Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06146-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06146-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06146-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Diana Marcela Quintero Buritica
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06146-00
Asunto: Tutela contra acto administrativo. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de la subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El 6 de septiembre de 2024, la accionante se graduó de abogada de la
Universidad Santiago de Cali.
1.2. El 11 de julio de 2025, la accionante solicitó ante la accionada la
expedición de la tarjeta profesional de abogada.
1.3. Mediante oficio del 4 de agosto de 2025, la accionada negó la
expedición de la tarjeta profesional solicitada por cuanto la accionante
no aprobó el examen de idoneidad previsto en el artículo 2° de la Ley
1905 de 2018.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la entidad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, a la educación y a
la libertad de profesión u oficio por cuanto no se encuentra obligada a
presentar el examen previsto en el artículo 2° de la Ley 1905 de 2018, en razón
a que comenzó sus estudios en derecho en el año 2013.
Sostuvo que, de acuerdo con la certificación expedida por la Universidad
Santiago de Cali, la cual adjuntó a la petición que presentó ante la accionada,
se evidencia que comenzó sus estudios en derecho en el año 2013, por lo que
no le es aplicable el examen de idoneidad de que trata la Ley 1905 de 2018.
De igual manera, manifestó que “[…] A pesar de haber allegado dicho
certificado, en primera instancia se me negó la expedición de la tarjeta
profesional de abogada, argumentando que la universidad no había remitido
determinada información administrativa, y que no había iniciado la carrera en
esa fecha motivo por el cual no se podía expedir dicha tarjeta profesional […]”.
Al respecto, aseguró que “[…] la carga de la remisión de datos institucionales
no puede trasladarse al estudiante o egresado, menos aun cuando acredité de
manera suficiente mi calidad de profesional del Derecho […]”.
Por último, señaló que la negativa de expedir su tarjeta profesional vulneró sus
derechos fundamentales porque le “[…] impide ejercer la profesión para la cual
me preparé académicamente […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad, al debido proceso, a la educación y a la libertad de escoger
profesión u oficio.
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2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Administrativa expedir mi tarjeta profesional de abogada en el término
perentorio que el despacho judicial considere, previo cotejo de los
documentos ya aportados.
3. Que se oficie a la Universidad SANTIAGO DE CALI SECCIONAL
PALMIRA. Para que, en caso de ser necesario, allegue de inmediato la
información faltante, sin trasladar esa carga al solicitante.[…]”.
II. INTERVENCIÓN
1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia rindió informe en los siguientes términos:
En primer lugar, señaló que de acuerdo con la información suministrada por la
Universidad Santiago de Cali la accionante inició sus estudios en derecho el
primero de agosto de 2019, por lo que le resultan aplicables las disposiciones
que exigen la aprobación del examen de que trata la Ley 1905 de 2018, como
requisito para la expedición de la tarjeta profesional.
Como segunda medida, destacó que “[…] la tutelante se presentó al examen
de Estado en las aplicaciones 2024-II y 2025-I, reprobándolo en ambas
oportunidades, conforme a las Resoluciones URNAR25-11 de 7 de febrero de
2025 y URNAR25-257 de 15 de septiembre de 2025, en las que figura entre
las personas que no alcanzaron la media nacional exigida por la ley.
Adicionalmente, no se registró su inscripción a la aplicación 2025-II,
circunstancia que confirma su inactividad en el proceso ordinario de
presentación de la prueba […]”.
Por último, manifestó que la presente acción es improcedente por no cumplir
con el requisito de la subsidiariedad y, en todo caso, advirtió que la vulneración
es inexistente porque la decisión que negó la expedición de la tarjeta
profesional de la accionante se ajusta al marco normativo y jurisprudencial
vigente.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente caso se cumplen con los presupuestos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos
y, de ser así:
B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante al negar la expedición de la tarjeta profesional
de abogada.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la accionada
expedir su tarjeta profesional de abogada sin la exigencia del requisito para la
entrega de esta, la presentación del examen de Estado previsto en la Ley 1905
de 2018.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto la tutelante
expresamente no solicitó que se deje sin efectos el oficio de 4 de agosto de
2025 mediante el cual se negó la expedición de su tarjeta profesional de
abogada, la realidad es que cualquier pronunciamiento en este asunto se
encuentra centrado a determinar si dicha decisión vulneró o no sus derechos
fundamentales.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir el oficio del 4 de agosto de 2025 mediante el cual se
negó la expedición de su tarjeta profesional de abogada.
En razón a lo anterior, la Sala considera que el oficio del 4 de agosto de 2025
se enmarca en la categoría de actos administrativos definitivos, en tanto que
resuelven el fondo del asunto. Por tanto, la aquí accionante cuenta con un
medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 a través del cual
puede discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, en el que,
además, podrá solicitar medidas cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores4 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-
2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la
Nación.
5 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y
sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
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procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
Cabe agregar que en este mismo sentido se pronunció esta Sección, en
sentencia de 23 de octubre de 20256, al resolver una acción de tutela cuyo
objeto, al igual al de la referencia, consistía en que se ordenara al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia expedir la tarjeta profesional de abogado sin la
presentación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por incumplimiento del requisito general de la subsidiariedad, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
6 Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04582-01.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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