Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02798-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02798-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02798-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba
Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Hernán Darío Miranda Navarro.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02798-01.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo
de 9 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente
se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Hernán Darío Miranda Navarro indicó que se desempeña
como servidor judicial de carrera en el cargo de citador grado tres y
actualmente se encuentra designado en el cargo de escribiente en
provisionalidad del Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de
Purificación.
1.2. El accionante relató que, en noviembre de 2024 vivenció un
altercado con un particular frente a su lugar de residencia y que en un
acto de intolerancia se vio amenazado con un arma de fuego, sostuvo
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que, en ocasión a ello se derivaron actos de intimidación en su contra
y de su núcleo familiar en su vivienda y en el lugar de trabajo.
1.3. Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, se vio obligado a
abandonar el Municipio de Purificación junto con su familia y a trasladar
su lugar de residencia.
1.4. Señaló que, mediante Resolución núm. 36 del 14 de noviembre de
2024, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de
Purificación le concedió al accionante “[…] autorización de trabajo
remoto virtual […]”, medida que fue prorrogada en diferentes
oportunidades.
1.5. Con posterioridad, el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de
Purificación le autorizó prórroga del “[…] permiso de trabajo en casa
[…]” mediante Resolución núm. 028 del 14 de noviembre de 2025, por
el término de tres meses, contados a partir del 15 de noviembre de
2025.
1.6. El Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Purificación solicitó
información ante la Fiscalía 29 Seccional de Purificación del estado de
la investigación de la noticia criminal con ocasión de los hechos
denunciados por el accionante y, en respuesta informó al despacho
judicial que no se encontraba acreditada una situación que
comprometiera su seguridad personal.
1.7. Mencionó que el 4 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Civil del
Circuito Judicial de Purificación dispuso su reintegro al ejercicio
presencial de sus funciones a partir del 5 de marzo de 2026, en virtud
del “[…] vencimiento otorgado en la Resolución 028 del 14 de
noviembre de 2025, así como de lo manifestado por la Fiscalía de este
municipio respecto de la inexistencia de riesgo actual para usted y su
núcleo familiar […]”.
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1.8. Inconforme con la decisión anterior, el accionante presentó recurso
de reposición y en subsidio, el de apelación.
1.9. El Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Purificación le
informó que la comunicación de reintegro presencial “[…] no constituye
un acto administrativo susceptible de recursos, sino una orden de
carácter funcional impartida por el superior jerárquico, en ejercicio de
las facultades de dirección, organización y control del servicio judicial
[…]” y por tal razón, “[…] no existe acto administrativo vigente que
permita la continuidad del trabajo remoto, por lo cual corresponde al
servidor judicial retomar el ejercicio presencial de sus funciones […]”.
1.10. El 6 de marzo de 2026, el señor Hernán Darío Miranda Navarro
solicitó licencia temporal del cargo por tres meses y mediante
Resolución núm. 10 de 6 de marzo de 2026 le fue concedida a partir
del 9 de marzo de 2026.
1.11. Manifestó que ha presentado problemas de salud mental y en
razón a ello, solicitó a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial
traslado de su cargo, pero fue negada, al considerar que su situación
“[…] no estaba en relación con mis fusiones judiciales desempeñadas
[…]” [Sic en toda la cita], y que el Consejo Seccional de la Judicatura
autorizó un traslado administrativo, pero no se materializó por decisión
del titular del despacho.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que “[…] las actuaciones, omisiones y decisiones
adoptadas por las entidades accionadas han generado una vulneración
grave, actual y continuada de múltiples derechos fundamentales, así como
un escenario de desprotección institucional y revictimización […]”.
Aseguró que, “[…] pese a que dichas circunstancias fueron informadas
oportunamente a las autoridades judiciales, administrativas y penales
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correspondientes, no se adoptaron medidas institucionales suficientes para
garantizar la protección efectiva de mis derechos, y por el contrario se
adoptaron decisiones administrativas que terminan trasladando a la víctima
las consecuencias del riesgo existente […]”.
Mencionó que “[…] la orden de reintegro presencial al municipio de
Purificación desconoce el contexto de riesgo existente, obligándome a
regresar al lugar donde ocurrieron las amenazas […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] A.- Amparar mis derechos fundamentales a la vida, integridad
personal, dignidad humana y trabajo en condiciones dignas.
B.- Dejar sin efectos la orden de reintegro presencial al Juzgado Civil
del Circuito de Purificación Tolima y ordenarle a este despacho me
permitir trabajar de forma remota virtual, hasta tanto sede el traslado
administrativo, de seguridad o en provisional correspondiente.
C.- Ordenar que el Señor Juez Civil del Circuito de Purificación Tolima
me ordene el regreso frente a lo anterior respetando las condiciones de
trabajo en seguridad, dignas y sin revictimización.
D.- Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura la reubicación o
traslado por razones de seguridad o de forma administrativa y prevenir
para que no se adopte determinaciones que afecten mi continuidad
laboral y estabilidad respectiva.
E.- Ordenar a la Administración Judicial del tolima realizar un
seguimiento a las condiciones de trabajo, mis condiciones personales
anímicas, afectivas y emocionales que se desprenda desde la óptica
de la seguridad ocupacional, ademas que por mi salida temporal del
cargo que estaba realizando, se me pague de forma normal el sueldo
del mes de marzo del cursante año, esto con el fin de no ocasionarme
mas perjuicios económicos en mi hogar y que tal aspecto no afecte el
resto de prestaciones sociales y laborales a que tengo derecho.
F.- Dejar sin valor la determinación adoptada por la Fiscalía 29
seccional de Purificación que determino que mi persona y familia no
tenia prueba de las amenazas, de igual forma ordenarle que realice
todas las actividades investigativas para llevar a termino de juicio las
personas que se involucraron en los hechos de las amenazas
profesadas y desplazamiento forzado que fui objeto con mi familia […]”.
[Sic en toda la cita]
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 13 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Oficina de Asesoría
para la Seguridad de la Rama Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de
Fiscalías de Ibagué, la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Tolima, la Fiscalía 29 Seccional de Purificación - Tolima y el Juzgado Civil
del Circuito de Purificación. Asimismo, se negó la medida provisional
solicitada por la parte actora.
2. El 9 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la solicitud de
amparo.
3. Mediante auto de 23 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Fiscalía General de la Nación – Seccional Tolima solicitó la
desvinculación de la acción de tutela, al considerar que no está facultada
para participar en el trámite investigativo de una actuación penal, en tanto,
dicha competencia le está atribuida a la Fiscalía 29 Seccional de Purificación
– Tolima.
Afirmó que, al realizar la consulta de la noticia criminal del accionante en el
Sistema SPOA, se constató que la última actuación registrada data del 19
de febrero de 2026, circunstancia que demuestra que ese despacho ha
venido realizando actuaciones orientadas a dar impulso procesal a la
investigación penal.
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima solicitó declarar
improcedente la acción de tutela , al considerar que carece de legitimación
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por pasiva, asimismo mencionó, que remitió por competencia a la Dirección
de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura “[…] quien solicitó a los organismos de seguridad
del estado (Policía Nacional y UNP), las medidas de seguridad y los estudios
de nivel de riesgo con el fin de elaborar un concepto por razones de
seguridad y remitirlo a la unidad de Carrera Judicial, quien determinó de
acuerdo con la reglamentación vigente no ser procedente agendar la
solicitud de traslado por razones de seguridad por no haber nexo causal con
la situación acaecida con el cargo de desempeña […]”.
3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó
desestimar la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
Mencionó que dentro de su estructura organizacional no cuenta con una
dependencia o funcionario competente para realizar estudios de seguridad,
emitir conceptos sobre niveles de riesgo o adoptar medidas individuales de
protección para los servidores judiciales, sino que dichas competencias
corresponden al nivel central de la Rama Judicial.
Finalmente, señaló que no era procedente acceder a la pretensión de pago
de salarios, debido a que el actor se encontraba en licencia no remunerada
por el término de tres meses.
4. La Fiscalía General de la Nación – Seccional 29 de Purificación, Tolima
presentó informe en el que realizó un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del trámite de la investigación penal generada mediante denuncia
instaurada por el accionante. Señaló que, desde la asignación del caso, se
dispusieron diversas actividades investigativas y órdenes a la policía judicial,
las cuales permitieron recaudar entrevistas, inspecciones e informes de
campo orientados al esclarecimiento de los hechos.
Refirió que, en respuesta a una solicitud elevada por el Juzgado Primero Civil
del Circuito Judicial de Purificación, informó que la actuación se encontraba
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en etapa de indagación y que, con fundamento en los elementos de prueba
recaudados hasta ese momento, no se encontraba acreditada una situación
que comprometiera la seguridad personal del accionante o de su núcleo
familiar.
Advirtió que “[…] se ha tratado de corroborar los hechos denunciados por
HERNAN DARIO MIRANDA, ya que las narraciones dadas por los testigos
no son coherentes, ni hilados con los hechos denunciados, por lo tanto, se
encuentra a la espera de la respuesta a la última orden a Policía judicial,
para proceder a tomar decisión de fondo […]”.
5. La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura informó que tramitó ante la Policía Nacional y la
Unidad Nacional de Protección solicitud de medidas de protección para el
servidor judicial y de estudio de nivel de riesgo e indicó que dichas entidades
concluyeron que los hechos denunciados no guardaban relación con el
ejercicio de las funciones del servidor judicial, razón por la cual no se acreditó
el nexo causal exigido para la adopción de medidas especiales de protección
por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Añadió que emitió concepto de traslado por razones de seguridad y lo remitió
a la Unidad de Carrera Judicial, quien determinó que no era procedente, al
considerar que no se cumplían los presupuestos previstos en la normativa
vigente para esa modalidad de traslado.
Finalmente, solicitó la desvinculación de la acción de tutela, al considerar
que dentro del marco de sus competencias realizó los trámites pertinentes.
6. El Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Purificación, Tolima
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que ha
adelantado las actuaciones con estricto apego al ordenamiento jurídico y con
plena observancia de las garantías fundamentales del accionante.
Informó que, en ocasión a los hechos denunciados por el accionante, le
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autorizó el desempeño de sus funciones mediante trabajo remoto mediante
Resolución núm. 36 de 14 de noviembre de 2024, medida que fue prorrogada
en cinco oportunidades.
Indicó que la decisión de ordenar el reintegro presencial del accionante
obedeció a la información suministrada por la Fiscalía 29 Seccional de
Purificación, según la cual no se encontraba acreditada una situación que
comprometiera la seguridad personal del actor o de su núcleo familiar.
Finalmente, mencionó que los recursos formulados contra la orden de
reintegro fueron rechazados por cuanto dicha comunicación no constituía un
acto administrativo susceptible de impugnación, sino una instrucción
funcional impartida en ejercicio de las facultades de dirección del despacho.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de julio
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela y negó la solicitud de
desvinculación presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima, la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación
Seccional Tolima.
Advirtió que el accionante con la acción de tutela pretende “[…] obtener la
autorización para continuar desempeñando sus funciones bajo una
modalidad no presencial o, en su defecto, lograr su reubicación en otro
despacho judicial por razones de seguridad o de forma administrativa por ser
servidor de carrera […]”.
De lo anterior, mencionó que dichas solicitudes “[…] ya fueron objeto de
pronunciamiento por parte de las autoridades competentes. En efecto el
Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Purificación, Tolima mediante
oficio del 4 de marzo de 2026, informó al accionante que la autorización para
desempeñar sus funciones de manera remota había finalizado y que debía
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reintegrarse presencialmente a su cargo, decisión que sustentó en la
información suministrada por la Fiscalía 29 Seccional de Purificación,
Tolima, según la cual no se evidenciaba una situación actual de riesgo para
su seguridad o la de su núcleo familiar […]”.
Afirmó que “[…] no le corresponde al juez de tutela pronunciarse sobre la
legalidad de tales determinaciones ni sustituir a las autoridades competentes
en el ejercicio de las funciones que les han sido atribuidas. Para controvertir
dichas decisiones, el actor dispone de los mecanismos judiciales ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico […]”.
Adujo que no se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad,
toda vez que, “[…] tratándose de actos administrativos que definan o afecten
su situación jurídica individual, podrá acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011 […]”.
Finalmente, respecto a la situación informada por el actor que indica pone
en riesgo su vida y su integridad personal, refirió que “[…] es pertinente poner
de presente que, dentro del material probatorio aportado obra Oficio No.
20460-043-01-013 del 4 de febrero de 2026, expedido por la Fiscalía 29
Seccional de Purificación Tolima en la que precisó que, conforme a la
información recaudada dentro de la investigación y a las respuestas
allegadas por la Policía Judicial, no se evidenciaba una situación que
permitiera concluir que la seguridad personal del señor Hernán Darío
Miranda Navarro o la de su núcleo familiar se encontrara amenazada,
comprometida o vulnerada […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que “[…]
la providencia recurrida no efectuó un análisis integral de las circunstancias
fácticas, probatorias y constitucionales acreditadas dentro del expediente, ni
realizó una ponderación suficiente de los derechos fundamentales
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comprometidos, circunstancias que condujeron a resolver el asunto desde
una perspectiva predominantemente administrativa, dejando de examinar el
verdadero problema constitucional sometido al conocimiento del juez de
tutela […]”. [Sic en toda la cita]
Afirmó que “[…] el verdadero problema jurídico sometido a consideración del
juez constitucional consistía en establecer si el Estado colombiano, y
particularmente la Rama Judicial, podían exigir el retorno presencial de un
servidor judicial que abandonó el municipio donde ejercía sus funciones
como consecuencia de amenazas de muerte dirigidas contra él y su núcleo
familiar, sin que previamente existiera una valoración técnica, objetiva e
interdisciplinaria que demostrara la desaparición del riesgo y garantizara
condiciones reales y efectivas para la protección de sus derechos
fundamentales […]”.
Indicó que “[…] la sentencia incurrió en una interpretación restrictiva del
artículo 86 de la Constitución Política al reducir el análisis de subsidiariedad
a la simple existencia formal del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin examinar su verdadera idoneidad y eficacia
frente al riesgo actual que comprometía los derechos fundamentales del
accionante […]”.
Con posterioridad al escrito de impugnación, allegó memorial en el que
informó que persiste la negativa del Juzgado Primero Civil del Circuito para
autorizar el trabajo remoto, en tanto afirmó que, “[…] con posterioridad a la
decisión de primera instancia presenté nuevamente ante el señor Juez Civil
del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Purificación una
solicitud respetuosa para que se me permitiera continuar desarrollando mis
funciones mediante trabajo remoto […]” y, “[…] dicha solicitud estuvo
sustentada exclusivamente en criterios médicos objetivos, particularmente
en las recomendaciones emitidas por el médico especialista en Psiquiatría
de la EPS Sanitas […]” , sin embargo “[…] mediante oficio el titular del
despacho negó nuevamente dicha solicitud, manteniendo la exigencia de
que el ejercicio de mis funciones deba realizarse de manera presencial en el
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municipio de Purificación […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991 1, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de procesos entre las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A. Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:
B. Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al resolver que el término
autorizado para desempeñar las funciones de manera remota había
finalizado y, en consecuencia, debía reintegrarse al ejercicio
presencial del cargo.
3. Caso concreto
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en
los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de
noviembre de 1991.
Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con
miras a evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el
inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para
controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez
que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar
su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y, en su defecto, el de nulidad3.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a las
accionadas dejar sin efectos la orden que dispuso el reintegro al ejercicio
presencial de sus funciones en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
3
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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Purificación y se adopten medidas efectivas de protección y traslado laboral
por parte de las autoridades de la Rama Judicial.
La Sala advierte que, la parte actora pretende controvertir el oficio de
4 de marzo de 2026, mediante el cual se le informó que el término autorizado
en la Resolución núm. 028 del 14 de noviembre de 2025 mediante la cual se
prorrogó la autorización para el ejercicio remoto y transitorio de las funciones
de escribiente en provisionalidad adscrito a ese despacho finalizaba el 4 de
marzo de 2026 y que debía reintegrarse al ejercicio presencial de sus
funciones a partir del 5 de marzo de 2026, decisión que sustentó en la
información suministrada por la Fiscalía 29 Seccional de Purificación, según
la cual no se evidenciaba una situación actual de riesgo para su seguridad o
la de su núcleo familiar.
La Sala observa que el oficio de 4 de marzo de 2026, le comunicó a la parte
actora que el plazo establecido en la Resolución núm. 028 del 14 de
noviembre de 2025 finalizaba el 4 de marzo de 2026 y además que:
“[…] El presente reintegro se sustenta en la comunicación
remitida por la Fiscalía Veintinueve (29) seccional de este
municipio, de la cual usted es conocedor, en la que se informo que:
1. “…1. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de
INDAGACION, en donde se han generados varias órdenes a policía
judicial…y
2. Dentro del proceso y según las respuestas a las órdenes a Policía
Judicial en ningún momento se ha demostrado que la seguridad
personal del señor Hernán Darío Miranda Navarro y su núcleo
familiar, se encuentra amenazada, comprometida o vulnerada…”
[…]”. [Sic en toda la cita]
Por tanto, se evidencia que en el precitado oficio se constituyó una situación
jurídica nueva para el accionante, en tanto aquella ordenó el reintegro de
manera presencial de sus funciones en razón a que, i) se dio el cumplimiento
del término establecido en la Resolución núm. 028 del 14 de noviembre de
2025 y, ii) se sustentó en la comunicación remitida por la Fiscalía Veintinueve
Seccional de Purificación, en la que afirmó que no se demostró que la
seguridad del señor Hernán Darío Miranda Navarro y de su núcleo familiar
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se encuentra amenazada, comprometida o vulnerada, situación que hoy es
objeto de discusión en la presente solicitud de amparo.
Aunado a lo anterior, de los documentos obrantes en el expediente se
avizora que, la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio núm. OSO25-180 de
17 de febrero de 2025 rechazó el traslado solicitado por el accionante por
razones de seguridad, al considerar que de los hechos y amenazas alegados
por el servidor judicial no se logra evidenciar que con ocasión del cargo se
encuentre en peligro la vida o integridad de este o de un familiar, de
conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 134 de la ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la ley 2430 de 2024.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura del Tolima mediante oficio
núm. CSJTOOP26-2042 de 11 de junio de 2026, emitió concepto
desfavorable respecto de la solicitud de traslado por el señor Hernán Darío
Miranda Navarro, para el cargo de citador del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué – Tolima, al considerar que no se
acreditaron los requisitos exigidos para la procedencia, así como tampoco
los presupuestos normativos previstos para las causales de traslado por
servidor de carrera y por condiciones de salud.
Por tanto, el accionante cuenta con un medio de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la
Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares y la caducidad del proceso contravencional alegada.
En este contexto, resulta oportuno destacar que esta Sala ha reiterado 4 que
con la expedición de la Ley 1437 de 2011 ya no es admisible el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos
4 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21
de noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
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para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos,
contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras
cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos o del procedimiento
hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción
de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de
hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la
efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación
apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una
decisión definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo
objeto de cuestionamientos y, solicitar el restablecimiento de la situación
jurídica que considera afectada, ya que no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de la
referencia como mecanismo transitorio.
Es pertinente poner de presente que, el accionante allegó memorial en el
que relaciona la existencia de hechos sobrevivientes con posterioridad a la
sentencia de tutela de primera instancia, en el que menciona que solicitó
ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Purificación Tolima autorización
para continuar desarrollando sus funciones mediante “[…] trabajo remoto
5 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y
sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse
y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
[…]”.
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Número único de radicación:11001-03-15-000-2026-02798-01
[…]” sustentada exclusivamente en las recomendaciones emitidas por el
médico tratante, la cual le fue negada bajo el argumento de que el ejercicio
de sus funciones debe realizarse de manera presencial; circunstancia que
debe ser controvertida en el mecanismo judicial ordinario previsto en el
ordenamiento jurídico para ello.
Ahora bien, frente a la situación informada por el actor en el que manifiesta
que pone en riesgo su vida y su integridad personal, esta Sala acoge lo
expuesto por el a quo, así:
“[…] no se encuentra acreditada la situación de riesgo alegada por el
accionante, toda vez que los elementos de prueba obrantes en el
expediente no permiten concluir la existencia de una amenaza real, actual
o inminente contra su vida e integridad personal que permita la adopción
de medidas excepcionales o transitorias para la protección de sus
derechos […]”.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 9 de julio de 2026 proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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