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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2026-01024-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01024-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01024-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte actora a los señores William Felipe Ángulo Bechara y Lina Marcela Jiménez Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 14 de julio de 2026 proferido por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-01024-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Sandra Herminia Vargas Rodríguez.
Parte accionada: Eduard Aleyzer Rojas Yepes en su calidad de
Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y otros.
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01024-01.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
14 de julio de 2026 proferido por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Sandra Herminia Vargas Rodríguez manifestó que ingresó a
laborar en propiedad en la Rama Judicial en marzo 26 de 2010,
desempeñándose en el cargo de Citadora III en el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín.

1.2. El 12 de junio de 2026 fue nombrada en provisionalidad, como Escribiente
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en reemplazo de quien renunció

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al cargo en propiedad por haberse pensionado.

1.3. Indicó que el 19 de junio de 2026 se enteró de la existencia de una vacante
en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín para el cargo de Auxiliar Judicial
IV, dada la renuncia presentada el 18 de junio de 2026, por quien fungía en
propiedad.

1.4. Aseguró que no pudo postularse para el cargo de Auxiliar Judicial IV
porque la vacante no fue reportada en la página de vacantes temporales de la
Rama Judicial ni informada a los empleados.

1.5. Afirmó que el mismo 19 de junio de 2026, a las 8:00 am, fueron citados
los trece jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín,
con el propósito de llevar a cabo el proceso de nombramiento para proveer el
cargo que se encontraba vacante, correspondiéndole el turno de postulación
al doctor Ricardo Gil Tabares, en su calidad de Juez Séptimo de Ejecución de
penas de Medellín, quien propuso para ocupar el referido cargo a la señora
Liyibetd Bernal Gómez.

1.6. Manifestó que la señora Liyibetd Bernal Gómez fue nombrada en el cargo
de Auxiliar Judicial IV, pese a no contar con ningún cargo en propiedad en la
Rama Judicial, sino únicamente con experiencia en cargos desempeñados en
provisionalidad.

1.7. Refirió que el juez coordinador y el Juez Séptimo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Medellín omitieron lo estipulado por la Ley 2430
de 2024 en cuanto a la forma de provisión de cargos dentro de la Rama
Judicial.

1.8. Indicó que su trayectoria en la Rama Judicial ha sido impecable, prueba
de ello son sus tres últimas calificaciones, que han oscilado entre 95 y 98
puntos, agregó que es madre soltera de dos hijos, uno de ellos estudiante
universitario y el otro cursa estudios de primaria, asimismo tiene a su cargo el

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de su madre, quien está próxima a cumplir 86 años, circunstancia que
evidencia sus importantes responsabilidades familiares y personales.

1.9. Por último, cuestionó el por qué, para su nombramiento como Escribiente,
se tuvo como postura el mérito y la carrera aplicando la Ley 2430, lo cual no
sucedió para el nombramiento del cargo de Auxiliar Judicial IV, donde se
nombró a la señora Liyibetd Bernal Gómez, tan solo 8 días después de su
nombramiento al cargo de Escribiente.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al derecho al mérito
y a la promoción de servidores en carrera judicial, al haber expedido el acto
administrativo núm. 292 de 19 de junio de 2026, mediante el cual se nombró
en el cargo de auxiliar judicial IV en el Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín a la
señora Liyibetd Bernal Gómez.

Aseguró que el acto administrativo cuestionado desconoció el artículo 152
numeral 2 de la Ley 270 de 1996, al no haber reconocido el derecho preferente
de promoción que ostentan los empleados inscritos en carrera judicial.

3. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

“[…] 1. Se tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
TRABAJO, IGUALDAD, MERITO, PROMOCION DE SERVIDORES EN
CARRERA JUDICIAL, toda vez que no se dio la oportunidad de
postulación para acceder al cargo de AUXILIAR JUDICIAL IV en el Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín.

2) Se ordene Al Juez COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LO JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, dejar sin efecto del acto
administrativos del nombramiento del cargo de AUXILIAR JUDICIAL IV,

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hasta tanto se agote el debido proceso, conforme al artículo 152 numeral
2 de la ley 270 de 1996.

3) Que se publique dicho cargo en la página de
AVISOS/VACANTES/TEMPORALES de la Rama Judicial, para acceder
a la postulación.

4) Que se siga informando de dichas vacantes a los empleados, ya que,
al ser cargos públicos, debe ser de manera transparente y hay muchos
empleados que pueden cumplir con el requisito para ascender.

5) Que se les informe a los empleados del Centro de Servicios, cual es la
postura que tienen los Jueces de Ejecución de Penas de Medellín para
realizar los nombramientos en provisionalidad, en encargo,
incapacidades, vacaciones y de qué manera son asignadas las balotas.

6) Que se establezca un método de publicidad, que garantice
prioritariamente la participación efectiva de los empleados inscritos en
carrera judicial y que acrediten los requisitos de los cargos para ocupar
las vacantes […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 2 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra de Eduard Aleyzer Yepes, en calidad de juez coordinador de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín;
Ricardo Gil Tabares, en su condición de Juez Séptimo Penal de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín; Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia; Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de
Antioquia; y Departamento Administrativo de la Función Pública y se vinculó a
la señora Liyibetd Bernal Gómez, en calidad de tercero con interés directo en
el resultado del proceso.

2. El 14 de julio de 2026, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la solicitud de amparo.

3. Mediante auto de 23 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

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1. Eduard Aleyzer Rojas Yepes, Coordinador de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín manifestó que la parte actora
ostenta en propiedad el cargo de Citadora en el Centro de Servicios
Administrativos y, actualmente, ocupa el cargo de Escribiente.

Aseguró que no existió desconocimiento de la Ley 2430 de 2024, puesto que
la vacante objeto de controversia era definitiva y, por tanto, debía proveerse
en provisionalidad conforme al numeral 2.º del artículo 132 de la Ley 270 de
1996. Agregó que la señora Liyibetd Bernal Gómez cumplía los requisitos para
el cargo y que su nombramiento fue avalado por los jueces de la especialidad.
Finalmente, afirmó que la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad.

2. El Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad aclaró
que el centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas está
regentado por un juez coordinador, pero en asuntos de nombramientos se
requiere de un quorum calificado, conformado por la mitad más uno de los 13
jueces que conformamos la especialidad, por ello, cada que se realiza una
convocatoria para nombramiento de alguna vacante provisional o definitiva,
tenemos un sistema de balotas que se va rotando en orden ascendente entre
los 13 juzgados de la especialidad, donde al juez que le corresponda hace la
postulación, solo propone el candidato, pero finalmente quien decide si se
aprueba o no la postulación, es por la votación de la mayoría calificada, razón
por la cual su papel en estos hechos solo fue el de la postulación a una
candidata que reunía todos los requisitos, pero la aprobación y posterior
nombramiento dependieron de la decisión mayoritaria y del juez coordinador.

3. El Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó que la
acción de tutela no fue concebida para sustituir los medios de control del
ordenamiento, particularmente los establecidos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Finalmente, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por

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pasiva, toda vez que la solicitud de amparo se relaciona con actuaciones para
la provisión de empleos de la Rama Judicial y estas corresponden
exclusivamente al ámbito funcional y competencial de la entidad nominadora,
sin que exista intervención, participación o injerencia de esa entidad.

4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía solicitó se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que esa corporación no
es competente para revisar las actuaciones que despliegan los despachos
judiciales respecto de la provisión de los cargos que componen su planta de
personal, pues esto hace parte de las facultades de cada nominador.
Adicionalmente, no hay solicitud de la actora o el juez coordinador que esté
pendiente de ser atendida.

5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
manifestó que no funge como nominadora de la parte accionante porque solo
funge como empleador y, como tal, se dispone a cumplir los actos
administrativos emitidos por los nominadores de cada despacho mediante la
gestión de las novedades reportadas, tal como se hizo en el presente caso.

Por último, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva porque no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante.

6. La señora Liyibetd Bernal Gómez solicitó declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
al considerar que la actora dispone de medios de control judicial idóneos y
eficaces para controvertir el nombramiento cuestionado. Subsidiariamente,
pidió negar el amparo al estimar que no existe vulneración de derechos
fundamentales, toda vez que su designación en provisionalidad se realizó en
cumplimiento de la normativa y la jurisprudencia aplicables.

7. Los señores William Felipe Ángulo Bechara y Lina Marcela Jiménez
Ramírez manifestaron que coadyuvaban las pretensiones de amparo, al
considerar que su interés surge porque son servidores de carrera, con
propiedad en el Centro de Servicios Administrativos, y encuentran que no se

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ha consolidado una práctica clara, pública, verificable y uniforme que permita
conocer oportunamente cuáles cargos están disponibles, cuáles son los
requisitos exigidos, ante quién debe presentarse la hoja de vida, cuál es el
término para hacerlo, qué criterios de comparación objetiva serán utilizados y
cómo se armoniza el sistema interno de turnos o balotas con la regla
estatutaria de promoción y mérito.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía,
mediante sentencia de 14 de julio de 2026, declaró improcedente la acción de
tutela.

Advirtió que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
en razón de que “[…] Los argumentos que respaldan la tesis acogida parten
de sostener que las situaciones descritas en el escrito de tutela y las derivadas
de las pruebas arrimadas no permiten establecer la ausencia de idoneidad o
eficacia de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) […]”

Manifestó que la “[…] interesada no justifica por qué acude a la acción de tutela
cuando existen instrumentos ordinarios de control judicial. De otro lado, en el
plenario no obra información de la cual se derive que acudir al mecanismo de
defensa ordinario resultaría una exigencia desproporcionada […]”.

Adicionalmente, concluyó que en lo que se refiere a las pretensiones dirigidas
a que se informe sobre las vacantes, se indique la postura que se tiene para
nombrar empleados en el Centro de Servicios Administrativos y se establezca
un método de publicidad, no existe mérito para acogerlas, porque por “[…] una
parte, son pretensiones secuenciales a la intención de dejar sin efecto el acto
administrativo, aspecto que, como se dijo, no puede avocarse en sede tutelar.
Por otra parte, no existen pruebas que indiquen que las autoridades inmersas
y encargadas del nombramiento de los empleados esté incurriendo en
contradicción con la forma de provisión que determina la Ley 270 de 1996 ni

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en omisión de la publicación de vacantes a través de los canales fijados por el
Consejo Superior de la Judicatura […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que su
inconformidad se circunscribe “[…] a la forma errónea como fue abordado el
problema jurídico, ya que lo pretendido a través de este trámite de tutela no
era lograr algún efecto anulatorio frente al acto administrativo del
nombramiento, como mal lo entendió el magistrado ponente, sino que se
respetara el debido proceso frente a los lineamientos esbozados por la reforma
a la ley estatutaria contenida en el artículo 132, de la ley 2430 de 2024 […]”.

Agregó que el problema jurídico por resolver en la presente acción de tutela
era “[…] determinar si el acudir a la lista de elegibles y a la convocatoria de
personal en propiedad, es únicamente para los nombramientos en cargos
vacantes temporalmente o si ello se extiende a los nombramientos en cargos
declarados vacantes definitivamente y respecto de los cuales no hay lista de
elegibles […]”.

Por último, señaló que lo que “[…] se esperaba de este fallo era la definición
de este planteamiento que fue lo que se pidió desde el principio, y que es el
que tiene a muchos sectores de la rama judicial tomando diversas posturas
[…]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

2.1. De la solicitud de desvinculación

La Sala advierte que el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín manifestaron su falta de
legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite de tutela y que
el juez de primera instancia omitió pronunciarse al respecto, por tanto, en esta
instancia se resolverá.

La Sala considera que, comoquiera que el Departamento Administrativo de la
Función Pública, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín fueron
relacionadas por la parte accionante como las posibles autoridades que
ocasionaron la vulneración de sus derechos fundamentales, les asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la
que se negarán las solicitudes de desvinculación.

2.2. De la coadyuvancia

Se advierte que el juez de primera instancia omitió pronunciarse respecto de
las solicitudes de coadyuvancia, por tanto, en esta instancia se resolverán.

Mediante escrito de 9 de julio de 2026, por los señores William Felipe Ángulo
Bechara y Lina Marcela Jiménez Ramírez presentaron solicitud de
coadyuvancia, al considerar que su interés surge porque son servidores de
carrera, con propiedad en el Centro de Servicios Administrativos. A partir de lo
anterior, plantearon las siguientes pretensiones:

“[…] i) se informe a los empleados sobre las vacantes que se generen; (ii)

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se precise la postura institucional y el método utilizado para efectuar
nombramientos en provisionalidad, encargo, vacaciones e incapacidades,
así como la forma de asignación de balotas; y (iii) se establezca un
mecanismo de publicidad que garantice prioritariamente la participación
efectiva de servidores inscritos en carrera judicial que acrediten los
requisitos del cargo […]”.

Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que el inciso segundo del
artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que: “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

La Corte Constitucional2 ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela
como “[…] la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela […]”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes
reglas para la procedencia de la coadyuvancia:

“[…] (i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las
posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el
accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular
pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales;

(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se
expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta
antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la
Corte Constitucional, según sea el caso […]”3. [Se destaca]

Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá a los señores William Felipe
Ángulo Bechara y Lina Marcela Jiménez Ramírez como coadyuvantes de la
parte actora, por cuanto se adhirieron a las pretensiones formuladas en la
solicitud de amparo, sin plantear pretensiones autónomas o diferentes.

3. Problemas jurídicos

2 Sentencia T-070 de 2018.
3
Corte Constitucional, Auto 401 de 2020.

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De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al expedir el acto administrativo
núm. 292 de 19 de junio de 2026.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se deje sin efectos el acto
administrativo núm. 292 de 19 de junio de 2026, mediante el cual se nombró
en el cargo de auxiliar judicial IV en el Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín a la
señora Liyibetd Bernal Gómez hasta tanto se agote el debido proceso,
conforme al artículo 152 numeral 2 de la ley 270 de 1996, y entre otras que se
siga informando de dichas vacantes a los empleados, ya que, al ser cargos
públicos, debe ser de manera transparente y hay muchos empleados que
pueden cumplir con el requisito para ascender.

De ahí que resulte acertado concluir que el accionante cuenta con medios de
defensas judiciales, como lo son los medios de control previstos en la Ley 1437
de 2011 a través de los cuales puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.

En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores5 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya

5 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de

noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.

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no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia6, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento, ya que no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio.

Finalmente, en cuanto a las pretensiones dirigidas a que se informe sobre las
vacantes, se indique la postura que se tiene para nombrar empleados en el
Centro de Servicios Administrativos y se establezca un método de publicidad,
la Sala advierte que aunque no son pretensiones que estén cuestionado
directamente un acto administrativo en específico, la realidad es que cualquier

6 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.

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análisis en este asunto involucra la resolución núm. 292 de 19 de junio de
2026, razón por la cual no se analizarán ni resolverán.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquía y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte actora a los señores
William Felipe Ángulo Bechara y Lina Marcela Jiménez Ramírez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 14 de julio de 2026 proferido por
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2026-01024-01

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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