Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00828-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00828-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00828-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00828-01
Demandante: Luis Carlos Lloreda Mosquera
Demandado: Ministerio del Trabajo
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia de
17 de junio de 2026, por medio de la cual la Sala Tercera del Tribunal Administrativo
de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Luis Carlos
Lloreda Mosquera demandó al Ministerio del Trabajo por el presunto incumplimiento
del numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y del parágrafo 3 del artículo 2
del Decreto 0052 de 2026. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
[…] 1. DECLARAR que el MINISTERIO DEL TRABAJO se encuentra en estado de
renuencia respecto del cumplimiento del numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de
2004 y del parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto N.º 0052 de 2026.
2. ORDENAR al MINISTERIO DEL TRABAJO que dé cumplimiento inmediato a las
normas citadas, procediendo a aplicar de manera preferente la lista de elegibles
adoptada mediante la Resolución N.º 1160 del 9 de febrero de 2026 para proveer los
empleos de la planta temporal creados por el Decreto 0052 de 2026, bajo los criterios
de equivalencia funcional y afinidad con el cargo de Asesor Código 1020 Grado 09.
3. ORDENAR al Ministerio del Trabajo que realice un llamado oficial e inmediato a los
integrantes de la lista de la Resolución 1160 de 2026, respetando el estricto orden de
mérito, para que en ejercicio de su autonomía manifiesten su opción de aceptación en
los cargos temporales equivalentes [1]».
2. Hechos
La parte actora indicó que participó en el proceso de selección No. 2618 de 2024
para el cargo de Asesor, código 1020, grado 9, integrando la lista de elegibles
1 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.
1
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Demandante: Luis Carlos Lloreda Mosquera
Demandado: Ministerio del Trabajo
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adoptada mediante la Resolución 1160 del 9 de febrero de 2026 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la que ocupó la posición 66 con un puntaje de 70,50.
Señaló que, mediante el Decreto 52 del 22 de enero de 2026, el Gobierno nacional
creó una planta temporal en el Ministerio del Trabajo y dispuso que su provisión
debía realizarse conforme al artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y a la sentencia C-
288 de 2014.
Indicó que, el «10 de abril de 2026», presentó derecho de petición solicitando que la
provisión de dichos empleos se efectuara con la lista de elegibles vigente. Sin
embargo, el Ministerio, el 25 de mayo de 2026, negó su petición al considerar que el
cargo de Asesor no hacía parte de la planta temporal creada por el Decreto 52 de
2026 y que únicamente acudiría a la lista de elegibles cuando surgiera la necesidad
administrativa de proveer un empleo temporal de esa naturaleza.
En criterio del actor, los cargos temporales de Profesional Especializado son
funcionalmente equivalentes al empleo para el cual concursó y, en consecuencia,
debían proveerse con la lista de elegibles vigente antes de efectuar nombramientos
por otras modalidades. Por tanto, para acreditar que agotó el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, aportó petición que
radicó ante la demandada, el 14 de mayo de 2026, en la que le solicitó el acatamiento
de las disposiciones invocadas en las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
3. Admisión de la demanda
En auto de 1 de junio de 2026, el ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio Público.
4. Informe
El Ministerio del Trabajo solicitó negar las pretensiones de la demanda al
considerar que no ha incurrido en incumplimiento ni en renuencia respecto de las
normas invocadas. Sostuvo que la provisión de los empleos temporales creados por
el Decreto 52 de 2026 debe efectuarse de manera gradual, conforme a la
disponibilidad presupuestal y atendiendo las reglas previstas en el artículo 21 de la
Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, afirmó que no existe disposición que obligue a utilizar automáticamente la
lista de elegibles conformada para el cargo de Asesor, código 1020, grado 09, para
proveer empleos temporales de distinta denominación, pues la determinación de la
equivalencia entre empleos corresponde a criterios técnicos cuya verificación
compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 17 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, declaró improcedente la acción de cumplimiento. Consideró
que las disposiciones invocadas por el accionante no contienen un mandato claro,
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expreso e inobjetable que obligue al Ministerio del Trabajo a acudir a la lista de
elegibles conformada para el empleo de Asesor, código 1020, grado 09, con el fin de
proveer los empleos temporales creados por el Decreto 52 de 2026.
Indicó que la obligación cuyo cumplimiento se pretendía derivaba de la interpretación
del actor acerca de una supuesta equivalencia funcional entre dicho empleo y
algunos de los cargos de la planta temporal, circunstancia que exige un análisis
técnico y jurídico sobre requisitos, funciones y competencias, ajeno al ámbito de la
acción de cumplimiento, la cual solo procede frente a deberes claros, actuales e
incontrovertibles.
6. Impugnación
La parte actora sostuvo que el Tribunal aplicó de manera errónea el principio de
subsidiariedad al declarar improcedente la acción de cumplimiento, pues el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta eficaz frente a una planta
temporal cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2026, de modo que, para cuando
se adopte una decisión en el proceso ordinario, el objeto de la controversia habría
desaparecido. Asimismo, afirmó que la sentencia interpretó indebidamente el
parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto 52 de 2026 al exigir identidad entre la
denominación de los cargos, cuando la norma prevé la utilización preferente de las
listas de elegibles con fundamento en la equivalencia funcional y la afinidad de
funciones.
Igualmente, el apelante alegó que el fallo desnaturalizó la pretensión al entender que
buscaba un nombramiento automático, cuando lo pretendido era únicamente exigir
el cumplimiento del procedimiento legal para la provisión de empleos temporales con
base en las listas de elegibles y el respeto del principio del mérito. Añadió que la
providencia desconoció el artículo 125 de la Constitución al validar la omisión de
acudir a dichas listas, erró al considerar que el asunto requería un ejercicio
interpretativo incompatible con la acción de cumplimiento. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda2.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 17
de junio de 2026 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150
y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de
2 El 25 de junio de 2026, índice 15 de SAMAI del trámite de primera instancia, el actor presentó un memorial con
el fin de adicionar el recurso de apelación y aportar pruebas documentales en esta instancia. Sin embargo, tal
memorial no será tenido en cuenta dado que la Ley 393 de 1997 no prevé oportunidades para adicionar los
argumentos de la impugnación ni para aportar pruebas en esta etapa procesal salvo las decretadas oficiosamente
por parte del juez constitucional lo cual no ocurre en este caso.
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«las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 17
de junio de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto
(iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
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3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),
MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
15 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
7
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Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
En el caso concreto, el accionante acompañó escrito, del 14 de mayo de 2026, en la
que le solicitó al Ministerio de Trabajo el acatamiento del numeral 3 del artículo 21
de la Ley 909 de 2004 y del parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto 0052 de 2026 para
que provea el cargo de Asesor, código 1020, grado 9, integrando la lista de elegibles
adoptada mediante la Resolución 1160 del 9 de febrero de 2026 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la que el actor ocupó la posición 66 con un puntaje de
70,50.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que en el expediente no se observa respuesta
por parte de la accionada a esa petición en particular. Por tanto, se pasará al estudio
de procedencia de este medio de control.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el
parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto 0052 de 2026, las cuales corresponden a
normas vigentes, por lo que satisface en este caso el primer presupuesto de
procedencia, dado que dichas normas no han sido derogadas por el legislador o
declaradas inexequible por parte de la jurisdicción.
Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que la pretensión de
la demanda de cumplimiento, más allá del obedecimiento de las disposiciones
invocadas, implica un debate de legalidad respecto del acto administrativo que negó
la petición de proveer las plazas temporales en la entidad con la lista de elegibles en
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
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la cual el actor indicó que ocupa una posición meritoria, finalidad que es la que
realmente se persigue con el ejercicio de esta acción constitucional.
En efecto, previo al escrito de constitución de renuencia, la parte demandante
solicitó, el 14 de abril de 2026, al Ministerio de Trabajo que realizara la provisión de
cargos temporales de la entidad con las listas de elegibles existentes bajo los
criterios de equivalencia funcional y afinidad con el cargo de Asesor Código 1020
Grado 09.
A su turno, el Ministerio, el 25 de mayo de 2026, negó tal petición al considerar que
el cargo de Asesor no hacía parte de la planta temporal creada por el Decreto 52 de
2026 y que únicamente acudiría a la lista de elegibles cuando surgiera la necesidad
administrativa de proveer un empleo temporal de esa naturaleza.
Lo anterior denota una discrepancia entre el criterio el actor y la respuesta emitida
por la entidad. Tal circunstancia, para esta Sala implica la existencia de una discusión
de legalidad del acto administrativo contentivo de la respuesta a la petición del actor
que escapa al objeto de este medio de control.
En ese orden de ideas, la demanda trasciende al simple objetivo de cumplimiento de
las normas invocadas como sustento de la acción, en busca de su eficacia, puesto
que llevan al análisis de fondo sobre la validez de las actuaciones previstas y
desplegadas en el marco del trámite administrativo de selección y de la legalidad de
la respuesta del 25 de mayo de 2026.
De este modo, no se comparte lo expuesto en la impugnación, pues este asunto
implica un debate que desconocería la legalidad de la respuesta del Ministerio del
Trabajo.
Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante» (resaltos propios), lo cual no fue alegado ni en el
escrito de la demanda, ni en la impugnación.
Así las cosas, la Sala precisa que, para discutir la validez y legalidad del acto de
respuesta adversa sus intereses, la parte actora tiene a su alcance otro mecanismo
ordinario de defensa judicial, como es el medio de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismos en donde puede interponer medidas
cautelares. En efecto, en este caso, no se alegó desde la demanda ni se encuentra
acreditada la existencia de algún perjuicio irremediable que permita aplicar la regla
exceptiva al presupuesto procesal de la subsidiariedad.
Del anterior análisis, se concluye que esta Sección confirmará la sentencia proferida,
el 17 de junio de 2026, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, pero de conformidad con razones aquí expuestas.
9
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Demandante: Luis Carlos Lloreda Mosquera
Demandado: Ministerio del Trabajo
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00828-01
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 17 de junio de 2026 de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por lo expuesto en esta
sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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