmada en reunión de 20
del mismo mes y año.

23. Señaló que en la sesión de 2 de enero de 2024 realizada por el Concejo
Municipal de Ibagué, el vocero del Partido Conservador Víctor Alfonso Ortiz
expresó verbalmente la declaración de oposición a la administración de turno, al
igual que el vocero del Partido Alianza Verde, concejal Rodrigo Andrés Zambrano.

24. Indicó que la secretaria general del Concejo Municipal de Ibagué, en
encargo, remitió a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe de
declaración política de los partidos Conservador, Alianza Verde, ASI y Liberal, en
cumplimiento del artículo 9º de la Ley 1909 de 201811.

25. Destacó que el Consejo Nacional Electoral se encontraba en vacancia
desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 11 de enero de 2024, por lo cual se
imposibilitó el registro de las declaraciones y resultaba imposible que algún
movimiento radicara tales actuaciones ante los gobiernos de turno, por lo que no
tiene asidero lo alegado por el actor en el sentido de que las diligencias en
mención debían llevarse a cabo el 2 de enero de 2024.

26. Puntualizó que según lo señalado en comunicación de 30 de enero de
2024, la autoridad electoral se encuentra estudiando el cumplimiento de los
requisitos de las declaraciones de los movimientos políticos, lo que demuestra que
los partidos declarados en oposición expresaron sus posturas políticas dentro del
término perentorio señalado por el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018, razón por la
cual el Concejo Municipal de Ibagué no está legitimado por pasiva, pues no está
facultado para avalar las posturas políticas de los movimientos ni para postular a
los candidatos a ocupar las designaciones en la mesa directiva de la Corporación.

27. En relación con la legalidad de las postulaciones, expuso que en el Concejo
de Ibagué solo existen dos organizaciones políticas en oposición, a saber, el
Partido Verde con dos concejales y el Partido Conservador con seis concejales
quienes postularon al concejal Carlos Mauricio Beltrán Sánchez; como
consecuencia de ello, los concejales del Partido Verde no se sentían
representados, por lo cual de manera independiente postularon al concejal Arturo
Castillo Castañeda.

28. Citó, al respecto, la sentencia de 3 de febrero de 2022 proferida por esta
Corporación12, y resaltó que conforme a dicho pronunciamiento la oposición es un
derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado.

29. En relación con la elección del segundo vicepresidente en dos periodos
consecutivos, resaltó que el concejal participa en una mesa directiva designada en
un nuevo periodo constitucional donde ingresaron doce personas nuevas a ocupar
curules del Concejo Municipal de Ibagué bajo una nueva administración municipal,
por lo que se está en presencia de una transición.

11 A través de correo electrónico enviado el 22 de enero de 2024.
12 Radicado 11001-03-28-000-2021-00048-00. Magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas Gil.

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30. Trajo a colación el artículo 40 de la Ley 5ª de 1992, que regula el Congreso
de la República, según el cual la prohibición de reelección de un miembro de la
mesa directiva se predica respecto del mismo cuatrienio, por lo que en este caso
se está en presencia de dos periodos constitucionales distintos.

1.4.2. Concejal William Santiago Molina- segundo vicepresidente de la Mesa
Directiva del Concejo de Ibagué, vigencia 2024.

31. Por conducto de apoderado, recordó que de conformidad con el artículo 312
de la Constitución Política, los periodos constitucionales de los concejos
municipales son de 4 años; en ese sentido, el concejal Molina fue elegido por el
periodo institucional 2020-2023 y en ese último año volvió a presentarse a las
elecciones de octubre en las cuales salió elegido nuevamente como concejal de
Ibagué.

32. Explicó que la prohibición establecida por el artículo 28 de la Ley 136 de
1994, en cuanto a la reelección para periodos consecutivos de un concejal en la
mesa directiva, se predica respecto del mismo periodo constitucional, de manera
que este caso es diferente porque se está frente a dos periodos constitucionales
distintos.

1.4.3. Concejal Arturo Castillo Castañeda- presidente de la Mesa Directiva
del Concejo de Ibagué, vigencia 2024

33. A través de apoderado, solicitó que se declare la excepción de
improcedencia del medio de control de nulidad electoral por no configurarse
alguna de las causales previstas por los artículos 137 y 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con sustento en
que no se invocó de forma clara la causal que se originó; además que no se
lesionó el régimen de bancadas.

34. Destacó que votó conforme a las directrices hechas por el Partido
Conservador a favor del concejal Carlos Mauricio Beltrán Sánchez, lo que quiere
decir que no incumplió norma o resolución que dé lugar a anular su elección como
presidente de la Corporación, dado que su postulación obedeció a la realizada por
el concejal Flavio William Rosas Jurado, del Partido Verde que, de igual manera,
se encuentra en oposición.

35. Hizo un recuento de la sesión realizada el 2 de enero de 2024 en el
Concejo Municipal de Ibagué, de lo cual destacó que al interior del órgano de
elección popular solo existen dos organizaciones políticas en oposición, a saber, el
Partido Verde con dos concejales y el Partido Conservador con seis concejales;
luego, los primeros de ellos, al no sentirse representados, lo postularon para ser
presidente de la Mesa Directiva, designación que fue aceptada con fundamento en
el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, y en concordancia con la sentencia de 3 de
febrero de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
expediente 11001-03-28-000-2021-00048-00.

1.5. Actuación procesal de primera instancia

36. Por auto de 27 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima

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admitió la demanda tras advertir que cumplió con los requisitos legales, y ordenó
su notificación a los señores Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina,
en calidad de presidente y segundo vicepresidente del Concejo Municipal de
Ibagué para el año 2024. De igual manera, dispuso la vinculación de dicha
corporación como litisconsorte necesario, del Ministerio Público y de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

37. Mediante proveído de 25 de abril de 2024, rechazó de plano la solicitud de
medida cautelar de suspensión del acto demandado, elevada por la parte actora.

38. A través de providencia de 30 de mayo de 2024, se dispuso que el 12 de
junio de 2024 se llevaría a cabo la audiencia inicial, fecha en la cual se hizo el
respectivo decreto de pruebas, después de haberse fijado el litigio bajo los
siguientes términos:

«Se concreta en determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad electoral
de la elección del Presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Concejal
Arturo Castillo Castañeda, así como, de la del Segundo Vicepresidente de
esa corporación pública, el Concejal William Santiago Molina, al no reunir los
requisitos exigidos en por el ordenamiento jurídico según lo informe el
demandante».

39. El 6 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la cual
se recaudaron los testimonios de los señores Flavio William Rosas Jurado y Víctor
Alfonso Ortiz Cepeda (concejales de Ibagué, Tolima); se incorporaron las
documentales allegadas y se prescindió de la realización de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento, por lo que corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a esa
diligencia.

1.6. Sentencia de primera instancia

40. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de providencia de 19 de
septiembre de 2024, denegó las pretensiones de la demanda.

41. En relación con la designación del señor Arturo Castillo Castañeda como
presidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ibagué para la vigencia
2024, consideró que se encontró acreditada su elección con la votación de la
mayoría de los concejales, así como la realización de las declaraciones de
oposición del Partido Conservador y Alianza Verde llevadas a cabo el 29 y 30 de
enero de 2024, respectivamente, inscritas a través de las Resoluciones 01357 y
01367 de 21 de febrero de 2024 en el Registro Único de Partidos y Movimientos
Políticos.

42. Argumentó que está demostrado que el 2 de enero de 2024 se instaló la
sesión ordinaria inaugural del Concejo Municipal de Ibagué dentro de un nuevo
periodo constitucional (2024-2027), en la cual, de conformidad con el artículo 44
del Acuerdo 010 de 2022 (reglamento interno del Concejo Municipal) debía
designarse a los miembros de la Mesa Directiva del concejo municipal.

43. Recalcó que, en ese sentido, no puede derivarse una irregularidad del

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proceso de elección comoquiera que las organizaciones políticas tenían un mes a
partir del inicio del gobierno municipal para manifestar su oposición, por lo que
para la fecha en que se llevó a cabo la elección cuestionada no había vencido el
plazo para ello, de manera que ninguna de las colectividades políticas que hacían
parte de la Corporación se habían declarado en oposición formalmente.

44. Agregó que para la elección del presidente de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal no era exigible la formalización de la declaratoria de oposición,
dado que el término legal para ello no estaba vencido y, en cambio, sí era
necesario que el 2 de enero de 2024 se hiciera la elección de la mesa directiva,
debiéndose entender que esta no se dio en virtud de los derechos de oposición
sino en aplicación del ordenamiento general, esto es, que el postulado haya
obtenido la mayoría de votos de los miembros de la corporación.

45. Frente a la elección del señor William Santiago Molina como segundo
vicepresidente del Concejo Municipal de Ibagué, vigencia 2024, encontró
acreditado que mediante Acta 192 de 30 de noviembre de 2022, el mencionado
concejal fue designado en ese cargo para el año 2023, y posteriormente resultó
elegido concejal nuevamente para el periodo 2024-2027.

46. Aclaró que debe diferenciarse el periodo constitucional del Concejo
Municipal y el de la mesa directiva, por lo que la prohibición establecida por el
artículo 28 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con lo dispuesto por el artículo
31 del Acuerdo 010 de 2022 (reglamento interno del Concejo Municipal), no opera
en el caso del demandado en la medida en que si bien ocupó el cargo de segundo
vicepresidente en el año 2023, ello aconteció mientras se desempeñaba como
concejal designado para el periodo constitucional 2020-2023, mientras que la
elección demandada se hizo dentro de un periodo constitucional distinto, a saber,
2024-2027 y al interior de un concejo municipal integrado por nuevos miembros
designados en el proceso electoral de octubre de 2023.

47. Explicó que no existe una razón de orden constitucional para que el
legislador establezca una diferenciación entre la reelección de miembros de la
asamblea (Ley 2200 de 2022) y la de los miembros de concejos municipales; por
el contrario, se han equiparado en disposiciones normativas que hacen referencia
en general a “miembros de las corporaciones públicas”, como ocurrió a través del
Acto Legislativo 01 de 2009, que estableció la prohibición para que estos se
presenten en la siguiente elección por un partido político distinto, sin que esa
disposición aplique de forma distinta a congresistas, diputados o concejales.

1.7. Recurso de apelación

48. Mediante escrito radicado el 9 de octubre de 2024, la parte actora apeló la
sentencia de segunda instancia con base en lo siguiente:

49. En relación con la configuración de la nulidad de la elección del señor
Arturo Castillo Castañeda como presidente del Concejo de Ibagué, manifestó que
una cosa fue que al elegido le haya asistido el derecho a ser postulado para esa
designación como el resto de los compañeros de la corporación, y otra que los
argumentos del postulante, es decir, del concejal del Partido Verde Flavio William
Rosas Jurado hayan estado dirigidos a activar el artículo 18 de la Ley 1909 de

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2018 -Estatuto de la Oposición-.

50. En ese sentido, señaló que el demandado ya se había anticipado ante la
colectividad, previendo que podría ser postulado por otro miembro de la
Corporación, pero se obvió que dicha norma refiere unas exigencias taxativas para
su aplicación, las cuales fueron desconocidas por el concejal Rosas Jurado y por
el accionado, quienes tienen formación académica en Derecho que les permitía
entender que no cumplían con las calidades para que sus partidos se
consideraran como de oposición.

51. Discutió lo expresado por el concejal Rosas Jurado al postular al
demandado en el sentido de que no existe necesidad de que la declaratoria de
oposición llegue a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral, pues basta con la simple manifestación en uso de la libertad de
expresión; lo anterior, tras considerar que dicha aseveración indujo en error a los
demás concejales quienes dieron su voto positivo a favor del señor Castillo
Castañeda.

52. Sostuvo que como la elección no se realizó en ejercicio ordinario de la
condición de concejal sino invocando el Estatuto de la Oposición, no se comparte
lo decidido por el a quo en relación con que al momento de elegirse la mesa
directiva del Concejo de Ibagué no se había vencido el plazo para que los partidos
políticos declararan su oposición al gobierno. De esa manera, si se acepta esa
teoría se estaría frente al interrogante de si se vulneró la normativa al no elegir en
la mesa directiva a un miembro del partido de la oposición.

53. Controvirtió la tesis adoptada en la sentencia de primera instancia en el
sentido de que no era exigible la formalización de la declaratoria de la oposición
en este caso pues, en sentir del recurrente, el postulante tenía otras herramientas
para proponer al candidato como presidente de la mesa directiva del Concejo de
Ibagué, pero hizo uso de una vía que transgredió los artículos 6º, 9º y 18 de la Ley
1909 de 2018.

54. Puntualizó que de aceptarse la postura asumida por el a quo, se tendría
que hoy no hay miembros de la oposición en la mesa directiva de la citada
corporación, tal y como lo ordena la ley.

55. De otra parte, en relación con la solicitud de nulidad de la elección del
concejal William Santiago Molina, cuestionó la tesis adoptada por el a quo que
consistía en que el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, el cual fue equiparado al
artículo 27 de la Ley 2200 de 2022 que regula las elecciones de la mesa directiva
de la asamblea departamental, establece la prohibición de pertenecer a dicha
colegiatura en dos periodos consecutivos, pero en este caso se trata de la
designación en una corporación diferente elegida para periodos constitucionales
distintos.

56. En ese sentido, el demandante contradijo los argumentos de la sentencia
de primera instancia, con fundamento en que la palabra “constitucional” no hace
parte del artículo 28 de la Ley 136 de 1994; luego, no era posible remitirse a lo
consagrado por el artículo 27 de la Ley 2200 de 2022 que consagró la prohibición
de reelección en la mesa directiva por el mismo periodo constitucional, ya que este

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reguló el tema pero frente a los diputados de la asamblea departamental, sin que
sea posible aplicar el mismo supuesto normativo a los miembros del Concejo
Municipal.

57. Recalcó que la interpretación del juez de primera instancia sobre el
particular riñe con el texto normativo aplicable en tanto el artículo 28 de la Ley 136
de 1994 es la norma vigente y aplicable sin que existan vacíos que den lugar a
interpretaciones con base en otras normas.

1.8. Trámite en segunda instancia

58. Mediante auto de 18 de noviembre de 2024 13 se admitió el recurso de
apelación instaurado por la parte actora, se ordenó poner a disposición de la parte
demandada los memoriales respectivos y se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto.

1.9. Alegatos de conclusión

59. Dentro del plazo otorgado para tal efecto, las partes se abstuvieron de
presentar sus alegatos de conclusión.

1.10. Concepto del Ministerio Público

60. En memorial radicado el 7 de noviembre de 2024, la procuradora séptima
delegada ante esta Corporación rindió concepto bajo los siguientes términos:

61. Expuso que de conformidad con los artículos 6º de la Ley 1909 de 2018 y
23 de la Ley 136 de 1994, se advierte la existencia de dos periodos determinados,
a saber: el de la declaración política, el cual debe ocurrir dentro del mes siguiente
al inicio de gobierno; y, el del inicio de las sesiones del concejo que corresponde a
una fecha cierta (2 de enero posterior a la fecha de elección).

62. Puntualizó que tal y como lo sostuvo el juez de primera instancia, ese último
momento es mucho más corto y exige que se instale la mesa directiva del concejo
municipal, aún cuando para esa fecha los partidos no tenían una declaración
política definida pues aún contaba con un mes para tal efecto.

63. Consideró que aun cuando la postulación del presidente de la mesa
directiva del Concejo de Ibagué la hizo un candidato del Partido Verde tras invocar
que el accionado pertenece a uno de la oposición, ello no deriva en la nulidad de
su elección en tanto no se puede afirmar que los cabildantes votaron motivados
por ese hecho.

64. Destacó que frente a la elección del señor William Santiago Molina como
segundo vicepresidente de la misma Corporación, debe entenderse que la Ley
136 de 1994 establece que el periodo de quienes hacen parte de la mesa directiva
es de un año y la prohibición refiere a ese mismo órgano, de manera que al
hacerse una interpretación armónica de la norma en cita junto con el artículo 312
de la Constitución Política, se denota que la finalidad de la prohibición es evitar la
13 Índice 5 del expediente de segunda instancia visible en Samai.

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concentración de poder en una sola persona, dentro de un mismo periodo
constitucional.

65. De esa manera, resaltó que cada cuatro años varía la composición de los
concejos municipales, por lo que no se puede presumir la concentración de poder
en un órgano cuando quienes lo integran son personas distintas, razón por la cual
la elección de que se trata no deriva en la configuración de la causal de nulidad
invocada por haber sido realizada en distintos periodos constitucionales.

66. En conclusión, el Ministerio Público pidió que se confirme el fallo
impugnado, tras advertir que las elecciones acusadas no se realizaron de forma
irregular o con infracción a la normativa.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

67. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado
contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Tolima denegó las pretensiones de nulidad electoral contra el
acto de elección de los señores Arturo Castillo Castañeda y William Santiago
Molina, como presidente y segundo vicepresidente del Concejo Municipal de
Ibagué, Tolima, para el periodo 2024, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15014, 152 numeral 7.c15 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 d e 2024, de la Sala Plena de esta Corporación16.

2.2. El acto acusado

68. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección de los señores Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina,

14 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. (…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de
vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”

15 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.c) De la nulidad de los actos de
elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de
los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento,
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de
juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la
competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado…»

16 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos

de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.

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como presidente y segundo vicepresidente de la mesa directiva del Concejo
Municipal de Ibagué, Tolima, respectivamente, para el periodo 2024, contenida en
el acta de 2 de enero de 2024, a través de la cual se instalaron las sesiones
ordinarias del periodo 2024-2027 del Concejo Municipal de Ibagué (numerales 6, 7
y 8).

2.3. Problema jurídico

69. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos
en el recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o
confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2024, en la que el Tribunal
Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

70. Para el efecto habrá de establecerse si, como lo alega el recurrente, la
elección del señor Arturo Castillo Castañeda como presidente de la Mesa Directiva
del Concejo Municipal de Ibagué está viciada de nulidad, por no cumplir con los
requisitos legales para ser postulado como miembro de partido de oposición al
gobierno municipal.

71. De igual manera, corresponderá analizar si la elección del señor William
Santiago Molina como segundo vicepresidente de ese mismo órgano, debe
declararse nula tras haber sido elegido en ese cargo por dos periodos
consecutivos.

2.4. Marco jurídico aplicable a la elección de los integrantes de la mesa
directiva de los concejos

72. El artículo 28 de la Ley 136 de 1994 establece la composición de la mesa
directiva de los Concejos, bajo estos términos:

La Mesa Directiva de los Concejos se compondrá de un Presidente y dos
Vicepresidentes, elegidos separadamente para un período de un año.

El o los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación
en la primera vicepresidencia del Concejo.

Ningún concejal podrá ser reelegido en dos períodos consecutivos en la
respectiva mesa directiva.

73. La norma en cita si bien previó que las mesas directivas de los concejos
serán conformadas por un presidente y dos vicepresidentes elegidos por un (1)
año, no contempló la forma como se realizarían las respectivas elecciones, por lo
que debe entenderse que la corporación pública tiene la discrecionalidad y
autonomía para fijar la forma en la que efectuaría las designaciones.

74. De esa manera, el Concejo Municipal de Ibagué adoptó su reglamento
interno a través del Acuerdo 010 de 1º de agosto de 2022 “Por medio del cual se
expide el reglamento interno del Concejo Municipal de Ibagué y se deroga la
Resolución No. 061 de mayo 27 de 2004 modificado por el acuerdo 022 del 6 de
diciembre de 2006”, y en relación con la conformación de la Mesa Directiva de la
Corporación, estableció lo siguiente:

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«ARTÍCULO 31. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y SUS COMISIONES PERMANENTES. La Mesa
Directiva, estará integrada por los siguientes miembros elegidos por la Plenaria de
la Corporación para periodos fijos de un (1) año: Un Presidente, un Primer
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. La Mesa Directiva de las
Comisiones Permanentes. Legales y Especiales tendrán una Presidencia, una
Vicepresidencia y una Secretaria ejercida por los Concejales que conforman la
Comisión o en su defecto, por el Secretario General de la Corporación y tendrá
igual periodo de la Mesa Directiva del Concejo.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a
participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su
representación en ellos.

Los partidos que se declaren en oposición al Alcalde, tendrán participación en la
Mesa Directiva del Concejo (Ley 1909 de 2018, articulo 18).

En la conformación de las Mesas Directivas tendrán participación las bancadas de
los partidos o movimientos políticos y sus integrantes no podrán pertenecer a la
misma bancada.

La Mesa Directiva de la Corporación en coordinación con el Presidente, será la
encargada de definir la agenda general de sesiones.

PARAGRAFO. ningún concejal podría ser reelegido en dos periodos consecutivos
en la respectiva mesa directiva, salvo aquel o aquellos que la ley se los permita.»

75. Sobre la designación del presidente de la mesa directiva, el reglamento
interno estipuló que este corresponderá al elegido con la mayoría simple de los
votos de los concejales asistentes a la plenaria que conformen el quórum
decisorio, y será suplido por el primer y segundo vicepresidente en el evento en
que se generen ausencias temporales y accidentales.

76. En relación con la oportunidad para efectuar tales elecciones, el artículo 44
de la misma regulación definió las modalidades de las sesiones del concejo
municipal dentro de las cuales se previó la sesión plenaria, definida como la
reunión de la mayoría de sus concejales para tratar asuntos de su competencia, y
en las modalidades de ese tipo de reunión incluyó la inaugural, como aquella que
inicia cada nuevo periodo constitucional y que se realiza el dos (2) de enero a
partir de las 11 a.m., con el fin de, entre otras cosas, elegir al presidente,
vicepresidente primero y segundo vicepresidente por el periodo de un (1) año, sin
posibilidad de reelección para el periodo siguiente.

2.5. Caso concreto

77. Para mayor claridad, la Sala dividirá el estudio del recurso de apelación y
analizará por separado las dos elecciones demandadas, a saber, de presidente y
segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Ibagué para el periodo 2024.

2.5.1. Arturo Castillo Castañeda- presidente del Concejo Municipal de Ibagué,
2024

78. El actor invocó como lesionados los artículos 6º, 9º y 18 de la Ley 1909 de

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2018, con fundamento en que para el 2 de enero de 2024 -fecha en la que se
realizó la elección demandada-, no se encontraba acreditado que los movimientos
políticos a los que pertenecen el concejal postulante y el postulado, a saber,
partidos Verde y Conservador Colombiano, respectivamente, hubieran agotado el
trámite de oposición al gobierno municipal ante el Consejo Nacional Electoral, ni
que esa entidad haya inscrito la respectiva declaración ante el Registro Único de
Partidos y Movimientos Políticos, momento a partir del cual se entienden oponibles
los derechos derivados del Estatuto de Oposición.

79. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima denegó la
nulidad de la elección del presidente del Concejo Municipal de Ibagué, tras
considerar que para la fecha en que se llevó a cabo la misma no era exigible la
formalización de la declaratoria de oposición, dado que la sesión inaugural de la
corporación se instaló dentro de un nuevo periodo constitucional, esto es, cuando
aún no había vencido el plazo para manifestar la oposición que correspondía a un
mes a partir del inicio de gobierno territorial.

80. Con la apelación, el demandante controvirtió la tesis del a quo tras plantear
que el concejal que postuló al demandado invocó de forma indebida el Estatuto de
la Oposición cuando existían otras formas para efectuar la postulación, lo que
indujo en error a los demás concejales quienes dieron su voto positivo a favor del
señor Castillo Castañeda.

81. Agregó que la elección demandada no fue en ejercicio ordinario de la
condición de concejal y que de aceptarse la postura asumida por el juez de
primera instancia se estaría frente a una ausencia de miembros de la oposición en
la mesa directiva.

82. Sea lo primero señalar que la parte actora no propuso en la demanda el
primero de tales argumentos, a saber, el relacionado con la indebida activación del
Estatuto de la Oposición en vez del uso de otras vías para efectuar la postulación,
y que con ello haya inducido en error a los miembros del concejo.

83. Sobre el particular, el artículo 328 del Código General del Proceso delimitó
la competencia del superior en materia de apelación de providencias judiciales,
bajo los siguientes términos: «… El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley…».

84. Dicha disposición contiene el sustento normativo del principio de
congruencia de la sentencia, el cual surge como una garantía al debido proceso
en la medida en que restringe el ámbito de acción del juez, quien debe adoptar la
decisión judicial acorde con los argumentos esgrimidos por las partes.

85. En cuanto al mencionado principio, la Corte Constitucional ha precisado
17
que :

A propósito de lo anterior, vale la pena traer a colación el principio de congruencia de

17 Sentencia T-079 de 2018.

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las providencias, según el cual, la sentencia debe guardar consonancia con los
hechos y las pretensiones esgrimidos en la correspondiente demanda

Respecto de este principio orientador del derecho procesal, la jurisprudencia de esta
Corte ha explicado que, a la luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los
aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es su obligación explicar las razones
por las cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones.
Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la
realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede
fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que las
partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación procesal…

86. Bajo el amparo de dicho postulado, se encuentra que así como el juez de
segunda instancia está sujeto a los argumentos de las partes, estas, a su turno,
deben abstenerse de formular cargos no señalados en la demanda o en la
respectiva contestación, pues de lo contrario y de llegarse a analizar en sede de
apelación nuevos hechos, pretensiones o sustento, se estaría atentando contra el
debido proceso de la contraparte que lleva inmerso el derecho a la contradicción y
a la defensa, ante la imposibilidad de oponerse a los mismos en su debida
oportunidad procesal.

87. Al punto, se recuerda que a la luz de los artículos 162.4 18 y 278 19 del
CPACA, los únicos momentos para presentar o incluir cargos, de manera
oportuna, son con la demanda y su subsanación, en todo caso, en el segundo
escenario, respetando el término de caducidad del medio de control de nulidad
electoral.

88. Acorde con lo anterior, no se hará referencia al cargo nuevo planteado con
el recurso de apelación.

89. En relación con los demás reparos, la sala anticipa que confirmará el fallo
apelado tras no advertirse la configuración de la causal invocada, esto es, al no
encontrarse transgredida la normativa citada como infringida, por las razones que
pasan a explicarse.

90. A través de la Ley 1909 de 2018 se consagró el Estatuto de la Oposición y
derechos de las agrupaciones independientes como una garantía de participación
de los partidos y movimientos políticos que se oponen al gobierno o que son
independientes de la filiación política de la administración actual; de esa manera,
también surgió lo anterior como una prerrogativa de estirpe constitucional al ser
considerado como un derecho fundamental que goza de especial protección
estatal20.

18 ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente

y contendrá: (...) 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de
un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación (...).
19 ARTÍCULO 278. REFORMA DE LA DEMANDA. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de

los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá
dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende
siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con
estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no procederá
recurso. (Negrillas fuera del texto).
20 «ARTÍCULO 3. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los artículos 40 y 112 de
la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección
por el Estado y las autoridades públicas.»

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91. El artículo 6º de la misma norma estipuló que dentro del mes siguiente al
inicio de la administración, entiéndase esta como territorial o nacional, los partidos
y organizaciones políticas deben manifestar expresamente su declaración (i) de
oposición; (ii) independiente; o, (iii) de organización del gobierno. También limitó el
ejercicio de derechos de oposición únicamente a los partidos de esa naturaleza o
independientes.

92. Por su parte, el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 impuso como garantía la
participación de organizaciones y partidos declarados en oposición en al menos
alguna de las posiciones de las mesas directivas de los órganos de elección
popular, y exigió que «… Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda
a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones…»

93. De esta forma, resulta claro que al momento de elegir los miembros de
órganos colegiados de elección popular que conformarán la mesa directiva de los
mismos deberá garantizarse que (i) al menos una de las plazas sea para la
oposición y que (ii) los candidatos sean postulados por organizaciones de esa
naturaleza.

94. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que21 «… Dentro de
los principios que gobiernan la interpretación y aplicación de los derechos
reconocidos en la Ley 1909 de 2018, así como las reglas de conducta de las
autoridades con respecto a la oposición, el artículo 5° prescribe, entre otros, i) la
construcción de la Paz Estable y Duradera. Ello implica que el reconocimiento de
la legitimidad de la oposición es fundamental en la resolución de controversias; ii)
el principio democrático, el cual se concreta en que la posibilidad de ser opositor o
independiente al gobierno es una condición esencial para la democracia
participativa. Este reconocimiento se realiza en respeto a los valores de la
convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, eliminando cualquier forma de
estigmatización y siempre, desde el respeto a las diferencias; y, a propósito del
caso concreto, iii) la posibilidad de realizar control político comprendido como el
derecho a ejercer la tarea de control político, la cual, permitirá a las organizaciones
políticas verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del
gobierno.…»

95. En el presente caso, el reproche principal del actor se centra en controvertir
la elección del señor Arturo Castillo Castañeda como presidente de la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Ibagué, toda vez que para la fecha en que se
llevó a cabo la designación, el miembro de la colegiatura que lo postuló y el citado
candidato pertenecían a partidos políticos que aún no habían sido reconocidos
como “de oposición”.

96. No obstante, para la sala dicha argumentación carece de sustento por
cuanto en el presente caso y dentro del proceso que dio origen a la elección
demandada acontecieron unas particularidades que impidieron que se cumpliera
con lo previsto por el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.

97. En efecto, la exigencia de la norma en el sentido de que la mesa directiva
debía estar conformada por al menos una persona de la oposición no podía
llevarse a cabo, dado que se trata de la primera elección de esa dignidad en el
21 Sentencia SU- 073 de 2021.

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inicio de un nuevo periodo constitucional, a saber, 2024-2027.

98. Esto, porque se está ante la elección de la colegiatura para el primer año de
esa vigencia, o sea, para el 2024, y teniendo en cuenta que de conformidad con el
Acuerdo 010 de 2022, mediante el cual se adoptó el reglamento interno del
Concejo Municipal de Ibagué, corresponde elegir a los miembros de la mesa
directiva en la sesión plenaria inaugural que se realiza cada dos (2) de enero del
año en que inicia el nuevo periodo constitucional22, para esa fecha aún no había
fenecido el plazo de un (1) mes previsto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018,
contado a partir del inicio del periodo gubernamental para que los partidos
manifiesten su oposición, su independencia o su afinidad al gobierno actual.

99. De ese modo se está ante una imposibilidad jurídica y fáctica para cumplir
ambos presupuestos con base en los cuales el demandante formula sus reparos,
en tanto no es posible garantizar, a inicios del periodo constitucional, que la mesa
directiva tenga dentro de sus miembros representación de los partidos de
oposición, ni tampoco se puede exigir a los elegidos que para el dos (2) de enero -
fecha en que se llevaron a cabo las elecciones conforme al reglamento interno-
hayan efectuado todo el trámite de declaración de la oposición ante el Consejo
Nacional Electoral con miras a incluirla en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos, pues para ese momento aún no se había vencido el plazo
de un (1) mes que otorga el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018 para tal efecto; con
todo, tal y como se infiere de las Resoluciones 01357 y 01367 del 21 de febrero de
2024, tanto el Partido Alianza Verde como el Conservador Colombiano, se
declararon en oposición.

100. Debe aclararse que si bien la postulación del demandado se hizo por un
miembro del concejo municipal bajo el amparo del Estatuto de la Oposición y
considerando que con la sola manifestación bastaba para hacer uso de los
derechos derivados de esa norma, dicha situación no conlleva a la nulidad del acto
demandado.

101. Siendo así, al margen de la razonabilidad de la postulación y si debió
hacerse uso o no de los derechos derivados de la oposición cuando aún no se
había tramitado la respectiva declaración, lo cierto es que ese argumento no
implica que se hayan desconocido las normas invocadas, sino que más allá de la
discusión jurídica sobre el particular se está en presencia de una imposibilidad de
aplicación de los artículos citados en la demanda ante las situaciones expuestas
en precedencia.

102. De lo decantado en precedencia, debe aclararse que la sala no pasa por
alto que en este caso particular se presentó un inconveniente al momento de
asegurar la participación de miembros de partidos de la oposición en la mesa
directiva en la fecha en que se llevó a cabo la elección objeto de demanda.

103. De hecho, por un lado el citado reglamento exige que se elijan los
funcionarios que la componen en la primera sesión inaugural del año, o sea, el 2
de enero, pero por el otro, el Estatuto de la Oposición otorga el plazo de un (1)
mes a los partidos para que manifiesten su oposición, lo que conlleva a que para
la fecha en que se efectúa la elección aún no se ha vencido el término para surtir
22 Artículo 44 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Ibagué.

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Demandante: Antonio José Paris Márquez
Demandados: Arturo Castillo Castañeda y William Santiago Molina-
presidente y vicepresidente Concejo Municipal de Ibagué 2024
Rad: 73001-23-33-000-2024-00048-01

el respectivo trámite para oponerse al gobierno actual.

104. Sin embargo, para este caso en particular aun cuando en la fecha de la
elección del demandado no se le podía exigir el agotamiento del trámite para que
su partido se declarara en oposición, lo cierto es que revisadas las pruebas
aportadas al expediente, el Consejo Nacional Electoral certificó que de
conformidad con las resoluciones 01357 y 01367, ambas de de 21 de febrero de
2024, expedidas por dicha autoridad electoral, se efectuó la inscripción en el
Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las
declaraciones de oposición de los partidos Alianza Verde -al cual pertenece el
concejal que postuló al demandado-, y Conservador Colombiano -al cual está
adscrito el elegido-, frente al gobierno territorial de Ibagué, Tolima.

105. A continuación, se cita la respectiva certificación aportada el día 9 de julio
de 2024 por el Consejo Nacional Electoral, en el índice 51 del expediente de
primera instancia, visible en el sistema SAMAI:

106. De lo anterior se observa que el Consejo Nacional Electoral inscribió la
declaración de oposición de los dos partidos a los que pertenecen el concejal
postulante y el presidente electo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Ibagué, lo que de todas formas garantiza que para el día en que se llevó a cabo la
respectiva inscripción -21 de febrero de 2024-, el citado órgano ya contaba con un
miembro de la oposición, sin que la falta del agotamiento del trámite anterior haya
sido imputado a este pues, se insiste, para la fecha en que se llevaron a cabo las
elecciones no era posible determinar los partidos y movimientos políticos en
oposición por estar dentro del término para declararla.

107. Así las cosas, se concluye que no hay lugar a declarar la nulidad del acto
de elección del señor Arturo Castillo Castañeda como presidente de la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Ibagué.

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2.5.2. William Santiago Molina- segundo vicepresidente del Concejo
Municipal de Ibagué, 2024

108. El demandante señaló como lesionado el artículo 28 de la Ley 136 de 1994,
con sustento en que el concejal Molina había sido elegido en el mismo cargo
durante el año 2023, por lo que fue designado en dos periodos consecutivos en
transgresión de la norma aludida. Añadió que no podía predicarse la misma
interpretación y aplicación de la Ley 2200 de 2022, la cual regula la elección de la
mesa directiva de la asamblea departamental, por cuanto contiene hipótesis
distintas a la norma citada como infringida.

109. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que no
se generó la nulidad de la elección de que se trata, toda vez que la prohibición
establecida por el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el
artículo 31 del reglamento interno del Concejo Municipal de Ibagué, no opera
cuando se trata de dos periodos constitucionales distintos, como es el caso, en
tanto la Corporación está compuesta por nuevos miembros elegidos en octubre de
2023.

110. El recurrente refutó la tesis de primera instancia por cuanto el artículo 28 de
la Ley 136 de 1994 no previó la diferenciación aludida ni hizo un límite al periodo
constitucional en el que se daba la elección, razón por la cual debía aplicarse en
su integridad y no resultaba viable remitirse a lo consagrado por el artículo 27 de
la Ley 2200 de 2022.

111. Al respecto, es pertinente traer a colación el texto de la norma
presuntamente infringida, a saber, el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, que
establece:

«ARTÍCULO 28. MESAS DIRECTIVAS. La Mesa Directiva de los Concejos se
compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos separadamente para
un período de un año.

El o los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en
la primera vicepresidencia del Concejo.

Ningún concejal podrá ser reelegido en dos períodos consecutivos en la
respectiva mesa directiva.»

112. Revisado el texto de la norma en cita se extrae que la prohibición de
reelección de concejales en la mesa directiva por dos periodos consecutivos hace
referencia al lapso de un (1) año al que se refiere la primera parte del artículo, de
manera que debe interpretarse que la restricción no fue prevista cuando se trata
de distintos periodos constitucionales.

113. En ese sentido, si bien la parte actora plantea que la norma no estipuló si la
restricción se aplica en el mismo o en distintos periodos constitucionales, de ese
modo no es posible interpretar que la reelección no opera tampoco en ese último
evento.

114. Cabe señalar que la garantía de no reelección del mismo funcionario de

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elección popular en la mesa directiva tiene sustento constitucional y legal en el
entendido de «…dicha restricción (i) constituye una medida de probidad de la
función pública; (ii) garantiza la participación y acceso en igualdad de condiciones
a los cargos públicos; (iii) se erige en un mecanismo de control al poder político, y
(iv) en algunos casos, asegura el diseño institucional del Estado»23.

115. Sin embargo, en el caso que nos ocupa la elección demandada no implica
un ejercicio indebido del poder ni contraría la garantía de participación pues el
Concejo Municipal de Ibagué está conformado actualmente por distintos
concejales que resultaron elegidos en el año 2023 para el periodo constitucional
2024-2027, y el concejal accionado fue designado segundo vicepresidente de la
mesa directiva en el año 2023, esto es, en un periodo constitucional anterior.

116. Así las cosas, se concluye que no se configuró la nulidad del acto de
elección del señor William Santiago Molina, por lo que se confirmará el fallo
apelado.

2.6. Otras decisiones

117. En primera instancia, el abogado que representó judicialmente al señor
Arturo Castillo Castañeda presentó renuncia al poder otorgado por dicha parte 24.
Teniendo en cuenta que no se aportó la constancia de haber remitido tal actuación
al apoderado, a través de providencia de 5 de marzo de 2025 25 , proferida en
segunda instancia, se requirió al profesional del derecho para que la allegara.

118. En memorial de 7 de marzo de 2025, se aportó la documental solicitada,
razón por la cual se aceptará la renuncia presentada por el abogado Iván Cano
Córdoba al poder conferido por el señor Arturo Castillo Castañeda.

119. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 19 de septiembre de 2024, a través de la
cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó las pretensiones de nulidad
electoral contra el acto de elección de los señores Arturo Castillo Castañeda y
William Santiago Molina, como presidente y segundo vicepresidente del Concejo
Municipal de Ibagué, Tolima, para el periodo 2024.

SEGUNDO: Acéptase la renuncia presentada por el abogado Iván Cano Córdoba,
al poder otorgado por el el señor Arturo Castillo Castañeda, quien actúa como
demandado.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

23 Corte Constitucional, sentencia C-127 de 2018.
24 Índice 77 de SAMAI, correspondiente al expediente de primera instancia.
25 Índice 14 de SAMAI, correspondiente al expediente de segunda instancia.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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