Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03801-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2025-03801-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03801-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03801-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
21 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Álvaro Eduardo Mena Ortega y otros
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
Asunto: Tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo impugnado.
Improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 8 de agosto de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Mediante las resoluciones 016 y 017 de 26 de septiembre de 2024
expedidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto se
calificaron de manera insatisfactoria los servicios prestados por el señor
Álvaro Eduardo Mena Ortega en el cargo de secretario en propiedad de
dicho juzgado correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de
septiembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024.
1.2. El 9 de octubre de 2024, la parte accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio de apelación contra las decisiones anteriores.
1.3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, mediante las
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
resoluciones 020 y 022 de 28 de octubre de 2024, resolvió negar el
recurso de reposición y conceder la apelación.
1.4. Mediante Resolución 01 del 3 de abril de 2025, la Sala Plena del
Tribunal Superior de Pasto resolvió el recurso de apelación en el sentido
de confirmar la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Pasto.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, al haber emitido
conceptos desfavorables respecto de su desempeño y por declarar infundada
la práctica de pruebas solicitadas, ya que no se ajustaron en estricto sentido a
la normativa vigente y aplicable, particularmente al artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA- y
al derecho fundamental al debido proceso.
Indicó que se configuró falta de motivación respecto de las argumentaciones
que negaron los recursos de reposición y concedieron los de apelación,
interpuestos contra las Resoluciones 016 y 017 de 26 de septiembre de 2024.
Indicó que con esa decisión le fueron desconocidas la cantidad de tareas
realizadas, el tiempo invertido y los horarios en que se verificaron, sin que
además obtuviera respuesta respecto de la solicitud de ampliación de los
informes, que tenían como propósito abarcar todo el periodo evaluado.
Manifestó que la calificación no fue objetiva, ni integral, sino una retaliación por
haber protestado ante la asignación de funciones. Indicó que la evaluación
resaltó solo los aspectos negativos, reflejando una persecución en su contra,
desconociendo su esfuerzo por entender el derecho laboral y menoscabando
su derecho al descanso, por lo que solicitó una nueva calificación no menor a
60 puntos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
Finalmente, afirmó que la autoridad judicial de segunda instancia, al haber
confirmado la decisión, reforzó la vulneración de sus derechos fundamentales,
desconociendo de manera expresa, los apartes normativos contenidos en el
artículo 79 del CPACA y el artículo 29 constitucional, lo que justifica la presente
acción de tutela.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] 1a. Conceder de manera definitiva a mi favor y el de mi grupo familiar
la tutela de los derechos fundamentales invocados, demás cuya
vulneración resulte demostrada.
2a. Dejar sin efectos las resoluciones 016, 017 de 26-09-2024; 020, 022
de 28-10-2024 proferidas por el juzgado accionado; 001 de 03-04-2025
emitida por la corporación de segunda instancia.
3a. Disponer mi reintegro, sin solución de continuidad, al cargo que venía
desempeñando o a uno de iguales o mejores condiciones, la inclusión en
nómina, el pago de salarios y demás acreencias laborales desde el
momento en que se produjo el retiro.
4a. Ordenar a la juez demandada emitir nueva calificación con valoración
de todas las pruebas obrantes en el proceso disciplinario
52001250200020240020100 adelantado por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Nariño que dan cuenta de las funciones por mí
cumplidas, hora, fecha, tiempo empleado en cada una de ellas. […]”. [sic
en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 24 de junio de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Pasto.
2. El 8 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia.
3. Mediante auto de 20 de octubre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto señaló que no ha vulnerado
derecho alguno al accionante, y que la acción de tutela resulta improcedente
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad.
Señaló que el hecho de que la decisión administrativa haya sido adversa a los
intereses del peticionario no la cataloga de ilegal y mucho menos de
vulneradora de derechos fundamentales. Indicó que actuó dentro del marco
constitucional y legal sin afectar derechos constitucionales, y tramitó el recurso
de apelación con irrestricto acatamiento del debido proceso y al derecho de
defensa.
Reiteró que la acción constitucional no es un mecanismo para revivir etapas
procesales que podría esgrimir en un proceso judicial ante la jurisdicción
especializada, siendo la acción de tutela un trámite sumario e informal.
Sostuvo que, aunque la parte accionante argumentó la dependencia
económica de su núcleo familiar en cabeza suya, no fue acreditada y reseñó
que el hijo del accionante es mayor de edad.
Finalmente, respecto del retiro del servicio por calificación integral
insatisfactoria de servidores judiciales precisó que se trata de un trámite
administrativo que se rige por la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia; el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura y Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sin que tenga que estar supeditado al trámite ni a
la reglamentación de un proceso disciplinario, cuyos procedimientos, efectos
e implicaciones son diferentes.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 8 de agosto de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad.
Señaló que los reproches del accionante se dirigen contra actos
administrativos respecto de los cuales procede el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que puede solicitar la nulidad de los actos
administrativos acusados por esta vía y el restablecimiento de los derechos
que estime procedente.
Por lo anterior, anotó que la parte actora cuenta con la posibilidad de acudir a
dicho medio de control y solicitar las medidas cautelares, el cual resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz para suspender provisionalmente los efectos de
los actos administrativos aquí cuestionados.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando, en términos
generales, los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente
expuso las siguientes razones:
Cuestionó el análisis realizado por el a quo sobre la diferencia entre la acción
de tutela instaurada con el propósito de suspender varios actos administrativos
y la que se instaura contra providencias judiciales con base en las causales
generales y específicas de procedibilidad.
Indicó que la acción de tutela fue promovida como mecanismo transitorio, en
la que solicitó la suspensión de los efectos de los actos administrativos que
dispusieron en su contra, una calificación insatisfactoria de servicios, no
obstante, el análisis hecho por la autoridad judicial es bajo la óptica de las
causales de procedibilidad, desconociendo la naturaleza real de la solicitud y
generando un error hermenéutico que afecta la decisión.
Manifestó que, pese a la urgencia manifestada al momento de presentar el
mecanismo excepcional, por ser su salario el único ingreso para el sustento
económico suyo y de su familia, el fallo de primera instancia fue proferido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
después de cuatro (4) meses, sin que se hubiera ocupado de analizar esa
realidad. La afectación al derecho fundamental al mínimo vital no fue
considerada incurriendo en una grave valoración de las circunstancias
concretas del caso.
Sostuvo que se omitió cualquier referencia relacionada con el acoso laboral en
el que se produjo la calificación insatisfactoria, escenario que consideró
marcado por la arbitrariedad, la persecución y el asedio por parte de la
evaluadora.
Adujo que la decisión no valoró las pruebas aportadas ni las solicitudes
probatorias que estaban encaminadas a demostrar que la calificación era un
reflejo del verdadero desempeño. Incluso la misma evaluadora señaló que
debieron tener en cuenta los informes elaborados por el Área de Soporte
Tecnológico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, lo
que confirma la falta de rigor y arbitrariedad en el proceso evaluativo.
Señaló que el fallo impugnado no analizó la falta de idoneidad del mecanismo
judicial ordinario desconociendo la congestión que enfrenta la jurisdicción
contencioso-administrativa, en el que muchos de los despachos tardan años
en pronunciarse sobre la admisión de la demanda y el estudio de medidas
cautelares.
Aclaró que no es suficiente con que los mecanismos jurídicos ordinarios estén
previstos en el ordenamiento, porque las circunstancias materiales impiden
una protección célere y eficaz. En este contexto, argumentó que la acción de
tutela se erige como el mecanismo idóneo para garantizar la protección
inmediata de los derechos fundamentales.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado1, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, de
ser así deberá:
B) Si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.
Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
1 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, la parte accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se deje sin efectos
“[…] las resoluciones 016, 017 de 26-09-2024; 020, 022 de 28-10-2024
proferidas por el juzgado accionado; 001 de 03-04-2025 emitida por la
corporación de segunda instancia […]”.
Respecto de lo anterior, cabe señalar que las resoluciones a las que la parte
actora le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales son
susceptibles de control jurisdiccional, ya que se enmarca en la categoría de
actos administrativos definitivos, en tanto que resuelven el fondo del asunto.
De ahí que la Sala considera que la parte aquí accionante cuenta con un medio
de defensa judicial, como son los medios de control previstos en la Ley 1437
de 2011 a través de los cuales puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores4 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada, incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad de los actos administrativos objeto de
cuestionamiento, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio
León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
5 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada
en el auto que así lo decrete.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03801-01
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo de
primera instancia proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 8 de agosto de 2025 proferido
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.