Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00770-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00770-01
Demandante: REINALDO LEÓN AGUDELO ALZATE Y OTRO
Demandado: JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
falta de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
1. ° de junio de 2026, por medio de la cual la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito recibido el 20 de mayo de 2026, los señores Reinaldo León Agudelo
Alzate y Boris de Jesús Agudelo Alzate solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima y de acceso a la
administración de justicia.
Las mencionadas garantías fundamentales las consideraron vulneradas con ocasión
del auto de 27 de abril de 2026, mediante el cual el Juzgado 38 Administrativo de
Medellín rechazó la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 05001-33-33-038-2026-00071-
00.
Adicionalmente, solicitaron, como medida provisional, la suspensión de cualquier acto
de demolición, restitución o desalojo del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 001-918598.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
En la demanda de tutela se manifestó:
Primero: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, confianza
legítima, acceso a la administración de justicia.
Segundo: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 27 de abril de 2026 emitida por el
Juzgado 38 administrativo de Medellín donde se rechazó la demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Reinaldo León Agudelo Alzate y otro
Accionado: Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
Radicado: 05001-23-33-000-2026-00770-01
Tercero: ORDENAR al juzgado accionado admitir la demanda y garantizar el control
judicial de los actos administrativos demandados.
Cuarto: ORDENAR la suspensión inmediata de cualquier actuación de demolición,
restitución o desalojo del predio objeto de este proceso identificado con el Folio de
Matrícula Inmobiliaria 001-918598, el cual es objeto del presente proceso.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
Mediante la orden de policía 217 de 11 de agosto de 20252, confirmada por la
resolución 20255007359 de 18 de septiembre de 2025, se dispuso la protección y
restitución de un bien inmueble ubicado en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín, en el que se encontraban los accionantes, impidiéndoles su
ingreso.
En consecuencia, los señores Agudelo Alzate acudieron al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con la finalidad de controvertir los mencionados actos
administrativos.
El proceso fue asignado al Juzgado 38 Administrativo de Medellín con el radicado
05001-33-33-038-2026-00071-00, autoridad que, mediante el auto de 27 de abril de
2026, resolvió que las decisiones cuestionadas no eran pasibles de control ante la
jurisdicción de lo contencioso – administrativo de acuerdo con el numeral 3 del artículo
105 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de un juicio especial de policía. En
consecuencia, rechazó la demanda3.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el escrito inicial se realizó la siguiente afirmación:
Sin realizar el análisis de competencia por la naturaleza del medio de control, el
territorio y la cuantía, previstos por los artículos 155 núm. 3°, 156 núm. 8° y 157 del
CPACA, modificado por la Ley 2080 del 2021, toda vez que se controvierte la
legalidad de acto administrativo proferido por una entidad pública, el lugar donde se
realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción fue la ciudad de Medellín., y la
cuantía fue debidamente estimada, el despacho es competente para asumir el
conocimiento del debate.
Con base en lo anterior, propuso los siguientes defectos en los que, presuntamente,
incurrió la autoridad accionada:
1. DEFECTO SUSTANTIVO El despacho accionado realizó una interpretación
restrictiva del artículo 105.3 del CPACA, desconociendo que no todos los actos de
policía están excluidos del control judicial, especialmente cuando producen efectos
definitivos y afectan derechos fundamentales.
1
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
Expedida por la Corregiduría de Santa Elena
3
Se excluye de este relato la narración sobre los hechos relativos a la tenencia del inmueble por parte
de los actores, toda vez que el objeto de la acción de tutela es la decisión de rechazo de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
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2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Se ignoró la jurisprudencia que
permite el control judicial de actos administrativos de policía cuando estos generan
afectaciones graves, como la demolición de inmuebles.
3. DEFECTO FÁCTICO No se valoró la gravedad material de las medidas
impuestas ni su impacto sobre los derechos fundamentales de los accionantes.
4. DEFECTO POR FALTA DE MOTIVACIÓN La decisión no realiza un análisis
concreto del caso ni justifica adecuadamente la exclusión del control judicial.
5. VULNERACIÓN DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Se
configura una denegación absoluta de justicia al impedir cualquier control judicial
sobre actos potencialmente arbitrarios.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 21 de mayo de 2026, la magistrada ponente de la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó notificar como accionado al
Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
A su vez, negó la medida provisional, puesto que «el actor no argumentó ni probó los
requisitos para su procedencia. De igual manera, las decisiones de los Juzgados
cuentan con sus propias garantías procesales y al realizar la ponderación en esta
etapa no se advierte un perjuicio inminente o riesgo de afectación mientras se adopta
la decisión de fondo».
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
El titular del despacho consideró que la acción de tutela no superaba los requisitos de
relevancia constitucional y agotamiento de los medios de defensa con los que contaba
la parte actora.
Puntualmente, sobre la subsidiariedad, explicó que contra el auto que rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no se interpusieron recursos, a
pesar de que resultaban procedentes los de reposición y apelación.
Adicionalmente, puso en conocimiento la existencia de otra acción de tutela, radicada
con el consecutivo 05001-23-33-000-2026-00683-00 y que era de conocimiento de la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que podría
configurarse una actuación temeraria.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 1 de junio de 2026, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, consideró que en este caso no se habían agotado todos
los recursos previos a acudir al mecanismo constitucional.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 242 y 243 de la Ley 1437 de 2011, con
los cuales la parte actora podía interponer los recursos de reposición y apelación, por
lo que concluyó que este caso «no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la
3
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medida en que no procede para remediar omisiones procesales, ni como una vía
opcional a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico».
Por otra parte, al verificar el expediente 05001-23-33-000-2026-00683-00 y compararlo
con este proceso, encontró lo siguiente:
Con base en lo anterior, concluyó que, si bien el expediente 2026-00683 terminó con
sentencia de 12 de mayo de 2026 en la que se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa, por cuanto el abogado que se presentó en nombre de los actores no
allegó el poder que le facultara la representación judicial, lo cierto es que debía remitir
copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial4, toda vez que la demanda se
remitió desde el correo electrónico del mismo profesional del derecho.
1.8. Impugnación5
Con el escrito de impugnación, los actores confirieron poder al abogado Gerardo
Antonio Duque Gómez, profesional que aceptó el mandato.
Sobre la decisión del a quo constitucional la reprochó porque dio prevalencia a
formalidades procesales por sobre el derecho sustancial. Estimó que no se tuvo en
cuenta el perjuicio irremediable expuesto en el escrito inicial.
Consideró que se desconoció la controversia de fondo, relativa al derecho sobre un
bien inmueble y circunstancias como el tiempo de posesión de los actores, la conducta
de las autoridades y las expectativas legítimas creadas por las actuaciones estatales.
Aseguró que se incurrió en una contradicción al pasar por alto que con la decisión
cuestionada se rechazó la demanda sin que existiera una decisión de fondo, lo que
implica una afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
4
Se entiende que hace referencia a la Seccional de Antioquia, aunque en el fallo no se especifica.
5
La sentencia de notificó el 2 de junio de 2026 y la parte actora radicó su impugnación del 5 de junio
siguiente.
4
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Lo anterior, privó a los demandantes de un análisis de legalidad respecto de los actos
administrativos controvertidos.
Mencionó que, al existir varias interpretaciones sobre una norma, debe escogerse la
más favorable, pero, en este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión optó por la vía más restrictiva para los actores.
Afirmó que no existía temeridad de su parte, puesto que la primera tutela no produjo
una decisión de fondo. En consecuencia, no se configuró la mala fe, por cuanto se
encontraban habilitados para acudir nuevamente a la vía constitucional.
Concluyó que se vulneró el debido proceso con la remisión de copias disciplinarias,
puesto que no se identificó la conducta disciplinable, la actuación fraudulenta, el dolo
o mala fe, ni el abuso del derecho.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de 1 de junio de 2026, proferida por la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 1 de junio de 2026, a través de la cual la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de requisitos adjetivos y, de superarse,
(iii) caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En principio, se abordará lo atinente al agotamiento de todos los medios de
defensa con los que contaba la parte actora previo a acudir a este mecanismo, por
cuanto es el requisito que encontró incumplido la corporación a quo.
Al respecto, se tiene que la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia aseguró que en este caso la parte demandante en el proceso declarativo
podía presentar los recursos de reposición y apelación contra el auto que rechazó el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para esta Sección, lo resuelto por el a quo, es acertado, en efecto, la providencia que
rechaza la demanda es pasible del recurso de apelación, de acuerdo con el numeral 1
del artículo 243 y el numeral 1 del artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, aunado, a la
cláusula general del artículo 242 ejusdem que permite la posibilidad de solicitar la
reposición.
Ahora bien, respecto de las manifestaciones contenidas en la impugnación, debe
recordarse lo que ha dicho esta Sala previamente, así:
Del mismo modo, aunque la dimensión de la efectividad del acceso a la
administración de justicia implique una decisión de fondo, esto no obsta
para que, en determinados casos, el proceso termine de forma anormal, esto
es, no mediante una sentencia que resuelva de fondo la controversia, sino a
través de un auto, donde el funcionario judicial se exime de resolver
sustancialmente el caso.
Sin embargo, tales eventos, al tratarse de limitantes al derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia, deben, a su vez, someterse a unos
parámetros de ponderación y procedimiento que garanticen que no se haga
nugatorio el ejercicio de dicha garantía.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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Es por lo anterior que, cuando el intento de iniciar un proceso judicial no
termina con una sentencia judicial, sino mediante un auto, el ordenamiento
jurídico ha establecido unas causales específicas sobre las cuales el juez debe
edificar su argumentación y, adicionalmente, debe someterse a un juicio de
segunda instancia10.
Se resalta que la existencia de una segunda instancia, para los casos en que se
rechaza una demanda, es la forma en que el legislador ha privilegiado el ejercicio del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia dentro del propio
proceso ordinario.
En ese sentido, la exigencia realizada por la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, relativa a que el actor debía agotar los recursos contra el auto de 27 de abril
de 2026, no es una manera de imponer un formalismo sobre el derecho sustancial,
sino que se trata de un llamado a que la parte agote el mecanismo que el propio
ordenamiento jurídico le ofrecía para la protección idónea de su derecho fundamental.
Siendo así, no es de recibo que el actor pretenda trasladar a la solicitud de amparo su
descuido en el ejercicio de las herramientas que le ofrecía la ley para cuestionar la
decisión de rechazo de la demanda, puesto que la acción de tutela no fue instituida
para enmendar las actuaciones procesales que las partes omitieron agotar. Por lo
tanto, se confirmará el fallo de 1 de junio de 2026, puesto que esta Sección tampoco
encuentra acreditado el requisito de la subsidiariedad.
Ahora bien, aunque en la impugnación se alegó que no se había configurado una
temeridad, lo cierto es que el a quo nunca declaró dicha figura, de hecho, reconoció
que el expediente 2026-00683 terminó sin una decisión de fondo. Cosa distinta es que
estimó que había méritos para remitir copias disciplinarias contra el abogado Gerardo
Antonio Duque Gómez.
En este punto, aunque en la sentencia de 1 de junio de 2026 la Sala Sexta del Tribunal
Administrativo de Antioquia optó por no ahondar en la conducta que, a su juicio,
ameritaba una investigación disciplinaria, lo cierto es que dicha decisión no será objeto
de pronunciamiento de fondo en esta providencia por las siguientes razones:
De acuerdo con lo obrante en el expediente, la remisión de copias a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia ya se efectuó11, de hecho, el caso fue
sometido a reparto en dicha corporación.
En ese orden de ideas, al margen de que esta Sección comparta o no la decisión del
tribunal, lo cierto es que en este momento el caso se encuentra en la órbita del titular
de la acción disciplinaria, colegiatura que es la encargada de decidir el trámite que
debe impartirle al caso.
Por lo tanto, esta corporación no puede ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia que se abstenga de iniciar la actuación disciplinaria, puesto que,
al margen de la manera en que el hecho llegó a su conocimiento, lo cierto es que es
aquella la que, en ejercicio de su independencia y autonomía judicial, deberá decidir
10
Proceso: 11001-03-15-000-2026-04838-00 sentencia de 6 de agosto de 2026.
11
Trámite de 17 de junio de 2026
7
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si hay méritos o no para proceder con un proceso en contra del abogado Duque
Gómez.
En conclusión, se confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito del agotamiento de los medios de defensa en el proceso declarativo y
no se realizará pronunciamiento respecto de la decisión del a quo de remitir copias a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia por las razones antes
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 1 de junio de 2026 proferido por la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela.
SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar en nombre de la parte accionante
a Gerardo Antonio Duque Gómez, de acuerdo con el poder aportado con la
impugnación.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(con salvamento parcial de voto)
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
8
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