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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04582-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04582-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04582-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04582-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: ANDRÉS FELIPE MONTOYA MARÍN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA.
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
28 de agosto de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Andrés Felipe Montoya Marín solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, libertad de elegir profesión u oficio, al trabajo, mínimo
vital y de petición en conexidad con los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con ocasión a la falta
de expedición de la tarjeta profesional de abogado y por la omisión de dar respuesta
de fondo a la petición de 3 de junio de 2025.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que el 18 de julio de 2011 inició sus estudios en el programa académico
de derecho de la Institución Universitaria de Envigado – IUE y que “[…] por motivos
de fuerza mayor relacionados con el trabajo […]” suspendió sus estudios.

2.2. Relató que el
22 de julio del año 2019 “[…] retomó […]” sus estudios en el
programa académico de derecho en la Universidad de Medellín. El 31 de mayo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

2024 culminó la totalidad de las materias y el 25 de abril de 2025 recibió el título de
abogado a través del acta de grado núm. 20107.

2.3. Explicó que, por lo anterior mediante radicado núm. 19057 de 12 de mayo de 2025,
solicitó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados – SIRNA, su inscripción al Registro Nacional de Abogados y la expedición
de su tarjeta profesional de abogado.

2.4. Informó que el 22 de mayo de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura, realizó
su inscripción al Registro Nacional de Abogados, sin embargo, en la casilla de “[…]
estado del trámite […]” le aparece la observación de "[…] falta examen […]”.

2.5. Adujo que por lo anterior el 3 de junio de 2025 presentó un nuevo derecho de
petición en el que solicitó “[…] expedir y registrar mi tarjeta profesional de abogado
[…]”.

2.6. Refirió que el 11 de junio de 2025, le fue notificada la Resolución núm. 5324 de 3
de junio de 20251, a través de la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia le negó la solicitud de expedición de la tarjeta profesional, por
i) haber iniciado la carrera de derecho el 22 de julio de 2019 y ii) no haber acreditado
la aprobación del examen de Estado dispuesto por la Ley 1905 de 2018.

2.7. Indicó que la Resolución núm. 5324 de 2025 no valoró el certificado expedido por
la Universidad de Envigado en la que se acredita que inició sus estudios en el año
2011 y en ese sentido, “[…] en mi caso particular estoy eximido de presentar dicho
examen de idoneidad para abogados […]”.

2.8. Precisó que el 3 de junio de 2025 radicó una solicitud en ejercicio del derecho
fundamental de petición, en la que reiteró la solicitud de reconsiderar la expedición de
su tarjeta profesional; sin embargo, indicó que, a la fecha de presentación de la
presente acción de tutela, no ha recibido respuesta a dicha petición.

2.9. Manifestó que ejerce su profesión como abogado de manera independiente en la
jurisdicción contenciosa administrativa, para lo cual requiere su tarjeta profesional,
pues ese trabajo, es la única fuente de ingresos y de sustento para su familia
compuesta por 5 integrantes.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13
C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), a la libertad de escoger profesión u oficio (Art. 26
C.P.), al debido proceso (Art. 29 C.P.), de petición (Art. 23 C.P.) y al mínimo
vital, los cuales están siendo vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA.

1
“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”

3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

SEGUNDA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, proceda a:

2.1. Expedir mi tarjeta profesional de abogado, realizando su respectivo registro
en el sistema de Registro Nacional de Abogado- SIRNA; teniendo en cuenta
que inicié mis estudios de derecho en julio de 2011 en la Institución Universitaria
de Envigado IUE, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018, y por
tanto me encuentro cobijado por la excepción contemplada en el parágrafo del
artículo 2º de dicha ley, en concordancia con lo establecido en la Sentencia SU-
128 de 2024.

2.2. Dar respuesta clara, completa, de fondo y congruente al derecho de petición
presentado el 03 de junio de 2025, respetando los términos establecidos en la
Ley 1755 de 2015.

TERCERA. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA que se abstenga de exigir requisitos adicionales no contemplados en
la ley para la expedición de mi tarjeta profesional, en particular el requisito del
examen de Estado, por encontrarme amparado por el régimen de transición
establecido en la Ley 1905 de 2018.

CUARTA. Como MEDIDA PROVISIONAL, de conformidad con el artículo 7° del
Decreto 2591 de 1991, solicito se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA expedir una certificación temporal que me
permita ejercer la profesión mientras se resuelve de fondo la presente acción
de tutela, considerando que la demora en la expedición de la tarjeta profesional
está causando un perjuicio irremediable a mi derecho al trabajo y mínimo vital.

QUINTA. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
que, en aplicación del principio de confianza legítima y seguridad jurídica,
respete las situaciones jurídicas consolidadas de quienes, como en mi caso,
iniciaron sus estudios de derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 1905
de 2018.

SEXTA. ADVERTIR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
que el incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela puede dar
lugar a las sanciones contempladas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591
de 1991.

SEPTIMA. En caso de que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA impugne el fallo de primera instancia, solicito que el juez de segunda
instancia CONFIRME la protección de mis derechos fundamentales y, de ser
necesario, ADICIONE las órdenes que considere pertinentes para garantizar la
efectividad de la protección constitucional […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1.° de agosto de 2025, el Magistrado de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente
informe:

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó se declare la improcedencia de la
acción de tutela, por cuanto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que las pretensiones del accionante están encaminadas a controvertir los actos
administrativos mediante los cuales se le negó la expedición de la tarjeta
profesional.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 28 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
vulneración del derecho fundamental de petición, y en relación con las demás
pretensiones, declaró improcedente la acción de tutela.

7. El juez de primera instancia al encontrar que “[…] en el curso de la acción de
tutela se profirió la Resolución 8028 de 5 de agosto de 2025, con la cual se resolvió
de fondo, de manera clara y coherente la petición de 3 de junio de 2025. Se precisa
que ese acto administrativo fue notificado al interesado a través de correo
electrónico de fecha 6 de agosto de 2025 por lo que la vulneración alegada se
entiende superada con la expedición y puesta en conocimiento de la citada
resolución […]” y dado a que se superó la afectación del derecho de petición, declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado.

8. A su vez, resolvió frente a las pretensiones relacionadas con la expedición de la
tarjeta profesional que: “[…] [l]a Sala considera que las Resoluciones nos. 5324 de
3 de junio de 2025 y 8028 de 5 de agosto de 2025, proferidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia definieron una situación jurídica al demandante de manera definitiva,
en los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, esto es, negar la expedición
de la tarjeta profesional por falta de requisitos (examen de estado para abogados).
Por consiguiente, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho regulado en el artículo 1385 de la Ley 1437 de 2011,
con el fin de desvirtuar la presunción de legalidad que goza la Resolución no. 5324
de 3 de junio de 2025 y el acto que la confirmó […]” y, en ese sentido, consideró
que el mecanismo de amparo no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
Asimismo, no evidenció la configuración de un perjuicio irremediable.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que “[…]
La negativa de expedir la tarjeta profesional me impide ejercer inmediatamente mi
profesión de abogado, única fuente de ingresos para mi familia […] El proceso

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Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

contencioso administrativo no es idóneo ni menos inmediato, para evitar la
afectación urgente y actual de mis derechos al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad
[…]”.

10. Señaló que la decisión de carencia actual de objeto por hecho superado es “[…]
errada porque la Resolución 5324 de 2025 y demás actos administrativos no
resolvieron de fondo mi derecho de petición ni reconocieron la situación jurídica
consolidada de haber iniciado estudios en 2011 […]” toda vez que “[…] en las
mismas no se menciona siquiera el derecho de petición del 3 de junio de 2025 y a
la fecha aún NO he recibido comunicado oficial de la entidad dando respuesta o
haciendo alusión al asunto […]”.

11. Indicó que el “[…] Acuerdo PCSJA25-12294 de 2025 adicionó un requisito no
previsto en la Ley 1905 de 2018, cual es la homologación formal para reconocer la
fecha de inicio de estudios en caso de traslado universitario o retoma de estudios
en derecho […] por lo cual el Consejo Superior carece de competencia para imponer
exigencias o requisitos adicionales. Dicho Acuerdo está viciado de nulidad […]”.

12. Refirió que el juez de primera instancia no valoró que en la constancia de 17 de
marzo de 2025 expedida por la Universidad de Medellín se indicó “[…] que ANDRES
FELIPE MONTOYA MARIN, con cédula de ciudadanía […] quien cuenta con la
calidad de egresado no titulado, curso (sic) y aprobó el plan de estudios de la
facultad de Derecho, por transferencia desde 2019-1 hasta el 31 de mayo de 2024
[…]”.

13. Adujo que “[…] inicie (sic) mis estudios profesionales el día 18 de Julio de 2011,
7 años antes de entrada en vigencia […]” de la Ley 1905 de 2018, razón por la cual
no se le debe exigir la realización del examen como requisito para la expedición de
la tarjeta profesional.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

VIII.2. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si existe una vulneración de los derechos fundamentales alegados por el
accionante, por la omisión de dar respuesta de fondo a la petición de 3 de
junio de 2025 y por la falta de expedición de su la tarjeta profesional de
abogado.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos

16. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

17. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:

“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].

18. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:

“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto
por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección.
Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de

8
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma
superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la
solicitud” […]”.

19. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.

20. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:

“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación
del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el
mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”.
[Subrayado fuera del texto].

21. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta
una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción
de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en Sentencia
T - 912 de 2006, se señaló:

“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este
punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó
lo siguiente:

9
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.

VIII.4. El caso concreto

22. El señor Andrés Felipe Montoya Marín, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, libertad de elegir profesión u oficio, al trabajo, mínimo
vital y de petición en conexidad con los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con ocasión a la falta
de expedición de la tarjeta profesional de abogado y por la omisión de dar respuesta
de fondo a la petición de 3 de junio de 2025.

VIII.4.1. De la presunta vulneración del derecho de petición

23. El accionante manifestó que el 3 de junio de 2025, radicó ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados – SIRNA, el derecho
de petición a través del cual solicitó:

“[…] 1. Expedir y registrar mi tarjeta profesional de abogado e inscribirme
respectivamente en el registro nacional de abogados SIRNA.

2. Se me expida constancia del trámite del Registro de abogado SIRNA y se
me haga el envío de la Tarjeta profesional de Abogado a mi lugar de residencia
abajo anotado […]”.

24. El fallo impugnado declaró la carencia actual de objeto por configurarse el hecho
superado, toda vez que la autoridad accionada en el trámite de la acción de tutela
profirió la Resolución núm. 8025 de 5 de agosto de 202510, mediante la cual tramitó
la petición de 3 de junio de 2025 como recurso de reposición contra la Resolución
núm. 5324 de 2025 que negó la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado.

25. Laparte accionante en su escrito de impugnación indicó que, como el acto
administrativo que negó la solicitud de expedición de la tarjeta profesional, “[…] no
se menciona siquiera el derecho de petición del 3 de junio de 2025 y a la fecha aún
NO he recibido comunicado oficial de la entidad dando respuesta o haciendo alusión
al asunto […]”, persiste la vulneración de su derecho de petición.

26. La Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo, toda vez que la
Resolución núm. 8028 de 5 de agosto de 2025 estudió como recurso de reposición
la petición de 3 de junio de 2025 y resolvió de fondo lo solicitado, como se observa
a continuación:

10
Notificada al accionante el 6 de agosto de 2025.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

“[…] II. RECURSO DE REPOSICIÓN

Inconforme con la decisión anterior, el día 3 de junio de 2025, interpuso recurso
de reposición, argumentando que:

“(…) FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MI PETICIÓN

A. FRENTE A LA NORMA APLICADA A MI PETICIÓN

[…]

“(…) B. VULNERACION AL DERECHO AL TRABAJO Y LIBRE EJERCICIO
DE LA PROFESION

A criterio de este peticionario en mi caso, con la no expedición de la Tarjeta
profesional de Abogado de manera injustificada, estaría el consejo superior de
la judicatura, unidad de registro nacional de abogados vulnerando mis derechos
fundamentales al trabajo y al libre ejercicio de la profesión. (…)”

“(…) PETICIONES Y SOLICITUDES

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
anteriormente expuestas, solicito al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA:

1. Expedir y registrar mi tarjeta profesional de abogado e inscribirme
respectivamente en el registro nacional de abogados SIRNA.

2. Se me expida constancia del trámite del Registro de abogado SIRNA y se
me haga el envío de la Tarjeta profesional de Abogado a mi lugar de residencia
abajo anotado (…)”

[…]

Debido a lo anterior, una vez verificada la información a la Institución de
Educación Superior “Universidad de Medellín”, sobre la fecha de inicio de la
carrera de derecho del señor Andrés Felipe Montoya Marín, así como posibles
homologaciones o transferencias internas o externas que afecten la fecha de
inicio del programa académico de Derecho, la universidad de grado manifestó
que “(…) revisado el historial documental, no se encontró ninguna solicitud de
homologación para el programa de Derecho por parte del egresado (…)”, por
lo tanto los periodos cursados en la Institución Universitaria de Envigado en el
año 2011, no fueron homologados por la institución universitaria de grado y en
consecuencia la fecha de inicio corresponde a la fecha de su segunda
vinculación, esto es el 22 de julio de 2019, siendo así sujeto de aplicación de la
ley 1905 de 2018.

Es de mencionar que ninguna de las situaciones indicadas por el recurrente,
relacionadas con la radicación de un trámite o el hecho de brindarle orientación
a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, respecto al
procedimiento para solicitar la expedición de tarjeta profesional de abogado,
constituyen de por si una aprobación positiva a dicha petición, toda que la
misma deberá surtir un proceso al interior de esta Unidad, el cual incluye la
valoración análisis y estudio de los documentos aportados por el usuario a
cargo de un gestor especializado, para posteriormente proceder a dar una
respuesta al solicitante. […]” [Negrilla del texto]

10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

27. De lo anterior, se observa que en el trámite de la presente acción de tutela11, el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados –
SIRNA, mediante Resolución 8028 de 202512, resolvió de fondo lo solicitado por el
accionante el 3 de junio de 2025. En consecuencia, se confirmará la sentencia
impugnada, que declaró la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.

28. A continuación, la Sala procede a estudiar el requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra los actos administrativos que negaron la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogado al accionante.

VIII.4.2. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

29. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

30. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”.

31. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza13], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

32. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la

11
Radicada el 24 de julio de 2025.
12
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No. 5324 de 2025”.
13
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”14.

33. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”15.

34. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

35. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

36. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega que
la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra por la falta
de expedición de su tarjeta profesional de abogado, toda vez que se le exige como
requisito para la entrega de esta, la presentación del examen de Estado instaurado
en la Ley 1905 de 2018.

37. El fallo impugnado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, en tanto que el accionante cuenta con el medio de

14
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede cuestionar la
legalidad del acto administrativo que le negó la expedición de la tarjeta profesional.

38. El accionante en su escrito de impugnación argumentó que el juez de primera
instancia no valoró i) la constancia de 17 de marzo de 2025 expedida por la
Universidad de Medellín, en la que se indicó “[…] que ANDRES FELIPE MONTOYA
MARIN […] curso y aprobó el plan de estudios de la facultad de Derecho, por
transferencia desde 2019-1 hasta el 31 de mayo de 2024 […]” y, en consecuencia,
ii) no se le debe exigir la realización del examen como requisito para la expedición
de la tarjeta profesional.

39. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo,
dado que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como lo es el
medio de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, para controvertir los
actos administrativos que le negaron su solicitud.

40. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión16 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”17.

41. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia18, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”19. [Subrayado fuera del texto].

42. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.

43. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
18
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
19
Ibidem.

13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04582-01
Accionante: Andrés Felipe Montoya Marín

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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