RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03357-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03357-01

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03357-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 28 de mayo de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03357-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante LEYSON ANDRÉS MORENO LOZANO
Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTRO
Temas Expedición de tarjeta profesional de abogado. Ley 1905 de 2018.
Autonomía universitaria. Homologación. Suficiencia de saberes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 28
de mayo de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la vulneración
atribuida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto de la vulneración atribuida a la Universidad
INCCA de Colombia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
[…]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de abril de 20261, el señor Leyson Andrés Moreno Lozano, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
la Universidad INCCA de Colombia, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la buena fe y a los «derechos adquiridos».

La vulneración de sus garantías constitucionales la atribuye a la negativa en expedir
su tarjeta profesional de abogado, pese a que había adelantado un proceso de
homologación de estudios que demostraba que había iniciado su carrera de derecho
en el año 2012, es decir, previo a la expedición de la Ley 1905 de 28 de junio de
2018 que estableció la aprobación del examen de Estado como requisito para el
ejercicio de abogado.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, derechos adquiridos y buena
fe. (La constitución política de colombia,- Es la norma de norma)
Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – URNA:
Aplicar el régimen de transición y el principio de irretroactividad conforme a la Ley 1905
de 2018.
Tramitar y expedir mi tarjeta profesional de abogado (física y digital) de interesado.
Ordenar a la Universidad Incca de Colombia:

1
Samai, índice 2 y 11. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

Corregir y completar el formulario unificado de requerimiento de información administrativo-
académica de egresados y graduados de derecho de la institución de origen.
Donde se debe Incluir correctamente:
Universidad de origen
Fecha de inicio de estudios en Universidad de origen
Programa de derecho académico de Universidad de Origen
Basado al Reconocimiento de suficiencia de saberes (homologación) conforme al Acto
Constitutivo No. 240 del 27 de noviembre de 2023.
Ordenar la exoneración del examen de idoneidad para tramitar la expedición de la tarjeta
profesional de abogado, conforme régimen de transición y el principio de
irretroactividad conforme a la Ley 1905 de 2018.
Solicitar la reparación de los perjuicios causados por la demora injustificada en la
expedición de mi tarjeta profesional de abogado, tramitada y cancelada, para el ejercicio de
mi profesión.
Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
(URNA) Y LA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, la expedición de mi tarjeta profesional
de abogado física y digital, tramitada y pagada o cancelada
Solicitar investigación disciplinaria contra las entidades o funcionarios responsables de la
negación y cumplimiento del derecho positivo.
Solicitar vigilancia administrativa y remisión a la Procuraduría General de la Nación».

2. Hechos

Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Leyson Andrés Moreno Lozano afirma que comenzó a estudiar la
carrera de derecho en el segundo semestre del año 2012, en la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, donde cursó hasta séptimo
semestre.

2.2. Con posterioridad, decidió ingresar a la Universidad INCCA de Colombia
mediante «homologación o reconocimiento de Suficiencia de saberes» de
conformidad con el Acto Constitutivo 240 del 27 de noviembre de 2023.

Señaló que para adelantar ese proceso la universidad le solicitó vía WhatsApp
los siguientes documentos: «Certificados de Notas o calificaciones en membrete de la
Universidad de origen, entre otros: Icfes, Cédula de Ciudadanía, Diploma de Bachiller, Acta
de grado de Bachiller, Certificado de la EPS».

2.3. El 17 de diciembre de 2025 el señor Leyson Andrés Moreno Lozano se graduó
como abogado de la Universidad INCCA de Colombia.

2.4. El 6 de abril de 2026, el accionante recibió de parte del Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia un correo electrónico en donde se le informaba que:
«En atención a su comunicación, le informamos que actualmente usted no cuenta con trámites
en curso ante esta Unidad, en virtud de que su trámite de Inscripción de Abogado (RNA) No.
1488 ha finalizado exitosamente.
Habilitación para nuevo trámite: Le indicamos desde esta cuenta de soporte técnico de las
herramientas tecnológicas que administra esta Unidad, que su perfil en la plataforma SIRNA
se encuentra habilitado para que pueda realizar la preinscripción de una nueva solicitud (por
ejemplo, la Tarjeta Profesional de Abogado). Antes de iniciar, le invitamos a revisar la
normatividad y los requisitos documentales de los tramites (sic) que puede adelantar ante esta
Unidad en los siguientes enlaces oficiales […]».

2.5. El 13 de abril de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia remitió un correo
electrónico a la Universidad INCCA de Colombia, en el que realizó un

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

requerimiento de aclaración por considerar contradictorios los reportes
presentados respecto del actor.

Esto en razón a que, la universidad había remitido varios correos informando
que el señor Moreno Lozano había iniciado la carrera de derecho el 12 de
enero de 2024 con una homologación de la Universidad Tecnológica del
Chocó del programa de derecho y en otros correos informaba que el señor
Moreno Lozano había iniciado la carrera de derecho el 12 de enero de 2024
sin proceso de homologación.

2.6. El señor Leyson Andrés Moreno Lozano manifiesta que adelantó el trámite de
solicitud de tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, autoridad
que le «habilitó el trámite» por lo que, diligenció el formulario y realizó el pago
por valor de $50.000.

Pese a ello, con posterioridad, esa autoridad le negó la entrega de la tarjeta
profesional «argumentando que la Universidad Incca de Colombia no reportó
correctamente la información académica».

3. Fundamentos de la acción

El señor Leyson Andrés Moreno Lozano considera que el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y
la Universidad INCCA de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales al no
tramitar la expedición de su tarjeta profesional de abogado, pese a que había
adelantado un proceso de homologación de estudios que demostraba que inició su
carrera de derecho en el año 2012, es decir, con antelación a la expedición de la
Ley 1905 de 2018 «por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la
profesión de abogado».

3.1. Frente a la Universidad INCCA, indicó que la vulneración de sus derechos
consistió en el diligenciamiento incorrecto del formulario unificado de
requerimiento de información administrativo - académica de egresados y
graduados, información que fue enviada al Consejo Superior de la Judicatura;
porque: (i) pese haber iniciado sus estudios de derecho en la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba en el año 2012, en las casillas en
las que correspondía colocar la fecha de inicio de la carrera, se anotó el 12 de
enero de 2024; y (ii) en las tres casillas correspondientes a procesos de
homologaciones o transferencias se indicó que no aplicaba.

Añadió que la Universidad INCCA desconoció de forma arbitraria el trámite de
homologación que adelantó en esa institución para poder continuar con sus
estudios «aun habiendo existido la homologación, conforme al Acta de reconocimiento
de suficiencia de saberes (homologación) conforme al Acto Constitutivo No. 240 del 27
de noviembre de 2023», por lo que, consideró que la universidad incurrió en
contradicciones al reportar la información y al negarse a realizar el ajuste del
reporte bajo el argumento de la «autonomía universitaria».

3.2. Respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, explicó que no le expidió
su tarjeta profesional pese a que esa autoridad le habilitó el trámite en línea
en donde diligenció el formulario y realizó el pago por valor de $50.000.
Mencionó que, con posterioridad, esta autoridad le negó la entrega de la tarjeta
profesional «argumentando que la Universidad Incca de Colombia no reportó
correctamente la información académica».

Como fundamentos de su amparo identificó los artículos 29, 58 y 83 de la
Constitución Política, las leyes 1905 de 2018 y 1437 de 2011 y la sentencia SU-128

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

de 2024 dictada por la Corte Constitucional. Por último, puso de presente que se
encontraba inscrito para la presentación del examen de idoneidad.

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto del 7 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió2 la acción
de tutela interpuesta por el señor Leyson Andrés Moreno Lozano contra la
Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la
Judicatura y la Universidad INCCA de Colombia, y se ordenó surtir las
notificaciones correspondientes.

4.2. La Universidad INCCA de Colombia3 manifestó que era cierto que el
accionante adelantó estudios de derecho hasta séptimo semestre en el
programa de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, sin embargo, precisó que su ingreso a la Universidad INCCA se
realizó mediante un proceso de Reconocimiento de Saberes establecido en el
Acto Constitutivo 240 de 2023; figura académica diferente a la Homologación
de estudios «en la medida en que corresponde a un mecanismo de validación de
conocimientos previos y experiencia, y no al reconocimiento de asignaturas cursadas en
otra institución». Por lo que, el estudiante validó conocimientos previos para
ingresar a un plan especial para el año 2024.

Aclaró que para adelantar el trámite de la admisión se requieren unos
documentos mínimos, por lo que aportarlos no desvirtúa la naturaleza del
ingreso por Reconocimiento de Saberes, ni lo transformaba en Homologación,
ya que «las notas de la institución anterior se reciben como un insumo de verificación
para determinar la idoneidad y el nivel de competencias del aspirante, permitiendo así
que la Universidad valide su suficiencia académica para el ingreso al plan especial», de
ahí que entregar los documentos no implica la continuidad de estudios bajo la
modalidad de transferencia.

De otro lado, señaló que los datos reportados en el Formulario Unificado de
Requerimiento de Información Administrativo Académica correspondieron a
los lineamientos establecidos por la autoridad competente, pues reflejaron la
realidad del vínculo académico.

Dijo que, si bien en alguna oportunidad se utilizó el término «homologación»
este solo respondió a una imprecisión técnica la cual fue advertida y corregida
por la universidad. Destacó que no es posible validar una homologación
inexistente, como lo pretende el accionante, pues sería pedir que la institución
certificara una falsedad administrativa. Recordó que con sustento en la
facultad de la autonomía universitaria, las instituciones pueden determinar la
modalidad de ingreso de sus estudiantes, conforme a sus propios
reglamentos, de ahí que «lo que el actor interpreta como un reporte incorrecto es, en
realidad, el cumplimiento del principio de veracidad por parte de la Institución. La Universidad
reportó la fecha de inicio efectiva en nuestra sede (enero de 2024) y la modalidad de ingreso
real (Reconocimiento de Saberes), y no a un proceso de homologación».

Respecto de los planteamientos realizados al Consejo Superior de la
Judicatura señaló que esos son procedimientos netamente administrativos y
ajenos a la Universidad INCCA, y que esa institución cumplió con reportar la
información académica conforme a la realidad institucional, por ello, señaló
que la responsabilidad de la expedición de la tarjeta profesional era de órbita
del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, señaló que no se han vulnerado los derechos fundamentales, y
solicitó que se declarara improcedente o se negara el amparo constitucional.

2
Samai, índice 4. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.
3
Samai, índice 8. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados URNA4 rindió informe en el que manifestó que la Universidad
INCCA de Colombia reportó como fecha de inicio del programa de Derecho
del señor Moreno Lozano el 12 de enero de 2024, ubicándolo en el ámbito de
aplicación de la Ley 1905 de 2018, pero al advertir algunas inconsistencias se
realizó un requerimiento a la universidad. En respuesta a tal requerimiento la
institución educativa informó que «el señor Leyson Andrés Moreno Lozano ingresó al
programa académico de Derecho en el primer periodo de 2024 y que su vinculación se realizó
mediante un proceso de reconocimiento de saberes y no a través de homologación externa
proveniente de otra institución de educación superior».

Dada la información, esa unidad profirió la Resolución 8089 de 26 de junio de
2026, mediante la cual negó por segunda vez la expedición de la tarjeta
profesional de abogado solicitada por el accionante, al evidenciar que inició
sus estudios de derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018 y que no
acreditó la aprobación del examen previsto en la Ley 1905 de 2018.

Sin embargo, puso de presente que el actor cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho si quiere cuestionar la legalidad de los
actos en mención, lo que hace improcedente esta acción por no superar el
requisito de la subsidiariedad.

Adicionalmente, señaló que contra la Resolución URNAR26-35 de 2026, en
donde se le inadmitió para presentar el examen de estado, el solicitante
presentó recurso de reposición, el cual le fue resuelto favorablemente pudiendo
participar del examen el 17 de mayo de 2026.

4.4. Con memorial del 19 de mayo de 20265, el accionante manifestó su oposición
a las contestaciones y reafirmó que en su caso sí existió un trámite de
homologación.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 28 de mayo de
20266 resolvió: (i) declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Leyson Andrés Moreno Lozano respecto de la vulneración atribuida a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, y (ii) negar
la acción de tutela respecto de la Universidad INCCA de Colombia.

Explicó que, dado que el accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales tanto a la Universidad INCCA de Colombia, como a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, se realizaría
el estudio de forma independiente frente a cada uno.

En primer lugar, señaló que lo pretendido por el accionante fue que se ordenara a
la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura
expedir su tarjeta profesional sin la exigencia del requisito del examen de estado
previsto en la Ley 1905 de 2018.

Al respecto la Sección Primera precisó que si bien el actor no solicitó que se dejara
sin efecto la Resolución URNAR26-64 de 20 de marzo de 2026, mediante la cual se
resolvieron los recursos interpuestos contra la Resolución URNAR26-35 de 2026,
lo cierto era que cualquier pronunciamiento al respecto terminaba cuestionando ese
acto.

4
Samai, índice 9. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.
5
Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.
6
Samai, índice 17. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

Por ello, señaló que para debatir la legalidad de la mencionada resolución el
accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, donde podría solicitar medidas cautelares, pues no se advirtió la existencia
de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela como un
mecanismo transitorio.

También mencionó que la pretensión de que se ordenara la reparación de los
perjuicios por la demora injustificada en la expedición de la tarjeta profesional no
era un asunto propio del juez constitucional, sino que de querer materializar ese
asunto debía acudir al medio de control de reparación directa, aspecto que tampoco
superó el requisito de la subsidiariedad.

En segundo lugar, mencionó que el actor consideró que la Universidad INCCA de
Colombia le estaba vulnerando sus derechos al haber certificado que su vinculación
académica se realizó mediante un proceso de reconocimiento de saberes y no a
través de homologación externa proveniente de otra institución de educación
superior.

Frente a este aspecto se indicó que la Universidad INCCA de Colombia ejerció su
autonomía universitaria mediante Acuerdo del Gobierno Superior 001 de 29 de
enero de 2007, por el cual se dictó el reglamento estudiantil el cual regula entre
otros asuntos el proceso de inscripción, admisión, transferencias y homologaciones,
esto conforme al artículo 69 de la Constitución Política, y la Ley 30 de 1992.

Indicó que en el artículo 9 del reglamento establece el proceso de «Homologaciones»
y, mediante Acto Constitutivo 240 del 27 de noviembre de 2023 se modificó el
reglamento estudiantil para adicionar la regulación concerniente al «reconocimiento
de saberes» como estrategia para erradicar las limitaciones temporales de
reconocimiento de estudios formales y no formales. Aspectos que permiten advertir
que la Universidad INCCA cuenta con diferentes mecanismos de ingreso a los
programas académicos que ofrece, advirtiendo que ambas figuras son diferentes.

Explicó que conforme a las pruebas obrantes en el expediente era posible
determinar que el accionante ingresó a la universidad a través del proceso de
«reconocimiento de saberes», como en efecto se advirtió en el Acto Constitutivo 240
de 2023, por lo que no se advirtió ninguna vulneración a los derechos fundamentales
y en consecuencia negó las pretensiones de la acción.

Por último, señaló que en lo que respecta a la solicitud de investigación disciplinaria,
vigilancia administrativa y remisión a la Procuraduría General de la Nación, la acción
de tutela no tiene esa finalidad y más cuando el accionante puede acudir
directamente ante esas autoridades.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado7.

Consideró que el juez de primera instancia erró al no realizar una valoración integral
de las pruebas, pues se omitió analizar documentos que demostraban que existió
«un verdadero proceso de homologación académica», aseguró que la universidad le
solicitó documentación para ese trámite. Por esta razón, señaló que no fueron
valorados los siguientes documentos:

· «1. Certificados de notas o calificaciones expedidos por la universidad de origen.
2. Consulta vía WhatsApp información sobre los semestres aprobados

7
Samai, índice 21. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

3. Documentación exigible y facilitada académica proveniente de la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, entre otros».
· «las conversaciones sostenidas con la asesora y orientadora y funcionaria de la
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, aportadas mediante las capturas de pantalla de
la comunicación de WhatsApp» así como «los reportes que la UNIVERSIDAD INCCA
DE COLOMBIA, le hace llegar a la entidad competente, CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA».
· «la actuación adelantada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, particularmente la habilitación del trámite mediante formulario
en la plataforma del CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.».
· «Obra dentro del expediente (sic) también podemos evidenciar de que la propia
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, informó inicialmente al CONSEJO NACIONAL DE
LA JUDICATURA que existió homologación y que el estudiante provenía de otra institución
de educación superior, tal como se observa en los pantallazos aportados y en los
documentos adjuntados y para la aclaración y que existía una universidad de origen, fecha
de inicio y programa académico».
· «existen elementos probatorios que acreditan que el proceso formativo en derecho inició
en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba desde el año 2012. como lo
muestra las (Calificaciones Oficiales en Membrete) con fecha de inicio, programa de origen
y universidad de origen».

Como sustento de la ausencia de valoración de las anteriores pruebas señaló que:

(i) No era lógico que le hubieran solicitado documentos como «los semestres cursados,
calificaciones oficiales y demás documentación académica» si no era para estudiar la
homologación, tan es así que, cuando adelantó el trámite de la inscripción, vía
WhatsApp con la asesora Andrea González, se le exigió aportar esos documentos
propios del trámite de homologación, así pues consideró que: «Resulta contrario a la lógica
académica y administrativa que una institución de educación superior exija certificados de calificaciones,
historial académico y semestres cursados de otra universidad si dichos documentos no van a ser
utilizados para efectos de homologación, para un estudios previos y para la realización de un proceso de
homologación como el que debía ser efectuado por la UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA».

(ii) Cuestionó que si no cumplía los requisitos para obtener la tarjeta profesional, por qué
se le habilitó el formulario de la plataforma del Consejo Superior de la Judicatura para
realizar el pago, lo que le hace pensar en sí «eso obedece a buena fe, equivocación o mala
fe».

(iii) La Universidad INCCA se niega a aceptar que cuando él inició su proceso era de
homologación y ahora la institución educativa «quiso dar a entender de que se había
modificado dicha información, finalizado la carrera afirmando que se trataba de reconocimiento de
saberes»;

(iv) Se desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, pues se tuvo
como «reconocimiento de saberes» cuando materialmente se realizó un procedimiento de
homologación;

(v) No se realizó un análisis del régimen de transición previsto en la Ley 1905 de 2018.

Como fundamento jurídico citó los artículos 13, 29, 58, 67, 68 y 83 de la Constitución
Política y los principios de «confianza jurídica y seguridad jurídica» de la Ley 1437 de 2011.

7. Actuaciones posteriores al auto que concede la impugnación

7.1. El 25 de junio de 20268, el señor Leyson Andrés Moreno Lozano allegó copia
del memorial que remitió a través de correo electrónico, a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Constitucionales en el que solicitó seguimiento en el
trámite de la acción de tutela de la referencia.

8
Samai, índice 23, 25 y 27. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

7.2. El 14 de julio de 20269, el señor Moreno Lozano remitió un escrito fechado del
13 de julio de 2026, dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, solicitando que se
le diera aplicación al régimen de transición previsto en la Ley 1905 de 2018,
para la expedición de su tarjeta profesional, dándole alcance a la interpretación
de la sentencia C-138 de 2019.

Adujo que una empleada de la Universidad INCCA le informó que «ya había
remitido la información relacionada con mi proceso de homologación, razón por la cual podía
continuar con el trámite de expedición de mi tarjeta profesional, razón por la cual me habilitarla
(sic) plataforma para hacer el registro del formulario y realizar el pago, para la expedición de
mi tarjeta profesional, donde hace 3 meses fue tramitada y pagada». Por ello solicitó la
expedición de la tarjeta profesional en el menor tiempo posible.

7.3. El 14 de julio de 202610, el señor Leyson Andrés Moreno Lozano remitió un
segundo memorial fechado del 14 de julio de 2026, el cual estaba dirigido al
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, allí manifestó que impugnaba la decisión mediante
la cual no se le había dado trámite a la expedición de su tarjeta profesional,
pese a que consideraba que había cumplido con los requisitos exigidos, el
trámite correspondiente y había realizado el pago de los derechos.

Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura solicitó en un principio
claridad a la Universidad INCCA al indicarle «De manera atenta solicitamos su
colaboración, aclarando la información remitida correspondiente a Leyson Andrés Moreno
Lozano […] toda vez que la Universidad ha brindado repostes (sic) contradictorios entre sí:
[…] El 27/12/2025 La Universidad remitió correo, en el cual indicó que inició de carrera de
derecho el 12/01/2024 con una homologación de la Universidad Tecnológica del Choco del
programa de Derecho sin señalar su fecha de inicio, imposibilitando determinar si el usuario
es sujeto de la Ley 1905 de 2018. […]», por lo que, aporta nuevamente el certificado
de calificaciones que expidió la Universidad Tecnológica del Chocó para que
se pueda evidenciar la fecha de inicio de la carrera, los semestres cursados y
demás información pertinente, para que se reconsidere la expedición de su
tarjeta profesional.

El mismo memorial fue remitido en tres oportunidades. En la tercera
comunicación añade que pone en conocimiento del Consejo de Estado el
memorial, en los siguientes términos: «pongo en conocimiento de su despacho, el
escrito que presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), se remita por medios del despacho, estando
dentro las fechas».

7.4. El 17 de julio de 202611, el señor Leyson Andrés Moreno Lozano remitió un
memorial dirigido al Consejo de Estado en donde explicó que en el trámite de
primera instancia de esta acción constitucional se generó una confusión.

Dijo que desde su admisión y matrícula en la Universidad INCCA se le informó
que su ingreso se realizaría a través de «homologación de estudios» conforme a
lo cursado en la universidad de origen, sin embargo, posteriormente la
Universidad INCCA decide reconocer las asignaturas como «reconocimiento de
saberes». Señaló que ambas figuras son distintas y requieren diferentes
requisitos. Por lo que, solicitó que sea valorado el certificado de calificaciones,
junto con las demás pruebas del expediente.

9
Samai, índice 34. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.
10
Samai, índice 35, 36 y 37. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00.
11
Samai, índice 38 del expediente 11001-03-15-000-2026-03357-00. Samai, índice 4 del expediente 11001-03-15-000-2026-
03357-01.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

Este mismo memorial fue remitido en varias oportunidades, en la tercera
oportunidad lo dirigió el 3 de agosto de 202612 a la Procuraduría General de la
Nación en pro de que se garantizaran sus derechos fundamentales y se
adoptaran «la expedición de mi tarjeta profesional de abogado – aplicación del régimen
de transición de la Ley 1905 de 2018».

7.5. El 10 de agosto de 202613, el señor Leyson Andrés Moreno Lozano remitió un
escrito en donde anexó dos documentos, la copia de un correo electrónico
enviado por la Universidad INCCA al aplicativo de registro nacional de
abogados de Bogotá indicando que el proceso de admisión del accionante se
dio por «reconocimiento de saberes» y un archivo de Excel con un formato de
información administrativo - académica.

El primer escrito fechado del 9 de agosto de 2026 estaba dirigido al Consejo
de Estado solicitando la valoración probatoria, explicando la diferencia entre
homologación y reconocimiento de saberes, indicando cómo opera el régimen
de transición previsto en la Ley 1905 de 2018 y cómo se afectan sus derechos
fundamentales.

El segundo escrito fechado del 10 de agosto de 2026, estaba también dirigido
al Consejo de Estado en donde manifestó que solicitaba la «valoración de
procedencia de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – trámite de
homologación/reconocimiento de saberes – Universidad INCCA de Colombia – afectación a
la aplicación del régimen de transición de la Ley 1905 de 2018», allí reiteró lo manifestado
en memoriales anteriores y pidió que se le indicara si era jurídicamente
admisible que, después de haber desplegado una determinada conducta
institucional frente al estudiante, la Universidad pueda posteriormente adoptar
una posición contradictoria y si es procedente que «se declare la nulidad del acto
administrativo o de la decisión administrativa que haya producido la afectación de mis
derechos».

Con memorial del 21 de agosto de 202614, el actor aportó los mismos escritos
antes mencionados y copia de la Resolución 11019 de 2026 «Por la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No. 8089 de 2026», en donde
se decidió confirmar el acto mediante el cual se negó la solicitud de expedición
de la Tarjeta Profesional de Leyson Andrés Moreno Lozano.

7.6. El 20 de agosto de 202615, el señor Moreno Lozano remitió un memorial con
destino a esta acción en donde adjuntó: (i) un derecho de petición que dirigió,
en esa misma fecha, al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia planteando su situación, (ii)
copia del memorial del 10 de agosto de 2026, y (iii) copia de la Resolución
11019 de 2026 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 8089 de 2026».

7.7. El 23 de agosto de 202616, el Ministerio de Educación Nacional manifestó
respecto de la situación expuesta por el señor Leyson Andrés Moreno Lozano,
que la competencia de ese ministerio en materia de inspección y vigilancia se
circunscribe a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas de
educación superior, por lo que, lo mencionado por el actor es de competencia
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por tratarse del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, de ahí que hubiera remitido el
memorial a esta acción.

12
Samai, índice 6. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
13
Samai, índice 8 y 10. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
14
Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
15
Samai, índice 14. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
16
Samai, índice 12. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

7.8. El 3 de septiembre de 202617, el actor remitió copia de una solicitud que realizó
al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en donde pedía aplicación del régimen
de transición previsto en la Ley 1905 de 2018 y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, allí indicó que ese mismo día «la Universidad INCCA de
Colombia, en respuesta a una solicitud que previamente le había presentado, me informó que
ya había remitido al Consejo Superior de la Judicatura, desde el 13 de agosto del año en curso
la información correspondiente y adecuada requerida para efectos de continuar con el trámite
de expedición de mi tarjeta profesional de abogado», por lo que, solicitó información de
la fecha en la que le sería entregada su tarjeta profesional.

7.9. El 11 de septiembre de 202618, el actor remitió copia de una nueva petición
que presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia reiterando su solicitud de
expedición de la tarjeta profesional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199119, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos planteados en el escrito de impugnación y los
antecedentes del caso le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez
de tutela de primera instancia en negar las pretensiones formuladas en contra de la
Universidad INCCA de Colombia y declarar improcedente la acción propuesta
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, con ocasión de la presunta vulneración del
derecho al debido proceso, a la buena fe y a los «derechos adquiridos» del señor
Leyson Andrés Moreno Lozano al no expedirse su tarjeta profesional de abogado.

3. Análisis del caso concreto

3.1. En el escrito de impugnación el accionante manifestó su inconformidad con la
decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado en primera
instancia, pues en su sentir esta autoridad no valoró la totalidad de las pruebas
que obraban en el expediente, con las que demostraba que en su caso, se
adelantó «un verdadero proceso de homologación académica», concretamente las
siguientes:

· «1. Certificados de notas o calificaciones expedidos por la universidad de origen.
2. Consulta vía WhatsApp información sobre los semestres aprobados
3. Documentación exigible y facilitada académica proveniente de la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, entre otros».

17
Samai, índice 16. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
18
Samai, índice 17. Expediente 11001-03-15-000-2026-03357-01.
19
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

· «las conversaciones sostenidas con la asesora y orientadora y funcionaria de la
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, aportadas mediante las capturas de pantalla de la
comunicación de WhatsApp» así como «los reportes que la UNIVERSIDAD INCCA DE
COLOMBIA, le hace llegar a la entidad competente, CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA».
· «la actuación adelantada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura, particularmente la habilitación del trámite mediante formulario
en la plataforma del CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.».
· «Obra dentro del expediente (sic) también podemos evidenciar de que la propia
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, informó inicialmente al CONSEJO NACIONAL DE
LA JUDICATURA que existió homologación y que el estudiante provenía de otra institución
de educación superior, tal como se observa en los pantallazos aportados y en los
documentos adjuntados y para la aclaración y que existía una universidad de origen, fecha
de inicio y programa académico».
· «existen elementos probatorios que acreditan que el proceso formativo en derecho inició
en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba desde el año 2012. como lo
muestra las (Calificaciones Oficiales en Membrete) con fecha de inicio, programa de origen
y universidad de origen».

3.2. Para adoptar la decisión del 28 de mayo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado realizó un estudio separado de los cargos propuestos en
contra de las dos autoridades accionadas, como se explica a continuación:

Por un lado, respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, señaló que si bien
el actor no solicitó que se dejara sin efecto la Resolución URNAR26-64 de 20
de marzo de 2026 (para lo cual valoró esa prueba), lo cierto era que, cualquier
pronunciamiento frente a tal acto, correspondía a un juicio de legalidad, por lo
que concluyó que para tal fin, el afectado contaba con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, donde podría solicitar el decreto de
medidas cautelares, pues no se advirtió la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la acción de tutela como un mecanismo
transitorio.

También expuso como opción el medio de control de reparación directa, si lo
pretendido por el demandante era la reparación de los perjuicios por la demora
injustificada en la expedición de la tarjeta profesional, como lo indicó en los
fundamentos de la acción de tutela.

De otra parte, frente a la Universidad INCCA de Colombia la Sección Primera
de la Corporación examinó si a partir de la información que suministró a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, relacionada con la modalidad de ingreso
académico del señor Leyson Andrés Moreno Lozano, desconoció los derechos
fundamentales.

En este orden, el juez de tutela de primera instancia analizó el Acuerdo del
Gobierno Superior 001 de 29 de enero de 2007, por el cual se dictó el reglamento
estudiantil que regula, entre otros asuntos, el proceso de inscripción, admisión,
transferencias y homologaciones (conforme al artículo 69 de la Constitución
Política y el artículo 28 de la Ley 30 de 1992); revisó el contenido del artículo 9 del
reglamento, relacionado con las «Homologaciones», y del Acto Constitutivo
240 del 27 de noviembre de 2023, que adicionó la regulación concerniente al
«Reconocimiento de Saberes» como estrategia para erradicar las limitaciones
temporales de reconocimiento de estudios formales y no formales, para
concluir que, de acuerdo con lo probado en el caso concreto, «el accionante
ingresó como estudiante de la universidad accionada a través del proceso de reconocimiento
de saberes, tal como se muestra de la siguiente acta»; para lo cual, copió dos capturas
de pantalla que dan cuenta de la mencionada acta que es de «Suficiencia de
Saberes»

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

lo que demostraría que lo afirmado por la Universidad INCCA de Colombia
responde a la realidad académica.

3.3. Ahora, en el escrito de impugnación el tutelante asegura que a su ingreso a la
Universidad INCCA se le dio el trámite de «Homologación» y no de «Suficiencia de
saberes», toda vez que había adelantado estudios de derecho hasta séptimo
semestre en el programa de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba.

Afirmó también que de probarse la existencia de un trámite de homologación,
el inicio de su carrera sería el año 2012, es decir, con anterioridad a la
promulgación de la Ley 1905 de 2018, y en tan medida no le sería exigible
como requisito para ejercer la profesión de abogado la acreditación de la
aprobación del examen de estado que realiza el Consejo Superior de la
Judicatura.

En este sentido se debe indicar que, tal como lo mencionó la Sección Primera
del Consejo de Estado, la Universidad INCCA de Colombia en ejercicio de su
autonomía universitaria (artículo 69 Constitución Política) dictó el Acuerdo del
Gobierno Superior 001 de 29 de enero de 2007, por el cual, se expidió el
Reglamento Estudiantil, que en su artículo 820 (modificado mediante Resolución
No 1279 A de 2007) fijó la «Transferencia externa» la cual, consiste en la solicitud
que realiza un aspirante que proviene de un programa académico de otra
universidad o institución de educación superior reconocida por el Estado a
nivel nacional o extranjera y desea continuar sus estudios en la Universidad
INCCA en un programa de pregrado o posgrado.

Para ello se exige que el aspirante realice una solicitud al Director del
Programa al cual quiere hacer la transferencia para que se realicen los
estudios de homologación correspondientes. De ser aceptada la transferencia
se debe remitir a la oficina de admisiones para proceder con los registros.

A su vez, como requisitos de la inscripción y de la solicitud de la transferencia
se debe aportar no solo los establecidos en el artículo 6, sino los que se
incluyen en el artículo 8, es decir en total los siguientes: (i) pago de los
derechos económicos de inscripción, (ii) formulario de inscripción, (iii) dos
fotografías, (iv) entrevista personal o examen de admisión, (v) prueba de
presentación del Examen de Estado (ICFES) o el resultado, (vi) «Solicitud por
escrito a la Oficina de Admisiones, dentro de los plazos establecidos en el calendario
académico», (vii) « Recibo de pago de los derechos económicos de transferencia y diligenciar
el formulario de transferencia», (viii) «Plan de Estudios, que incluya el nombre de las
asignaturas, contenidos programáticos de las mismas e intensidad horaria con sus respectivos
créditos académicos y número de horas presenciales de la institución que proviene», (ix)
«Certificados de calificaciones de la institución que proviene», y (x) «Certificado de buena
conducta expedido por la institución de donde proviene».

20
Artículo 8 del Acuerdo del Gobierno Superior 001 de 29 de enero de 2007.
«Transferencia. Se entiende por transferencia, la alternativa que tiene todo estudiante de educación superior de
trasladarse de un programa a otro dentro de la misma institución, o a UNINCCA de otra institución reconocida por el
Estado, para continuar sus estudios en el mismo u otro programa académico siempre y cuando cumpla con los requisitos
exigidos. […]
Parágrafo 2. Modificado mediante Resolución No 1279 A de 2007.Transferencia Externa. Es la solicitud que hace el
aspirante que proviene de un programa académico de otra Universidad o Institución de Educación Superior reconocida
por el Estado a nivel nacional o extranjera y desea continuar sus estudios en un programa de pregrado o posgrado. Para
iniciar el proceso deberá el estudiante realizar por escrito dentro de los cinco (5) años siguientes a la realización de la
última actividad académica de su plan de estudios, la solicitud ante el Director del Programa al cual solicita la transferencia,
quien hará los estudios de homologación correspondientes. Se tendrá en cuenta hoja de vida que presente el aspirante
con relación a su desempeño laboral o actividad relacionada con el plan de estudios que desea cursar. Si la transferencia
es aceptada, remitirá a la Oficina de Admisiones el resultado del estudio para que se procesa a los registros
correspondientes.
Excepcionalmente el Rector, previo concepto del Director del Programa Académico podrá autorizar la transferencia de
quien aspire ingresar y supere el término antes señalado […]».

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

Adicionalmente, el artículo 3 del mencionado acuerdo dice que la solicitud de
transferencia es estudiada por el director del programa y sometida para «su
aprobación al comité académico del programa respectivo», una vez aceptada la
transferencia el estudiante debe hacer uso de ella en el periodo solicitado para
no perder el derecho y tener que solicitarla de nuevo.

Pese a que la figura de «transferencia externa» pareciera independiente de la
«homologación» lo cierto es que, en el artículo 921 de Reglamento Estudiantil la
explica como el proceso a través del cual se convalidan los contenidos
temáticos del plan de estudios cursado «por los estudiantes que soliciten
transferencia interna o externa» (Énfasis propio). Y allí también se indica que para la
homologación por transferencia externa debe tenerse en cuenta la afinidad de
contenidos, la intensidad horaria, y haber aprobado las asignaturas con una
nota mínima de 3.0. De ahí que quien acreditara lo anterior podría «solicitar
ante el comité académico del programa la homologación» (Énfasis propio) y añade que
luego será el Comité Académico quien aceptará o no las homologaciones.

Así pues, si lo que pretendía el señor Leyson Andrés Moreno Lozano era
probar el ingreso a la Universidad INCCA a través de «transferencia externa», para
poder homologar lo cursado, debió acreditar la respectiva solicitud ante el
Director del Programa pidiendo el ingreso a la universidad por «transferencia
externa», aportar el certificado de buena conducta de la anterior institución, el
plan de estudios de la carrera de derecho de la universidad de donde provenía,
la solicitud allegada ante el Comité Académico pidiendo la homologación, o el
acta que hubiera aceptado la transferencia, lo cual no sucedió, como se
desprende de las capturas de pantalla que el accionante aportó como prueba,
y que, a su juicio, no fueron tenidas en cuenta por la Sección Primera del
Consejo de Estado:

21
Artículo 9 del Acuerdo del Gobierno Superior 001 de 29 de enero de 2007.
«ARTÍCULO 9. Homologaciones. Es el proceso a través del cual la Universidad hace la convalidación de contenidos
temáticos de las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes que soliciten transferencia interna o externa
y el reconocimiento que las autoridades académicas correspondientes hagan de la evaluación obtenida. Esta se hará de
acuerdo con los siguientes criterios:
1. Que la intensidad horaria y/o los créditos académicos sean igual o superior a los de las asignaturas a homologar.
2. Que los contenidos temáticos sean iguales, similares o afines.
3. No se homologarán aquellas asignaturas que el programa considere indispensables en la formación y orientación
profesional del estudiante […]».

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

A su vez, de la captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp con la
asesora Andrea, solo se señala que pidió información para el ingreso a la
universidad, a lo que ella responde con una información general y le contesta
indicando que «iba cursar 7», sin que se observe que el señor Moreno Lozano le
consultó a la asesora el trámite de la «transferencia externa» por conducto de
homologación establecido en el reglamento estudiantil, prueba que consideró
también omitida. Así:

3.4. De otro lado, tal como lo indicó el juez de tutela de primera instancia, al resolver
los cargos formulados contra la Universidad INCCA, el Acto Constitutivo No.
240 del 27 de noviembre de 2023, modificó el Acuerdo del Gobierno
Superior 001 de 29 de enero de 2007, en el capítulo de inscripción, admisión,

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

transferencias y homologaciones para adicionar la «regulación concerniente al
reconocimiento de saberes». Y se tiene que tales actos son previos a la
inscripción del señor Leyson Andrés Moreno Lozano en la Universidad INCCA
de Colombia.

No obstante, esta Sala considera necesario precisar respecto de este que el
artículo 9A explica que el «Reconocimiento» es una estrategia de la universidad
para dar flexibilidad curricular y así «reconocer la experiencia, el conocimiento y los
estudios formales y no formales» (Énfasis propio), para ello la universidad estableció
un instrumento diagnóstico para clasificar y convalidar los conocimientos, los
cuales pueden ser de tres tipos según el artículo 9C «(a) procesos de formación
formal, (b) procesos de formación no formal, y, (c) experiencia laboral en el área.» (Énfasis
propio), que para el caso el señor Moreno Lozano sería de educación formal,
este artículo, en ese aspecto, señala lo siguiente:
«Educación Formal
Técnico laboral, técnico y tecnólogo profesional
· El reconocimiento de los saberes en Educación para técnicos y tecnólogos profesionales,
se aplicará a todos los programas de pregrado de la institución que mantengan coherencia
disciplinaria con su objeto de estudio.
· El reconocimiento de conocimientos en los programas de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, técnicos y tecnólogos profesionales, se basará en la cantidad de horas
completadas en el programa original, permitiendo que el programa académico designe el
grado de reconocimiento de saberes en correlación con los créditos del plan de estudio al
que se contempla su adscripción en la institución.
· Al revisar la documentación proporcionada por el aspirante, el programa académico no
considerará las calificaciones del certificado de notas de la formación, en cambio,
reconocerá la aprobación en la escala del Reglamento Estudiantil con 3.5 (tres punto
cinco). En el caso de una certificación cualitativa, se tendrá en cuenta el rango de aprobado
y no aprobado, y siendo cuantitativa se reconocerá la aprobación en la escala del
Reglamento Estudiantil con 3.5 (tres punto cinco) según los resultados obtenidos en la
evaluación de conocimientos, experiencia y aprendizaje de la institución.
Profesionales
La Universidad INCCA de Colombia brinda un espacio para el reconocimiento de saberes de
profesionales hasta con estudios de posgrados, con el fin de identificar y validar los
conocimientos y habilidades disciplinarias alineadas con los programas de la institución. Este
proceso implica una rigurosa verificación de la documentación que evidencie los saberes del
aspirante, así como la correlación con los créditos del plan de estudios y la evaluación del
aprendizaje obtenido en otras instituciones, bajo la aprobación en la escala del Reglamento
Estudiantil con 3.5 (tres punto cinco) […]»

Luego, en el artículo 9E se explica que el proceso de validación y aprobación
lo realizará el programa tras analizar detalladamente la documentación
presentada por el aspirante y establece que una vez revisado y aprobado «el
aspirante podrá avanzar en el proceso académico establecido por la institución.», proceso
que será objeto de validación de la auditoría académica y luego registrado en
el sistema de información dispuesto como «de reconocimiento de saberes (TRS)».

En este entendido, revisada el «ACTA RECONOCIMIENTO- SUFICIENCIA DE
SABERES» expedida el 7 de enero de 2025 por la Directora de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Estado (actuación previa a la terminación de la carrera de
derecho del señor Leyson Andrés), se advierte que no corresponde a una
transferencia externa como lo pretendía el actor.

Se precisa que si bien el actor aseguró que aportó documentos para iniciar el
trámite de homologación afirmando que: «existen elementos probatorios que acreditan
que el proceso formativo en derecho inició en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego
Luis Córdoba desde el año 2012. como lo muestra las (Calificaciones Oficiales en Membrete)
con fecha de inicio, programa de origen y universidad de origen», lo cierto es que, los
documentos que aportó a la Universidad INCCA de Colombia sirvieron para

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

que internamente se iniciara el trámite de «Reconocimiento de Saberes», como se
advierte en el ítem de «Documentación requerida», en donde se indica que se tuvo
en cuenta su hoja de vida, su diploma o acta de programa tecnológico o
técnico, los certificados de educación continua y el certificado de notas.
Documentos que el actor consideraba solo eran requeridos para la
transferencia externa por conducto de homologación y que creía que tal
diferencia era la prueba de que él inició un proceso de homologación:

Adicionalmente, tampoco se demostró que el señor Leyson Andrés hubiera
presentado alguna reclamación respecto del «ACTA RECONOCIMIENTO -
SUFICIENCIA DE SABERES» precisando que él había realizado una solicitud
dirigida al Director del Programa pidiendo el ingreso a la universidad por
«transferencia externa». Luego de que la universidad reportó la información de los
egresados al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia y este le manifestó las inconsistencias,
la universidad realizó las correcciones de la información al advertir que no
existió homologación sino un trámite de «Reconocimiento de Saberes».

Por ello, esa unidad no dio vía libre a la expedición de la tarjeta profesional del
señor Leyson Andrés Moreno Lozano al no cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley 1905 de 2018.

3.5. Finalmente, frente a los planteamientos según los cuales el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia habilitó el formulario en línea para hacer la solicitud de la tarjeta
profesional, aspecto que considera el actor como prueba de que se le debe
expedir, lo cierto es que ese formulario está dispuesto precisamente para que
los egresados realicen su solicitud cuando cumplan los requisitos establecidos
en la ley, sin embargo el hecho de diligenciarlo no implica que la solicitud sea
resuelta favorablemente, sino que en, ese momento la entidad procede a
revisar que se cumplan los requisitos, en caso contrario se niega la solicitud
como ocurrió en este asunto.

Esto no implica que el señor Leyson Andrés Moreno Lozano no pudiera
acceder al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
caso que quisiera cuestionar la legalidad de los actos que le negaron el
reconocimiento de la tarjeta profesional, tal como lo mencionó el juez de
primera instancia. Adicionalmente, esto no obsta para que el accionante pueda

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03357-01
Demandante: Leyson Andrés Moreno Lozano

presentar el examen de idoneidad y, una vez lo apruebe, adelantar el trámite
de solicitud de su tarjeta profesional.

4. Conclusión

Para esta Sala la decisión del juez de primera instancia de declarar improcedente
la acción de tutela presentada por el señor Leyson Andrés Moreno Lozano respecto
de la vulneración atribuida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura, y negar la acción de tutela respecto de la
Universidad INCCA de Colombia, se encuentra fundada en la valoración de las
pruebas que se aportaron por las partes, como se mencionó anteriormente.

Por lo que, al no prosperar los argumentos planteados en el escrito de impugnación
se procederá a confirmar el fallo de primera instancia del 28 de mayo de 2026,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 28 de mayo de 2026, proferido por
la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.