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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00058-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00058-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 25 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00058-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Javier Antonio Pinto Flórez.
Parte accionada: Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil.
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00058-01.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
25 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 28 de enero de 2026, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San
Gil convocó a las personas interesadas en ocupar de manera transitoria el
cargo de escribiente en provisionalidad adscrito a ese despacho judicial.

1.2. El accionante se postuló a la convocatoria junto a otros empleados de
carrera judicial y profesionales no empleados de carrera judicial, siendo un
total de 64 aspirantes para la selección del cargo ofertado.

1.3. Mediante Resolución núm. 007 de 30 enero de 2026, fue nombrada en
provisionalidad la señora Ana María Rojas Bueno en el cargo de escribiente
del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil.

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1.4. Inconforme con la anterior decisión, el accionante presentó escrito
solicitando que para la provisión del cargo se tuviera en cuenta la normativa
que lo regula.

1.5. Mediante Resolución núm. 009 de 03 de febrero de 2026, el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de San Gil resolvió la inconformidad planteada
por el accionante en el sentido de mantener incólume el nombramiento
realizado en la Resolución núm. 007 de enero 30 de 2026.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho al mérito, a la igualdad de
oportunidades en el acceso a los cargos y la carrera administrativa, al haber
expedido la Resolución núm. 007 de 30 de enero de 2026 dado que
desconoció “[…] los postulados consagrados en el Acuerdo PCSJA24-12238,
en cuanto a la ponderación que se debe realizar al interior de las hojas de vida
y escoger por su perfil al más indicado dando prioridad a las personas que se
encuentra en carrera […]”.

Aseguró que la accionada “[…] no tuvo en cuenta que llevo más de 24 años al
servicio de la rama judicial en propiedad […]”. Como tampoco se “[…]
mencionó si la designada era de carrera o no, por lo que se infiere que el
nombramiento no estuvo ajustado a los procedimientos establecidos por el
ordenamiento jurídico para esta clase de nombramientos […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

“[…] Se tutelen los derechos al debido proceso, derecho al mérito, a la
igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos y la carrera
administrativa y en su defecto deje sin efecto la resolución 007 de febrero
03 de 2026 proferida por el Juez Primero Promiscuo de Familia de San
Gil y proceda a realizar inmediatamente un nuevo estudio de las hojas de
vida para proveer temporalmente el cargo de escribiente de ese juzgado,

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teniendo en cuenta las reglas existentes para el caso y la amplia
jurisprudencia prolija para el caso […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 10 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil.

2. El 25 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la solicitud de
amparo.

3. Mediante auto de 6 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que atendiendo a su facultad
discrecional “[…] puede surtir el cargo con la persona que considere más
idónea conforme a sus capacidades y conocimiento en los diferentes procesos
que se tramitan en este Juzgado Promiscuo de familia, a saber, en la
especialidad que lo es de familia y en el Sistema de Responsabilidad Penal de
adolescentes, y el aquí accionante, pese a estar en carrera en el cargo y contar
con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo ofertado, no menos
cierto es que, los cargos desempeñados en el área de familia lo fue por un
lapso muy corto -aproximadamente 5 meses-, e inferior, al tiempo de la
persona designada en provisionalidad para el cargo de ESCRIBIENTE […]”.
[sic en toda la cita]

Afirmó que “[…] El hecho que el accionante se encuentre en carrera judicial,
no es óbice suficiente para llegar al exceso de nombrar a una que no sea la
más idónea […]”.

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Finalmente, indicó que la acción de tutela presentada por el accionante es
improcedente por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, al
considerar que “[…] la resolución acusada debe ser controvertida en ejercicio
de los medios de control que establece el CPACA, que, a su vez, permiten
solicitar medidas cautelares, incluso innominadas […]”.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 25 de enero
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela y fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.

Advirtió que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
en razón a que “[…] la controversia planteada es de carácter estrictamente
legal, por cuanto se dirige a cuestionar la validez de actos administrativos de
nombramiento. En esa medida, su examen corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho […]”.

Adicionalmente, concluyó que no se configuraba un perjuicio irremediable por
lo cual resultaba innecesaria la intervención del juez constitucional.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que “[…]
no se comparten los argumentos esbozados puesto que desde mi punto de
vista violan los principios fundamentales del debido proceso, al ascenso en
carrera administrativa, merito, etc, puesto que iniciar un proceso ante lo
contencioso administrativo estaría cercenando la oportunidad de ascender por
merito en la carrera administrativa de la rama judicial […]”. [ sic en toda la cita]

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

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Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora al expedir la Resolución núm. 007
del 30 de enero de 2026.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se deje sin efectos la
Resolución núm. 007 del 30 de enero de 2026 y se realice un nuevo estudio
de las hojas de vida para proveer en provisionalidad el cargo de escribiente
del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil.

De ahí que resulte acertado concluir que el accionante cuenta con medios de
defensas judiciales, como lo son los medios de control previstos en la Ley 1437
de 2011 a través de los cuales puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.

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En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores3 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia4, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento, ya que no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

3 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de

noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
4 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 25 de febrero de 2026 proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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