Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00539-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00539-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00539-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Luis Enrique Giraldo Vásquez.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00539-01.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
26 de febrero de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Mediante Resolución núm. 002 de 8 de mayo de 2025, el señor Luis
Enrique Giraldo Vásquez fue nombrado en provisionalidad en el cargo de
escribiente del Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá,
designación que surgió como consecuencia de la licencia no remunerada
concedida por el término de tres años a la señora María Alejandra
Guzmán Cuervo, en calidad de escribiente municipal en propiedad.
1.2. Mediante Acuerdo PCSJA25-12371 de 29 de diciembre de 2025, el
Consejo Superior de la Judicatura dispuso el traslado permanente a partir
del 13 de enero de 2026 del cargo de escribiente del Juzgado Ochenta y
Dos Civil Municipal al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.
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1.3. El Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal en cumplimiento del
Acuerdo PCSJA25-12371, dispuso el traslado permanente del cargo de
escribiente municipal de quien es titular la señora María Alejandra
Guzmán Cuervo al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y
determinó que el señor Luis Enrique Giraldo Vásquez debería cumplir
dicho cargo de acuerdo con lo establecido en Resolución núm. 002 de 8
de mayo de 2025, salvo disposición en contrario.
1.4. Mediante Resolución núm.002 de 14 de enero de 2026, el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá aceptó el traslado permanente
del cargo proveniente del Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal.
1.5. La señora María Alejandra Guzmán Cuervo el 14 de enero de 2026,
presentó ante el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal renuncia a la
licencia no remunerada y, por ende, solicitó el reintegro a su cargo de
escribiente en propiedad a partir del 14 de enero de 2026 y que con
posterioridad se le concediera nueva licencia no remunerada hasta por
tres años.
1.6. Mediante Resolución núm. 003 de 14 de enero de 2026, el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil Municipal aceptó la renuncia a la licencia no
remunerada, ordenó el reintegro de la señora María Alejandra Guzmán
Cuervo en el cargo de escribiente y comunicó al señor Luis Enrique
Giraldo Vásquez lo pertinente, la cual le fue notificada el 20 de enero de
2026.
1.7. El señor Luis Enrique Giraldo Vásquez presentó derecho de petición
ante el área de Talento Humano de la Rama Judicial, en el que solicitó
información de su vinculación y registro en nómina, y presentó recurso
de reposición contra la Resolución núm. 003 de 14 de enero de 2026, el
cual fue resuelto mediante Resolución núm. 008 de 30 de enero de 2026
que confirmó la decisión adoptada en ese acto administrativo.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
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La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo, a la dignidad
humana, a la confianza legitima y a la buena fe, al haber sido desvinculado del
cargo de escribiente en provisionalidad de manera automática e irregular,
como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución núm. 003 de 14 de enero
de 2026 expedida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá,
mediante la cual se dispuso aceptar la renuncia a la licencia no remunerada
“[…] sin que se haya tenido en cuenta mis expectativas de vida, mi estabilidad
laboral reforzada, económica y familiar como padre cabeza de familia, con un
hijo discapacitado y brindándole ayuda a mi señora madre que es una persona
de la tercera edad […]”.
Manifestó que el 12 de diciembre de 2025, por un error en nómina relacionado
con la señora María Alejandra Guzmán Cuervo fue excluido anticipadamente
del sistema, lo que ocasionó que no se le pagara correctamente el salario
correspondiente al mes de diciembre de 2025.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo (art. 29 C.P.), Derecho al trabajo (art. 25 C.P.), minino vital
y protección a la familia; Derecho a la dignidad humana, Principios de
legalidad, competencia y buena fe (arts. 6, 83, 209 C.P.), Confianza
legítima, Protección Laboral reforzada a familias con personas con
discapacidad.
• DEJAR SIN EFECTOS cualquier actuación administrativa que haya
derivado en mi desvinculación de facto del cargo de Escribiente en
provisionalidad.
• ORDENAR al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá mi reintegro
inmediato o la continuidad en el cargo en provisionalidad y en los
términos del traslado efectuado por el JUZGADO OCHENTA Y DOS
CIVIL MUNICIPAL (Transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá - Acuerdo PCSJA-18-
11127 del 12 de octubre de 2018 del C.S.J) dado que la vacante
temporal (licencia de la titular) persiste en la realidad.
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• ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial el pago
inmediato de los salarios de diciembre de 2025 y la normalización de mis
aportes a seguridad social […]”. [Sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 30 de enero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Treinta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá y al Área de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
2. El 26 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente la
solicitud de amparo.
3. Mediante auto de 20 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que atendiendo a su facultad
discrecional para “[…] pronunciarse sobre las actuaciones administrativas que
se suscitaran con ocasión de dicho empleo. Ello incluye, desde luego, la
renuncia a la licencia, el reintegro del cargo y la concesión de una nueva
licencia no remunerada […]”.
A partir de lo anterior, afirmó que la terminación de la vinculación laboral del
accionante no fue inmediata e irregular, en atención a que los actos
administrativos cuestionados se produjeron con ocasión del Acuerdo núm.
PCSJA25-12371 de 29 de diciembre de 2025 expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, “[…]
la titular de la carrera judicial no tenía por qué contar con la aprobación y
consentimiento de quien se desempeñaba en el cargo de manera provisional,
[…]”.
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Indicó que respecto a las condiciones de “[…] padre de cabeza de familia,
padre de un niño con discapacidad y a cargo de una persona de la tercera
edad […]”, le fue informado mediante Resolución núm. 008 de 30 de enero de
2026 que “[…] la titular de este Despacho jamás fue informada de tal situación
y mucho menos fueron aportadas las pruebas que corroboraran lo
argumentado en el recurso y escrito tutelar […]”.
Finalmente, mencionó que “[…] a través de la Resolución No. 007 del 28 de
enero de 2026, se nombró a la señorita LIZETH DAYANNA PARADA GARCÍA
en el cargo de ESCRIBIENTE NOMINADO EN PROVISIONALIDAD a partir
del 28 de enero de 2026 inclusive, tomando posesión el mismo día […]”.
2. El Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia solicitó la desvinculación
de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva, al considerar que
“[…] en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el órgano
superior (Consejo Superior de la Judicatura), esta Corporación no es la
autoridad responsable, ni cuenta con la aptitud legal para dar solución a la
citada controversia administrativa […]” y que la autoridad que se encuentra
legitimada para resolver la controversia es “[…] la Unidad de Recursos
Humanos de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y/o de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial […]”.
3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto por
hecho superado al considerar que “[…] el área encargada remitió informe
respecto a lo manifestado por el accionante mediante correo electrónico de
fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026) […]”, en el que
informó que “[…] su vinculación se realizó efectivamente desde el 08 de mayo
hasta el 12 de diciembre, periodo correspondiente al reemplazo que usted
efectuaba a la señora María Guzmán, el cual estaba previsto únicamente hasta
esa fecha […]”.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
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La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 26 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela
y negó la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Advirtió que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que si bien las pretensiones de amparo no están dirigidas de manera
expresa a solicitar la nulidad de las Resoluciones núm. 003 y 008 de 2026, ni
los demás actos administrativos que se derivaron del traslado del cargo, lo
cierto es que la finalidad del accionante es obtener el reintegro al cargo que
venía desempeñando en provisionalidad, dejando sin efecto dichos actos
administrativos.
Por lo anterior, indicó que “[…] resulta evidente que el accionante cuenta con
al menos un medio judicial idóneo y eficaz, pues el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho le permite atender su solicitud, que consiste en
revisar la legalidad del acto administrativo del cual deriva la presunta
vulneración de sus derechos, e incluso puede prevenir la vulneración de
manera inmediata mediante el decreto de una medida cautelar […]”.
Adicionalmente, concluyó que si bien el accionante manifestó su condición de
padre cabeza de familia y la existencia de diversas cargas familiares no logró
acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, razón por la cual
resultaba innecesaria la intervención del juez constitucional.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que “[…]
la subsidiariedad no podía examinarse de manera puramente formal, como si
el caso se agotara en la sola existencia teórica de un medio contencioso […]”
y solicitó “[…] una respuesta clara, completa y congruente sobre mi situación
administrativa, de nómina y seguridad social, y que en consecuencia se
impartan órdenes concretas dirigidas a esclarecer y corregir la actuación
administrativa que dio lugar a mi desvinculación de facto […]”.
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Asimismo, mencionó que en su condición de padre cabeza de familia, tener a
cargo a su hijo en condición de discapacidad y a su madre adulta mayor “[…]
la afectación no se agotaba en una simple discusión económica futura. Lo que
estaba en juego era la continuidad inmediata de mis ingresos, la estabilidad
de mi afiliación al sistema de seguridad social, la posibilidad real de sostener
a mi núcleo familiar y la protección reforzada de personas constitucionalmente
vulnerables que dependen de mí […]”.
Indicó que “[…] la tutela era plenamente viable, por lo menos, como
mecanismo transitorio, pues lo solicitado no consistía en sustituir de manera
definitiva al juez natural, sino en impedir que se consolidaran los efectos de
una desvinculación irregular y de una exclusión de nómina y seguridad social
ocurridas sin la debida claridad y motivación administrativa […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al expedir las Resoluciones núm.
003 de 14 de enero y núm. 008 de 30 de enero de 2026.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.
Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a las accionadas a
reintegrarlo al cargo de escribiente en provisionalidad del Juzgado Treinta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá y se deje sin efectos los actos administrativos
derivados de la desvinculación del cargo.
De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir las Resoluciones 003 del 14 de enero y 008 de 30 de
enero de 2026.
Por tanto, el accionante cuenta con un medio de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la
Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores4 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
4 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de
noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
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Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad de los actos administrativos objeto de
cuestionamientos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitar su
reintegro al cargo que venía ocupando, ya que no se advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de la
referencia como mecanismo transitorio.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
5 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 26 de febrero de 2026 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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