Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03357-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Leyson Andrés Moreno Lozano.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03357-00.
Asunto: Tutela contra autoridades. Improcedencia por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad respecto de la vulneración atribuida a la Unidad
accionada. Inexistencia de la vulneración frente a la Universidad INCCA de
Colombia.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de
la Judicatura y la Universidad INCCA de Colombia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la solicitud de amparo
De la solicitud de amparo se extraen los siguientes supuestos fácticos
expuestos por el actor:
1.1. El señor Leyson Andrés Moreno Lozano manifestó que inició sus estudios
en derecho “[…] en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
en el segundo periodo del año 2012, cursando hasta el séptimo (VII) semestre
cuando decidí. Posteriormente, ingresar a la Universidad Incca de Colombia
mediante proceso de homologación o reconocimiento de Suficiencia de
saberes, conforme al Acto Constitutivo No. 240 del 27 de noviembre de 2023
[…]”.
1.2. Señaló que para iniciar el proceso de inscripción ante la Universidad
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INCCA de Colombia le exigieron allegar ciertos documentos tales como: “[…]
Certificados de Notas o calificaciones en membrete de la Universidad de
origen, entre otros (Icfes, Cédula de Ciudadanía, Diploma de Bachiller, Acta
de grado de Bachiller, Certificado de la EPS […]”.
1.3. Indicó que la universidad accionada “[…] no ha formalizado correctamente
en el formulario unificado de requerimiento de información administrativo-
académica de egresados y graduados de Derecho en la institución aun siendo
consciente que el estudiante procedía de otra Universidad como en este caso
y que debe ser agilizado […]”.
1.4. Refirió que dicha información debe ser corregida y enviada a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, con el
fin de que se tenga como fecha de inicio de sus estudios de derecho desde el
segundo período del año 2012, y no desde el primer período del año 2024.
1.5. Relató que presentó solicitud de expedición de su tarjeta profesional de
abogado ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, autoridad que previo resolver de fondo, requirió a la
Universidad INCCA de Colombia para que informara la fecha de inicio de los
estudios del estudiante.
1.6. Comentó que la Universidad INCCA de Colombia inicialmente reportó a la
Unidad accionada que su vinculación al programa de derecho surgió de un
proceso de homologación, sin embargo, de manera posterior informó que su
vinculación se realizó mediante un proceso de reconocimiento de saberes y
no a través de homologación externa proveniente de otra institución de
educación superior.
1.7. Afirmó que, debido a la información suministrada por la Universidad
INCCA de Colombia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura le negó la expedición de su tarjeta profesional de
abogado.
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1.8. Adujo que al momento de vincularse con la Universidad INCCA recibió
asesoramiento por parte de una funcionaria de dicha institución, quien le pidió
información relacionada con su universidad anterior, por lo que entendió que
el proceso académico que adelantaba se trataba de una homologación
externa.
1.9. Aseguró que el actuar de la Universidad está fundado en “[…] no
reconocer ningún tipo de homologación aun habiendo existido la
homologación, conforme al Acta de reconocimiento de suficiencia de saberes
(homologación) conforme al Acto Constitutivo No. 240 del 27 de noviembre de
2023 […]”.
1.10. Afirmó que la Universidad INCCA ha incurrido en contradicciones,
reportando información inconsistente sobre si existió o no homologación, lo
que ha generado la negación de su tarjeta profesional de abogado.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso,
derechos adquiridos y buena fe. (La constitución política de Colombia - Es
la norma de norma)
Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura– URNA:
Aplicar el régimen de transición y el principio de irretroactividad
conforme a la Ley 1905 de 2018.
Tramitar y expedir mi tarjeta profesional de abogado (física y digital)
de interesado.
Ordenar a la Universidad Incca de Colombia:
Corregir y completar el formulario unificado de requerimiento de
información administrativo-académica de egresados y graduados de
derecho de la institución de origen.
Donde se debe Incluir correctamente:
Universidad de origen
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Fecha de inicio de estudios en Universidad de origen
Programa de derecho académico de Universidad de Origen Basado al
Reconocimiento de suficiencia de saberes (homologación) conforme al
Acto Constitutivo No. 240 del 27 de noviembre de 2023.
Ordenar la exoneración del examen de idoneidad para tramitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, conforme régimen de
transición y el principio de irretroactividad conforme a la Ley 1905 de
2018.
Solicitar la reparación de los perjuicios causados por la demora
injustificada en la expedición de mi tarjeta profesional de abogado,
tramitada y cancelada, para el ejercicio de mi profesión.
Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura– Unidad de Registro
Nacional de Abogados (URNA) Y LA UNIVERSIDAD INCCA DE
COLOMBIA, la expedición de mi tarjeta profesional de abogado física y
digital, tramitada y pagada o cancelada.
Solicitar investigación disciplinaria contra las entidades o funcionarios
responsables de la negación y cumplimiento del derecho positivo.
Solicitar vigilancia administrativa y remisión a la Procuraduría General de
la Nación […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 7 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de tutela.
III. INTERVENCIONES
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la
Judicatura rindió informe en el que explicó que, con fundamento en la
información oficial suministrada por la institución de educación superior
INCCA, profirió la Resolución 5963 de 2026 mediante la cual negó la
expedición de la tarjeta profesional de abogado solicitada por el accionante, al
evidenciarse que inició sus estudios de derecho con posterioridad al 28 de
junio de 2018 y que no acreditó la aprobación del examen de Estado previsto
en la Ley 1905 de 2018.
Señaló que la solicitud de amparo se torna improcedente por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, pues el hecho de que el accionante discrepe
de la valoración efectuada respecto de la información académica reportada por
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la universidad no habilita automáticamente la intervención del juez
constitucional ni convierte la acción de tutela en una instancia adicional para
debatir la legalidad de un acto administrativo particular.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que tampoco resulta procedente acceder a
las pretensiones dirigidas a “aplicar el régimen de transición y el principio de
irretroactividad conforme a la Ley 1905 de 2018” y “tramitar y expedir” la tarjeta
profesional de abogado, pues conforme a la información remitida por la
Universidad INCCA de Colombia, el señor Moreno Lozano inició sus estudios
de derecho en el año 2024 y, por tanto, se encuentra sujeto a las disposiciones
allí contenidas.
Por último, precisó que la actuación adelantada se limitó a verificar y valorar la
información oficial suministrada por la institución de educación superior, sin
que le corresponda modificar, complementar o certificar la trayectoria
académica del accionante, función que compete exclusivamente a la
Universidad INCCA de Colombia en ejercicio de su autonomía universitaria.
2. La Universidad INCCA de Colombia se opuso a las pretensiones de amparo
toda vez que ha actuado conforme a la normatividad vigente, garantizando el
respeto de las garantías procesales del accionante y reportando información
académica veraz y ajustada a la realidad de su proceso formativo, sin que
pueda atribuirse conducta alguna que implique desconocimiento de los
derechos alegados.
Alegó que no es procedente corregir la fecha de vinculación académica del
actor, en razón a que no ingresó mediante homologación, sino a través de un
proceso autónomo de reconocimiento de saberes previsto en el acto
constitutivo No. 240 del 27 de noviembre de 2023. Por tanto, no resulta viable
incluir información de una universidad de origen como si hiciera parte del
historial académico certificado por esta Institución, ni equiparar el
reconocimiento de saberes a un proceso de homologación, por tratarse de
figuras académicas distintas.
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Advirtió que el proceso de ingreso del accionante fue tramitado bajo la
modalidad de reconocimiento de saberes, de acuerdo con lo establecido en el
Acto Constitutivo No. 240 de 2023, aplicando criterios objetivos y previamente
definidos. Así mismo, la información académica fue verificada y reportada con
base en los registros institucionales, garantizando su veracidad y coherencia,
sin que se evidencien actuaciones arbitrarias o contrarias a derecho.
Aclaró que si bien es cierto inicialmente reportó ante la Unidad de Registro
Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura que el accionante
ingresó al programa de derecho bajo la modalidad de homologación, “[…] ello
no obedece a una actuación de mala fe ni a una intención de desvirtuar la
trazabilidad académica del accionante. Dicha situación correspondió a una
imprecisión técnica en el cargue inicial de la información, la cual fue advertida
y corregida de manera oficiosa por la Universidad, previa verificación
exhaustiva en el sistema académico y en el expediente del estudiante […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de procesos entre las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia respecto de la vulneración atribuida a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la
Judicatura. En caso afirmativo:
B) Si la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales del
accionante al negar la expedición de la tarjeta profesional de
abogado.
C) De otra parte, si la Universidad INCCA de Colombia vulneró los
derechos fundamentales del actor, al haber certificado que su
proceso de vinculación académica se realizó mediante un proceso
de reconocimiento de saberes y no a través de homologación
externa proveniente de otra institución de educación superior.
3. Caso concreto
En el presente caso, el actor le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales tanto a la Universidad INCCA de Colombia como a la Unidad
de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con
fundamento en supuestos fácticos distintos, por lo que la Sala efectuará el
estudio de manera independiente frente a cada una de ellas.
3.1. Análisis del requisito de subsidiariedad respecto de la vulneración
atribuida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.
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Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad2.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura expedir
su tarjeta profesional de abogado sin la exigencia del requisito para la entrega
de esta, de la presentación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto el tutelante
expresamente no solicitó que se deje sin efectos la Resolución URNAR26-64
de 20 de marzo de 2026 mediante el cual se negó la expedición de su tarjeta
profesional de abogado, la realidad es que cualquier pronunciamiento en este
2
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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asunto se encuentra centrado a determinar si dicha decisión vulneró o no sus
derechos fundamentales.
De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir la Resolución URNAR26-64 de 20 de marzo de 2026
mediante el cual se negó la expedición de su tarjeta profesional de abogado.
En atención a lo anterior, el accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la
legalidad del acto administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores3 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia4, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
3 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de
noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
4 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de controvertir la resolución por medio de la cual se negó la
expedición de su tarjeta profesional de abogado, ya que no se advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
de la referencia como mecanismo transitorio.
Cabe agregar que en este mismo sentido se pronunció esta Sección, en
sentencia de 23 de octubre de 20255, al resolver una acción de tutela cuyo
objeto, al igual al de la referencia, consistía en que se ordenara al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia expedir la tarjeta profesional de abogado sin la
presentación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
Adicionalmente, en cuanto la pretensión asociada a que se ordene la
reparación de los perjuicios causados por la demora injustificada en la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, la Sala considera que la
misma escapa de la competencia del juez constitucional, por lo que también
deviene improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues
el actor puede acudir al medio de control de reparación directa para tal fin.
Por tanto, se declarará improcedente el mecanismo de amparo respecto de la
vulneración atribuida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura.
5 Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04582-01.
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3.2. Análisis de la vulneración atribuida a la Universidad INCCA de
Colombia
En este punto, el actor sostuvo que la Universidad INCCA de Colombia vulneró
sus derechos fundamentales al haber certificado que su vinculación
académica se realizó mediante un proceso de reconocimiento de saberes y no
a través de homologación externa proveniente de otra institución de educación
superior, pese a que, al momento de iniciar dicho proceso de inscripción le
exigieron allegar ciertos documentos tales como: “[…] Certificados de Notas o
calificaciones en membrete de la Universidad de origen, entre otros (Icfes,
Cédula de Ciudadanía, Diploma de Bachiller, Acta de grado de Bachiller,
Certificado de la EPS […]”.
Para resolver lo anterior, la Sala empieza por señalar que el artículo 69 de la
Constitución reconoce la autonomía universitaria como la facultad para que las
universidades puedan “[…] darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley […]”.
A su vez, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 prevé que la autonomía
universitaria es el reconocimiento “[…] a las universidades el derecho a darse
y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su
función institucional […]”.
La Universidad INCCA de Colombia en ejercicio de la autonomía universitaria,
Mediante Acuerdo del Gobierno Superior No. 001 de 29 de enero de 2007 6,
expidió el reglamento estudiantil el cual regula entre otros asuntos el proceso
de inscripción, admisión, transferencias y homologaciones.
6 Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad INCCA de Colombia,
“UNINCCA”.
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El artículo 9 del reglamento interno de la Universidad INCCA de Colombia
señala en cuanto al proceso de homologación lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 9. Homologaciones. Es el proceso a través del cual la
Universidad hace la convalidación de contenidos temáticos de las
asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes que
soliciten transferencia interna o externa y el reconocimiento que las
autoridades académicas correspondientes hagan de la evaluación
obtenida. Esta se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Que la intensidad horaria y/o los créditos académicos sean igual o
superior a los de las asignaturas a homologar.
2. Que los contenidos temáticos sean iguales, similares o afines.
3. No se homologarán aquellas asignaturas que el programa considere
indispensables en la formación y orientación profesional del estudiante.
Parágrafo 1. Atendiendo directrices de la Rectoría y la Vicerrectoría
Académica, cada programa académico determinará las asignaturas
homologables, de acuerdo con las exigencias básicas de formación de la
Universidad y del respectivo programa.
Parágrafo 2. Modificado mediante Resolución No 1279 A de 2007.
Para la homologación de asignaturas por transferencia externa, deberá
tenerse en cuenta además, de la afinidad de los contenidos temáticos,
que la intensidad horaria sea igual o superior a la contenida en el
programa académico al que ingresa y haber aprobado las asignaturas con
una calificación mínima de tres punto cero cero sobre cinco punto cero
cero (3.00/5.00).
Parágrafo 3. Quien acredite haber cursado asignaturas en instituciones
de educación superior debidamente reconocidas por el Estado, pueden
solicitar ante el comité académico del programa la homologación. De ser
aprobada cancelará los valores económicos para su registro.
Parágrafo 4. La Universidad, a través del comité académico del
programa, decidirá la aceptación o no de las homologaciones y entregará
las comunicaciones a los interesados y a la Registraduria para los trámites
y registros correspondientes.
Parágrafo 5. La homologación de asignaturas debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. Presentar solicitud de homologación de asignaturas.
2. Presentar recibos cancelados de los derechos por cada asignatura
homologa-da.
3. Aportar contenidos programáticos de la (s) asignatura (s) por homologar
para las cursadas externamente.
4. Presentar concepto aprobatorio de la (s) asignatura (s) por homologar.
5. Aportar certificado de notas de la(s) asignatura(s) por homologar y
cursadas externamente. […]”.
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Mediante Acto Constitutivo 240 de 27 de noviembre de 20237, el Consejo
Superior Universitario de la Universidad INCCA de Colombia modificó el
reglamento estudiantil para adicionar la regulación concerniente al
reconocimiento de saberes como estrategia para erradicar las limitaciones
temporales de reconocimiento de estudios formales y no formales, así como
de facilitar la accesibilidad a la educación superior de personas diversas de
todo el territorio nacional. En el artículo segundo del referido acto se dispuso
lo siguiente:
“[…] Aprobar la inclusión integral del presente Acto Constitutivo al
Reglamento Estudiantil de la Universidad INCCA de Colombia, en el
contenido del ‘Capítulo IV. Inscripción, admisión, transferencias,
homologaciones y reconocimiento de saberes’, así:
Artículo 9A. Reconocimiento. El reconocimiento es una estrategia de
formación de la Universidad INCCA de Colombia que se basa en la
flexibilidad curricular y las herramientas académicas previstas en la
normatividad interna de la institución, con el fin de reconocer la
experiencia, el conocimiento y los estudios formales y no formales en los
diferentes campos del saber según lo dispuesto en el Decreto 946 de
2022. Para esto, la Universidad INCCA de Colombia cuenta con un
instrumento de diagnóstico y evaluación para clasificar y convalidar los
conocimientos, experiencia y aprendizajes a nivel educativo de las
personas que inician su proceso de formación en la institución.
Artículo 9B. Diagnóstico y evaluación en el reconocimiento de
saberes. Todos los aspirantes que ingresen por medio de la estrategia de
formación de reconocimiento de saberes deberán validar su conocimiento
por medio de un espacio de evaluación que cumplirá dos funciones: (a)
diagnosticar las líneas de formación a potenciar y, (b) evaluar los
conocimientos mínimos y necesarios para cumplir con esta estrategia.
Parágrafo 1. A partir de los espacios de evaluación, los programas
determinarán las líneas del campo de conocimiento que deberán nivelar
los estudiantes.
Parágrafo 2. Los programas académicos ofertarán seminarios que
contemplarán parte del contenido de los cursos que fueron convalidados
en el reconocimiento de saberes, esto en aras de reforzar y actualizar los
conocimientos y saberes adquiridos.
Artículo 9C. Tipos de conocimiento adquirido para el
reconocimiento de saberes. Los reconocimientos de saberes se pueden
clasificar con base en tres líneas de conocimiento adquirido: (a) procesos
7 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo del Gobierno Superior No. 001 del 29 de enero
de 2007, Reglamento Estudiantil de la Universidad INCCA de Colombia, en su ‘capítulo IV.
Inscripción, admisión, transferencias y homologaciones’, para adicionar la regulación
concerniente al reconocimiento de saberes”
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de formación formal, (b) procesos de formación no formal, y, (c)
experiencia laboral en el área. […]”. [Se destaca]
De lo expuesto, se advierte que la Universidad INCCA de Colombia cuenta con
diferentes mecanismos de ingreso a los programas académicos que ofrece,
entre los cuales se encuentran el de homologación y el de reconocimiento de
saberes. Ambas figuras son diferentes dado que la primera corresponde al
reconocimiento de asignaturas cursadas en otra institución, mientras que la
segunda a un proceso de validación de conocimientos previos y experiencia,
motivo por el cual no se pueden equiparar.
Ahora bien, dentro del presente asunto está acreditado que el accionante
ingresó como estudiante de la universidad accionada a través del proceso de
reconocimiento de saberes, tal como se muestra de la siguiente acta:
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En atención a lo expuesto, para la Sala resulta claro que la certificación
expedida por la Universidad INCCA de Colombia en la que informa que el
accionante ingresó al programa de derecho de esa institución universitaria en
enero del año 2024 mediante el proceso de reconocimiento de saberes de que
trata el Acto Constitutivo 240 de 2023 se encuentra acorde a la realidad
académica a la que aplicó, por tanto, no debe ser corregida y mucho menos
se puede calificar dicho actuar como vulnerador de derechos fundamentales.
Por los anteriores razonamientos, la Sala concluye que no hay vulneración de
los derechos fundamentales alegados por el accionante, razón por la que
negará las pretensiones de amparo relacionadas con la Universidad INCCA de
Colombia.
Finalmente, en cuanto a las pretensiones de amparo relacionadas con que se
ordene investigación disciplinaria, vigilancia administrativa y remisión a la
Procuraduría General de la Nación, se resalta que la acción de tutela no está
instituida para analizar y resolver tales asuntos, máxime cuando el actor puede
acudir directamente ante las autoridades competentes para tal fin.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la
vulneración atribuida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto de la vulneración atribuida a
la Universidad INCCA de Colombia, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de esta sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03357-00
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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