RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04838-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04838-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04838-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Eduardo José Díaz Fuentes contra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 7 Como puede ser el estudio de revisión de una acción de tutela en se hubiere resuelto algo relativo a la legitimidad del proceso electoral. 8 Como conocedora de un expediente penal respecto de alguno de los delitos contra los mecanismos de participación democrática. 9 Como correspondería a una nulidad de contenido electoral o una solicitud elevada ante la Sala de Consulta y Servicio Civil. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes Demandados: Corte Constitucional y otros Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04838-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00
Demandante: EDUARDO JOSÉ DÍAZ FUENTES
Demandados: CORTE CONSTITUCIONAL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por el señor Eduardo
José Díaz Fuentes contra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 23 de junio de 20261, el accionante, quien dice actuar en nombre de todos los
ciudadanos de Colombia, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad y a la no discriminación; a elegir y ser elegido; a la libertad de pensamiento,
y al libre desarrollo de la personalidad.

Consideró que dichas garantías superiores, están siendo vulneradas por la
confusión que generó el hecho de que el candidato presidencial electo, Abelardo
Gabriel de la Espriella Otero, obtuviera una cantidad inferior al 50% en los comicios
del pasado 21 de junio de 2026.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

Solicito a las Altas Cortes otorgar y conceder la pretensión única de conceder a
todos los ciudadanos luces, información, concepto, posición, jurisprudencia,
pronunciarse, crear jurisprudencia para evitar confusiones que en adelante
puedan verse afectados o desprotegidos derechos fundamentales y deben
proceder las Altas Cortes al AMPARO de los derechos fundamentales de todos
los 50 millones de Colombianos SIN distingo de los 26 millones que participaron
del proceso electoral; así AMPARAR la legitimación de Origen electoral que
declaró un Presidente Electo SIN obtener el 50% de la votación total.

1 Según consta en el aplicativo Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

Deben crear las Altas Cortes antecedentes jurisprudenciales para estos casos Sui
géneris dónde en medio de una especie de Empate Técnico en medio de
polarización política; quién resultó electo presidente NO logro Alcanzar el respaldo
de la mitad o 50% de electorado.2

1.3. Hechos

El actor inicia su relato narrando que, aunque reconoce los resultados de la segunda
vuelta electoral para presidente de la República, es evidente que el candidato
elegido no obtuvo el 50% de los votos.

En su sentir, los resultados de dicha jornada indican un empate técnico, en el que
ninguno de los contendientes logró el porcentaje indicado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte accionante, el resultado de la etapa electoral generó una situación sui
generis, en la que, a su juicio, es necesario que las altas cortes brinden legitimación
del orden electoral.

Consideró el que existe una coyuntura excepcional en la que el presidente electo
no logró el 50% de los votos y, a su vez, un líder opositor con el mayor sufragio
histórico a su favor.

Por lo anterior, concluyó que:

La debilidad de ese resultado electoral SIN alcanzar el 50% debe ser amparado por
las Altas Cortes y así mismo se amparan y protegen los derechos fundamentales de
los 50 millones de ciudadanos colombianos SIN distingo entre quienes están dentro
del registro electoral y quienes NO. Al fin y al cabo un Presidente electo es para
Gobernar a 50 millones de ciudadanos colombianos sin distinción.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 25 de junio de 2026 el magistrado ponente admitió la acción, tuvo como
accionados a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo
de Estado y, finalmente, dispuso la vinculación de los señores Abelardo Gabriel de
la Espriella Otero e Iván Cepeda Castro como terceros con interés directo.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:

1.6.1. Corte Constitucional

El órgano de cierre en materia de tutela concurrió por intermedio de su presidente,
quien manifestó que la presente solicitud carecía de legitimación en la causa por

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

activa, puesto que no se había informado de alguna afectación personal, directa y
cierta a los derechos fundamentales del actor, en su lugar, el escrito inicial se basó
en generalidades sobre los resultados electorales y en la necesidad de que se emita
un concepto sobre un asunto de interés público, con lo que pretendía hacer valer
intereses de naturaleza colectiva.

A su vez, consideró que tampoco se cumplía con la legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que la petición de amparo recae sobre aspectos que no
corresponden a las funciones de esa corporación, las cuales están contenidas en
el artículo 241 superior. Para sustentar lo anterior, citó los autos «A-008/08, A-090
A/09, A-121, A-122 A, A-276 todos de 2011, así como, A-030/12, y A-033, A-067 y
A297 de 2013».

En su sentir, lo pretendido por el señor Díaz Fuentes es utilizar esta vía para obtener
un pronunciamiento de parte de dicha colegiatura, lo que implica un indebido uso
del mecanismo de amparo, lo que constituye una actuación improcedente, en tanto
que no hay una relación clara entre los hechos narrados y alguna acción u omisión
de la Corte Constitucional.

Por lo expuesto concluyó:

En síntesis, los argumentos expuestos permiten concluir que: (i) la presente acción
de tutela no satisface los requisitos de procedibilidad de la legitimación en la causa
por activa y por pasiva; (ii) la acción de tutela de la referencia es improcedente en
tanto se estructura en hechos abstractos e impersonales que, además, carecen del
requisito lógico-jurídico, en los términos de la jurisprudencia constitucional y (iii) la
Corte Constitucional no ha desplegado conducta alguna susceptible de vulnerar los
derechos fundamentales invocados, enfatizándose en que la pretensión propuesta
por el accionante no hace parte de las competencias de esta corporación.

Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o, en su lugar,
se desvincule a esa corporación.

1.6.2. Corte Suprema de Justicia

Para el presidente de esa corporación, la solicitud del accionante está fundada en
apreciaciones subjetivas sobre un deber de conceptuar frente a la legitimidad del
proceso electoral, a partir de las cuales, no se puede evidenciar alguna acción u
omisión que amerite el amparo.

Con todo, explicó que dicha colegiatura se rige por las funciones consagradas en el
artículo 235 de la Constitución Política, por lo que no tiene relación alguna con lo
manifestado por el señor Díaz Fuentes.

1.6.3. Consejo de Estado

De parte de la presidencia de esta corporación, se solicitó que se declare la
improcedencia de las pretensiones de tutela.

Para llegar a esta petición, expresó que las censuras de la parte actora «están
encaminadas a obtener un pronunciamiento general sobre el alcance constitucional

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

y legal del sistema electoral colombiano y sobre la configuración de la segunda
vuelta presidencial».

Desarrolló el punto en el sentido de que la acción de tutela debe ser una
herramienta que proteja los derechos fundamentales frente a vulneraciones ciertas,
concretas y actuales, no una vía para promover controles abstractos de
constitucionalidad y obtener pronunciamientos consultivos.

Con fundamento en lo anterior, concluyó:

En ese mismo sentido, tampoco corresponde al Consejo de Estado, en el marco de
una acción de tutela y en ausencia de un asunto concreto sometido a su
conocimiento, emitir pronunciamientos generales sobre el sistema electoral o
absolver inquietudes jurídicas de carácter abstracto. La función consultiva atribuida
a esta Corporación se ejerce exclusivamente por la Sala de Consulta y Servicio Civil,
en los términos y bajo los presupuestos previstos en la Constitución Política y la ley.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el ciudadano Eduardo José Díaz Fuentes contra la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Díaz Fuentes, quien adujo actuar en nombre
de todos los ciudadanos de Colombia, los cuales consideró vulnerados ante el
presunto incumplimiento del deber de las corporaciones accionadas de emitir un
concepto o jurisprudencia sobre la legitimidad del resultado electoral de la jornada
del pasado 21 de junio de 2026.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) el panorama general de la
acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa por activa y, de estar acreditada, (iii)
el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.4. De la legitimación en la causa por activa

2.4.1. La acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido
por toda persona «por sí mismo o por quien actúe a su nombre», que pretenda
obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos sean
violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal o eventualmente por
una entidad particular.

En el mismo sentido, los artículos 1°, 10°, 46 y 49 del Decreto 2591 de 1991 precisan
que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de
representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el
titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales.

De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que toda «persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares».

El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la «acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales».

En ese sentido, la misma Corte, en sentencia T-552 de 2006, señaló:

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los
titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades4, a partir de
las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La
satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de
estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa,
por activa, en los procesos de tutela.

3 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4 Ver sentencia T-531 de 2002.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso (Énfasis de la Sala)

Así las cosas, la legitimación en la causa «es, entonces, una calidad subjetiva de
las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso».5 «Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez
adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido
para fallar el caso de fondo»6.

Así, el artículo 86 Constitucional señala que la tutela puede ser ejercida por el titular
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: (i) en forma directa, (ii)
por medio de representante legal (cuando se trata de menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y/o personas jurídicas), (iii) a través de apoderado judicial, (iv)
por intermedio de agente oficioso, siempre que el interesado esté imposibilitado
para promover su defensa; o (v) por el defensor del pueblo y los personeros
municipales.

2.4.2 En el presente asunto, se observa que el señor Eduardo José Díaz Fuentes
considera que se están vulnerando los derechos fundamentales de todos los
ciudadanos con la falta de claridad sobre la legitimidad del resultado del proceso de
elección de presidente de la República, puesto que el candidato ganador no obtuvo
una mayoría superior al 50% de los votos.

En su sentir, dicha presunta incertidumbre debe ser resuelta por la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, corporaciones
que, de acuerdo con el actor, están en el deber de proferir concepto o jurisprudencia
que explique de qué manera dicho porcentaje de votantes sí pueden escoger al
mencionado funcionario.

Ahora bien, del escrito inicial se resalta que el señor Díaz Fuentes justifica su interés
en el pronunciamiento de las altas cortes en protección de los derechos de «todos
los ciudadanos de Colombia, de todos los electores de ambas candidaturas en
disputa».

Al respecto, la Sala recuerda que la acción de tutela está instituida para la protección
de los derechos fundamentales de quien la interpone y que los casos en los que
este mecanismo puede ser ejercido por un tercero son excepcionales.

Partiendo de lo anterior, no se evidencia que el actor hubiere explicado de qué
manera se configuró una vulneración directa y particular a sus garantías superiores,
por el contrario, el señor Díaz Fuentes se arrogó la titularidad para reclamar por los
derechos de todos los ciudadanos para actuar en su nombre.

5 Sentencia T-411 de 2017.
6 T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

Se resalta que la presunta incertidumbre que puede surgir del resultado electoral es
un asunto que correspondería al entendimiento interno de cada ciudadano sobre
dicho proceso y, por lo tanto, las dudas personales que le puedan surgir al actor no
lo facultan para acudir a la vía constitucional como representante de todos los
electores.

En ese orden de ideas, se configura una falta de legitimación en la causa por activa
del señor Eduardo José Díaz, por cuanto no expuso una situación que esté
afectando sus derechos fundamentales de manera particular y concreta, lo que
conduce a la declaratoria de improcedencia de la presente acción.

Ahora bien, no está de más indicar que, adicionalmente, las autoridades judiciales
actúan dentro de las competencias regladas que les son asignadas por la
Constitución Política y las leyes. En ese orden de ideas, partiendo de la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela, es necesario que previo a acudir a la vía del
amparo, los ciudadanos agoten los mecanismos judiciales respectivos para ejercer
su derecho de acción en las distintas jurisdicciones.

Por el contrario, en este caso se tiene que el actor exigió un pronunciamiento de las
accionadas sin indicar la existencia de algún proceso en el que el señor Díaz
Fuentes actúe como parte y, la Corte Constitucional7, la Corte Suprema de Justicia8
o el Consejo de Estado9, se hayan sustraído de su deber de resolverlo.

Por el contrario, es evidente que lo intentado por el accionante es utilizar esta vía
como una forma de lograr un concepto oficioso de parte de las altas cortes, efecto
para el cual no fue concebida esta figura constitucional, se itera, este mecanismo
protege derechos individuales ante vulneraciones concretas, mas no dudas
abstractas o presuntos intereses colectivos, en resumen, la alegada conjetura sobre
una incertidumbre electoral de carácter personal no lo faculta para representar a
todo el censo electoral.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de legitimación en la causa por activa del
accionante.
4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Eduardo José Díaz Fuentes contra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado.

7 Como puede ser el estudio de revisión de una acción de tutela en se hubiere resuelto algo relativo

a la legitimidad del proceso electoral.
8 Como conocedora de un expediente penal respecto de alguno de los delitos contra los mecanismos

de participación democrática.
9 Como correspondería a una nulidad de contenido electoral o una solicitud elevada ante la Sala de

Consulta y Servicio Civil.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Eduardo José Díaz Fuentes
Demandados: Corte Constitucional y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04838-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(con aclaración de voto)

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.